El fútbol es un poderoso imán para gobernantes como Nayib Bukele. El presidente de El Salvador tomará el control de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) a través de su hermano, Yamil.

No es un hecho aislado. Con una gran popularidad basada en una cuestionada política de “mano dura” que acabó con el crimen organizado y la violencia, el mandatario ya tiene un absoluto control de los tres poderes del Estado. Ahora, puso la mira en el deporte más popular del mundo.

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El objetivo es simple: tener injerencia total sobre un fenómeno social y cultural que une a seis millones de salvadoreños. Quien controla el fútbol domina gran parte del humor ciudadano. El propósito es llevar al débil seleccionado local al Mundial de 2030 que se jugará en varios países, entre ellos la Argentina.

Para el próximo torneo, de 2026, llegó tarde. El Salvador quedó eliminado en la instancia final de las eliminatorias de la Concacaf.

“El principal objetivo es utilizar el fútbol para alimentar la narrativa de que Bukele está cambiando por completo El Salvador, aun y cuando eso está muy lejos de ser cierto”, dijo a TN el salvadoreño Víctor Aguilar, analista para América Latina de la ONG internacional Crisis Group.

Yamil Bukele asume en la Federación Salvadoreña de Fútbol

Yamil Bukele, de 47 años y medio hermano del presidente, asumirá como titular de la Federación Salvadoreña de Fútbol cuando concluya la misión de la FIFA que intervino la entidad en 2022.

Entonces, el presidente de la Fesfut, Reynaldo Vásquez, fue sentenciado en Nueva York a un año y medio de prisión como parte del “Fifagate”, el escándalo de sobornos y corrupción que sacudió a la FIFA y en especial a América Latina.

Yamil Bukele es el único candidato inscripto para las elecciones internas de la federación previstas para el 12 de diciembre. Los distintos delegados de las ligas locales solo tendrán la opción de inclinarse por el hermano del presidente.

“Esperamos que nos vaya muy bien, por el bien del fútbol y de nosotros mismos”, dijo el actual presidente “ad honorem” del Instituto Nacional de los Deportes al lanzar su candidatura.

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Según Aguilar, “Nayib Bukele ha mostrado interés en tener influencia en la Federación Salvadoreña de Fútbol desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en junio de 2015, cuando recién había sido elegido alcalde de San Salvador, en una publicación en Twitter que después eliminó, dijo: ´Por ahí tengo un familiar que se ofrece para arreglar la FESFUT´”.

En octubre de 2021, ya siendo presidente, tras una derrota de la Selección Nacional ante México en las eliminatorias para el Mundial de 2022, fue incluso más claro y señaló: “Yo creo que es hora de intervenir. Nos sancionan un par de años y luego volvemos jugando de verdad“.

La selección salvadoreña jugó solos los Mundiales de 1970 y 1982. En España 82 sufrió una estrepitosa goleada en contra por 10 a 1 ante Yugoslavia y cayó ante la Argentina de Diego Maradona 2 a 0.

Ahora, el gran sueño es volver a llevar al seleccionado a un Mundial que se niega desde hace 44 años.

“Al presidente Bukele le encanta afirmar que todas sus medidas son ´hitos´ en la historia del país. No dudo de que le encantaría que la selección regrese a un Mundial para poder afirmar que también logró cambiar ese pasado lleno de fracasos y decepciones», afirmó Aguilar.

Por qué el fútbol seduce tanto a los poderes de turno

El fútbol ha sido utilizado por la política (y en especial por distintas dictaduras, como la Argentina) desde siempre. El caso más actual es el de Arabia Saudita, que invirtió cifras multimillonarias para contratar figuras internacionales en su desconocida liga local y aplacar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

El reino saudita ya se agendó la sede del Mundial de 2034 y extendió sus inversiones al tenis, el golf y hasta la Fórmula 1. Hoy Arabia Saudita es sinónimo de fútbol y deporte. Muy pocos hablan de abusos.

Pero Bukele no tiene los petrodólares sauditas. Tiene, eso sí, algo clave a su favor: en pocos años logró pacificar a un violento El Salvador. ¿Cómo hizo? Encarceló a decenas de miles de supuestos pandilleros en una ofensiva total contra el crimen organizado. Los salvadoreños prefieren mirar hacia otro lado cuando se habla de las denuncias por violaciones a los derechos humanos que se acumulan en la puerta de la Casa de Gobierno. El presidente fue reelecto el año pasado con casi el 85% de los votos. Su popularidad es enorme.

Sus detractores lo acusan de controlar los tres poderes del Estado, de encarcelar a miles de inocentes y silenciar a la oposición y la prensa. Tras una serie de maniobras, hasta logró imponer la posibilidad de reelección indefinida prohibida por la Constitución. Ahora, quiere echar a rodar la pelota.

Diego Murzi, investigador del CONICET y de la Escuela IDAES-UNSAM, dijo a TN que “el fútbol es el deporte más popular y convocante a nivel global en un momento en que el deporte se ha convertido en un hecho cultural y social central de la vida contemporánea”.

“Con lo cual tener injerencia en el fútbol implica tener decisión sobre asuntos que convocan e interesan a la población”, afirmó.

Para Murzi, especializado en sociología del deporte, “el fútbol se ha convertido en un juego geopolítico. Queda de manifiesto con (Donald) Trump interesándose por el Mundial o apareciendo en el Mundial de Clubes, cuando no forma parte de ninguna manera de su biografía”.

“Lo que refleja eso es lo importante del fútbol. Si pensamos en el proyecto de Bukele, que aspira a exceder los límites nacionales y proyectarse como figura relevante a nivel global, es lógico que intente tener bajo su control el fútbol de su país”, afirmó.

Según el analista, “gran cantidad de gente, sobre todo en Latinoamérica, piensa a la geopolítica basándose en el fútbol. Por eso cree que Argentina es un país relevante en el concierto global, o que India y China no lo son. Creo que para un proyecto político totalitario, o de largo alcance como el de Bukele, es importante movilizar esa dimensión”, dijo.

Bukele no ha inventado nada. Muchos gobernantes han intentado acercarse al deporte en los últimos años como “vehículo de promoción nacionalista o a los deportistas como personificación exitosa de ciertos valores intrínsecos que la actividad deportiva competitiva moviliza y que son afines a la ideología liberal o ´de derecha´ (éxito personal, meritocracia, individualismo, mercantilización, sacrificio, autosuficiencia)”, concluyó Murzi.

Habrá que ver ahora si el presidente salvadoreño logra tapar con el fútbol -y su enorme popularidad interna- los crecientes cuestionamientos internacionales a su política de “mano dura”.

El Ejecutivo japonés salió este sábado al cruce de las recientes denuncias de China contra la primera ministra Sanae Takaichi, a quien el régimen chino acusó de alterar la postura histórica de Tokio sobre su respaldo a Taiwán.

Desde Tokio calificaron las imputaciones como “totalmente infundadas” y subrayaron la continuidad de su línea política, negando un cambio en la posición oficial sobre el estrecho. Así lo expresó la portavoz Maki Kobayashi durante la cumbre del G20 en Johannesburgo, en declaraciones reproducidas por Bloomberg.

Kobayashi aseguró estar al tanto de la carta enviada por Beijiing a António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y recalcó que Japón explicó ya “en repetidas ocasiones” el sentido de los comentarios de su primera ministra, remarcando la apuesta del gobierno nipón por “el diálogo”.

Pese a ello, en Johannesburgo no fue posible avanzar en una conversación directa: desde China descartaron una reunión oficial entre Takaichi y el primer ministro Li Qiang, aunque ambos compartieron espacio en la foto de grupo de la cumbre.

El origen de la controversia radica en las declaraciones de Takaichi sobre la potencial respuesta japonesa ante una posible escalada militar de China contra Taiwán. El régimen liderado por Xi Jinping reaccionó enviando una misiva donde advierte de posibles “medidas de autodefensa” si Japón llegara a intervenir militarmente en apoyo a la isla, al tiempo que buscó movilizar respaldo internacional en Naciones Unidas.

Lejos de dar marcha atrás, Takaichi reiteró este viernes su negativa a retractarse de sus afirmaciones referidas a Taiwán y defendió la determinación japonesa de actuar igual ante una emergencia de seguridad en la región. Al calor del conflicto, incluso el cónsul chino en Osaka, Xue Jian, llegó a compartir (y luego eliminar) un mensaje en el que apostaba por “cortar el sucio cuello” de la primera ministra nipona.

Al mismo tiempo, las relaciones bilaterales registran nuevas restricciones: entre las últimas medidas, Beijing desaconsejó a sus ciudadanos visitar Japón, ordenó la suspensión de importaciones de mariscos japoneses y detuvo el estreno de nuevas películas japonesas en su mercado.

En cuanto a la relación entre Tokio y Taipéi, Taiwán confirmó el viernes pasado el levantamiento de las restricciones que, desde 2011, afectaban a las importaciones de alimentos originarios de Fukushima (Japón). Las autoridades informaron que dejarán de aplicar los requisitos de doble certificación y la inspección exhaustiva por lotes.

La medida surge poco después de que el gobernador de Niigata, Hideyo Hanazumi, autorizara la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa —la mayor del mundo—, que permanecía fuera de servicio desde el accidente nuclear ocurrido en Fukushima Daiichi en 2011 a raíz de un terremoto y posterior tsunami.

El anuncio del gobierno taiwanés marca la normalización de criterios para la entrada de productos japoneses en la isla, en un contexto donde la energía nuclear y la seguridad alimentaria siguen siendo ejes de debate en Japón.

La disputa regional se enmarca en décadas de sensibilidad diplomática. Desde que los lazos políticos entre China y Taiwán se cortaron en 1949 tras la guerra civil, solo se restablecieron en formatos no oficiales a partir de los años 80, mientras Tokio y Beijing mantienen diferencias históricas sobre la soberanía y seguridad en la región.

FIRST ON FOX — Two federal inmates previously on death row — one a crooked New Orleans cop, the other behind a multi-state killing spree — have been transferred to a notorious «supermax» prison in Colorado, the Justice Department told Fox News Digital. 

News of their transfers comes as U.S. Attorney General Pam Bondi looks to crack down on the previous administration’s sweeping clemency actions, especially those against violent crime. 

The former death row inmates were transferred Thursday to the U.S. Penitentiary Administrative Maximum Facility in Florence, Colorado, also known as «ADX,» Justice Department officials confirmed. 

TONY HAWK, TAIWAN AND A FLASHLIGHT: TRUMP ASSASSINATION ATTEMPT SUSPECT’S BIZARRE DEFENSE

They are among the 37 death row inmates whose sentences former President Joe Biden commuted shortly before leaving office last December. The news prompted criticism and complaints that the record clemency and commutation actions were done as a political «Hail Mary» and without proper vetting.

Eight death row inmates have already been transferred to ADX, the Justice Department told Fox News Digital, bringing to 10 the number of death row inmates that have been transferred to the prison since mid-September. 

More are expected soon. all 37 death row inmates commuted by Biden are expected to be moved to the prison by «early next year,» the Justice Department told Fox News Digital.

The effort comes as Bondi and the Trump administration have sought to reverse some of the Biden administration’s efforts on criminal justice reform, with an emphasis on cracking down on violent crime.

Though sentence commutations cannot be fully reversed, Justice Department officials told Fox News Digital, Bondi has prioritized ways to penalize these individuals in coordination with directives from Trump and to ensure that the «conditions of confinement» are «consistent with the security risks those inmates present because of their egregious crimes, criminal histories and all other relevant considerations,» according to an earlier DOJ memo. 

«Two more monsters who plotted and violently murdered innocent people will spend the rest of their lives in our country’s most severe federal prison,» Attorney General Pam Bondi told Fox News Digital in a statement. 

«This Department of Justice will continue to seek accountability for the families blindsided by President Biden’s reckless commutations of 37 vicious predators.»

Like the eight former death row inmates sent to Colorado’s supermax prison, the two criminals processed in ADX Thursday have been convicted of particularly heinous crimes. 

One individual chased down his ex-girlfriend from Roanoke, Virginia, to Charlotte, North Carolina, where he cut phone lines to the apartment she was living in before using cans of gasoline to set the building on fire.

BIDEN CLEMENCY ANNOUNCEMENT GETS MIXED REVIEWS ON CAPITOL HILL: ‘WHERE’S THE BAR?’

The ADX supermax prison in Florence, Colo. (Robert Daemmrich Photography Inc/Sygma via Getty Images)

Though she escaped via a second-story window and was hospitalized for second- and third-degree burns, he followed her back to her family’s home in Virginia two months later, where he gunned her down on the streets of her neighborhood and just steps from her mother.  

Another inmate, a former New Orleans police officer known as «Robocop» for his large physical demeanor and aggressive law enforcement style, was caught on tape by the FBI as he ordered and orchestrated the killing of a mother of three who had come to the precinct hours earlier to submit a supposedly confidential brutality complaint about his behavior that she witnessed on her way home the night before. 

The FBI had stumbled upon the conversation as part of a broader probe it had started to investigate a so-called «protection racket» between cocaine dealers in New Orleans and the city’s police force, which had been guarding a warehouse stocked with the drug. The same officer was later revealed as one of the chief conspirators in the protection racket. 

BIDEN STIRS OUTRAGE IN SCRANTON BY COMMUTING ‘KIDS FOR CASH’ JUDGE’S SENTENCE

Attorney General Pam Bondi appeared before a Senate Judiciary Committee oversight hearing on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

He was also found to have falsely testified in two murder cases, including one murder he has since been linked to. The statements were used to exonerate four men from prison, including three teenagers who had been wrongfully convicted of a murder 28 years earlier.

ADX is the only true federal «supermax» prison in the U.S., and its inmates are as notorious as the prison’s reputation. 

Among them are Ramzi Yousef, convicted in the 1993 World Trade Center bombing; Dzhokhar Tsarnaev, one of the Boston Marathon bombers; former Sinola Cartel leader Joaquín Guzmán, or «El Chapo»; and Mamdouh Mahmud Salim, the co-founder of al Qaeda.

Shortly after her confirmation as attorney general, Bondi issued a memo aimed at «restoring a measure of justice» to the victims’ families. 

The measures granted by Biden earned more criticism than former President Barack Obama. As Fox News reported at the time, the vast majority of Obama’s clemency actions focused on commuting the sentences of federal inmates who met certain criteria outlined under his administration’s Clemency Initiative.

Bondi hosted victims’ families earlier this year to hear their concerns about the commutations, the DOJ said. Some said they had been stunned by the eleventh-hour commutations and that they had not been given a heads-up by the Biden administration.

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In February, Bondi issued a memo to the Bureau of Prisons ordering an evaluation of where these prisoners should be detained.