INTERNACIONAL
Trump quiere deportar a ciudadanos naturalizados o con “Green Card” que hayan mentido o cometido delitos
Las cifras de deportaciones difieren según la fuente. Oscilan entre 70.000 y 140.000 en los primeros seis meses del segundo gobierno de Donald Trump. Pero el presidente estadounidense va por más: ahora quiere ir contra beneficiarios de la famosa “green card” y hasta los extranjeros naturalizados bajo trámites irregulares o con antecedentes penales.
Su plan A de eliminar la ciudadanía por nacimiento quedó por ahora interrumpido por un juez federal de New Hamshire tras una demanda colectiva elevada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU). El fallo del juez Joseph Laplante será apelado por el gobierno, que había fijado para el 27 de julio la entrada en vigencia de esta polémica medida.
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Pero Trump no se detiene. Lanzó una verdadera cacería de inmigrantes sin documentos que provocó protestas y disturbios en Los Ángeles y otras grandes ciudades del país. Además, canceló el llamado Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a más de 800.000 inmigrantes de Venezuela y Haití y a unos 76.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes. Todos ellos están hoy bajo riesgo de ser detenidos, procesados y deportados en cualquier momento.
Ahora quiere ir por todo: ordenó al Departamento de Justicia reforzar sus recursos contra los ciudadanos naturalizados sospechosos de obtener ilegalmente su ciudadanía estadounidense, según reveló El Nuevo Herald.
Un memorando citado por el diario de la Florida pidió centrarse no solo en las personas que hayan mentido sobre un delito o cometido algún crimen durante el proceso de naturalización, sino también en otras que delinquieron después de obtener la ciudadanía.
“El intento de Trump de revocar la ciudadanía es un ataque directo a la Constitución”, dijo a TN la activista argentina María Bilbao, coordinadora de la sección Florida de la American Friends Service Committee Experience, una ONG que ayuda a los migrantes.
“Está en juego la democracia”
Ningún extranjero se siente hoy a salvo en los Estados Unidos de Trump. Ni siquiera aquellos que tienen el pasaporte estadounidense.
“La Decimocuarta Enmienda deja claro que la ciudadanía no es un privilegio que puede otorgarse o quitarse según el capricho de un presidente. Es un derecho fundamental”, dijo Bilbao. Donald Trump pone la mirada sobre los ciudadanos naturalizados (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Para la activista argentina, que reside en la Florida desde 2001 y recién pudo regularizar su situación migratoria en 2019, “lo que está en juego es la base misma de la democracia. Lo que estamos viendo en este país es una estrategia deliberada para sembrar terror desde el Estado mismo y esto es una muestra más de ello”, apuntó.
El pasaporte estadounidense siempre representó una seguridad absoluta para cualquier migrante. Al menos hasta ahora. Trump quiere revocar la ciudadanía a quienes hayan mentido sobre cualquier delito previo o que hayan formalizado su estatus migratorio a través de irregularidades, como un matrimonio arreglado. Pero también planea removerle ese derecho a quienes hayan cometido delitos graves después de convertirse en ciudadano. Así, un extranjero naturalizado podría ser deportado a su país de origen.
El miedo también asedia a los beneficiarios de una “Green Card”
Pero el miedo comienza a abrazar también a los inmigrantes que hasta ahora se sentían seguros bajo el amparo de la soñada Green Card, la Tarjeta de Residente Permanente que permite a un extranjero vivir y trabajar legal y permanentemente en EE.UU. Este documento es emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS)
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtió que todos los residentes permanentes están bajo riesgo de ser deportados si tienen antecedentes penales.
“La residencia permanente no es incondicional. Poseer una Green Card es un privilegio, no un derecho”, afirmó el organismo en un mensaje en X. “Si infringe las leyes, perderá su tarjeta de residencia permanente o su visa”, alertó la agencia en un segundo posteo.
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Esta advertencia aumentó el temor de los residentes legales que viajan de forma periódica a sus países de origen para visitar a sus familias. “Quería ir a Cuba, pero decidí esperar”, confió a TN una mujer oriunda de La Habana que prefirió no dar su nombre por temor a verse perjudicada. Su prontuario está limpio, pero igual desconfía. Tiene miedo de que la manden de regreso a la isla.
En ese escenario, las autoridades tienen la orden de estrechar el cerco contra aquellos extranjeros residentes con antecedentes penales graves como violencia doméstica o crímenes contra menores; fraude migratorio, como un matrimonio simulado y hasta por ayudar a un inmigrante a entrar al país de manera irregular. La advertencia también recae sobre personas involucradas en tráfico de personas y en acciones terroristas.
Son muchas “Green Cards” por controlar. Solo entre 2014 y 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió más de 10 millones de documentos. En ese último año 1,1 millones de migrantes obtuvieron el estatus de residente permanente.
“La gente anda muy asustada. Incluso muchos se están regresando a sus países de origen”, dijo a TN la activista Norma Rodarte, del Colectivo Raíces Migrantes de Estados Unidos.
Su opinión es compartida por muchísimos inmigrantes. “De una manera u otra nos quieren sacar de este país. Si no es de un modo, va a ser de otro”, afirmó.
Donald Trump, Estados Unidos, inmigracion
INTERNACIONAL
El Parlamento israelí avanza en un proyecto de anexión de Cisjordania bajo una fuerte condena palestina
El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este miércoles, en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
“El proyecto de ley para aplicar la soberanía a los territorios de Judea y Samaria (como llama Israel al territorio palestino) fue aprobado en lectura preliminar por una mayoría de 25 a favor y 24 en contra”, detalló la Knéset en su cuenta en X.
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Este primer paso precede a otras tres votaciones que serán necesarias en el Parlamento para convertir este proyecto en ley. El proyecto sostiene que “el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel”.
La iniciativa generó una fuerte condena de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en algunas zonas del enclave, y del grupo islámico Hamas.
“Gran Israel”
El parlamentario Avio Maoz, líder del partido Noam, es el impulsor de esta ley. Durante la sesión parlamentaria, declaró que “el Señor, bendito sea, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel”, en una alusión al ‘Gran Israel’ que borra del mapa los territorios palestinos.
Esta votación preliminar coincide con la visita en Israel del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien supervisa el plan del alto el fuego en Gaza junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y altos cargos militares. Un hombre lleva una bandera palestina frente a tres soldados israelíes cerca de Nablus, en Cisjordania (Foto: EFE)
“Ha llegado el momento de aplicar la soberanía plena sobre todos los territorios de Judea y Samaria (Cisjordania) la herencia de nuestros antepasados, y de promover acuerdos de paz a cambio de paz con nuestros vecinos desde una posición de fortaleza”, celebró en X el ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono, Bezalel Smotrich.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también de extrema derecha y colono, escribió en su cuenta de X: “¡Ha llegado el momento de la soberanía ahora!”.
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Ambos ministros ya exigieron a mediados de septiembre al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la anexión de la Cisjordania en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte de más de una decena de países, entre ellos Reino Unido, Canadá y Australia.
Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.
E la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio). Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo.
Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades.
Fuerte condena palestina
La organización islamista Hamas consideró que el proyecto de anexión es “nulo, sin valor e ilegítimo”.
“Afirmamos que los frenéticos intentos de la ocupación por anexionar las tierras de Cisjordania son nulos, sin valor e ilegítimos. No cambiarán el hecho de que Cisjordania es tierra palestina en virtud de la historia, el derecho internacional y la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024”, afirmó un comunicado.
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En tanto, el ministerio de Exteriores palestino aseguró que Israel “no tendrá ninguna soberanía” sobre Cisjordania. En un comunicado, difundido en su cuenta de X, reiteró que “la tierra palestina ocupada en Cisjordania, incluida Jerusalén, y la Franja de Gaza, constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía, y que la soberanía pertenece exclusivamente al pueblo palestino”.
La Corte Internacional de Justicia emplaza a Israel
Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió que Israel no fundamentó los vínculos que asegura que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) tiene con Hamas y pidió al gobierno de Netanyahu cumplir con su obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda a Gaza proporcionados por la ONU. Según afirmó Israel no debe usar el hambre como método de guerra.
El tribunal consideró que el impedimento sustancial por parte de Israel al acceso de ayuda humanitaria a Gaza durante un periodo significativo de tiempo ha tenido consecuencias catastróficas para la población civil en la Franja.
La población local de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente. En tal situación, Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda, advirtió el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, durante la lectura de la decisión del tribunal.
Israel tiene la obligación, añadió, de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia.
(Con información de EFE)
gaza, Cisjordania, Israel
INTERNACIONAL
US carries out 8th strike on alleged drug vessel, this time in Eastern Pacific, Hegseth says
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The U.S. military carried out another strike on a suspected drug vessel, this time in the Eastern Pacific, Secretary of War Pete Hegseth announced Wednesday.
The strike Tuesday against a boat allegedly carrying drugs is the eighth conducted by the Trump administration. The previous seven happened in the Caribbean.
«Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be involved in illicit narcotics smuggling, was transiting along a known narco-trafficking transit route, and carrying narcotics,» Hegseth said.
«There were two narco-terrorists aboard the vessel during the strike, which was conducted in international waters. Both terrorists were killed and no U.S. forces were harmed in this strike,» he added.
3 KILLED IN US STRIKE ON COLOMBIAN ELN VESSEL SMUGGLING NARCOTICS, HEGSETH SAYS
The suspect drug smuggling vessel is shown at left, moments before it was destroyed in a U.S. strike on Tuesday, Oct. 21, 2025. (X.com/SecWar)
Earlier this week, Hegseth announced that three alleged narco-terrorists were killed in a U.S. strike on a drug smuggling vessel affiliated with Colombia’s National Liberation Army.
That «lethal kinetic strike» happened Friday in international waters at the direction of President Donald Trump, Hegseth wrote in a post on X.
«The vessel was known by our intelligence to be involved in illicit narcotics smuggling, was traveling along a known narco-trafficking route, and was transporting substantial amounts of narcotics,» Hegseth wrote. «There were three male narco-terrorists aboard the vessel during the strike—which was conducted in international waters.»
«All three terrorists were killed and no U.S. forces were harmed in this strike,» he added.
The suspect drug smuggling vessel is shown at left, moments before it was destroyed in a U.S. strike on Tuesday, Oct. 21, 2025. (X.com/SecWar)
Colombia’s Ejército de Liberación Nacional (ELN) is a designated terrorist organization. Hegseth likened the Colombian rebel group to the al Qaeda terror group founded by Usama bin Laden in Afghanistan.
TRUMP GOES ALL-OUT AGAINST COLOMBIA’S PETRO AFTER CLAIMS DRUG STRIKE KILLED FISHERMAN: WHAT WE KNOW
The death toll from the Trump administration’s military campaign against suspected drug-smuggling vessels is at least 34. The operations began last month and are part of Trump’s broader effort to dismantle transnational cartels by force.
Last Thursday, the U.S. military carried out a strike on what Trump later called a «very large drug-carrying submarine» in the Caribbean, killing two suspected narco-terrorists and capturing two others alive.
The U.S. killed six alleged drug traffickers on a boat in international waters near Venezuela, President Donald Trump announced Oct. 14, 2025. (realDonaldTrump/Truth Social)
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A separate strike on Tuesday killed six suspected smugglers aboard a vessel off the coast of Venezuela.
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Former special counsel Jack Smith is standing by his 2023 decision to subpoena several Republican lawmakers’ phone records, calling the move «entirely proper» and consistent with Justice Department policy.
Smith said through his lawyers in a letter obtained by Fox News Digital that the subpoenaed data, known as toll records, belonging to eight senators and one House member were carefully targeted to support his investigation into President Donald Trump’s alleged subversion of the 2020 election.
«As described by various Senators, the toll data collection was narrowly tailored and limited to the four days from January 4, 2021 to January 7, 2021, with a focus on telephonic activity during the period immediately surrounding the January 6 riots at the U.S. Capitol,» Smith’s lawyers wrote Tuesday to Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley, R-Iowa.
JACK SMITH INVESTIGATORS NEED TO ‘PAY BIG’ FOR JAN. 6 PHONE RECORDS PROBE, WARNS SEN. GRAHAM
Former special counsel Jack Smith delivers remarks on an unsealed indictment, including four felony counts against President Donald Trump, Aug. 1, 2023, in Washington. (Drew Angerer/Getty Images)
Toll records do not reveal the contents of phone calls but instead reveal when calls were made and to whom.
Smith’s lawyers said that although Grassley, who brought the subpoenas to light, has not reached out to Smith, they felt compelled to write to the chairman to address claims from Republicans that Smith improperly spied on lawmakers.
Grassley responded to the letter, saying he would continue an unbiased probe into Arctic Frost, the name of the FBI investigation that led to Smith’s election-related prosecution of Trump.
«I’m conducting an objective assessment of the facts&law like he says he wants So far we exposed an anti-Trump FBI agent started the investigation/broke FBI rules &only REPUBLICANS were targeted SMELLS LIKE POLITICS,» Grassley wrote on X.
The targeted senators included Republican Sens. Marsha Blackburn of Tennessee, Josh Hawley of Missouri and Lindsey Graham of South Carolina.
In addition to the eight senators, Sen. Ted Cruz, R-Texas, told Fox News’ Sean Hannity Tuesday that he recently discovered Smith also attempted to subpoena his toll records but that his phone company, AT&T, did not hand them over.
DEM REP DEFENDS DOJ OBTAINING GOP SENATOR CALL RECORDS IN 2023: ‘YOU WEREN’T SURVEILLED’
Sen. Ted Cruz, R-Texas. (Kayla Bartkowski/Getty Images)
The Republicans have broadly claimed they were inappropriately spied on, and compared Arctic Frost to the Watergate scandal.
Smith’s lawyers emphasized the normalcy of seeking out phone records and said that public officials are not immune from investigation.
Smith brought four criminal charges against Trump alleging he illegally attempted to overturn the results of the 2020 election, but he dismissed the charges after Trump won the 2024 election, citing a DOJ policy that discourages prosecuting sitting presidents.
Former special counsel Robert K. Hur testifies before the House Judiciary Committee on March 12, 2024, in Washington. (Win McNamee/Getty Images)
Former special counsel Robert Hur sought toll records during his investigation into former President Joe Biden’s handling of classified documents. The DOJ subpoenaed phone records of former Democratic Sen. Robert Menendez, who is serving prison time after he was convicted in 2024 of corruption charges.
The first Trump administration subpoenaed phone records of Rep. Eric Swalwell, D-Calif., and then-Rep. Adam Schiff, D-Calif., and dozens of congressional staffers from both parties as part of a leak investigation.
Former DOJ inspector general Michael Horowitz warned in a report about the leak probe that lawmakers’ records should only be subpoenaed in narrow circumstances because it «risks chilling Congress’s ability to conduct oversight of the executive branch.»
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Smith’s lawyers also disputed FBI Director Kash Patel’s accusations that he attempted to hide the subpoenas «in a lockbox in a vault,» noting that the former special counsel mentioned subpoenaing senators’ records in a footnote of his final special counsel report.
«Moreover, the precise records at issue were produced in discovery to President Trump’s personal lawyers, some of whom now serve in senior positions within the Department of Justice,» Smith’s lawyers said.
Read Smith’s letter below. App users click here.
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