El Senado de la Nación sancionó este viernes el nuevo régimen penal juvenil que modifica la edad de imputabilidad en la República Argentina. Los integrantes de la Cámara alta sesionaron para validar el proyecto oficialista que recibió el acompañamiento de los sectores dialoguistas. La votación definitiva transformó en ley la propuesta del Poder Ejecutivo antes del inicio del periodo ordinario.

La nueva normativa estableció la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, por lo cual reemplazó el límite anterior de 16 años, fijado en la legislación previa. El texto determina que los adolescentes que alcancen esa edad enfrentarán procesos legales ante la justicia.

La sanción de este viernes ocurrió en el marco de una sesión intensa que incluyó el tratamiento de la reforma laboral impulsada por la administración nacional. El presidente Javier Milei planificó contar con estas herramientas antes de brindar su discurso sobre el estado de la Nación este domingo.

El oficialismo obtuvo el quórum necesario con el apoyo de bloques opositores mientras la bancada peronista mantuvo gran parte de sus bancas vacías al inicio del debate.

La ley sancionada introduce una estructura de sanciones que otorga a los magistrados diversas opciones de castigo según la gravedad del hecho cometido. Los jueces podrán aplicar desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico.

El abanico de penas alternativas contempla además la prohibición de salida del territorio nacional y la realización de tareas comunitarias para delitos con escalas de hasta tres años de prisión. Este esquema rige para delitos con penas de hasta 11 años de encierro, siempre que no exista la muerte de la víctima o lesiones de carácter grave.

El límite máximo de privación de la libertad quedó fijado en 15 años. Este tope rige incluso si la sumatoria de delitos o las escalas penales prevén un tiempo superior. El encierro efectivo solo ocurrirá ante hechos de extrema gravedad como homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales o robos con violencia.

El senador por Salta, Gonzalo Guzmán, justificó la iniciativa: “Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales”. El parlamentario libertario destacó que la norma reconoce asistencia legal idónea para los adolescentes desde el comienzo de las actuaciones judiciales.

La senadora Lucía Corpacci rechazó la iniciativa desde la bancada kirchnerista. La legisladora de Catamarca afirmó: “Esta ley es invotable, es imposible de votar”. La representante cuestionó que se utilice el endurecimiento de penas para desviar la atención sobre la situación social actual.

En una línea opuesta se manifestó la radical Carolina Losada, quien defendió la plena consciencia de los menores sobre sus actos. La senadora santafesina sostuvo: “Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”.

Gerardo Zamora criticó la estrategia oficial de buscar resultados mediante el agravamiento de las penas. El legislador de Santiago del Estero calificó el proyecto de inconstitucional. “Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. A veces estas cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este”.

La puesta en marcha del sistema penal juvenil requiere de una inversión económica que fue objeto de discusión en el recinto. El Poder Ejecutivo incorporó un artículo que asigna un presupuesto de 23.800 millones de pesos para financiar la estructura procesal.

El senador Jorge Capitanich consideró que el monto asignado resulta insuficiente para cubrir las necesidades del nuevo esquema. El representante de Chaco manifestó su preocupación por los plazos de ejecución de las obras necesarias.

Estos fondos deben utilizarse para la edificación de centros de detención adaptados para adolescentes, ya que la ley prohíbe explícitamente que los menores compartan espacios de encierro con adultos.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Ybarra.

Al filo del cierre de las sesiones extraordinarias y luego de conseguir la sanción de la baja la edad de imputabilidad penal a los 14 años, el oficialismo busca convertir en ley la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El Gobierno apuesta a repetir el resultado que obtuvo cuando el proyecto se trató por primera vez en la Cámara alta. Aquella vez, el 12 de febrero pasado, la iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 30 en contra.

Si lo logra, el oficialismo podrá ofrendarle a Milei su ansiada ley para poder exhibirla como un trofeo ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, cuando el Presidente tiene previsto dar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

En esta oportunidad, el Senado tiene que decantarse entre dos posibilidades: acepta el cambio introducido por la Cámara baja, postura sostenida por el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista, o insiste con la versión que aprobó hace dos semanas atrás.

En el inicio de la discusión, el kirchnerismo hizo un intento por hacer caer el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) pidió que el proyecto volviera a comisión a la luz de una disposición contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que impide sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.

“Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola articulo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario”, denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).

El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había salido de la Cámara alta la semana anterior.

La modificación fue, en realidad, una eliminación: el oficialismo aceptó quitar el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.

La controvertida cláusula no estaba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién lo impulsó. Lo cierto es que, como consecuencia de la polémica que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.

En sus más de 200 artículos, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador y hasta en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.

Además, tiene un todo un capítulo dedicado a la justicia laboral. Por lo pronto, traspasa el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio sellado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.

En el tema de la litigiosidad puso énfasis el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que “el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012″ y lo contrastó con “los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”. “Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal”, remató.

Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede llegar a las 12 cuotas para las pymes.

El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.

Otro de los temas más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Serán una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán manejadas por la Comisión Nacional de Valores.

“Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financia a los amigos del Presidente”, denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos “podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales”.

La reforma introduce severos cambios en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.

Otro capítulo que mereció críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.