POLITICA
La reacción del Gobierno a la condena de Cristina: “No está proscripta por voluntad política, sino porque cometió ilícitos”
Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a prisión de la expresidenta, Cristina Kirchner, en el marco de la causa vialidad, desde el gobierno de Javier Milei, mostraron su beneplácito para con el Poder Judicial y salieron a desmentir que la actual titular del PJ nacional esté proscripta.
“No está proscripta por voluntad política de otro, sino porque cometió ilícitos. Demostramos que en el país hay Estado de Derecho. No es que la exmandataria esté proscripta por voluntad política de otro, sino porque cometió ilícitos que le impiden postularse, fue condenada por hechos de corrupción. A las ideologías la derrotamos en las elecciones, estamos dispuestos a confrontar permanentemente contra las ideologías”, agregó el ministro libertario en declaraciones a Radio Mitre.
Tras la condena por corrupción, Cristina Kirchner pidió la domiciliaria y no usar tobillera
En ese sentido, el exfuncionario de Alberto Fernández, remarcó: “Vivimos en un sistema republicano, en el que la Justicia cumple su rol. Me parece bueno el fallo de la Corte, fue un proceso que fue transparente, que pasó por distintas instancias, en las que la expresidenta fue juzgada y acusada por funcionarios judiciales designados en el kirchnerismo”.
“No designamos ni un juez de paz, además se nos acusó de tener pacto de impunidad con el kirchnerismo, pero demostramos que no fue así”, cerró Francos, haciendo referencia al rechazo en el Senado, de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, que propuso el Presidente como miembros de la Corte.
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Causa Vialidad,condena a Cristina Kirchner,Guillemro Francos
POLITICA
Reforma laboral: los gobernadores que le ayudaron al Gobierno a habilitar el debate en Diputados
El Gobierno logró abrir el debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados con una mayoría ajustada y apoyos provinciales determinantes. La sesión comenzó con número justo y dejó expuesto que la suerte del proyecto no depende solo de los bloques aliados, sino del rol que juegan los gobernadores en la construcción de mayorías.
Seis mandatarios, en su mayoría peronistas o con origen en ese espacio, aportaron diputados clave para habilitar el recinto. Sin esos respaldos, el oficialismo no habría alcanzado el piso necesario para iniciar el tratamiento de una iniciativa que se convirtió en una de las principales apuestas políticas del Ejecutivo.
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El respaldo, sin embargo, no implica un cheque en blanco, advierten desde las provincias. En el propio oficialismo reconocieron que “los números están justos” y admitieron que algunos puntos del texto todavía generan dudas entre los aliados provinciales.
El mapa provincial que inclinó la balanza
El quórum de este jueves se construyó con el aporte de legisladores que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).
En total, esos espacios provinciales sumaron 16 diputados que resultaron determinantes para inclinar la balanza. El aporte fue especialmente sensible en un contexto de paridad, donde cada ausencia o llegada tardía podía alterar el resultado.
El caso de Santa Cruz se destacó por el peso simbólico del último respaldo que permitió completar el número. En paralelo, los bloques habituales que acompañan al oficialismo, como el PRO y la UCR, también garantizaron presencia plena, mientras que otros interbloques optaron por no colaborar en la apertura del debate.
La ausencia de legisladores alineados con el kirchnerismo y la izquierda consolidó un escenario polarizado desde el inicio de la sesión.
Incentivos, recursos y agenda productiva
Detrás del respaldo provincial operan intereses concretos. Varios de los gobernadores que facilitaron el quórum administran distritos con fuerte impronta minera y siguen de cerca los cambios normativos que pueden impactar en inversiones y recursos.
En el caso de Catamarca, el traspaso de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) a la órbita provincial significó una señal política relevante. La empresa retiene el 60% de las utilidades netas de explotaciones de oro, plata y litio, lo que la convierte en una caja estratégica para la provincia.
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También aparece en el horizonte la discusión sobre la Ley de Glaciares, cuya eventual modificación podría ampliar zonas disponibles para la actividad minera. Ese debate impacta de manera directa en provincias como San Juan, donde el cobre y otros minerales forman parte central de la agenda económica.
Pero, aunque los gobernadores facilitaron el inicio de la sesión, no todos los puntos del proyecto tienen asegurado el mismo nivel de respaldo. Entre los aspectos que generan más resistencia figura el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy se destinan a la Anses.
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Tras el llamado a indagatoria a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, desde la entidad calificaron de “prematuro y carente de justificación” la citación de la Justicia. Por medio de un comunicado aseguraron que la entidad “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales” tomadas en la denuncia en cuestión.
Así, desde el organismo que preside Tapia se deslindaron de las acusaciones volcadas en la denuncia presentada por ARCA. “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.
Según remarcaron desde la entidad, “el pago de las obligaciones se realizó antes de su vencimiento”, por lo que cuestionaron que el organismo recaudador busque considerar esos compromisos —que, según sostienen, aún no se encontraban vencidos— como sustento de la presunta comisión de un delito penal tributario. En ese sentido, afirmaron que el planteo de ARCA se encuentra “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.
Además, desde la AFA señalaron que la institución es “la única entidad” denunciada penalmente por ARCA en una situación impositiva y previsional que, aseguran, comparten otras organizaciones sin fines de lucro del país. En el comunicado, insistieron en que el llamado a indagatoria se produjo mientras permanecen pendientes de resolución planteos judiciales que —según la entidad— demostrarían la inexistencia del delito denunciado.
El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.
La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Las audiencias fueron fijadas para el 5 de marzo en el caso de Tapia y el 6 de marzo para Toviggino. A los directivos se los investiga por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados.
Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.
En cuanto a la prohibición de salida del país, el magistrado fundamentó la medida en “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponder en caso de condena, además de la necesidad de garantizar la realización de los actos procesales. La restricción fue comunicada a los abogados defensores, a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad Nacional. No está definido si la medida será revisada tras las indagatorias, en un calendario que incluye compromisos internacionales de la selección argentina, como la Finalissima prevista para el 27 de marzo frente a España.
La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, quienes fueron citados a declarar en distintas fechas. En la resolución, el juez sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.
el llamado a indagatoria,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,Indagará a Tapia y Toviggino. Quién es Diego Amarante, un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales,,Estaba en un evento. Cómo se enteró Tapia de la citación de la Justicia y la decisión de no responder en público,,Posible conflicto de intereses. Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
POLITICA
Restaurantes de lujo y terrenos estatales: los negocios de Omar Maturano, el secretario de La Fraternidad
El sindicato de La Fraternidad es conducido desde 1992 por Omar Aristides Maturano, cuya familia fue señalada por desarrollar emprendimientos gastronómicos privados sobre terrenos del Estado. Según una investigación de El Disenso, su pareja, María Selva, es empleada de Trenes Argentinos y, simultáneamente, titular de la firma “Ainhoa SRL”.
Esta empresa gestiona los restaurantes de lujo “Olegario” y “Tribu”, ambos ubicados en locaciones ferroviarias; el primero en un antiguo archivo y el segundo en terrenos con vista al río adjudicados por un canon mensual de 500 mil pesos.
La adjudicación de estos espacios presenta irregularidades legales, ya que el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE establece que los “agentes y funcionarios del Sector Público” no podrán contratar con la entidad.
A pesar de que la pareja de Maturano cumple funciones en la empresa estatal, fue la única oferente en la licitación del predio donde se levanta el restaurante Tribu. El informe destaca que el canon fijado es irrisorio, afirmando que la cifra “a valor del menú se paga con 30 platos de ravioles con tuco”.
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La investigación denuncia una falta de transparencia por parte de las autoridades de Trenes Argentinos, quienes se negaron a responder pedidos de acceso a la información durante cuatro meses. El medio indica que funcionarios de la empresa, incluido su presidente Luis Luque, escribieron en “términos disuasivos” ante las consultas.
La negativa incluyó el rechazo a entregar el legajo de María Selva, argumentando que la solicitud vulnera la intimidad, a pesar de que la mujer promociona los emprendimientos en sus redes sociales personales.
Finalmente, el reporte asocia estos negocios a la influencia política y gremial de Maturano, describiendo una “amplia familia enquistada en la estructura ferroviaria” que utiliza el patrimonio público.
Como contraprestación simbólica, el sindicato ofrece a los trabajadores ferroviarios un beneficio en los locales de la familia: “gracias a la gran gestión del compañero Maturano al frente del sindicato, todos ellos gozan de un 15% de descuento en Olegario. Promoción válida solamente para pagos en efectivo”.
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