POLITICA
Tensión en Diputados: La Libertad Avanza quiere ser primera minoría y el PRO resiste la fuga de legisladores

El bloque legislativo de La Libertad Avanza, encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, trabaja en la construcción de una primera minoría que supere al peronismo en la Cámara Baja, pero tiene al PRO como victima principal, ya que la mayoría de las fugas de legisladores al partido violeta vienen del partido amarillo.
La tarea de Menem consiste en acercar diputados que ideológicamente coincidan con las políticas y reformas que quiere impulsar el Gobierno en la arena legislativa.
En las últimas horas, se oficializó el traspaso de los diputados PRO Verónica Razzini, Lorena Petrovich y Alejandro Bongiovanni a las filas del oficialismo.
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Desde el bloque del PRO tratan de hacer frente a estas fugas y anticipan que conformarán un interbloque con partidos aliados sin La Libertad Avanza.
Desde la bancada que lidera Cristian Ritondo señalan a Martín Menem de estar “intentando comprar los diputados”, y definen la orden de Patricia Bullrich de traspasar a sus legisladores como “un carancheo”.
Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados niegan que estén trabajando para atraer diputados del PRO, pero aclaran que el vinculo con Ritondo no es el mejor.
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Los bullrichistas, por su parte, rechazan las acusaciones de carancheo y responsabilizan a Mauricio Macri: “No es contra Cristian, es contra Mauricio que nos echó. En todo caso, el error de Ritondo fue ‘macrizarse’”.
Hasta el momento, el oficialismo cuenta con 94 escaños, aún por detrás de Unión por la Patria, que atraviesa su propia crisis marcada por la posible diga de diputados que responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Saenz; y Catamarca, Raúl Jalil.
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Cristian Ritondo,Diputados,LLA,Martín Menem,Mauricio Macri,Peronismo,PRO
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Video: el momento en el que Faroni descartó su celular al ser interceptado por la Policía en Aeroparque

En medio del escándalo, se conoció el video del momento en que el empresario Javier Faroni descartó su celular antes de que fuera interceptado por la Policía cuando intentaba viajar a Uruguay desde Aeroparte en un vuelo privado.
En las imágenes capturadas por cámara de seguridad se ve que Faroni tenía un teléfono en la mano y que, en segundos, lo escondió aparentemente en una bolsa.
Cuando fue requisado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no contaba con ningún dispositivo móvil, solo llevaba pertenencias personales.
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El operativo se dio esta madrugada, cuando el juez federal Luis Armella decidió prohibirle la salida del país en el marco de la causa donde se investigan transferencias millonarias de la AFA en Estados Unidos.
Faroni quiso viajar a Uruguay y fue informado en Migraciones que tenía activa la prohibición de salida del país. El empresario está vinculado a TourProdenter LLC, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.
Junto a la fiscal Cecilia Incardona, el juez Armella busca dar con el celular de Faroni para preservar la prueba. Hasta el momento, no fue encontrado.
También se realizó un allanamiento de Faroni en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa.
A su vez, Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario y de todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la casa matriz del fútbol argentino en el exterior.
El objetivo, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional.
La causa tiene como epicentro el manejo de fondos asociados a contratos internacionales de la Selección. La fiscal Cecilia Incardona pidió ampliar la investigación sobre el empresario Javier Alejandro Faroni —ligado a Claudio “Chiqui” Tapia— y sobre su pareja, Erica Gabriela Gillette, quién se encuentra en Uruguay.
En el expediente figuran además, como administradores, managers o beneficiarios formales de distintas sociedades, Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.
El avance judicial se apoya en documentación local y en registros de tribunales estadounidenses. En los últimos días, la Justicia de Estados Unidos puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros vinculados a la AFA. Las operaciones habrían sido canalizadas a través de una red de sociedades comerciales y contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la conducción encabezada por Tapia, con Pablo Toviggino como tesorero. El foco está en transferencias “presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales”.
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El punto de partida fue la denuncia que el empresario Guillermo Tofoni presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Allí advirtió que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos utilizando cuentas bancarias en territorio norteamericano. “La entidad habría desviado montos significativos fuera del sistema financiero argentino”, planteó en su presentación.
Los investigadores identificaron como pieza central del esquema a TourProdEnter LLC, la empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección. Según la denuncia, la firma acumuló cerca de 25 millones de dólares en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, “sin declararlos ante el fisco argentino”.
TourProdEnter fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.
Javier Faroni, AFA, Chiqui Tapia
POLITICA
Por qué disuelven Andis y quién absorberá sus funciones

El Gobierno nacional eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad para integrarla al Ministerio de Salud. Manuel Adorni anunció la medida este martes en la Casa Rosada tras la detección de irregularidades administrativas y una investigación judicial por supuestos sobornos.
La disolución de la entidad responde a la necesidad de sanear el sistema de prestaciones y eliminar la falta de control en el manejo de los recursos. Manuel Adorni explicó que la autonomía de la que gozaba el ente desde su creación en 2017 generó “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. El vocero comunicó que “la Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.
La administración nacional busca unificar los criterios sanitarios y presupuestarios para evitar la superposición de funciones. Según informaron fuentes de Balcarce 50 a , “la medida busca ordenar el sistema, garantizar el uso transparente de los recursos públicos, fortalecer a los equipos de salud y la atención brindada a los usuarios y sus familias”. El Gobierno sostiene que esta transformación representa un cambio profundo en la gestión y no implica una reducción de derechos para los beneficiarios. Alejandro Vilches, quien trabajó como interventor de la agencia, lidera la nueva secretaría por su experiencia en sistemas de salud pública y privada.
En la misma línea, el funcionario evitó hablar de la causa judicial que involucra a Spagnuolo y argumentó que debido a la “autonomía” de dicha agencia se generó un “descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
“Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas, cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación válida; médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico, y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario. Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, sostuvo.
La reforma institucional sucede en medio de una causa judicial que investiga el cobro de coimas dentro de la Andis. El conflicto inició con la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, anterior titular de la agencia y exabogado de Javier Milei. Las grabaciones sugieren que funcionarios de la dependencia percibieron sobornos de empresas farmacéuticas a través de la droguería Suizo Argentina. La denuncia menciona de forma extraoficial a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, aunque el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi no los involucraron formalmente en el expediente.
El Presidente echó a Spagnuolo de su cargo tras el inicio de las actuaciones en tribunales. La fiscalía solicitó este mes nuevas indagatorias para el exdirector y Miguel Ángel Calvete, quien operaba de manera extraoficial en la agencia y su familia tiene vínculos con los hechos investigados. El Gobierno presentó ante la justicia la información que documentó Vilches durante el periodo de intervención. La Casa Rosada negó las acusaciones contra la secretaria general y el asesor presidencial.
El Ministerio de Salud confirmó que las partidas del Presupuesto 2026 destinadas originalmente a la agencia pasarán a la nueva secretaría que comandará Vilches. El Gobierno mantiene su política de equilibrio fiscal a pesar de los reclamos de las organizaciones del sector.
Javier Milei vetó este año la ley de emergencia en discapacidad porque la norma afectaba la estabilidad de las cuentas públicas y los familiares de los pacientes denunciaron que el ajuste recayó sobre la calidad de las prestaciones médicas.
El Jefe de Gabinete insistió en que la transformación “no implicará una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”. El objetivo oficial reside en garantizar que el dinero llegue a los usuarios de forma directa y transparente. La nueva estructura bajo el mando de Lugones y Vilches pretende eliminar los intermediarios y las irregularidades detectadas en la gestión anterior.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.
eliminó la Agencia Nacional de Discapacidad,artículo firmado por Paula Rossi,Audiencia,Javier Milei,Diego Spagnuolo,,Pericia oficial. La mansión de Pilar que se adjudica a autoridades de la AFA fue valuada en 20 millones de dólares,,Medianoche en Aeroparque. El intento fallido de Faroni de dejar el país en un avión privado, con dos bolsas y sin teléfono,,»Me tenés que entregar más». Causa cuadernos: las amenazas que denunció haber recibido un funcionario clave en el esquema de recaudación,Audiencia,,»Hay que tratar de no salir». Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN, este martes 30 de diciembre,,Trineos de empuje y carne de reno. Vivir a 21 grados bajo cero: tiene 39 años, es argentino y trabaja en la Laponia finlandesa, el pueblo de Papá Noel,,»Bajá la frecuencia». Un especialista desaconsejó el uso de medicamentos para dormir
POLITICA
La fundación del PRO destacó la estabilidad macroeconómica pero alertó sobre la falta de obra pública

A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, un informe de la Fundación Pensar, del PRO, evaluó los principales resultados del período. En el informe titulado “A mitad de camino”, think tank que preside María Eugenia Vidal destacó como logros centrales la reducción de la inflación y el ordenamiento macroeconómico.
Sin embargo, advirtió que los resultados electorales de octubre, marcados por un amplio triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional, “podrían hacer creer que todo está bien, pero no”.
“Hay pendientes, desafíos no resueltos. El orden macroeconómico por si solo, no alcanza. Hay sectores y lugares del país en donde el día a día es cuesta arriba. Se necesita más trabajo coordinado con las provincias y los municipios. Planificación y método de trabajo sostenidos harán la diferencia. Y volver a tener obra pública. Si esto falta, el cambio real se diluye”, plantean desde el PRO en la introducción del estudio, firmada por la vice del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.
En el apartado económico, elaborado por Nicolás Gadano, ex gerente general del Banco Central de la República Argentina, y Bautista Santamarina, analista de Pensar, el informe destaca que el principal éxito del programa de Milei fue la estabilización macroeconómica.
La inflación interanual medida por el INDEC descendió del 211% al 26% en el último bienio, mientras que la política de superávit fiscal, calificado como el “eje del programa económico”, sostuvo la disminución del déficit y la estabilidad monetaria.
De acuerdo con la evaluación de Pensar, la economía nacional exhibió una recuperación tras años de caída, aunque este avance permanece condicionado por desafíos pendientes. Entre ellos, identifican la necesidad de completar la liberalización completa del mercado cambiario (cepo a las empresas) y la acumulación de reservas internacionales, cuya cifra actual ronda los USD -15.000 millones, “por debajo de los niveles en el inicio de la administración”.

A su vez, advierten que la tasa de desempleo formal persiste prácticamente estancada desde 2011, y que el crecimiento económico reciente ha sido liderado por sectores como la minería, la energía y el agro, caracterizados por su baja generación de empleo.
“La reforma laboral puede contribuir, en tanto apunta a corregir algunas de las principales debilidades del mercado de trabajo -altos costos, elevada litigiosidad e inflexibilidad-, aunque resulta poco probable que sus efectos sean inmediatos”, aseguran.
El analista económico Lucas Tettamanti destaca que los ganadores del modelo fueron la minería, la energía y el campo, aunque aclara que la realidad económica del país ha sido heterogénea.
En esa línea, precisa que, entre noviembre de 2023 y el cierre del periodo analizado, la industria y la construcción perdieron respectivamente 42.400 y 62.700 asalariados privados, y que el 75% de la destrucción de empleo formal se concentró en estos dos sectores, principalmente desplegados en grandes urbes.
En contraste, las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz —donde predominan los sectores ganadores del modelo actual— muestran mejor desempeño relativo, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe resultan más afectadas.
A la hora de analizar la opinión de la sociedad, la consultora Mora Jozami (Casa Tres) plantea que la ciudadanía se siente “esperanzada”.
Por primera vez los sentimientos positivos superan a los negativos, con un 50% de la población manifestando esperanza y el 47% identificando emociones adversas. La confianza en el gobierno, medida por UTDT, aumentó un 17,5% respecto a un año atrás y la aprobación de la gestión presidencial alcanza un 54%, si bien persisten críticas en torno al tratamiento de jubilaciones y personas con discapacidad, señaladas como los principales focos de insatisfacción entre sectores diversos.
Adicionalmente, aunque la inflación dejó de ser el problema principal —su mención pasó del 21% en abril de 2024 al 4% en septiembre de 2025—, la preocupación por la economía y el costo de vida sigue en primer plano tanto en debates públicos como privados.
“El dato distintivo del momento es el clima de expectativa positiva hacia el futuro. Predomina la creencia de que la situación económica puede mejorar el próximo año y se instala la percepción de que el esfuerzo empieza a rendir frutos. La esperanza —más alta que nunca en toda la serie— actúa como un crédito social que sostiene al gobierno”, dice el informe.
Las reformas estructurales aparecen como tareas pendientes. El diputado nacional Fernando de Andreis y el equipo de Pensar enumeran entre las prioridades una reforma laboral integral que reduzca costos y barreras para la contratación, una reforma tributaria orientada a la simplificación y un rediseño del sistema previsional, cuyo déficit representa alrededor del 50% del gasto público nacional.
“El alto costo laboral golpea sobre todo a las pymes, que son las principales generadoras de empleo. Para muchas de ellas, tomar un trabajador se convirtió en una decisión de alto riesgo económico y legal. En los últimos 20 años, los juicios laborales se multiplicaron por 40. En 2003 se iniciaban alrededor de 3.000 juicios al año; en 2025 ya fueron más de 123.000”, aseguró el diputado.
Se menciona además la existencia de 115 impuestos diferentes, de los cuales 85 corresponden a tributos municipales, configurando un esquema percibido como poco eficiente. “Este entramado no solo desalienta la inversión: castiga especialmente a quienes producen y generan empleo”, concluyen.
En el capítulo institucional, Silvia Lospennato, legisladora de CABA, subraya la persistencia de vacancias en el Poder Judicial, con 608 cargos sin cubrir sobre un total de 1.635 (37%). Solo en la Justicia Federal existen 170 vacantes de 485 posibles (35%), mientras que en el Ministerio Público Fiscal la proporción asciende al 46%. Otros problemas señalados incluyen el decreto que restringió el acceso a la información pública, la aplicación incompleta de la ley de ética y pendientes en materia de extinción de dominio y voto exterior.
En materia de gestión no económica, el informe registra un aumento del 20% en los episodios de inseguridad denunciados a nivel nacional durante 2025, con Tucumán registrando el mayor incremento (65%).
La inversión pública prevista en infraestructura para 2026 se estima en 0,4% del PBI, por debajo del 1,3% alcanzado en 2023, lo cual —según la Cámara Argentina de la Construcción— solo permite mantener obras en curso, sin capacidad para nuevos desarrollos ni revertir el deterioro acumulado. En educación, la inversión real en el nivel universitario fue la más baja desde 2007 y persiste la necesidad de implementar políticas para modernizar la educación obligatoria y reducir el abandono escolar.
La percepción hacia el futuro, según las encuestas incluidas en el informe, muestra que un 41% de la población espera una mejora en la situación económica para el próximo año, mientras que un 28% prevé estabilidad y un 27% anticipa un empeoramiento.
El informe de la fundación del PRO concluye señalando que, pese a la estabilización de variables macroeconómicas y el cambio de expectativas, la mejora en la vida cotidiana aún no se materializa para buena parte de la sociedad, y que las reformas estructurales e institucionales son ineludibles para sostener el crecimiento y profundizar en la transformación del país.
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