Casi sin diálogo con sus hermanos y enfrentado a su padre, Pablo Moyano espera su momento para desembarcar otra vez en el Sindicato de Camioneros, donde figura en los papeles como número dos, aunque está corrido de las negociaciones con los empresarios y de la administración del gremio y la obra social. No asiste desde hace un año a su despacho del tercer piso de la sede de San José 1781 y está dedicado casi a tiempo completo a su rol de gestor deportivo del Club Camioneros.

A través de un video divulgado por redes, Pablo Moyano reapareció esta semana para denunciar precarización en un centro de logística que distribuye bebidas. Su aparición fue fugaz, pero no resultó casual: su reclamo involucra a trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas que el domingo último protagonizaron una batalla campal en la que hubo tiros, cuatro apuñalados y presencia de barrabravas.

Este enfrentamiento expuso cómo la pelea interna por el control del sindicato se trasladó a las bases, con facciones que responden a Pablo y otras a Hugo, el histórico jefe de 81 años que comprueba por primera vez en décadas que su poder comenzó a erosionarse.

La pelea entre padre e hijo se aceleró el año pasado, cuando Pablo renunció a su silla en el triunvirato de mando de la CGT. “Pablo es así”, salió del paso Hugo Moyano cuando lo consultaron sobre los movimientos de su hijo mayor. Después de sellar una suerte de pacto con “los Gordos” (los grandes gremios de servicios que históricamente fueron sus rivales), Moyano padre conservó su influencia en la CGT a través de Octavio Argüello, un dirigente camionero leal de Tres de Febrero que lo ayudó hace diez años a construir un partido político. Argüello está sentado hoy en la cúpula de la CGT gracias a Hugo Moyano y hasta comparte con su jefe el secretario privado: Jerónimo Moyano, el hijo menor del líder del clan y quien tiene cada vez más influencia en la estructura y negocios del sindicato.

Tras su abrupta salida de la CGT, cuestionada públicamente por su padre, Pablo Moyano se aisló y se dedicó a la gestión deportiva. El equipo profesional de fútbol del gremio ascendió tres categorías en apenas dos años en los torneos de la AFA. Jugará en 2026 en la Primera B Metropolitana, la tercera división. Claudio “Chiqui” Tapia, el exsindicalista camionero que tiene a la AFA en un puño, estuvo casado con Paola Moyano, una de las dos hijas del jefe camionero. Tras una discusión que casi termina a las piñas, Tapia se reconcilió con Pablo Moyano a partir de las gestiones de los hijos de ambos, quienes comparten la pasión por el fútbol. El fútbol como industria y negocio se proyecta como una de las nuevas cajas de los camioneros.

Poder y un tesoro incalculable

El verdadero poder del gremio, sin embargo, está en su estructura e influencia en el músculo productivo del país. El 93% del transporte de cargas se realiza en camión; el 7% restante, en tren. Son datos de la Secretaría de Transporte. Moyano lidera hoy a una tropa de 190.000 camioneros registrados, quienes aportan el 3,5% de su sueldo en concepto de cuota sindical. El salario básico promedio de un camionero es hoy de $776.000, la rama más baja (recolección de residuos), y por encima del millón de pesos, las más altas (transporte de caudales, combustible y grúas), según las planillas salariales de noviembre exhibidas en el sitio oficial del gremio. Sin embargo, con los adicionales, viáticos, horas extras y otros beneficios, los sueldos oscilarían entre el $1.500.000 y $5.000.0000, según fuentes sindicales.

Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable.

Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano, fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque la obra social de los camioneros (Oschoca) se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.

La obra social del gremio fue la viga maestra de los negocios de su imperio camionero desde hace por lo menos dos décadas. El fondo de comercio lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero.

El último auxilio a Oschoca se lo dieron los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $20.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.

La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones, según las planillas a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $50.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. En un despacho cerca del de Moyano reconocieron que Oschoca perdió miles afiliados a medida que se agudizó su crisis.

El derrumbe de la obra social como negocio, sumado a la falta de atención y recursos, que se dificulta aún más por el aumento de los costos, abrió un debate interno en el clan Moyano. Ya no les cierra seguir solventado a la prestadora médica con dinero ni propiedades del sindicato. No solo les dejó de redituar económicamente, sino que se complica el argumento contable, ya que son entidades con cuits diferentes, por lo que cualquier operación podría quedar bajo sospecha ante una mera inspección de la AFIP o de la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo que supervisa a las obras sociales.

Los millonarios vínculos comerciales entre el gremio y la familia política (Zulet y sus hijos de otro matrimonio) fueron en su momento la viga maestra que sostuvo los negocios del clan. Hubo en 2010 un expediente judicial que se activó a partir de una denuncia de Graciela Ocaña. Nunca hubo avances en los tribunales: lo tuvo frenado primero Claudio Bonadio y ahora está en la oficina de Julián Ercolini. Ocaña promete volver a la carga para que se investiguen los aportes estatales que recibió Moyano durante la pandemia.

El líder camionero puede jactarse de tener hoteles en todo el país, una constructora (Aconra SA), un taller de ropa (Dixey SA), una prestadora médica (Iarai SA) y una aseguradora de riesgos del trabajo (Caminos Protegidos). Tal vez haya más. En los directorios de las empresas Zulet tiene desplegados a sus hijos, incluso a Jerónimo, el que tuvo en su matrimonio con Moyano. Jerónimo se proyecta como el heredero elegido, a pesar de su juventud. Es hoy el secretario privado de su padre. Le maneja su agenda, el teléfono y es su sombra. Además, está contratado a sueldo en la empresa Express Beer SA, una compañía dedicada al transporte de bebidas cuyo dueño es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la cámara empresaria con la que Moyano negocia salarios y condiciones laborales.

Pablo Moyano fue el primero en advertir sobre las eventuales consecuencias del avance de Zulet, a quien su padre conoció en los 90 durante una audiencia de mediación por una deuda de medio millón de dólares que el gremio tenía con una de sus empresas, según se describe en El hombre del camión, el libro sobre Hugo Moyano que escribieron los periodistas Emilia Delfino y Mariano Martín.

Rebelión

Los coletazos de la crisis en la obra social comenzaron a tener impacto en otras estructuras y en los escalafones de mando de un gremio que siempre hizo culto de la figura de su líder.

Desde hace tres meses, avanza una causa judicial en Mar del Plata por un presunto desvío de $13.000 millones de un hotel del gremio. Están bajo la lupa cheques en blanco y sobreprecios que derivaron en una purga en el consejo directivo, con salidas de hombres de extrema confianza del jefe camionero. La ventilación del caso, que se investiga como un posible fraude, reavivó la puja interna y hubo cruces de acusaciones entre los dos sectores: los de Hugo y los de Pablo. Hasta un dirigente denunció que el frente de su casa fue baleado de madrugada.

El otro frente en el que se libra la batalla por el poder es en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reúne a todos los gremios del sector de todo el país y en el que habrá recambio de autoridades. Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba el liderazgo de Moyano, el jefe de la federación desde 1992. El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen.

El descontento con los Moyano también se expandió insólitamente a Buenos Aires, la seccional más poderosa y donde Pablo conserva todavía su injerencia. Un grupo de delegados de la rama de la recolección de residuos se levantó contra sus jefes. El malestar de los recolectores es porque no cobrarán la indemnización por la denominada “ley Moyano”, una norma no escrita por la cual cada vez que una empresa cambie de accionistas debe despedir al personal, indemnizarlo y volverlo a contratar. Se trata de un pacto que selló hace 26 años Hugo Moyano con Franco y Mauricio Macri.

La insurgencia de los recolectores de residuos obligó a Marcelo Aparicio, número tres del gremio, a dar explicaciones. Aparicio reconoció en un video que la denominada “ley Moyano” es “un privilegio que no existe en la ley de contrato del trabajo”. Intentó así poner paños fríos sobre una rama rebelde que estuvo bajo su órbita. Aparicio, a quien se intentó involucrar con la presunta estafa en el hotel marplatense, es uno de los dirigentes más cercanos a Pablo Moyano. Cuentan en el gremio que ante la profundización del enfrentamiento entre padre e hijo, intervino con una ocurrencia: “Si no pueden ser familia, sean compañeros de laburo”.

En los mensajes recuperados por las pericias judiciales de los celulares de los empresarios imputados en el caso hay otros nombres, además de el del ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que aparece 98 veces. Se trata de las conversaciones que mantenían los hermanos Claudio y Marcelo Tortul sobre las presuntas operaciones para obtener y mejorar el contrato de seguridad privada de Enersa, la empresa estatal eléctrica de Entre Ríos.

Esta maniobra fue denunciada ante la Justicia por la propia empresa multinacional de vigilancia. El trámite se lleva adelante en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

En esos nombres hay dos que destacan. Se trataría de quienes mantuvieron los vínculos indirectos entre los empresarios y el ex gobernador en distintos momentos. En las conversaciones se habla de pagos que llegarían hasta Bordet. El ex mandatario entrerriano lo negó. “No formé parte de ningún sistema de coimas o de maniobras ilícitas”, aseveró.

Uno se identifica con claridad. Se trata de José Gervasio Laporte. Se lo menciona como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, hay una foto incluso donde Claudio Tortul y Laporte comparten un café en el bar de un hotel de la costanera de Paraná.

Un nombre en la penumbra

Sobre el otro hay indicios, pero no está confirmado. Se trata de “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet. El funcionario también cumplió funciones como presidente de Enersa, la empresa cuyos contratos con Securitas están bajo la lupa. Estuvo al frente de la firma casi dos años. Lo designó otro gobernador peronista, Sergio Urribarri, en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para ir al gabinete.

Cuando Bordet llegó a la Gobernación a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular. Fue durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describen las operaciones ilícitas abarcan un período que va desde el 2016 al 2024.

Ballay siempre mantuvo un perfil bajo. No ha dado declaraciones públicas desde la previa a las elecciones de 2023. Tras la derrota del PJ, extremó su silencio. En su entorno confirmaron a Infobae que el exfuncionario conoció a Claudio Tortul. El vínculo, precisaron, no estaba relacionado con actividades comerciales o políticas sino con las sociales. El empresario era también presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana y que tiene a más de un socio implicado en este expediente. Además, subrayaron que Ballay no tiene nada que ver con el caso Securitas y que su apellido no está mencionado ni en los chats ni en la causa.

La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay. Sí involucró a Edgardo Kueider, el ex senador ahora detenido en Paraguay. Se basó en dos elementos. El primero fue un mensaje, el único, en el que Claudio Tortul lo menciona. El segundo factor fue que Kueider, por entonces secretario General de la Gobernación, representó al Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.

Vínculos más allá de la política

Tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tenía con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna se atrevió a hablar de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales.

Laporte, fallecido en julio de 2020, fue el histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas. Estuvo allí con Jorge Busti, Urribarri y Bordet. Su función era estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos.

Con Ballay la relación era más marcada. Se conocieron de jóvenes, en las aulas de la Universidad. Ambos son coetáneos y estudiaron para ser contadores. Eran los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.

En uno de los mensajes recuperados en la pericia y publicados en un informe del diario La Nación, Claudio Tortul consignó: “Te paso maso en 5 números como quedaría los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000 (bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo) Participacioned en Grone. Mas 200 lucas para mi (gastos obra social hoteles etc)”.

En otro, apuntó: “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”.

La mención a “Hugo” se produjo luego del deceso de Laporte. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”, rezaba el mensaje enviado por Claudio a su hermano Marcelo.

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