INTERNACIONAL
Trump firmó un polémico decreto para erradicar a las personas en situación de calle: fondos especiales e internaciones compulsivas
En silencio y con un decreto divulgado a través del sitio web de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, abrió la puerta a la rehabilitación de una polémica medida que permite el retiro de personas que viven en las calles y su internación involuntaria en centros de tratamiento de salud mental o de adicciones.
Se trata de la restauración del llamado “compromiso civil”, un cuestionado proceso que en los años 50 llevó al confinamiento compulsivo de homosexuales en instituciones de “salud”.
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Se calcula que unas 274.000 personas deambulan por las calles de los Estados Unidos, en especial en las grandes ciudades, según datos oficiales de 2024.
“La abrumadora mayoría de estas personas son adictas a las drogas, tienen una condición de salud mental o ambas. Casi dos tercios de las personas sin hogar informan haber consumido regularmente drogas duras como metanfetaminas, cocaína u opioides en sus vidas. Una proporción igualmente grande de personas sin hogar informó sufrir condiciones de salud mental”, afirmó Trump en los fundamentos de su iniciativa.
Qué dice el decreto firmado por Donald Trump
La orden ejecutiva firmada por Trump el 24 de este mes pide al fiscal general, Pam Bondi, tomar acciones legales para revocar los precedentes judiciales y decretos que limitan a gobiernos locales y estatales a internar a los “homeless” en centros de tratamiento.
No se trata de internaciones breves. El decreto menciona específicamente confinamiento de “largo plazo”, aunque aclara que los internos recibirán un “trato humano”. Donald Trump quiere remover a las personas sin hogar de las calles (Foto: AP)
Además, instruyó a los departamentos de Justicia, Salud, Servicios Humanos, Vivienda y Transporte priorizar las subvenciones federales para los estados y ciudades que “hagan cumplir las prohibiciones” sobre el consumo abierto de drogas ilícitas, acampar en zonas urbanas o deambular por las calles.
Para financiar su iniciativa, Trump pidió “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de fondos” a fin de “apoyar las actividades de remoción de campamentos en las zonas en las que la seguridad pública está en peligro y los recursos estatales y locales son insuficientes”.
Además, pidió “evaluar los recursos federales para determinar si pueden orientarse a garantizar que los detenidos con enfermedades mentales graves no sean puestos en libertad pública”.
La medida busca “acabar con la delincuencia y el desorden en las calles”.
De qué se trata el “compromiso civil”
El internamiento civil involuntario ha sido muy cuestionado a lo largo de la historia reciente del país.
A mediados del siglo XX se usó como método preventivo para confinar a personas capaces de hacerse daño a sí mismas u a otras personas. Pero en ese combo, según advirtieron activistas de derechos humanos, cayeron grupos vulnerables como LGBTQ+ y personas con discapacidades, en su mayoría afroamericanos.
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De hecho, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría consideró a la “homosexualidad” como un trastorno mental hasta 1973.
Un estudio de 2010, citado por el sitio estadounidense Axios, reveló que más de 500.000 personas fueron internadas en centros de tratamiento de salud mental en la década del ´50. Entonces, las personas con problemas psiquiátricos solían ser encarceladas por vagancia junto con delincuentes. El número se redujo a 30.000 en los años ´90.
Otro informe de 2022, también mencionado por Axios, señaló que los afroamericanos tienen más probabilidades que los estadounidenses blancos de ser internados en forma compulsiva en una institución mental.
Las internaciones involuntarias deben ser ordenadas por un juez, pero los criterios varían en cada uno de los 50 estados de la Unión. Sin embargo, todos coinciden en mencionar enfermedades mentales, discapacidades del desarrollo y problemas de abuso de sustancias que representan un peligro para ellos mismos o los demás.
“El traslado de las personas sin hogar a instituciones de larga estancia para que reciban un trato humano mediante el uso adecuado del internamiento cívico restablecerá el orden público. Entregar nuestras ciudades y ciudadanos al desorden y al miedo no es compasivo ni con las personas sin hogar ni con los demás ciudadanos. Mi administración adoptará un nuevo enfoque centrado en la protección de la seguridad pública”, dijo Trump en su iniciativa.
El plan de Trump para los “homeless” genera una fuerte polémica
La medida impulsada por Trump cosechó rápidamente detractoresy partidarios de remover de las calles a las personas sin hogar.
Scout Katovich, abogada del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), alertó que la iniciativa demuestra un “notable desprecio” por los derechos y la dignidad de las personas vulnerables. Una postal de Skid Rowm en Los Angeles (Foto: REUTERS/Etienne Laurent)
“Encarcelar a las personas en instituciones cerradas y obligarlas a recibir tratamiento no resolverá el problema de la falta de vivienda ni apoyará a las personas con discapacidad. Lo cierto es todo lo contrario: las instituciones son peligrosas y mortales, y el tratamiento forzado no funciona”, añadió.
Para Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos LGBTQ, “esta orden ejecutiva es un ataque directo a las personas vulnerables que merecen atención y apoyo, no una institucionalización forzada”.
La medida es “particularmente ominosa para la comunidad LGBTQ”, que históricamente fue “sometida a terapias de conversión y otras formas de maltrato severo” de manera involuntaria, alertó.
Otros cuestionaron la falta de políticas de vivienda. “El desorden en nuestra nación es que no tenemos viviendas accesibles para todos en nuestras comunidades ni atención médica adecuada para todos”, dijo Britta Fisher, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición de Colorado para las Personas sin Hogar.
Pero la iniciativa también recogió opiniones favorables en sectores de la sociedad cansados de lidiar con el problema de las adicciones a drogas como el fentanilo, que generan ejércitos de adictos deambulando por las calles de las grandes ciudades del país.
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El empresario David Marcus, expresidemte de PayPal, respaldó la medida de Trump en Fox News.
“He viajado a campamentos de personas sin hogar por todo EE.UU., desde los pasos subterráneos más escondidos de Manhattan hasta el caos inmenso del barrio de Tenderloin en San Francisco, un lugar al que literalmente olés una cuadra antes de entrar. En estos campamentos, el reflejo nauseabundo se ve desafiado por agujas que salen de los cuellos y montañas de detritos humanos, pero la verdadera tristeza existencial y aplastante surge al saber que a estos seres humanos simplemente los están abandonando a su suerte”, afirmó.
Además, señaló: “La falta de vivienda engloba dos problemas muy distintos: uno es financiero y el otro, de adicción y salud mental. La falta de vivienda financiera es bastante fácil de abordar. La madre desahuciada que vive en su auto puede recibir alojamiento temporal y ayuda laboral. En realidad, solo necesita una mano amiga”.
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“Sin embargo, la falta de vivienda relacionada con enfermedades mentales y adicciones es un problema de adicción y enfermedad mental y simplemente permitir que la gente se inyecte en tiendas de campaña en lo que alguna vez fue un próspero distrito comercial no lo resuelve”, enfatizó.
Además, Marcus se preguntó “si estas personas ya estaban en una institución al aire libre de facto”.
“En realidad, solo hay dos bandos aquí: el que dice que vamos a hacer todo lo que podamos para salvar la vida de ese hombre, incluso contra su voluntad, o el que lo condena a una prisión al aire libre de su propia creación. El presidente Trump ha elegido sabiamente, y si los gobiernos locales toman nota, salvarán muchas vidas en todo Estados Unidos”, concluyó.
Estados Unidos, Donald Trump
INTERNACIONAL
Senate Democrats are feverishly recruiting top candidates to win back majority in 2026 midterms
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As they mount their uphill effort to win back the Senate majority in next year’s midterm elections, Democrats feel that they’re on a roll.
Late last month, they landed their biggest recruit to date, when former two-term Democratic Gov. Roy Cooper of North Carolina declared his candidacy in the 2026 race to succeed retiring Republican Sen. Thom Tillis.
Democrats view the open Senate seat in the crucial southeastern battleground state as a top pick-up opportunity next year as they try to win back control of the Senate, which the Republicans currently hold with a 53-47 majority.
«It’s hard to overstate the importance of getting Gov. Cooper to run for the Senate in North Carolina, and already we are seeing a potential for a ripple effect,» longtime Democratic strategist Chris Moyer told Fox News Digital.
THIS REPUBLICAN JUST JUMPED INTO BATTLEGROUND GEORGIA’S HIGH-PROFILE SENATE RACE
Then-Gov. Roy Cooper, a Democrat from North Carolina, speaks with reporters on Sept. 10, 2024, in Philadelphia, Pennsylvania. (Paul Steinhauser – Fox News )
Moyer, a veteran campaign communicator, said that Cooper recruitment is «giving more faith to potential candidates who are questioning whether there’s a chance for a Democratic majority in the Senate next year.»
Senate Minority Leader Chuck Schumer and Democratic Senatorial Campaign Committee (DSCC) Chair Sen. Kirsten Gillibrand, after landing Cooper, said he «is a formidable candidate who will flip North Carolina’s Senate seat.»
Top Democrats now have their eyes on former Sen. Sherrod Brown of Ohio, who lost last year’s re-election bid in a onetime top swing state that’s become reliably red over the past decade.
WHAT A TOP POLITICAL HANDICAPPER SAID ABOUT THE DEMOCRATS’ CHANCES TO WIN BACK SENATE IN 2026
Schumer, the top Democrat in the Senate, trekked to Ohio this summer in hopes of convincing Brown to take on Republican Sen. Jon Husted, Fox News confirmed.
Brown, who served over three decades in the House and later the Senate, is viewed by Democrats as the only candidate who could potentially topple Husted, who was named at the beginning of this year to fill the seat left vacant when then-Sen. JD Vance stepped down to become vice president.
Former Democratic Sen. Sherrod Brown of Ohio is seriously considering a 2026 bid to return to the Senate. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Democrats landed the candidate they were hoping for in swing state New Hampshire in the race to succeed retiring longtime Democratic Sen. Jeanne Shaheen.
Four-term Rep. Chris Pappas’ announcement in early April that he would run to succeed Shaheen has cleared the Democratic primary field, as of now, of any potential rivals for the party’s Senate nomination.
Democratic Senate candidate in New Hampshire Rep. Chris Pappas is interviewed by Fox News Digital on July 4, 2025, in Portsmouth, N.H. (Paul Steinhauser – Fox News)
Meanwhile, a Republican primary in the state – where the GOP hasn’t won a Senate race in 15 years – is heating up between former Sen. Scott Brown and state Sen. Dan Innis, with the possibility of more candidates entering the race.
In battleground Georgia, which President Donald Trump narrowly carried in last year’s White House race, Republicans view first-term Sen. Jon Ossoff as the most vulnerable Democrat incumbent up for re-election next year.
But Ossoff is off to a very hot fundraising start, and a GOP primary between Reps. Mike Collins and Buddy Carter, and former college and professional football coach Derek Dooley, is starting to turn combustible.
Republicans view Sen. Jon Ossoff as the most vulnerable Democrat running for re-election in the 2026 midterm elections. (AP)
Of potential concern for the Democrats is Michigan, where the dynamics appear to be the opposite of Georgia, in the race to succeed retiring Democratic Sen. Gary Peters.
Former Rep. Mike Rogers, the 2024 GOP Senate nominee who narrowly lost last year’s race, appears to have cleared the Republican, thanks in great part to Trump’s endorsement and likely arm twisting by the president’s political team.
Democrats, meanwhile, have a very competitive primary on their hands. The primary race includes three well-known Democrats: Rep. Haley Stevens, state Sen. Mallory McMorrow, and former gubernatorial candidate Abdul El-Sayed, who enjoys the backing of progressive champion Sen. Bernie Sanders of Vermont.
And popular Detroit Mayor Mike Duggan is running for the Senate as an independent, which could potentially hurt Democrats in the general election.
While Texas has long been a reliable red state, and conservative firebrand Sen. Ted Cruz comfortably won re-election last year, Democrats are optimistic about their 2026 chances to potentially flip a red seat to blue.
That’s because longtime GOP Sen. John Cornyn is facing a serious primary challenge from Texas Attorney General Ken Paxton, a MAGA world rockstar.
Former Rep. Colin Allred of Texas, seen on the campaign trail last October, is running for a second straight election cycle for the Senate. (Reuters/Marco Bello)
Paxton has long been surrounded by scandals, and is now dealing with a headline-grabbing divorce with his wife, state Sen. Angela Paxtom. And Democrats believe if Paxton topples Cornyn in next March’s GOP primary, he’ll be toxic in the general election.
But Democrats could have a competitive primary in Texas as well.
Former Rep. Colin Allred, who lost to Cruz last November, launched a second straight campaign earlier this year.
Former Rep. Beto O’Rourke, who came close to ousting Cruz in the state’s 20218 Senate election before unsuccessfully running for the 2020 Democratic presidential nomination and losing the 2022 Texas gubernatorial race to GOP Gov. Greg Abbott, is taking a hard look at a 2026 Senate run.
State Rep. James Talarico, who grabbed national attention recently for his appearance with popular podcaster Joe Rogan, and Rep. Joaquin Castro, are also mulling bids.
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Democrats also feel they may have a shot in Iowa – a onetime swing state that’s become firmly red in recent election cycles – if Republican Sen. Joni Ernst decides against seeking a third term in the Senate.
But they’ll likely have a much better chance of flipping a GOP-held seat in blue state Maine if longtime Republican incumbent Sen. Susan Collins decides against seeking re-election.
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White House envoy Steve Witkoff landed in Russia on Wednesday for his fifth visit with Russian President Vladimir Putin as President Donald Trump looks to force a peace deal and bring an end to the three-and-a-half-year war in Ukraine.
Little seems to have been accomplished from the three-hour meeting in the way of securing a peace deal, or even circumventing the threatened sanctions by Trump that Putin now stares down, though according to Russian foreign policy advisor Yuri Ushakov, the meeting was described as «useful and constructive.»
Ushakov said Putin «received some signals from Trump» and «sent some signals,» but he did not elaborate on any specifics.
Russian President Vladimir Putin (L) meets with US President’s Special Envoy Steve Witkoff (R) at Kremlin Palace in Moscow, Russia on August 6, 2025. (Kremlin Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images)
WITKOFF SCRAMBLES FOR PEACE DEAL WITH RUSSIA AS SANCTIONS LOOM TARGETING INDIA, CHINA
The advisor also told reporters that Putin and Witkoff had discussed developing the «strategic partnership» between the U.S. and Russia but did not elaborate how. The comment came after Witkoff was spotted earlier in the day taking a walk near the Kremlin with Kirill Dmitriev, the Russian president’s envoy for investment and economic cooperation.
Witkoff and Putin met shortly before noon in Moscow, according to the timestamp released by the Kremlin which accompanied an image of Putin and Witkoff smiling and shaking hands as Russian foreign policy advisor Yuri Ushakov looked on.
Witkoff’s team did not respond to Fox News Digital’s questions on what the envoy was hoping to accomplish in his meeting with Putin, though some reporting this week suggested he may look to secure a moratorium on air strikes.
A police officer at the site of a Russian air strike that hit a residential building in Kyiv, Ukraine, on Thursday, July 10, 2025. (Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images)
Witkoff traveled to Moscow in a last-ditch effort to get Putin to capitulate to Trump’s and Western calls for an end to the war, though the Kremlin chief was not expected to make great concessions in ending his war ambitions ahead of the trip.
In mid-July, while seated next to NATO Secretary General Mark Rutte, Trump promised to enforce «very severe» tariffs on Russia if Putin does not enter into a deal with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy within 50 days.
«Tariffs at about 100%, you’d call them secondary tariffs,» he had said, implying that nations who trade with Russia will see 100% tariffs slapped on them when trading with the U.S.
He then pushed the date up to within 10 days of July 29, forcing the new deadline for Friday.
But on Tuesday Trump walked back his 100% tariff threat amid tough trade talks with India and China, and said, «I never said a percentage.»
«We’ll see what happens over the next fairly short period of time,» he added in response to questions from reporters. «We have a meeting with Russia tomorrow. We’re going to see what happens.
President Donald Trump, right, and Mark Rutte, secretary general of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), shake hands during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., on Monday, July 14, 2025. (Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg via Getty Images)
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«We’ll make that determination at that time,» he added.
The tariffs would most drastically target China and India, which are the largest purchasers of Russian oil, though high tariffs on those nations, both of which are major traders with the U.S., would also mean higher prices for the American consumer.
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INTERNACIONAL
Italia aprobó la construcción del puente colgante más largo del mundo sobre el estrecho de Mesina
El gobierno italiano aprobó este miércoles el proyecto definitivo para la construcción del puente sobre el estrecho de Mesina, una obra faraónica de 13.532 millones de euros que unirá por primera vez la península italiana con la isla de Sicilia mediante lo que será el puente colgante más largo del mundo.
El visto bueno fue otorgado por el Comité Interministerial para la Planificación Económica y el Desarrollo Sostenible (Cipess), tras evaluar la documentación técnica y financiera presentada por el Ministerio de Infraestructuras y Transportes y las empresas involucradas en el proyecto.
El ministro de Infraestructuras y viceprimer ministro, Matteo Salvini, anunció en rueda de prensa que espera “iniciar las obras, los trabajos y las expropiaciones entre septiembre y octubre”, una vez que el Tribunal de Cuentas otorgue su aprobación final. Salvini describió el proyecto como una “obra sin precedentes en el mundo” y un “proyecto de ingeniería fascinante” que acelerará el desarrollo económico del sur de Italia.
La estructura que unirá la isla con la península será el puente colgante más largo del mundo, con un vano central de 3.300 metros. Estará sostenido por dos torres de 399 metros de altura, situadas en las costas de Calabria y Sicilia, unidas por cuatro cables de suspensión.
El puente contará con tres carriles de carretera por sentido, dos carriles de servicio y dos vías ferroviarias en el centro. El tablero tendrá 60,4 metros de ancho y una altura de 72 metros sobre el nivel del mar para permitir el paso de embarcaciones de gran calado.
Según las estimaciones oficiales, una vez completado entre 2032 y 2033, el puente tendrá una capacidad máxima de hasta 6.000 vehículos por hora y 200 trenes al día, reduciendo dramáticamente el tiempo de viaje entre Calabria y Sicilia de las actuales dos o tres horas en ferry a apenas 15 minutos por carretera y 10 minutos en tren.
La construcción del puente que una la región de Calabria con la ciudad de Messina es una idea que se estudia desde 1971. El ex primer ministro Silvio Berlusconi relanzó el proyecto durante su segundo gobierno (2001-2006) como uno de sus grandes sueños, aunque nunca llegó a colocarse la primera piedra.
Los intentos por construir un puente sobre el estrecho de Mesina se remontan incluso a tiempos antiguos. Según el cronista romano Plinio el Viejo, en el año 252 a.C. un cónsul logró trasladar 100 elefantes de guerra capturados desde Sicilia hasta la península italiana utilizando balsas hechas de “filas de barriles atados”.
En 2005, Berlusconi otorgó el primer contrato de 3.900 millones de euros para el puente, pero fue archivado meses después cuando cayó su gobierno. Al regresar al poder dos años más tarde, intentó revivir el proyecto, pero fue cancelado nuevamente en 2011 durante la crisis de deuda soberana europea.
Los costos han aumentado significativamente: de 4.400 millones de euros estimados hace dos décadas a los actuales 13.500 millones.
El gobierno de Giorgia Meloni ha reenmarcado el proyecto no solo como una obra de desarrollo económico, sino como una infraestructura estratégica crucial para la seguridad nacional. Italia ha comprometido aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB dentro de una década como parte de sus compromisos con la OTAN, destinando 1,5% del PIB a infraestructuras estratégicas.
“El puente del estrecho de Mesina constituye una infraestructura fundamental con respecto a la movilidad militar, teniendo en cuenta la presencia de importantes bases de la OTAN en el sur de Italia”, señalaron las autoridades italianas en un informe de abril.
Sin embargo, expertos como Alessandro Marrone del Instituto de Asuntos Internacionales de Roma cuestionan esta justificación, argumentando que la prioridad de la OTAN es facilitar el despliegue rápido de tropas hacia el este europeo en caso de ataque ruso.
Marrone dijo al Financial Times que Italia debía centrarse en mejorar los puertos, aeropuertos y carreteras de las regiones donde están estacionadas sus tropas: “Si hay que ir al este, hay que hacerlo por el Adriático, en avión o por los Alpes”.
Se espera que el proyecto movilice más de 23.000 millones de euros en inversiones totales y genere aproximadamente 120.000 puestos de trabajo durante su ejecución. El consorcio Eurolink, liderado por la empresa italiana Webuild y que incluye la participación de 235 compañías —entre ellas la española Sacyr con un 22,4% de participación—, además de empresas japonesas y danesas, se adjudicó la obra.
Sin embargo, el proyecto enfrenta resistencias. Diversas asociaciones ciudadanas y medioambientales han denunciado los posibles daños al ecosistema marino del estrecho de Mesina y alertan sobre el riesgo de infiltración de mafias locales, como la ‘Ndrangheta en Calabria y Cosa Nostra en Sicilia.
La Dirección de Investigación Antimafia ha advertido en varias ocasiones sobre estos peligros, por lo que no se descarta que se presenten denuncias legales contra el proyecto.
Los residentes de Messina también se han movilizado para intentar detener el proyecto, que requerirá cambios masivos en la ciudad, incluyendo la reubicación de la estación de tren y demoliciones de algunos barrios.
A pesar de las controversias, el gobierno describió el puente como “infraestructura estratégica” y de “interés nacional” para completar las redes transeuropeas de transporte, con lo que describe como un “acelerador del desarrollo” para dos de las regiones más pobres de Italia.
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