POLITICA
El Gobierno presentó el nuevo Código Penal y prometió penas más duras contra los delitos graves y la corrupción
El Gobierno nacional dio a conocer este lunes los principales ejes del proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que apunta a modificar de raíz el sistema de penas vigente en la Argentina. El anuncio fue encabezado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, en la que ambos funcionarios defendieron la iniciativa como una herramienta central en el combate contra el delito y la impunidad.
Según explicaron, el nuevo texto buscará actualizar un Código que data de 1921 y que, a lo largo de más de un siglo, fue objeto de múltiples modificaciones parciales. Para el Gobierno, esas reformas fragmentarias derivaron en un sistema “desordenado, poco claro y carente de firmeza frente al delito”, lo que motivó la necesidad de avanzar en una versión completamente revisada.
Adorni aseguró que la reforma tiene un trasfondo político e institucional de largo plazo. “Un país serio no puede depender de parches ni de la ideología del gobierno de turno. Necesitamos reglas estables que traigan orden donde hubo descontrol”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el proyecto apunta a reconfigurar la política criminal del Estado bajo una consigna clara: eliminar la laxitud judicial y reforzar la responsabilidad penal.
El nuevo Congreso tendrá la enorme misión de aprobar los proyectos necesarios para que el país salga adelante.
Una de esas reformas, y tal vez la más importante para sostener el nuevo orden que hoy impera en la Argentina, es la Reforma del Código Penal.
El Código Penal vigente… pic.twitter.com/Qt7ydjYXKe
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 1, 2025
Uno de los puntos más sensibles será el endurecimiento de las penas para delitos considerados graves, en especial aquellos vinculados a la corrupción, el narcotráfico, la violencia reiterada y el abuso de poder. El Gobierno anticipó que el proyecto incluirá sanciones más severas para funcionarios que delincan en ejercicio de la función pública y la eliminación de beneficios especiales para personas condenadas por hechos de corrupción.
“La impunidad tiene fecha de vencimiento”, remarcó el nuevo jefe de Gabinete, al tiempo que anunció que quienes hayan cometido delitos desde cargos públicos podrán perder jubilaciones especiales y otros beneficios previsionales. La medida busca enviar una señal política fuerte sobre la responsabilidad agravada de quienes administran recursos del Estado.
Por su parte, Patricia Bullrich afirmó que el Congreso tendrá un rol decisivo en el proceso legislativo. “Será una discusión histórica”, enfatizó la ministra saliente, que recordó que los códigos penal y procesal constituyen la base del orden jurídico.
En ese marco, Bullrich detalló una serie de cambios centrales que propondrá el Ejecutivo. En materia de homicidios simples, la pena máxima pasará de 25 a 30 años de prisión. Para los homicidios agravados, que actualmente prevén prisión perpetua, se incorporarán nuevos criterios que endurecen la calificación del delito, como los casos de magnicidio, el asesinato de autoridades educativas en funciones, víctimas menores de 16 años o adultos mayores.
Grandes reformas en el Código Penal!
Despidan a las leyes Zaffaronianas que tanto daño provocaron y den la bienvenida a las leyes Bullrichistas.
El que las hace, las paga 👊
Gracias Pato 🫶
Gracias @JMilei 🇦🇷 pic.twitter.com/myGjM7lSmv
— La Pato 🇦🇷 (@patoenero) December 1, 2025
Otro punto sensible es el referido a los siniestros viales con consecuencias fatales o lesiones graves. En los casos de conducción imprudente, las penas se elevarán de los actuales rangos de 1 a 3 años hasta un nuevo margen de entre 2 y 6 años de prisión, mientras que las figuras agravadas pasarán de 2–4 años a un tope de 6. La propuesta, según Bullrich, busca terminar con el tratamiento judicial “benévolo” frente a casos que terminan en tragedias.
En relación al uso indebido de armas, el nuevo Código incluirá condenas específicas para quienes porten armas sin autorización legal, eliminando interpretaciones judiciales amplias que, según la ministra, hoy facilitan la excarcelación.
La reforma también endurece el régimen de ejecución penal. El Gobierno pretende que las condenas se cumplan efectivamente y que la prisión perpetua no tenga límite temporal. A su vez, en delitos graves se habilitará la acumulación de penas, lo que derivaría en condenas extensas en casos de elevada peligrosidad.
Uno de los cambios más relevantes será la modificación del concepto de legítima defensa, que quedará formulado en favor de quien se defiende de una agresión. Además, por primera vez las víctimas tendrán derecho a participar durante todo el proceso penal y serán notificadas de manera inmediata cuando un condenado obtenga salidas transitorias o acceda al cumplimiento final de su pena.
Otro eje es la imprescriptibilidad de delitos considerados graves y gravísimos. Entre ellos figuran el homicidio agravado, los delitos sexuales, la trata de personas, la sustracción de menores, el terrorismo y el narcotráfico. En esos casos, las penas serán de cumplimiento efectivo y no estarán sujetas a plazos de prescripción.
La reforma tendrá alcance nacional y se aplicará en todas las provincias. Desde el Ejecutivo destacaron que el objetivo es terminar con la disparidad de criterios judiciales según jurisdicción y unificar reglas en todo el país.
Por último, uno de los puntos más contundentes está vinculado a la corrupción: los funcionarios condenados perderán el acceso a jubilaciones de privilegio, una medida que el Gobierno considera simbólica y política y que busca marcar una diferencia frente a gestiones anteriores.
El proyecto será enviado al Congreso en las próximas semanas y el oficialismo anticipa un debate intenso. La reforma penal se perfila como una de las principales banderas legislativas del Ejecutivo para el año próximo.
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POLITICA
Kicillof culpó a Milei por la falta de recursos en la Provincia y pidió que se apruebe el endeudamiento
Axel Kicillof volvió a confrontar con el presidente Javier Milei en la antesala de una sesión clave en la que intentará conseguir la sanción de la Ley de Financiamiento. Denunció un “asedio financiero ilegal” sobre la provincia de Buenos Aires; afirmó que la Nación le “quita recursos obligatorios” y señaló que existen “decisiones deliberadas de exclusión de reuniones”.
También reclamó por la falta de transferencias vinculadas a seguridad, transporte y jubilaciones, y definió como un “robo de billones de pesos” la deuda que, según dijo, mantiene la gestión libertaria con la Provincia.
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“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se retraigan de salud, de educación. La Legislatura debe decidir en favor del orden económico y social de nuestra provincia. No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia”, afirmó Kicillof.
El impacto del ajuste de Milei
En un acto acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y un grupo de intendentes de diferente signo político, Kicillof sostuvo que la provincia enfrenta “una situación de excepción” y repasó que el paquete de leyes económicas fue enviado el 3 de noviembre, pero solo dos normas fueron aprobadas el 26.
Recordó que el Presupuesto 2025 declaró la emergencia económica debido a la “profunda recesión” y al “incumplimiento por parte del Gobierno nacional de transferencias automáticas y no automáticas” y señaló que la actividad económica cayó 5,7% en la provincia; la industria, 10%; la construcción, 25%, y el comercio, 8%, además de la pérdida de “18.000 empresas en el país y 5000 en la provincia” de Buenos Aires.
También apuntó al freno de la obra pública: “Por decisión de Milei hay cerca de 1000 obras frenadas en todos los rubros”. Advirtió que la población “no puede pagar el mínimo de la tarjeta” y sostuvo que el Gobierno nacional “modificó números” para mostrar una actividad sin recesión, cuando al descontar la intermediación financiera “estaríamos en números negativos”. Añadió: “Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en el mundo real la vida de la mayoría se vuelve cada vez más difícil”.
Sobre el impacto fiscal, afirmó que Buenos Aires dejó de percibir “$12,9 billones, que serían US$9000 millones”, monto que, según aseguró, “disimula un presunto superávit” nacional. A eso sumó “$3,6 billones de recaudación disminuida”, equivalentes a “unos US$2500 millones”. “Si la Provincia no se derrumbó es porque se ha decidido priorizar y trabajar con muchísima dedicación, planificación, eficiencia, sensibilidad y responsabilidad”, remarcó.
Kicillof defendió la administración provincial como “la más austera” del país y señaló que Buenos Aires, junto con Córdoba, es la jurisdicción con menos trabajadores estatales por habitante. Subrayó además la inequidad estructural: la provincia aporta el 38% de la recaudación y recibe “menos de un 7%”.
El pedido de Kicillof a la Legislatura
Tras detallar el impacto del ajuste de los recursos nacionales sobre la Provincia, su repaso sobre la Ley de Financiamiento, explicó que el pedido oficial no implica incrementar el stock de deuda: “No tenemos un pedido de nueva deuda, sino de los recursos para atender parte de los vencimientos del año pasado y de este”. Indicó que la deuda provincial bajó del 9% al 6% del producto y que la carga de intereses descendió del 8,7% al 3% del presupuesto. “La deuda no va a subir ni bajar, si no es por cuestiones coyunturales”, dijo.
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El proyecto incluye un fondo para municipios: el 8% del financiamiento se repartirá entre las comunas y se garantizarán $250.000 millones en cinco pagos fijos hasta junio, más allá del volumen final de las colocaciones. Kicillof destacó que esos recursos darán previsibilidad para afrontar gastos corrientes.
“No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se retraigan de salud o educación”, alertó. De cara a la sesión de este miércoles advirtió que “no hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia” y cerró con un mensaje directo a la oposición: “Con serenidad, firmeza y convicción democrática, le pido a la Legislatura que vote en favor de los 17 millones de bonaerenses”.
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POLITICA
Kicillof pidió aprobar el endeudamiento: “La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento”
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió a la Legislatura que apruebe su solicitud de endeudamiento, tras fracasar la semana pasada en ese objetivo. En un intento de última hora por lograr aval legislativo, subrayó que las cámaras deben “decidir en favor de evitar más sufrimiento” y admitió que, si su iniciativa no se aprueba, estará obligado a utilizar recursos destinados a salud y educación para pagar deuda.
“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, afirmó Kicillof, en una exposición que encabezó este lunes por la tarde, en el Salón Dorado de la Gobernación.
“No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Por eso, con sinceridad, con firmeza, con convicción democrática, le pido a la Legislatura que apoye, que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Es por nuestra provincia, por la historia y por el futuro”, sostuvo el mandatario bonaerense, que se mostró acompañado por su gabinete, intendentes del peronismo y de la UCR, legisladores y sindicalistas. También estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo.
Tras fracasar el último intento por aprobar el endeudamiento, el viernes, la Legislatura volverá a sesionar el miércoles, ya en el período de sesiones extraordinarias, con ambas Cámaras reunidas por la tarde (la de Diputados, desde las 15; la de Senadores, desde las 17). Kicillof dijo que su solicitud para tomar deuda “es lo normal, es lo que tienen todos los gobiernos” y agregó: “No se pide nada extraordinario. Pedimos poder funcionar, provincia y municipios, mientras reclamamos los que nos sacó el gobierno de [Javier] Milei”.
“Tenemos un pedido, no de nueva deuda, sino de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda, [es] parte del año pasado, que no tuvimos las leyes, y parte de este año. Se trata de cubrir los vencimientos. La deuda no va a subir ni bajar. No es nueva deuda”, aseveró el gobernador bonaerense.
La falta de acuerdos por el dinero surgido del endeudamiento que el gobierno de Kicillof girará a las intendencias es el punto crucial del desacuerdo, que derivó en la falta de apoyo de bloques opositores como los de Pro y La Libertad Avanza, entre otros. El peronismo se había encolumnado detrás del proyecto del gobernador, más allá de las diferencias que persisten entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo.
Kicillof puntualizó el ofrecimiento para ese fondo destinado a los municipios. “Junto con este pedido de financiamiento, se ha planteado un fondo a distribuir entre los municipios de la provincia de Buenos Aires. El equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley de financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios, con un adicional, producto de las conversaciones de estos días. Estamos hablando de un total de 350 mil millones de pesos a distribuir hasta junio. Hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos y determinados por la ley. Eso, más allá del volumen que alcancen las colocaciones de deuda”, aclaró el gobernador.
La deuda que pide tomar Kicillof es por hasta US$3685 millones, si se contabiliza lo solicitado para el Poder Ejecutivo, el Sector Público Provincial, la Tesorería General, y las empresas Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires.
Antes de especificar su pedido de apoyo legislativo (la autorización para el endeudamiento requiere dos tercios en ambas cámaras), el gobernador hizo una introducción con críticas al gobierno de Milei. “Estamos transitando una profunda recesión”, subrayó. Dijo que, desde la gestión nacional, “se habló irresponsablemente de amenazas de intervención” y “hay agresiones públicas diarias”. Aseguró que la Nación le adeuda a la Provincia 13 billones de pesos, lo que consideró “un robo”.
Entre los intendentes que pudieron observarse en la conferencia de Kicillof estuvieron los alineados con su Movimiento Derecho al Futuro, como Andrés Watson (Florencio Varela), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas). También se acercaron jefes locales enrolados en el cristinismo, como Gustavo Menéndez (Merlo), Nicolás Mantegazza (San Vicente), o Hernán Arranz (Monte Hermoso), entre otros. Desde el radicalismo, dijeron presentes jefes comunales como Maximiliano Suescun (Rauch), quien preside el Foro de Intendentes Radicales.
La Cámpora estuvo representada por el jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo, Facundo Tignanelli, y por legisladores de la organización conducida por Máximo Kirchner, como Martín Rodríguez. El massismo aportó a Malena Galmarini, senadora bonaerense electa, y al diputado provincial Rubén Eslaiman, entre otros. Federico Fagioli, senador provincial, fue una de las caras de la tropa de Juan Grabois. La vicegobernadora Verónica Magario acompañó a Kicillof, sentada a su izquierda. El gabinete provincial ocupó las primeras filas de asientos
Kicillof logró que la Legislatura apruebe su presupuesto y su ley fiscal e impositiva, en sesiones que se desarrollaron en simultáneo entre el miércoles por la noche y las primeras horas de la madrugada del jueves de la semana pasada. Las cámaras de Diputados y Senadores estuvieron en cuarto intermedio hasta el viernes, para intentar cosechar el respaldo de dos tercios de los legisladores (ese tipo de mayoría especial es necesaria en casos de endeudamiento), pero el viernes se cayó la sesión en Diputados, con lo que el endeudamiento (ley de financiamiento, como la denominó el gobierno provincial) no se trató.
El miércoles -ya en período de sesiones extraordinarias autoconvocadas por los legisladores, un mecanismo previsto en la Constitución bonaerense- el endeudamiento se intentará debatir en paralelo en la Legislatura. La Cámara de Diputados sesionaría desde las 15; la de Senadores, desde las 17.
Esta semana es la última en la que intervendrá la actual composición de la Legislatura. La próxima, se renovarán las dos cámaras con el ingreso de los legisladores que fueron electos en las elecciones provinciales de septiembre. Esa nueva conformación le significará a Kicillof un número mayor de legisladores propios (de los 13 senadores provinciales que sumará el peronismo, cuatro le responden, al igual que ocho de los 21 nuevos diputados), pero el marco general le resultará adverso, porque aumentará la representación de La Libertad Avanza, que tendrá 25 diputados y 11 senadores, y es un bloque con el que se le dificulta abrir negociaciones.
su iniciativa,Javier Fuego Simondet,Axel Kicillof,Legislatura,Provincia de Buenos Aires,Conforme a,,Desde Mar del Plata. Karina Milei lanzó el primer pedido oficialista para “ir por la reelección” del Presidente en 2027,,Fútbol y reality show. Un quiebre en la pasión más argentina,,Sangría de Pro. Lospennato deja el Congreso y se abre un nuevo foco de tensión entre los primos Macri,Axel Kicillof,,Kicillof, en apuros. Se negocian las autoridades de Diputados en medio de la tensión por el endeudamiento,,Análisis. Cristina: un desafío moral para Milei,,Milei huele sangre. El plan para terminar con la Argentina peronista
POLITICA
La declaración jurada de “Chiqui” Tapia: siete propiedades, vehículos e ingresos anuales de $818.000.000
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), informó que percibe más de $818 millones anuales en ingresos netos, pero aseguró no poseer títulos ni otras inversiones ni dinero en efectivo o en entidades bancarias.
Tapia cobra por dos de sus tres trabajos: su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol y como presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse); por la presidencia de la AFA, manifestó no percibir ingresos.
Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol
El presidente de la AFA presentó su Declaración Jurada Patrimonial en julio pasado, debido a su cargo en la empresa pública de residuos Ceamse, que administran los gobiernos porteño y bonaerense.
El documento indica que sus ingresos netos anuales superan los $818 millones, lo que equivale a unos $68 millones por mes. Aproximadamente $8 millones provienen de su trabajo en la Ceamse, al que dice dedicarle unas 15 horas semanales.
Según la declaración, la Conmebol, cuya sede central está en Paraguay, es su principal empleador, abonándole cerca de $60 millones al mes. Tapia informó que le dedica solo 120 minutos por semana a su rol en la confederación sudamericana de fútbol, lo que implicaría un pago de $7.500.000 por hora de dedicación.
Además, las bases de datos públicas indican una cuarta relación de dependencia como empleado activo de Solbayres, una sociedad anónima de servicios de limpieza.
Tapia y Ariel Vallejo, titular de la financiera investigada por lavado de dinero
La declaración jurada de Tapia también reporta ingresos extraordinarios en el año por más de $200 millones adicionales, provenientes de la venta de un vehículo ($44 millones), viáticos de la AFA para traslados y comidas ($30 millones), y el pago de “intereses/ingresos financieros” y “diferencia de cambio de dólares”, que sumaron $130.033.118,13.
Pese a reportar estos ingresos financieros, el presidente de la AFA asegura en el mismo documento que no poseer títulos ni otras inversiones, como así tampoco su grupo familiar sujeto a declarar.
En contraste con la falta de ahorros declarados, el patrimonio inmobiliario de Tapia es significativo. El presidente de la AFA declaró siete propiedades, todas de carácter ganancial y con titularidad del 100%.
La más destacada es una casa en Beccar, valuada en USD 15.740.190,05. Su patrimonio se completa con otras seis viviendas y terrenos en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires, además de dos automotores gananciales.
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