POLITICA
El Ejecutivo sostiene el ajuste en Discapacidad y no enviará nuevas partidas por ahora
El Gobierno nacional ratificó que, por el momento, no realizará asignaciones adicionales para el sistema de Discapacidad, a pesar de la creciente presión de la oposición y de distintos sectores del área. La decisión se fundamenta en la necesidad de primero completar la auditoría de pensiones no contributivas irregulares, un proceso que se lleva a cabo desde marzo y que, según fuentes oficiales, avanza más lento de lo esperado.
Actualmente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Andis) supervisa las 1.013.400 pensiones por invalidez laboral que se encuentran vigentes. El objetivo es identificar aquellas que fueron otorgadas sin cumplir con los requisitos médicos correspondientes. Hasta la fecha, se han suspendido 110.522 pensiones, mientras que 8.107 bajas definitivas corresponden a personas fallecidas y otras 10.038 a renuncias voluntarias de los beneficiarios. Se estima que entre 250.000 y 300.000 de estas pensiones podrían estar mal otorgadas.
Diego Spagnuolo, director ejecutivo de Andis, junto a Javier Milei.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó que la priorización del Gobierno se centra en la eliminación de irregularidades antes de reasignar recursos para actualizar los montos de las prestaciones. La intención es que, una vez generados ahorros mediante la reducción de beneficiarios, se pueda destinar dinero al ajuste de los aranceles de los prestadores y al fortalecimiento de los servicios, en un sistema que actualmente tiene cerca del 70% de su nomenclador desactualizado.
La oposición, en tanto, reclamó medidas paliativas inmediatas para frenar la crisis, que afecta tanto a prestadores como a beneficiarios. Sin embargo, desde la Casa Rosada sostienen que ninguna acción de corto plazo será tomada hasta que la auditoría concluya y se pueda garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.
Javier Milei se reunió con diputados aliados para asegurar el apoyo a los vetos a jubilaciones y discapacidad
El director ejecutivo de Andis, Diego Spagnuolo, se reunió en varias ocasiones con el presidente Javier Milei para evaluar la situación, pero según fuentes oficiales, la postura de la Casa Rosada sigue siendo firme: “No vamos a dar plata” hasta verificar un ahorro real y efectivo en el sistema. La auditoría se realiza caso por caso, mediante turnos médicos a cargo de prestadores del PAMI en todo el país, y cada beneficiario debe pasar por una revisión obligatoria.
El Gobierno enfatizó que el proceso busca corregir fraudes y desvíos de fondos que, según Adorni, podrían ascender a aproximadamente 1.000 millones de dólares por año entre 2003 y 2015. La revisión de las pensiones se realiza en paralelo al debate legislativo por el veto presidencial a la ley de emergencia en Discapacidad, que aún no tiene garantizado el apoyo suficiente en Diputados.
En este contexto, el Ejecutivo mantiene su estrategia de mediano plazo: completar la auditoría, suspender las pensiones irregulares y reasignar los recursos ahorrados para mejorar los servicios y actualizar los aranceles de los prestadores. Mientras tanto, los beneficiarios y los prestadores del sistema deberán esperar a que se concluya la revisión caso por caso antes de recibir nuevos aportes o ajustes.
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Auditoría,discapacidad,Gobierno,pensiones
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Tras la captura de Maduro, el Gobierno adelantó que apoyará las medidas de Trump para el futuro de Venezuela
El Gobierno aseguró que apoya todas las decisiones que tome Donald Trump durante la transición que realiza en Venezuela, tras detener a Nicolás Maduro.
“Confiamos en todo lo que disponga el presidente de Estados Unidos y apoyamos cualquier decisión de él”, expresaron en Casa Rosada. Las declaraciones se dan luego de que el norteamericano haya decidido mantenerse a cargo de la situación de Venezuela, sin darle la posibilidad a María Corina Machado ni al presidente electo, Edmundo González Urrutia.
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En Balcarce 50 aseguraron que ya estaban al tanto de la operación militar que Trump impulsó el sábado pasado, aunque no tenían confirmado con exactitud que esa fecha iba a ser la elegida para la misión. “Somos los únicos en la región que los apoyamos de manera incondicional”, insistieron en el Gobierno.
Además, en el oficialismo entienden que el operativo de EE.UU. y la detención de Maduro permitirá que la liberación de los presos políticos sea más rápida. “La extracción de Maduro fue un proceso muy importante. Ahora comienza otra fase para desarmar las instituciones que se transformaron en narco instituciones”, agregó otra importante voz libertaria.
Las declaraciones van en línea con lo que dijo Trump durante un discurso que dio este martes. “Maduro tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, aclaró. Se espera que, con este primer paso, se acelere la excarcelación de los detenidos por el líder chavista.
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En ese sentido, en el Gobierno hay expectativas por la liberación de los dos argentinos que fueron detenidos durante la gestión de Maduro: Nahuel Gallo y Germán Giulani.
A pesar de ello, el oficialismo maneja el asunto con sumo hermetismo. Aunque habría información reservada sobre el tema y se habrían activado gestiones confidenciales en Venezuela para lograr la libertad de los dos detenidos, aún es una incógnita cómo es el estado de salud de ambos.
La postura que tomó el Gobierno también se dio a conocer internacionalmente
La gestión de Javier Milei no solo expresó su postura con respecto a la situación en Venezuela internamente: los representantes argentinos en la ONU y en la OEA mantuvieron la misma posición que la Casa Rosada.
Ejemplo de ello fue el discurso que este lunes dio el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi. El funcionario respaldó de manera explícita la operación militar que impulsó Estados Unidos para detener a Maduro y ponerlo a disposición de la Justicia de Nueva York.
“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025,” dijo Tropepi. Su discurso marcó puntos fundamentales en el posicionamiento argentino: apoyó la decisión estadounidense, definió a Maduro como dictador y habló del narcoterrorismo.
Por otro lado, el representante argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak, también reafirmó este martes el total apoyo de Milei a la detención de Maduro por parte de EE.UU.
En sus declaraciones, Cherniak volvió a nombrar el narcoterrorismo y calificó a Maduro como “una amenaza para el hemisferio”. Asimismo, sostuvo que la gestión chavista “quebraba el Estado de derecho”.
Donald Trump, Nicolás Maduro, Venezuela, Gobierno
POLITICA
En un polémico fallo, la Justicia ordenó a un histórico diario de Bahía Blanca “rectificar” publicaciones de la época de la dictadura
Como parte de un fallo con múltiples condenas a exmilitares y policías que actuaron durante la última dictadura, el Tribunal Oral de Bahía Blanca, en una decisión polémica, ordenó al histórico diario La Nueva (antes denominado La Nueva Provincia) publicar una “rectificación” sobre información que difundió en los 70’ sobre 36 víctimas del gobierno de facto. Ocurrió durante el desarrollo del juicio conocido como “Zona V”.
El veredicto y el polémico capítulo que impone al diario realizar una nueva publicación como medida “moralmente reparatoria” fueron dados a conocer el pasado 26 de diciembre, de manera virtual, en la última audiencia de un mega juicio que se extendió por casi cuatro años.
Si el fallo eventualmente queda firme, el diario contará con 10 días para realizar la nueva publicación en la que deberá hacer “expresa mención de la fecha, la página y la sección en la que fueran vertidas” las noticias que debe corregir.
Es que el tribunal dio por acreditado que 36 de las más de 300 víctimas alcanzadas por la investigación no murieron en “enfrentamientos militares”, como informó el medio en su momento, hace 50 años, sino que fueron objeto de secuestro, tortura, fusilamiento o desaparición por parte de personal militar o de las fuerzas de seguridad.
El fallo no hace referencia a una nota o un conjunto de notas en particular publicadas en aquel momento, sino que hace mención a la “publicación” en términos generales.
La sentencia le puso punto final a uno de los juicios más amplios de la provincia. En total, fueron condenados 31 exmilitares y policías por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la jurisdicción militar de Bahía, del V Cuerpo de Ejército, de donde el juicio toma su nombre. A los condenados, el tribunal los encontró culpables de ser autores o cómplices en un amplio abanico de delitos, como homicidio, tortura o privación ilegítima de la libertad, entre otros.
En línea con lo solicitado por la fiscalía y la querella, de la que forma parte la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la organización H.I.J.O.S Bahía Blanca, además de las condenas -que incluyeron 16 prisiones perpetuas y 15 con penas de hasta 20 años-, los jueces incluyeron el apartado que afecta al diario La Nueva, que tuvo en su momento como director a Vicente Massot. intentó contactar a Massot, pero al momento de la publicación no había respondido la consulta.
En el dispositivo 55 del fallo, los jueces del tribunal, Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido, dijeron: “Disponer para el momento en que se encuentre firme esta sentencia que en el plazo de 10 días el diario La Nueva Provincia de esta ciudad publique la rectificación como acto moralmente reparatorio de la publicación oportunamente vertida“.
Este apartado de la resolución corrió en línea con el pedido del fiscal Miguel Ángel Palazzani, quien había solicitado que el diario publicara el resolutorio del tribunal en un “lugar destacado y visible”.
Entre otras medidas de reparación, también fue solicitada la rectificación de legajos militares y nulidades en sentencias de consejos y tribunales militares; pero este y otros pedidos, como investigar lugares de enterramiento clandestino, calificar los hechos como “genocidio” o el restablecer prisiones preventivas, fueron rechazados por el tribunal.
Foglia y Sebastián fueron designados como jueces titulares casi en simultaneo, en marzo de 2021, ante una situación de total vacancia del Tribunal. El primero fue fiscal de Bahía Blanca durante 14 años, y es especialista en juicio por jurado. Sebastián, en tanto, contaba con 20 años en la justicia federal y experiencia previa como juez subrogante en Viedma.
Aguerrido, por su parte, es titular desde 2012 del Tribunal Oral de Santa Rosa, La Pampa, y en el de Bahía Blanca actúa como juez subrogante. A diferencia de sus colegas, ya había intervenido en procesos de lesa humanidad como juez de La Pampa. En la causa conocida como “Subzona 14” dictó condenadas de entre 6 y 25 años de prisión para trece exintegrantes de la policía provincial y del Ejército.
La Nueva
La Nueva Provincia es el histórico diario de Bahía Blanca, fundado en 1898, y contó con un extendido alcance en el sur de la provincia de Buenos Aires. En 2017 fue adquirido por el empresario Gustavo Elías y pasó a llamarse La Nueva. Elías es un empresario del transporte dueño, entre otras empresas, de Chenyhi, al que vinculan directamente con el gremialista Hugo Moyano. Es decir, sus actuales propietarios deben responder por un juicio que afecta a un período en el que todavía no se habían hecho cargo de la empresa.
Desde el diario La Nueva dijeron a que se encuentran revisando los alcances del fallo para ver cómo actuar, remarcaron que los actuales dueños del medio no tienen un vínculo particular con los anteriores y que todavía no han sido notificados oficialmente. También subrayaron que el diario no tiene obligación de publicar nada hasta que el fallo quede firme. “Es un avasallamiento sobre la libertad de prensa”, calificaron desde la actual conducción del medio.
Durante el juicio, La Nueva fue calificado por las querellas como el “principal órgano difusor” de los últimos dos regímenes militares en el país. En otro proceso judicial, en el que Massot resultó sobreseído, el fiscal Palazzani acusó al diario de ofrecer un “guion” al “terrorismo de Estado y del genocidio perpetrado en Bahía Blanca y la región”. En ese proceso, la Justicia secuestró del archivo histórico de La Nueva las publicaciones correspondientes al periodo investigado, dijeron fuentes del diario, y todavía no han sido devueltas.
Para el constitucionalista Vicente Sola la imposición de una nueva publicación al diario sobrepasa las facultades de los magistrados. “El diario La Nueva Provincia no era parte del proceso penal y por lo tanto solicitarle una publicación está fuera de la competencia del tribunal”, sostuvo.
Otros constitucionalistas consultados por , si bien destacaron la existencia del derecho a “rectificación” que asiste a las víctimas de la difamación, marcaron que el apartado del fallo dedicado a La Nueva excede todos los pronunciamientos anteriores sobre la materia.
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POLITICA
Tras la caída de Maduro, el Gobierno seguirá manteniendo al Cartel de los Soles como organización terrorista
Tres funcionarios de diferentes estamentos del Gobierno afirmaron a Infobae que por ahora no está en evaluación una medida para alterar el estatus del Cartel de los Soles, a quien la Casa Rosada coloca al exdictador Nicolás Maduro como su principal líder, dentro del de Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Esta aclaración se hizo luego de que esta mañana se replicara en diversos portales y redes sociales un artículo de The New York Times publicado este martes y que se titula El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” de Venezuela es un grupo real.
La nota se sustenta en la acusación formal de la fiscalía estadounidense que acusó a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero mermando las afirmaciones acerca del funcionamiento del Cártel de los Soles.
El Departamento de Estado que preside Marco Rubio la había catalogado como una organización terrorista a mediados del año pasado y tuvo el acompañamiento formal de países como Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana.
El sábado por la mañana, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, comunicó la acusación formal de Washington sobre la figura de Maduro, su esposa Cilia Flores y otras cuatro personas más. Allí se refiere a un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” impulsada por el dinero del narcotráfico.
La antigua acusación realizada por la administración estadounidense alude unas 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder. Pero la nueva lo menciona dos veces y afirma que, al igual que su predecesor, Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo.
Un funcionario del Gobierno interpretó ante Infobae que esto no implica que el Cartel de los Soles no figure como organismo terrorista para los Estados Unidos. Marca que, en todo caso, “es un cambio en la estrategia judicial de Washington” en línea con sus objetivos para negociar la transición política y las condiciones políticas por estas semanas venideras.
Una de las pocas figuras del ecosistema libertario en referirse al tema fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “Esto es 100% falso. Estados Unidos le está ofreciendo a Maduro que entregue a todos los miembros del Cartel de los Soles a cambio de salvarse él”, publicó este martes por la tarde en sus redes sociales, luego de que el artículo del Times fuera ampliamente difundido por diferentes sectores.
“En los registros de EEUU siguen siendo considerados organizaciones terroristas extrajeras”, aseguraron a este medio importantes fuentes oficiales vinculadas al ámbito de la Seguridad Nacional. “El Cartel de los Soles sigue activo tanto en las dos listas de referencia: la Foreing Terrorist Organizations (FTO) y la Specially Designated Global Terrorist (SDGT)”, indicó una fuente inobjetable.
Ante cualquier cuestión, en Casa Rosada vuelven a mencionar que no se moverán “un centímetro de la estrategia general de Trump”. Es por eso que, tal y como informó en exclusiva Infobae, la alianza estratégica llegó al punto de no convalidar nombres para la transición política en Venezuela (incluyendo a figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado) sin tener la venia de Washington, todo esto con el objetivo de no entorpecer las negociaciones políticas que Trump tiene con el régimen.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Maduro y otros líderes del régimen de cuatro cargos:
- conspiración de narcoterrorismo,
- conspiración de importación de cocaína,
- posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Al comienzo del texto se indica que esa cúpula abusó “de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos” por más de 25 años.
La acusación marca que se ofreció “protección policial y apoyo logístico” a grupos narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. En el documento se indica que Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico.
En el artículo del Times se menciona que el término Cartel de los Soles se empleaba de manera coloquial desde hace más de dos décadas para referirse en términos más generales a la presunta complicidad de funcionarios y militares corruptos de Venezuela. Es decir, no como una organización que se rigiera bajo esa denominación exacta, pero que sí mantenía y avalaba procedimientos que daban lugar a hechos delictivos.
Es por esa razón que la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla las principales organizaciones de narcotráfico, nunca ha mencionado al Cártel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
La administración nacional de Javier Milei comunicó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista el pasado 26 de agosto. En esa medida participaron funcionarios de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería. La medida finalmente se aplicó a través de la publicación de la Resolución Conjunta 4/2025.
“Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, informaron en ese entonces.
A partir de ese momento, esa grupo fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.
Este listado habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.
Semanas antes, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había mantenido un encuentro con el Subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de EE.UU, Roosevelt Ditlevson; el Subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sr. Joseph M. Humire y el asesor especial del Presidente Trump sobre Asuntos del hemisferio Occidental en el National Security Council, Michael Jensen.
Allí se hablaron sobre medidas “para afrontar el grave daño que produce el denominado Cártel de los Soles en Venezuela, así como la actuación de otros grupos vinculados a este, como el Tren de Aragua”.
Al momento de la extracción y detención de Maduro, la Oficina del Presidente (OPRA) publicó un escrito en el que lo catalogó como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”.
“Entre sus operaciones ha realizado interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia; ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo; ha fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia; y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles”, afirma.
Diplomacy / Foreign Policy,North America,NEW YORK CITY
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