Nicaragua es un país donde nadie se siente a salvo ni siquiera en su propia casa. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha tejido una extensa red de espionaje en la que los vecinos vigilan a sus vecinos, opositores y críticos son forzados a convertirse en delatores, y las aulas y centros de trabajo se han vuelto trincheras de control político.

El resultado es un país donde nueve de cada diez nicaragüenses aseguran sentirse vigilados, según una reciente encuesta de la organización en el exilio Hagamos Democracia.

El sondeo, realizado entre abril y junio de 2025 en 40 municipios y con una muestra de 400 personas, reveló que el 92.25 por ciento de los encuestados identifica a los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) como los principales operadores de vigilancia en su entorno.

Tres de cada diez señalaron a la Policía, y apenas un 1.35 por ciento mencionó de manera directa a los secretarios políticos, aunque forman parte de la estructura de los CLS.

“Este dato es interesante porque refleja que la gente siente que son sus propios vecinos quienes la vigilan: el CLS del barrio, los secretarios políticos”, explicó Jesús Tefel, dirigente de Hagamos Democracia.

La arquitectura del control ha sido asentada en capas. En el nivel barrial, los CLS actúan como columna vertebral. Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, esos comités ejercen control comunitario, identifican opositores, presionan para asistir a actos partidarios y alimentan con información a un entramado que incluye Juventud Sandinista, sindicatos oficialistas y entidades públicas.

La coordinación no se limita a lo territorial: se extiende a la vida institucional a través de la Policía, ministerios y alcaldías, y alcanza la vida cotidiana mediante docentes, brigadistas de salud, encuestadores y compañeros de trabajo que, por temor o coacción, reportan movimientos, amistades y conversaciones.

El asedio también incluye convertir en delatores a ciudadanos considerados opositores. Infobae conoció el caso de una nicaragüense, que por seguridad no mencionaremos su nombre, que fue sacada de su casa por civiles armados y llevada a celdas asiladas de la Cárcel Modelo.

A los 15 días aproximadamente fue llevada a una oficina donde la esperaba un oficial de policía que la atendió “amablemente”. Incluso le llevaron comida caliente y decente, y una bebida gaseosa. A los pocos minutos, el policía le tendió una carta de “colaboración voluntaria” comprometiéndola a espiar, delatar y reportar a vecinos, familiares y amigos. La promesa era: si firmaba, saldría; si no, se quedaría. Firmó. Regresó a su casa limpia de cargos y cada semana la contacta un oficial de Inteligencia con preguntas precisas: “¿Alguien se comunicó con usted?”, “¿Oyó esto?”, “¿Sigue siendo amigo de fulana?” Pregunta, anota, se va. Vuelve.

La instrucción política para esa red de espías fue refrendada en el acto del 19 de julio de 2025. En un discurso, Ortega instó a sus seguidores a espiar a sus vecinos “para que no le quede espacio alguno a los terroristas, a los conspiradores, a los vendepatrias, porque sabrán que en cuanto se les descubra, se les captura y se les procesa”.

En otra formulación durante esa misma jornada ordenó “mantenernos siempre con todas las tareas que tenemos que cumplir, sin descuidar la vigilancia revolucionaria” en los barrios y centros de trabajo.

Rosario Murillo había fijado la doctrina tiempo antes. Desde 2023, una frase suya circula como síntesis del enfoque: “Ni una mosca debe volar sin que lo sepamos”.

Según el GHREN, esa sentencia se convirtió en pauta de gobierno y justificó la incorporación de instituciones enteras a la malla de vigilancia: Telcor, Ministerio de Educación, de Salud, de la Mujer, del Interior, y todas las alcaldías, con centros de cómputo donde se procesan datos de ciudadanos.

Dentro del partido, los secretarios políticos son figuras clave para señalar “personas de interés” y ordenar su seguimiento. El alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno Rivera, lo expresó sin ambages: “Sin descuidarnos nadita de nadie, todo aquel que puso una bandera al revés, hay que seguirlo vigilando… todo el que salió a la calle a protestar… tiene que seguir siendo sospechoso y vigilado”.

El GHREN documentó además el rol central de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial y sus especialidades —Inteligencia, Investigaciones Económicas, Antinarcóticos, Auxilio Judicial, Contrainteligencia y Criminalística— en la recolección de información sobre opositores reales o percibidos, la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para construir causas, y la asignación de vigilantes para conocer el paradero de determinados ciudadanos.

El informe detalló la existencia del Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP), no contemplado en ley, que operó al menos desde antes de 2018 bajo coordinación de altos mandos, y verificó la operación de una unidad clandestina llamada Departamento Técnico Operativo o “H”, con fachada de empresas de servicios (telefonía, agua, energía, mensajería, fumigación o ventas ambulantes) para filmar en secreto, intervenir comunicaciones, registrar domicilios sin orden judicial, y conducir a opositores a casas clandestinas donde fueron interrogados y torturados.

La vigilancia se ejecuta también mediante tácticas de proximidad social. El GHREN expuso que la Procuraduría General de la República, bajo la conducción de Wendy Morales y coordinación política de Murillo, articula visitas “casa a casa” y en escuelas para distribuir “cartillas” sobre temas diversos comosalud, valores, formación, elaboradas por Minsa, Mined, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Minjuve.

Esas cartillas sirven de pretexto para recabar información, verificar quiénes viven en una vivienda, a nombre de quién está la propiedad y, si corresponde, intervenirla sin proceso legal.

Las brigadas suelen incluir miembros de Juventud Sandinista y secretarios políticos, y operan con listas de “personas de interés” elaboradas desde la Secretaría de la Alcaldía de Managua y otras estructuras.

Los centros educativos constituyen otro eslabón crítico. Tras el discurso del 19 de julio, Allison Lohlofftz, vicepresidenta de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), admitió que la consigna presidencial se extendería a las aulas: “Él (Ortega) lo dijo: vigilancia revolucionaria, claro que lo dijo, desde todas las trincheras, desde cada aula de clase. Vigilancia revolucionaria desde cada esquina de tu trabajo, desde cada esquina de tu oficina”.

También reconoció la función de “los movimientos que conforman el Ministerio de la Juventud”, ocho movimientos deportivos, culturales, ambientales, la FES, UNEN, el Movimiento de Ciencia y Tecnología, como herramientas de control, y reivindicó la labor de la Red de Jóvenes Comunicadores para “comunicar” y neutralizar una eventual repetición de las protestas de 2018.

Según relatos anónimos, vecinos, miembros de CLS, se presentan en casas para “entregar” carnés de militancia del Frente con nombre y foto del receptor, y lo “invitan” a integrarse al trabajo político comunitario, infiltrarse en grupos de WhatsApp y reportar conversaciones.

La negativa acarrea amenazas de detención por “traición a la patria” o acusaciones por ciberdelitos. En el empleo público, la presencia obligatoria en marchas y actos partidarios se fiscaliza con listas y fotografías; en el sector privado, compañeros de trabajo son presionados para informar sobre colegas con opiniones críticas.

En el ámbito familiar, el chantaje sobre servicios de salud es otra herramienta: a una activista feminista detenida en 2021 le exigieron reportes semanales bajo la advertencia de que su madre, enferma de cáncer, perdería medicamentos y citas.

Laureano Ortega, en una reunión de alto nivel en Moscú, sostuvo que “desde el año 2018” Nicaragua se ha dedicado a fortalecer “la seguridad y la defensa” con apoyo de Rusia y tecnología china.

Afirmó que Policía, Ejército y Ministerio del Interior, “en coordinación permanente con la población nicaragüense”, han logrado establecer “mecanismos de prevención, atención y control” para neutralizar a “mercenarios y vendepatrias”. Su declaración confirma la fusión entre aparato estatal, partido y participación ciudadana coaccionada, y sugiere la adopción de capacidades de vigilancia electrónica que el GHREN vincula con intervención de comunicaciones y monitoreo sistemático.

Los paramilitares y civiles armados completan el cerco. Actuaron de forma determinante en 2018 para desmontar tranques y manifestaciones, y hoy persisten como pieza disuasiva que patrulla, fotografía y reporta.

La Policía los encuadra y, en paralelo, desarrolla misiones de inteligencia vecinal. Las alcaldías consolidan bases de datos con información personal; Telcor regula y sanciona medios y operadores de telecomunicaciones que no se alinean; el Ministerio del Interior articula listas y operativos; las estructuras partidarias indican a quién investigar.

La noción de “enemigo” se ha expandido: puede ser quien “puso una bandera al revés”, quien no aplaude en el acto, quien no asiste a la marcha, quien mantiene amistad con alguien en el exilio, o quien compartió un mensaje crítico en un chat familiar.

El Ministerio Público acusó por “robo al pueblo nicaragüense” a siete integrantes de un grupo de WhatsApp denominado “La Comuna”, que sostenían debates académicos y críticos sobre el rumbo del país. Aunque no fue acusado, el grupo era liderado po Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del partido Frente Sandinista, quien fue apresado y luego aislado en arresto domiciliar de facto.

Desde la perspectiva de derechos humanos, el GHREN ha atribuido responsabilidades concretas a 54 funcionarios por crímenes graves vinculados a la represión desde 2018 y ha descrito un “Estado dentro del Estado” dedicado a identificar, vigilar, detener y judicializar opositores reales o supuestos.

Entre sus hallazgos se encuentran no solo unidades clandestinas y cadenas de mando informales, sino una estrategia deliberada de destrucción del tejido social: el incentivo o la coerción para que ciudadanos delaten a otros ciudadanos.

La vigilancia, además, no hace más seguro al país: la encuesta de Hagamos Democracia registra una percepción mayoritaria de aumento de criminalidad pese a la expansión del espionaje.

A juicio del abogado y defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, la persistencia de la vigilancia responde a que “el Frente ya no se sostiene con legitimidad, sino con miedo”.

Esa percepción se verifica en la vida cotidiana: vecinos que evitan saludarse, familias que callan en la mesa, trabajadores que miden cada palabra, estudiantes que dudan de sus compañeros. Y en el trasfondo, la directriz oficial para no “descuidar la vigilancia revolucionaria”.

Nicaragua es un país donde “todos son sospechosos”. Incluso, los mismos que vigilan también son vigilados.

Esta semana se conoció, sin confirmación oficial, de la presunta captura del ex jefe de la Seguridad del Estado en los años 80, Lenin Cerna. Pocos días antes fueron apresados el asesor de seguridad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Néstor Moncada Lau y el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño, entre otros, como parte de una purga que se ejecuta a todos los niveles.

Nicaragua es hoy un territorio donde un funcionario toca la puerta con una cartilla en la mano y una lista en el bolsillo, un policía llama los lunes con preguntas específicas, una dirigente estudiantil promete ojos en cada aula y un alcalde manda seguir a quien puso una bandera al revés. Y donde un presidente, ante miles de uniformados y empleados públicos, repite la orden que sostiene el engranaje: “Sin descuidar la vigilancia revolucionaria”.