La fiscal federal de Concepción, Josefina Minatta, abrió una investigación que está en etapa preliminar. Aún no hay imputaciones. En la región consideran que será una vía alternativa para frenar la obra si las conversaciones de Cancillería con el Uruguay fracasan.

El expediente, iniciado por Minatta en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, busca determinar si existe impacto ambiental por el emprendimiento. La planta de hidrógeno verde es un desarrollo de HIF Global en Paysandú. Como su ubicación está frente a las costas de Colón, del lado argentino entienden que podría afectar la principal actividad de la región: el turismo.

De allí que el reclamo de la comunidad entrerriana de la zona es que el proyecto se relocalice. Las autoridades uruguayas no han respondido a este planteo con claridad. Solo mencionaron que resta mucho tiempo para que el emprendimiento se concrete. Mientras tanto, HIF avanza en las tramitaciones.

Fuentes con conocimiento de la causa indicaron a Infobae que, por el momento, no hay imputados en el expediente que abrió la fiscal federal. Solo se están analizando permisos y documentos presentados en Uruguay por la empresa.

Minatta remitió a la Cancillería Argentina y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) unos pedidos de información. Para responder, estos organismos deberán solicitar datos al Gobierno uruguayo. La fiscal también requirió a Prefectura hace un tiempo que lleve un registro del agua del río en común.

La investigación se abrió en mayo. Fue luego de una reunión que mantuvo el gobernador Rogelio Frigerio con el presidente Yamandú Orsi. Meses después, hubo otra cumbre en Montevideo. Fue a nivel de Cancilleres. Estuvieron el argentino Pablo Quirno y el uruguayo Mario Lubetkin.

“Si es necesario iremos a la Justicia”

Fuentes del Gobierno provincial pusieron paños fríos sobre el accionar de Minatta. “No hay forma de que lo de la fiscal complique la negociación. La relación de Rogelio con el presidente de Uruguay es muy buena. Se viene haciendo un buen trabajo bilateral”, indicó a este medio una fuente de primera línea del Gobierno entrerriano. De hecho, Frigerio estuvo en el encuentro con Quirno y Lubetkin.

En tanto, el intendente de Colón, José Luis Walser, tiene otra visión al respecto. Su posición es que HIF debe relocalizar, sí o sí, la planta. “Confiamos en la diplomacia. Pero si es necesario iremos a la Justicia. Por eso es fundamental el trabajo de Minatta”, expresó ante la consulta de Infobae.

“La investigación de la fiscal busca determinar si existen contaminantes y defender los derechos de los ciudadanos de la región. Para eso estamos brindando información: en caso de agotarse la instancia institucional y tener que recurrir a la Justicia, contaremos con antecedentes y datos de línea base”, agregó.

El mandatario local detalló: “En mayo recibimos a Minatta. Le expresamos nuestra preocupación sobre el proyecto de instalación de la planta en Paysandú”. Luego, remarcó que el desarrollo de HIF se concretaría “frente a la costa de Colón, en la margen uruguaya del río a 3 km de distancia en línea recta de nuestra ciudad”.

En la charla con la funcionaria judicial “le manifestamos además el impacto que generaría al turismo la instalación de una planta de estas características. No solo a nuestra Ciudad, sino a toda la Microrregión”, alertó. La actividad turística es la principal fuente de ingresos de la zona desde hace más de 50 años, destacó.

Walser comentó además que funcionarios de las áreas de turismo y ambiente del Municipio, vecinos de la Asociación Ambiental y distintos referentes “están siendo citados y brindando declaraciones ante la fiscal”.

“Considero que todas las acciones son válidas y pueden servir para lograr que se tome la decisión política que necesitamos”, subrayó el intendente de Colón. La salida, consideró, es que el gobierno uruguayo “exija la relocalización de ese proyecto tierra adentro”, fuera de la zona costera de Colón. El argumento principal del lado argentino es que HIF provocaría, en principio, contaminación visual.

La reubicación de la planta podría hacerse “en terrenos que sabemos existen y que no cambian los costos” del desarrollo. Según estimó, el predio representa solo el 0,00015%, unos USD 900 mil, de una inversión proyectada de USD 6 mil millones.

La relocalización tampoco impactaría, según Walser, en “las características del proyecto”. Así, planteó que sería “ganar- ganar para todos. Uruguay continúa con su política de energías renovables, Paysandú tiene los puestos de trabajo que necesita y Colón no se ve perjudicada”.

El fantasma de las papeleras

Existe una sola coincidencia evidente de los dos lados del río: ni los argentinos ni los uruguayos quieren volver a repetir la historia de la instalación de las pasteras en Fray Bentos. El conflicto mantuvo, de hecho, las fronteras cortadas. Y complicó toda la relación entre gobiernos con afinidad ideológica, como fueron el de Tabaré Vázquez y Néstor y Cristina Kirchner.

“Nunca más”, fue la frase de Frigerio al referirse a ese episodio tras la reunión diplomática en Montevideo de hace unos días.

“Confiamos en que el diálogo y la diplomacia resuelvan este posible conflicto y no tengamos que repetir los errores y atravesar un doloroso proceso como lo fue el de las papeleras”, manifestó por su parte Walser.

El desarrollo original de las pasteras en Fray Bentos incluía dos plantas. Una era de la finlandesa Botnia. Esta se concretó y ahora es operada por UPM. La restante iba a ser de la española ENCE. Primero se informó que iba a ser relocalizada en Punta Pereira. Finalmente, la inversión se canceló.

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Después de que el Gobierno modificara la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), este viernes se aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional. Según explicaron las autoridades, los lineamientos fueron pensados para posicionar al país en el plano internacional, proteger a la soberanía y los recursos estratégicos.

Por medio de la publicación del Decreto 864/2025 en el Boletín Oficial, quedó plasmada otra de las medidas impulsadas para reestructurar al organismo de inteligencia. “Apruébase la ‘Política de Inteligencia Nacional’ que como ANEXO I (IF-2025-134204819-APN-SIDE) forma parte integrante del presente decreto”, indicaron.

En línea con esto, las autoridades remarcaron que, a partir de ahora, la SIDE está habilitada a dictar una “Estrategia de Inteligencia Nacional”. Esta deberá enmarcarse dentro de las bases sentadas por la nueva Política de Inteligencia Nacional.

La oficialización del lineamiento había sido anticipada por el organismo de inteligencia que, por medio de un comunicado publicado en redes sociales, destacó que “por primera vez en dos décadas” se realizaba una actualización en esa materia.

“Estas disposiciones orientarán los esfuerzos del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad”, destacaron desde la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Entre los objetivos estratégicos que guiarán al Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) subrayaron que la intención será posicionar a la Argentina en el plano internacional y preservar tanto la soberanía como la autonomía estratégica del país.

En la normativa, enfatizaron que se buscará identificar a los actores e intereses que sean afines que contribuyan a la expansión del país internacionalmente, a la vez que se detectarán los factores foráneos que atenten contra “el fortalecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones”.

Este punto se relaciona directamente con la protección de la soberanía nacional, por lo que indicaron que se realizará un “monitoreo de la desinformación disruptiva, que puedan erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del Estado Nacional”.

Además, la nueva política enfatiza la protección de los recursos estratégicos y de las infraestructuras esenciales, así como la anticipación y el combate de amenazas en el ciberespacio que sean de interés nacional. Por esto, se aplicará mayor protección a la información que pudiera ser estratégica a la hora de evolucionar el sector económico y de seguridad.

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Los últimos dos ejes consisten en asegurar la vigencia del sistema democrático, republicano y federal y la preservación de los recursos estratégicos. Respecto al cuidado de la democracia, indicaron que se fortalecerá la protección de “los procesos electorales, legislativos y de gobernanza territorial, con foco en operaciones de influencia, financiamiento encubierto y manipulación informativa”.

De la misma manera, se trabajará en robustecer “la trazabilidad de decisiones críticas y la transparencia operativa, como mecanismos de defensa de opacidad, cooptación o deslegitimación institucional”. Asimismo, se buscará detectar los patrones que provocarían un efecto de “erosión institucional”.

Sobre la preservación de los recursos estratégicos, el Gobierno aseguró que se identificarán posibles riesgos de apropiación, explotación o transferencia no autorizada de los recursos naturales, tecnológicos, informativos y científicos.

Para esto, se pondrán en marcha medidas para articular “capacidades de protección ambiental, energética y tecnológica, que garanticen la sostenibilidad operativa y la soberanía sobre insumos vitales para el desarrollo nacional”.

Finalmente, la Secretaría de Inteligencia de Estado subrayó que la política también establece como prioridad prevenir y combatir el terrorismo y el crimen organizado en todas sus manifestaciones, así como contrarrestar actividades de inteligencia externas que puedan afectar los intereses nacionales. Estos lineamientos orientarán los esfuerzos de todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la autonomía de la Nación.