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Una solución duradera al conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo la «obsesión» de Blair. Foto: EFE

An appellate court is poised to decide a case that supporters and opponents of abortion access are closely watching because the decision could put Planned Parenthood, a prolific abortion vendor, on the hook for up to $1.8 billion.

A full panel of judges on the U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit heard oral arguments Thursday in the years-long case, which centers on Planned Parenthood’s use of Medicaid funds in Texas and Louisiana.

Jennie Bradley Lichter, president of March for Life, told Fox News Digital the «stakes couldn’t be higher» and that the lawsuit could bankrupt Planned Parenthood, a nonprofit with hundreds of clinics across the country.

FEDERAL JUDGE BLOCKS TRUMP ADMINISTRATION FROM DEFUNDING SOME PLANNED PARENTHOOD FACILITIES

«Planned Parenthood is facing a repayment obligation of close to $2 billion because it continued to fill its coffers with taxpayers’ money even after two states had already disqualified it,» Lichter said. «If that obligation stands, it will strike a serious — even existential — blow to Planned Parenthood’s national operations and potentially change the abortion landscape in this country forever.»

The case comes after Texas and Louisiana stripped Planned Parenthood affiliates of their Medicaid qualifications in response to activist David Daleiden releasing video footage showing Planned Parenthood staff discussing selling aborted fetal tissue.

Daleiden faced a lawsuit and prosecution for illegally recording the staff, but his footage set off a firestorm in the pro-life movement and caused it to ramp up its efforts to weaken the nonprofit.

Planned Parenthood, however, sued Texas and Louisiana and initially won an injunction that allowed it to keep receiving the Medicaid reimbursements. But the decision was reversed on appeal years later.

SUPREME COURT RULES AGAINST PLANNED PARENTHOOD IN MEDICAID FUNDING DISPUTE

David Daleiden, founder of The Center for Medical Progress, at the Value Voters Summit on Sept. 25, 2015, in Washington, D.C. ( Charles Ommanney/The Washington Post via Getty Images)

An anonymous litigant then brought a new lawsuit on behalf of the two states seeking to claw back the millions of dollars Planned Parenthood had collected while the injunction had been in place.

Court papers indicate that the potential money Planned Parenthood could now owe — reimbursement of the Medicaid dollars it collected plus various multipliers — could add up to $1.8 billion. The exact dollar amount would be determined by a jury in the lower court.

But Planned Parenthood and the anonymous litigant, named in court papers as «Alex Doe,» are now waiting to see where the conservative 5th Circuit will land.

The issue before the 5th Circuit’s en banc panel is about whether Planned Parenthood had immunity when it collected the four years’ worth of Medicaid dollars. Planned Parenthood has argued it has immunity because its counsel advised it to collect the payments during the injunction period.

A protest sign outside the Supreme Court during the 52nd annual March for Life in Washington, D.C., on Jan. 24, 2025. (BRYAN DOZIER/Middle East Images/AFP via Getty Images)

Thursday’s oral arguments came after a three-judge panel for the 5th Circuit comprising two Republican-appointed judges and one Democrat-appointed judge sided with Planned Parenthood.

Susan Manning, general counsel for Planned Parenthood Federation of America, blasted the Texas and Louisiana lawsuit as a «politically-motivated» attempt to put the nonprofit out of business.

«This baseless case has only one goal: to shut down Planned Parenthood and deny patients access to sexual and reproductive health care,» Manning said in a statement this year. «Planned Parenthood health centers are nonprofits that provide essential, high-quality health care to more than 2 million people nationwide every year.»

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Separately, pro-life activists made progress in their mission to defund Planned Parenthood this year when Congress voted to strip the nonprofit of Medicaid funding at the federal level for a one-year period.

The U.S. Court of Appeals for the 1st Circuit sided against Planned Parenthood in a lawsuit over the measure.

Autoridades de Rusia habrían desplegado una estrategia sistemática para influir en los resultados de las elecciones en Moldavia utilizando la Iglesia Ortodoxa como canal principal de intervención. Una investigación de Reuters expone que funcionarios estatales rusos diseñaron un plan en el que sacerdotes ortodoxos moldavos fueron reclutados deliberadamente para diseminar mensajes prorrusos entre los feligreses. Estos sacerdotes recibieron directrices sobre cómo orientar sus homilías y actividades pastorales hacia la promoción de ideas afines a los intereses de Moscú, como el rechazo a la integración europea y la crítica abierta a candidatos considerados poco favorables para Rusia.

De acuerdo con las revelaciones de Reuters, este proceso de reclutamiento y coordinación se realizó a través de canales confidenciales, donde integrantes de los servicios de inteligencia y de la diplomacia rusa instruyeron a los líderes religiosos sobre el tipo de mensajes a difundir y les facilitaron materiales y recursos logísticos para expandir la campaña. Entre los métodos utilizados por los operadores rusos figuraba el contacto directo con los sacerdotes, el ofrecimiento de incentivos y la creación de redes que permitieran difundir eficazmente el discurso pro-Moscú por diferentes regiones de Moldavia.

La participación de funcionarios de alto nivel en este operativo revela un enfoque organizado con implicancias estatales, conforme detalla el reportaje de Reuters. Las actividades incluyeron la planificación de encuentros entre diplomáticos y clérigos, así como mecanismos para asegurar que los mensajes fueran consistentes y alcanzaran tanto a zonas urbanas como rurales. De este modo, la estrategia rusa apuntó a incidir de manera directa en la percepción de los votantes a través de la autoridad moral y el alcance social con que cuenta la Iglesia Ortodoxa en la sociedad moldava.

La intervención a través de la Iglesia Ortodoxa tuvo un impacto amplio dentro de Moldavia, según los resultados recogidos por Reuters. Organizaciones de la sociedad civil y analistas políticos detectaron un aumento en la retórica prorrusa dentro de templos y espacios comunitarios, lo que generó preocupación sobre el potencial de estos mensajes para modificar la visión de los ciudadanos respecto a la futura orientación geopolítica del país. La capacidad de la Iglesia para llegar a amplios sectores de la población, incluyendo comunidades rurales y segmentos tradicionalmente menos expuestos a los debates políticos, amplificó la difusión de la campaña.

Representantes de autoridades electorales moldavas expresaron a Reuters inquietud por la influencia que estas prácticas podrían tener en la equidad del proceso electoral, dado que muchos votantes confían en la orientación moral y social de los religiosos locales. Señalaron que abordar la interferencia es especialmente delicado en un contexto donde la sociedad permanece polarizada respecto al acercamiento con la Unión Europea frente a la continuidad de lazos estrechos con Rusia.

El alcance creciente de los mensajes fue interpretado por algunos sectores como un riesgo para la estabilidad regional, especialmente en un momento marcado por situaciones de inestabilidad en países vecinos y tensiones geopolíticas en el este de Europa. Expertos consultados por Reuters advirtieron que la persistencia de estos métodos de injerencia puede desembocar en episodios de tensión social y socavar la confianza en las instituciones democráticas moldavas. La sensibilidad del tema y la complejidad de la coyuntura llevaron a un llamado de vigilancia activa por parte de organizaciones internacionales, preocupadas por la incidencia de actores externos en los procesos internos del país.

Tras la divulgación de la investigación de Reuters, portavoces de la Iglesia Ortodoxa en Moldavia afirmaron públicamente que no existe ninguna directriz oficial que promueva mensajes políticos en el seno de la institución y rechazaron las acusaciones de coordinación con agentes extranjeros. Autoridades eclesiásticas argumentaron que su papel se limita a la guía espiritual de la comunidad, defendiendo la independencia de la Iglesia frente a influencias externas y reafirmaron su compromiso con la neutralidad política.

Funcionarios del gobierno ruso, consultados por Reuters, negaron cualquier implicación en campañas de manipulación electoral en Moldavia. Afirmaron que dichas acusaciones carecen de fundamento y las atribuyeron a intereses de sectores que buscan desacreditar al Kremlin y tensar las relaciones bilaterales.

Por su parte, el gobierno moldavo manifestó su inquietud ante los indicios de injerencia extranjera y expresó, a través de comunicados oficiales citados por Reuters, la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección del proceso democrático. Las autoridades requirieron el apoyo de organismos internacionales para monitorear las próximas elecciones y prevenir la utilización de estructuras religiosas como herramienta de influencia política.

Entidades de la Unión Europea y organismos multilaterales reaccionaron a la investigación mostrando disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, con el propósito de garantizar la integridad electoral moldava. Adicionalmente, portavoces comunitarios declararon que, de confirmarse la existencia de interferencia y manipulación por parte de actores externos, se analizarán posibles sanciones diplomáticas y la intensificación del acompañamiento institucional a Moldavia en futuros procesos electorales.