POLITICA
Jorge Macri chicaneó a Larreta: “¿Si era presidente también se iba del PRO?”
A pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó una dura chicana contra su antecesor y ahora rival político, Horacio Rodríguez Larreta. En una entrevista radial, lo acusó de no haber procesado su derrota en las internas presidenciales de 2023 y cuestionó su reciente distanciamiento del PRO.
“Lo veo como muy enojado, como con algo que no ha logrado procesar”, expresó Jorge Macri en diálogo con Radio Rivadavia. Y, en tono irónico, agregó: “Si Horacio le hubiera ganado la PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser Presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido del PRO? ¿Te imaginás que si llegaba a la Presidencia desde el PRO, después se iba del PRO?”.
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El mensaje tiene como contexto la decisión de Larreta de respaldar listas opositoras al armado oficial del PRO en la Ciudad, en particular a sectores aliados a Evolución (Martín Lousteau) y al radicalismo porteño. La interna se intensificó en las últimas semanas, a medida que se acerca la elección del 18 de mayo, en la que se renovará parte de la Legislatura local.
Para Jorge Macri, el foco de la elección no está en una discusión nacional, sino en el equilibrio de fuerzas dentro de la Legislatura de la Ciudad. “No se juega el rumbo económico del país, no se juega la inflación ni las relaciones internacionales, se juega una Legislatura donde yo solo tengo siete legisladores de 60”, advirtió.
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Y concluyó con un mensaje a los votantes: “Necesito tener legisladores como Silvia Lospennato, como Laura Alonso, que defiendan el rumbo que estamos llevando adelante en la Ciudad”.
Con esta nueva embestida pública, Jorge Macri no solo expone las fracturas internas que aún sacuden al PRO post-2023, sino que también intenta reforzar su liderazgo dentro del partido a nivel local, en un momento clave para consolidar su gestión en la Ciudad.
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POLITICA
Gobernadores peronistas le reclamaron a Milei que los convoque para analizar el impacto de la reforma laboral
Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego pidieron formalmente este jueves al Gobierno nacional que convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. Las seis jurisdicciones reclaman una sesión presencial y exclusiva para analizar el alcance del proyecto.
El planteo fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a través de una nota firmada por las máximas autoridades laborales de esas provincias. En el documento, sostuvieron que la discusión no puede limitarse al Congreso y que debe incorporar la posición de cada distrito.
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El pedido se produjo en medio del debate parlamentario y luego de que los senadores del bloque peronista votaran en contra de la iniciativa. Los ministros y secretarios provinciales advirtieron que la ley tendría impacto no solo en materia laboral, sino también fiscal y en el esquema de inspección que depende de las jurisdicciones.
Entre los firmantes figura el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa, junto a autoridades laborales de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.
Un reclamo por el rol de las provincias
En el comunicado titulado “El peso de un reclamo federal”, las seis provincias señalaron que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, porque enfrentan de manera cotidiana la conflictividad laboral en sus territorios.
Además, recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, un plazo que —indicaron— debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses laborales, fiscales y de inspección de cada jurisdicción.
“El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostuvieron en la nota presentada ante la Secretaría de Trabajo.
El trasfondo político de la media sanción
El escrito presentado a Cordero lo firmaron Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, pero mientras que los senadores que responden a Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella votaron en contra de la reforma laboral, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al exgobernador de Misiones Carlos Rovira -jefe político del gobernador Hugo Pasalacqua-, fueron dos votos clave para la media sanción de la iniciativa libertaria.
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Con el pedido de convocatoria al CFT, los mandatarios intentan trasladar la discusión al plano federal y sumar presión institucional antes de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados.
Las autoridades provinciales consideraron “absolutamente necesario” activar ese espacio de debate ante la magnitud de la reforma y remarcaron que la realidad de cada región debe ser escuchada antes de una eventual sanción definitiva.
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El Gobierno ampliará el temario de extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso. En el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.
El movimiento se da después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.
La extensión del temario fue confirmada a por una alta fuente del Poder Ejecutivo nacional. La misma ratificó asimismo la prolongación del período hasta el día previo a la apertura del nuevo año legislativo.
La decisión se da después de que en las últimas horas se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados.
Tras estos primeros logros, el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.
Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.
En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.
El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones que, tal como contó , el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.
La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.
Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.
Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.
“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a .
Conforme a
Tras la media sanción del proyecto de baja de la edad de imputabilidad, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea. El debate culminó con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
La sesión comenzó con la intervención del diputado sanjuanino Carlos Jaime Quiroga, en un contexto donde el oficialismo espera que la iniciativa sea ratificada sin mayores inconvenientes. Los legisladores analizan un tratado que busca la reducción de aranceles y que el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, calificó como una “verdadera política de Estado”.
Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llano valoró positivamente el pacto como una herramienta para romper el aislamiento y “reafirmar la consolidación y el rumbo hacia un modelo de libre mercado, representando una gran oportunidad para volver a nuestras bases y que Argentina se transforme, nuevamente, en el granero del mundo”.
Diputados aprobó el Régimen Penal Juvenil
Por su parte, Pichetto instó al Senado a tratarlo a la brevedad, señalando que el acuerdo implica “mover las piezas frente a una comunidad europea que todavía tiene debates internos” y resaltando que el proyecto fue un anhelo de administraciones anteriores.
En contraste, el bloque del Frente de Izquierda manifestó un firme rechazo a los términos del tratado. La legisladora Myriam Bregman advirtió que “el acuerdo con la Unión Europea es un industricidio” y cuestionó la falta de debate previo consultando: “Si es tan bueno, ¿por qué no quisieron discutirlo?”.
Según la visión de Bregman, la normativa “solo va a beneficiar a las grandes empresas”, marcando una de las principales voces críticas frente a la postura de quienes ven en el alineamiento con los países desarrollados una oportunidad histórica para el país.
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