El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la baja de la edad de imputabilidad luego de que el proyecto de ley obtuviera la media sanción en Diputados.

«No se trata de matar al pibe, es tratar de darle una nueva oportunidad», dijo Cúneo Libarona al referirse al proyecto de reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

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En ese sentido, le bajó el tono a la discusión por la edad en la que los menores pueden ir presos: “Estamos discutiendo 13 o 14 (años), pero la ley es fantástica».

“Es una ley muy profunda, no es una ley donde vas a tirar un chico en un depósito como es hoy y que quede ahí abandonado en lugares que tienen capacidad para 150 personas y hay 300”, remarcó.

El ministro dijo que le ley tiene como premisa “ ”reeducar a los menores en conflicto con la Justicia». “No es matarlo al pibe, él está en conflicto con la ley, pero es tratar de darle una nueva oportunidad”, señaló.

En una entrevista con Radio Rivadavia, agregó: “La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que quien las hace las paga, que tiene que tener algún tipo de límite el menor”.

“Lo más importante son las enormes cantidades de garantías y derechos que se les imponen a los menores para que se reincerten en la sociedad. No es que va preso (…) la resocialización y educación es la finalidad principal”, sostuvo.

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En ese sentido, el funcionario precisó que serán recluidos en prisión “solamente los delitos graves”.

“Para reeducarte. ¿Cómo? En establecimientos especiales, va a haber plata, colegio obligatorio, oficio para el día de mañana y deporte. “Mucha intervención de la familia, mucho seguimiento”, insistió.

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El debate por la seguridad y la responsabilidad penal de los menores volvió a ocupar el centro de la agenda política. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a defender la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y buscó despejar críticas sobre su alcance.

El funcionario remarcó que la reforma no apunta a endurecer penas indiscriminadamente, sino a modificar un sistema que —según sostuvo— hoy no logra contener ni reinsertar a los adolescentes en conflicto con la ley. “La idea no es castigar por castigar, sino dar una oportunidad real de recuperación”, planteó en declaraciones radiales.

En ese sentido, explicó que la discusión pública quedó reducida a la edad, cuando el proyecto contempla cambios estructurales más amplios. De acuerdo con el ministro, el régimen vigente termina dejando a muchos menores sin seguimiento estatal efectivo y en condiciones de alojamiento precarias, lo que favorece la reincidencia.

Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad

La iniciativa establece que solo en casos de delitos graves los jóvenes podrán ser privados de la libertad. Para el resto de las situaciones, se prevén medidas alternativas supervisadas por equipos interdisciplinarios. El objetivo central, insistió, es la reinserción social.

El funcionario libertario aseguró que el Estado creará establecimientos específicos para adolescentes, distintos de las cárceles comunes. Allí, los jóvenes deberán asistir obligatoriamente a la escuela, aprender oficios y participar de actividades deportivas, además de contar con acompañamiento psicológico y control judicial permanente.

“Quien comete un delito tiene que entender que hay consecuencias, pero también necesita herramientas para no volver a hacerlo”, explicó el ministro. Según detalló, el programa incluirá participación activa de las familias y seguimiento posterior para evitar que los menores regresen a entornos delictivos.

El funcionario también adelantó que habrá presupuesto asignado para implementar el nuevo régimen. La administración nacional prevé financiar infraestructura, personal especializado y programas educativos, aspectos que el Gobierno considera clave para que la ley funcione en la práctica.

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El proyecto generó un fuerte cruce político en el Congreso. Sectores de la oposición cuestionaron la medida por considerar que criminaliza la pobreza y no ataca las causas profundas de la violencia juvenil, mientras que el oficialismo sostuvo que la normativa busca cerrar un vacío legal existente y brindar herramientas tanto a la Justicia como a las víctimas.

Ahora la iniciativa deberá ser tratada por el Senado, donde se anticipa un debate igualmente intenso. El resultado será determinante para definir si Argentina modifica uno de los puntos más sensibles de su legislación penal juvenil, un tema que reaparece de manera recurrente cada vez que un delito grave involucra a menores de edad.

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