La difusión de una vieja deuda del IOMA, la obra social del Estado bonaerense, con el Hospital Garrahan volvió a reactivar este miércoles un duro conflicto entre la Nación y el gobierno de Axel Kicillof. En las pantallas de la sala de espera del hospital se acusó a IOMA de una deuda de 5.700 millones de pesos. “Mentira absoluta”, replicó el ministro de salud, Nicolás Kreplak.

El funcionario de Axel Kicillof se hizo eco de la viralización de la foto con el mensaje y salió a responder a través de las redes. “Esto está pasando en la sala de espera del Hospital Garrahan. Mentira absoluta” dijo. Y agregó: “Y si tuviera algo de verdad, descuéntenla de los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la PBA”, agregó Kreplak, en un posteo de X.

El funcionario cuestionó con dureza la imagen que comenzó a circular por las redes sociales en la que se señala una deuda al establecimiento pediátrico por parte del Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia (IOMA).

“Eso es un hospital, un lugar de cuidado y atención. No es para hacer la porquería de fake news, que continuamente practican en redes sociales. El pueblo ya les dijo que no los quiere. Por suerte, todos los días falta un día menos para que se vayan de nuestro sistema de salud que desprecian, desconocen y destruyen”, sentenció Kreplak. El funcionario instó al Gobierno, a modo de chicana, a cumplir con la Ley de Emergencia Pediátrica, “o con alguna ley en general”.

No es la primera vez que el ministro bonaerense habla de cifras “falsas”, en torno a la deuda del IOMA. “Como no quieren resolver la situación del Hospital Garrahan, ahora mienten señalando a la Provincia”, acusó Kreplak al Gobierno, a principios de junio, a través de un posteo en el que aseguró que en lo que iba del 2025 el establecimiento pediátrico le había facturado al IOMA $1.268 millones, de los cuales había cobrado $1.006 millones.

Es que las declaraciones de Kreplak se enmarcan en un conflicto de larga data entre el Gobierno y la administración bonaerense. Meses atrás, cuando todavía se discutía la ley de emergencia pediátrica, luego vetada por el Ejecutivo y recientemente ratificada por el Legislativo, desde el Gobierno apuntaron contra la Provincia por su deuda con el Garrahan.

Recientemente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo en conferencia de prensa que al 30 de septiembre la deuda de IOMA alcanzaba los 5.709 millones de pesos. “Son datos que reflejan la absoluta hipocresía de quienes votaron la emergencia en discapacidad y marchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender”, se jactó el funcionario nacional días atrás.

Desde la gobernación bonaerense no solo repudiaron el uso de las pantallas dentro del establecimiento pediátrico, sino que también, ante la consulta de , pusieron en duda la cifra adeudada mencionada.

“Cuando se les empezó a complicar el ajuste del Garrahan, denunciaron, con números que no nos constan, que Provincia debía la parte de la cogestión de esos hospitales nacionales y la supuesta deuda de IOMA”, explicaron fuentes del ministerio de salud bonaerense.

“En el Garrahan, se construyó ese número de supuesta deuda que fue respondido en su momento. Y ahora, cada 20 días ‘lo actualizan’ y reflotan el tema sin saber cómo”, criticaron desde La Plata.

En tanto, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), uno de los principales sindicatos que nuclea a los trabajadores del hospital, también se expresaron en contra de la iniciativa del Gobierno.

“Esta información, más de tipo político de lo que el hospital le tiene que reclamar en todo caso a IOMA, no debería estar en estas pantallas que claramente tienen otro fin”, planteó Norma Lezana, secretaria general de APyT. “Lo que hicieron hoy, desde comunicación y prensa del hospital, es poner la información sobre lo que IOMA debe, cosa que es completamente extraña”, insistió.

La sindicalista tildó de “intrusiva” la campaña y responsabilizó de ello al Consejo de Administración que responde al Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones. “Las autoridades transgreden lo que es el fin del hospital, poniéndonos a todos en situaciones bastante extrañas en relación con el normal funcionamiento del establecimiento”, concluyó al respecto.

La condena a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el ataque a Cristina Kirchner en septiembre de 2022 -de 10 y 8 años de prisión, respectivamente- puso punto final a un juicio oral marcado en todas sus dimensiones por una gran cantidad de particularidades.

Enigmas que permanecen abiertos, declaraciones tan estruendosas como confusas, dudas sobre la inimputabilidad de los acusados, complejas aristas judiciales y discusiones y escenas de alto voltaje le imprimieron al juicio dosis similares de dramatismo y acción, cuando no de humor, con episodios nunca vistos en los tribunales.

El juicio fue también una ventana para observar los altos niveles de marginalidad a los que estaban expuestos los acusados y parte de su entorno. Los relatos que volcaron muchos de los testigos fueron los hilos de una trama que parece tejerse a un costado de lo esperable.

En ocasiones, fueron los propios abogados quienes lo marcaron, con la intención de contextualizar algunas de las acciones para atenuarlas.

Desde la primera audiencia, en junio de 2024, cuando Sabag Montiel intentó fundar en motivos éticos su intención de querer matar a Cristina Kirchner, comenzó a dibujarse un arco de testimonios atravesado por el drama y la vulnerabilidad.

Uno de los testigos, por caso, miembro del grupo ampliado de los vendedores de copitos de azúcar, es el hijo de la única sobreviviente que tuvo un incendio intencional, en mayo de este año, en un hotel familiar en Barracas, episodio que se cobró la vida de las otras tres mujeres que vivían allí y que fue catalogado como un “triple lesbicidio”.

Hipótesis del financiamiento

A pesar de que el asunto tramitaba en un proceso paralelo, el TOF 6 no le cerró las puertas a la hipótesis de un presunto financiamiento detrás del ataque, por lo que durante el juicio se ventilaron cuestiones de índole patrimonial.

Así se supo que Uliarte vendía material erótico en redes sociales y se llevó al estrado a uno de sus clientes, un hombre de 44 años que trabajaba en una planta panificadora pero que le decía a Uliarte que era un agente encubierto de la DEA, la agencia antidroga norteamericana.

Declaró, entre otras cuestiones, que le pagó a Uliarte mil pesos por una de sus fotos y que había inventado todas las historias en las cuales le aseguraba a un tercero que el ataque contra Cristina había sido motivado por el propio gobierno.

Otra persona se convirtió en testigo por llamar a Uliarte la noche de los hechos para tener sexo con ella, luego de que se hiciera público el ataque. “Estaba pensando con el miembro”, dijo ante los jueces.

“No estamos acostumbrados en Comodoro Py a este tipo de testimonios”, señaló un letrado que siguió el proceso de cerca.

Una de las testigos, una mujer cercana a Carrizo, quedó detenida al término de una audiencia, luego de afirmar en reiteradas oportunidades que los mensajes y dichos que comprometían a su amigo no eran serios, sino meras humoradas que carecían de verosimilitud.

Los jueces, la querella y la fiscal no consiguieron correrla de su guion; la mujer repitió una y mil veces que todo se trataba de un chiste. Su relato, sin embargo, que corrió en línea con lo declarado por Carrizo, estuvo cargado de inconsistencias y contradicciones que derivaron en la decisión del Tribunal de ordenar su detención por falso testimonio.

Su madre, que vivía en la Villa 31 y estaba vinculada al Polo Obrero, la esperó sentada en uno de los escalones de los tribunales hasta altas horas de la noche, aguardando una liberación que solo ocurriría días más tarde.

Fue un patrón común escuchar a testigos desmentirse bajo juramento o insistir en que no recordaban los hechos por los que se les preguntaba, tal como hizo el primo de Uliarte, un policía de la Federal de 22 años que mantuvo conversaciones con ella la noche de los hechos, pero que no recordaba siquiera la fecha del atentado.

El juicio también presentó novedades en su forma: fue la primera vez que un caso de tamaño impacto fue transmitido en vivo por Youtube. Fue a pedido de la querella y en virtud de un artículo del nuevo Código.

En una de las audiencias más esperadas del juicio, cuando los peritos manipulaban el arma intentando reconstruir frente a los jueces cómo se carga y se descarga una Bersa calibre .32 -como la que intentó utilizar Sabag en 2022- la transmisión del juicio fue dada de baja por la plataforma, que no admite la exhibición de armas de fuego en sus videos.

La transmisión también representó un desafío adicional para el Tribunal: las audiencias quedaron guardadas en el canal del Poder Judicial, lo que hace relativamente fácil para los testigos acceder a las declaraciones de quienes los precedieron. Fuentes de los tribunales explicaron que eso podría eventualmente condicionar la visión de los testigos sobre los hechos y, en consecuencia, alterar de alguna manera su declaración.

Por el estrado desfilaron amigos, conocidos y allegados de los copitos; peritos que intervinieron en algún momento del proceso, psicólogos y psiquiatras; gente del entorno de la expresidenta, como secretarios y custodias, y la propia Cristina Kirchner, que al declarar hizo hincapié en la idea de que allí no estaban siendo juzgados los “ideólogos” del ataque, en alusión a un presunto financiamiento.

La expresidenta sostuvo que la antesala del ataque estuvo atravesada por un cuadro de violencia generalizada. En esa línea, apuntó contra el “histrionismo” del fiscal Diego Luciani, por la animada acusación en su contra durante su alegato en el juicio por Vialidad, por el que Cristina está ahora condenada.

La expresidenta declaró al abrigo de algunos grupos de militantes que, encabezados por Andrés “Cuervo” Larroque, llegaron hasta las puertas de Comodoro Py. Su relato imprimió la sensación en quienes la escucharon de cerca que la dos veces presidenta seguía profundamente movilizada a dos años del ataque.

Por haber trabado algún tipo de relación con los implicados, por el juicio también pasó un influencer libertario conocido como “El Presto» -que mantuvo un breve amorío con Uliarte- y un humorista, también libertario, conocido como el “Negro” Almeida, que se despachó con algunos chistes durante su declaración.

Un golpe en la trama

El juicio también pasará a ser recordado en los tribunales por un episodio inédito, que tuvo lugar al cierre de una de las audiencias.

Uliarte, que estuvo presa durante todo el proceso y fue vigilada siempre por mujeres del Servicio Penitenciario, se las ingenió para sortear la custodia, cruzar la sala Amia y golpear, al grito de “no me van a dar perpetua”, al abogado de Carrizo en uno de sus brazos.

Lo más llamativo del episodio fue que el letrado, Gastón Marano, acababa de argumentar en favor suyo, al sostener ante los jueces que Uliarte, por ser mujer, no podía ser juzgada como femicida, tal como pretendía la fiscalía. Fue otra de las conductas que profundizó las dudas acerca de si estaba simulando como parte de una estrategia de defensa.

En ocasiones, Uliarte parecía desconectada, se reía sola, susurraba algo en voz baja o cantaban melodías. Fue reprendida en más de una oportunidad por el Tribunal y algunas audiencias las presenció de manera virtual, desde el penal.

Un bloque del juicio estuvo destinado a examinar las evaluaciones de los profesionales de la salud que intervinieron en el proceso. En sus evaluaciones, algunas más extensas que otras, bosquejaron psicologías frágiles. En el caso especial de Sabag Montiel, una personalidad propensa al desvarío.

Esta mañana, en uso de sus últimas palabras, Sabag Montiel enredó en un mismo relato al fiscal que instruyó el caso, Carlos Rívolo, con Santiago Maldonado y el fiscal Alberto Nisman, pasando por la visita de Lula Da Silva, el presidente de Brasil, a Cristina Kirchner. “Todos sabemos que [Lula] fue a visitar a Cristina y le pidió expresamente y personalmente que se encargue de mi situación”, afirmó.

Más allá de lo dicho por los profesionales en sus informes, la decisión sobre la inimputabilidad es plenamente jurídica. Hoy, el Tribunal la descartó.

Además de dirigir sus esfuerzos en mostrar que Sabag tenía un trastorno, la defensa del tirador puso en juego la idea de la ”tentativa inidónea», al intentar probar que el cargador no estuvo debidamente colocado en la empuñadura del arma.

Otro bloque del juicio indagó sobre lo sucedido con el celular de Sabag Montiel, quizás el capítulo más enigmático de toda la historia. El teléfono fue secuestrado la noche del ataque, pero quedó bloqueado y reseteado a fábrica luego de que la Policía, tras varios intentos infructuosos, intentara acceder al contenido del aparato. Ya no se guardan expectativas razonables de que el teléfono se pueda abrir.

En una de las audiencias, los peritos que recibieron el aparato en las oficinas de la PSA cruzaron versiones con la oficial que lo llevó hasta allí desde el juzgado, la noche del 2 de septiembre.

Fue un careo entre dos testigos contra uno. En soledad, la policía sostuvo que entregó el teléfono en un sobre cerrado, el cual dejó en una mesa; mientras que los peritos, en tanto, sostuvieron que lo recibieron encendido, en mano, y dentro de un sobre abierto. No pudieron zanjar las diferencias en sus relatos y el intercambio acabó a los insultos.