Es otro tiempo. Lo que hasta hace nada era motivo de reconocimiento y parte esencial del protocolo de acción de los dirigentes, funcionarios y legisladores libertarios ahora es objeto de revisión y hasta de reproche.

El fondo es el mismo, pero las formas no. Al menos, por ahora, en esta etapa en la que el Gobierno quiere y está obligado a lograr objetivos fundamentales. En la Casa Rosada saben que tienen para eso un ventanal de oportunidad de no más de cuatro meses y que no pueden desaprovecharla con daños autoinfligidos, como los que se propinó en el primer semestre del año pasado y lo llevaron al borde del colapso hasta poco antes de las elecciones. El susto enseña.

La administración de los hermanos Milei está advertida de que no puede dilapidar chances ni esperar a cada rato un salvataje de Donald Trump y Scott Bessent, como el que lo salvó de una catástrofe cambiaria y financiera, primero, y de un serio tropiezo electoral, luego. Mucho menos cuando empieza el crucial año de elecciones de medio término en los Estados Unidos, y el apoyo al “amigo americano” está cayendo entre sus propios electores, cuya mayor demanda es por el funcionamiento de la economía. Y la intervención en la Argentina tiene en ese universo muchos detractores.

Por eso, el show pendenciero de la histriónica amiga presidencial y diputada Lilia Lemoine, el miércoles pasado, durante la jura de los nuevos diputados fue considerado un exceso extemporáneo e innecesario. También entraron en esa categoría algunos gestos y entreveros protagonizados por el saliente ministro de Defensa y flamante diputado, Luis Petri. Lo mismo ocurrió con las provocaciones que sumó la siempre voluptuosa Juliana Santillán, a la par de Petri. Ni hablar de las apariciones y de “la renuncia a la renuncia” a su banca de diputada de la senadora electa y objetada Lorena Villaverde. No ha lugar.

Martín Menem, el brazo de Karina Milei en la Cámara baja (y algo más) desde la presidencia de la Cámara baja amagó con sacar algunas tarjetas amarillas y terminó enviando advertencias a esos legisladores, aunque durante la sesión los provocadores hayan visto los eufóricos pulgares para arriba del propio Javier Milei, dirigidos hacia ellos. No todo lo que en el fragor de la batalla se festeja es considerado un éxito cuando llega la hora del balance.

“Fue una sesión menos escandalosa que muchas otras y el Presidente adoptó una postura muy contenida ante el clima de euforia que había, pero es cierto que lo de Lilia, Petri y Santillán no ayudó en nada y por eso se les hizo saber que no cayó bien y que no se debe repetir. Fue innecesario”, dijeron al día siguiente cerca de Menem. La vara con la que se mide el umbral del escándalo y el grotesco está baja en el mundo libertario, pero dicen que ha empezado a elevarse.

Eso es parte relevante del cambio que trae el comienzo de la segunda y última etapa del mandato de Milei, cuyos principales articuladores políticos, que hoy son su hermana y los primos Menem, ya han anunciado que empezaron a trabajar por su reelección en 2027.

Es ese un objetivo, pero también una herramienta. El propósito no es solo una construcción de sentido para ser instalada en la opinión pública, como estrategia de marketing electoral, y evitar que empiece a vislumbrarse la foto del pato rengo a merced de los predadores, con la que se identifica a los presidentes que entran en la etapa final de su mandato.

Lo que se busca, principalmente, con esos anuncios es crear una imagen de solidez y continuidad en el futuro, más allá del 10 de diciembre de 2027, como le exigen los inversores a los que el Gobierno todavía debe terminar de convencer de la sustentabilidad de su proyecto para que concreten sus demoradas promesas.

Eso importa más en el mileísmo que la sensación de hartazgo que provoca en la ciudadanía volver a tiempos proselitistas, generados por el propio Gobierno, cuando todavía los ecos y el desgaste de un extenuante año electoral siguen sintiéndose en el cuerpo social.

El oficialismo también busca aprovechar la ventana de oportunidad que le otorga el desconcierto y el caos reinantes entre los opositores, incapacitados para capitalizar que los beneficios prometidos del triunfo oficialista están lejos de percibirse masivamente. Por el contrario, lo que padecen vastos sectores sociales son varios efectos nocivos de la política económica del Gobierno. A excepción de la baja de la inflación (aunque estancada por encima del dos por ciento), la caída de la pobreza, con todos sus bemoles, el superávit fiscal y la calma cambiaria. Todo lo cual es mucho, pero ya no suficiente.

Esta es la razón, también, por la cual Milei y su equipo económico quieren avanzar a fondo en este cuatrimestre con la menor cantidad de concesiones posibles. Primero, con la sanción de presupuesto, sobre el que ya se adelantó que hay disposición a negociar, pero poco y siempre que no altere los equilibrios establecidos, un corsé con el cual se pretende, además de que no se toque casi nada de la iniciativa oficial, dividir a los delegados parlamentarios de los gobernadores. Lo que uno quiera ganar se lo tendrá que rebanar a otro, sin afectar los ingresos de la Nación. Eso es lo que se propone el Gobierno.

También en la primera etapa se procura que se apruebe la demorada “ley de inocencia fiscal” para que los argentinos saquen sus dólares del colchón. El objetivo primordial y urgente es que vuelquen los billetes verdes guardados al mercado, lo que ayudaría para mantener contenido el tipo de cambio, y, especialmente, empezaría a calentar un consumo que está congelado. Por ahora solo hay algunas recuperaciones tan heterogéneas como concentradas en los sectores de mayor poder adquisitivo, lo que empieza a darle más firmeza a los rasgos de una sociedad más desigual. Motivo, como se sabe, de malestares complejos de controlar cuando se cristalizan aún en países donde la macroeconomía da signos de robustez.

Al mismo tiempo, se aceleró la discusión del proyecto de reforma laboral, que también el Gobierno considera crucial y, contra la opinión de interesados y expertos, utiliza como argumento en su favor la destrucción de puestos de trabajo formal del sector, que se ha sumado a las suspensiones, registrada durante la primera mitad de su administración y con una leve aceleración en el último mes.

“El 98% del proyecto está y lo tiene Patricia [Bullrich], que ya empezó a moverlo en el Senado”, dice uno de los altos funcionarios que participó de su elaboración desde el origen y que tiene un estrecho vínculo con el Presidente.

En ese terreno, desde las oficinas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores y gestores de la reforma, dan casi por hecho que pasará los filtros, aunque admiten que habrá algunos cosas que se negociarán. ¿Lo que está abierto a discusión será solo ese 2 por ciento que falta para llegar a tener el total de la iniciativa que se terminará tratando en el Congreso?

Probablemente pueda ser algo más, ya que quienes conocen a Sturzenegger dice que su máxima es: “Yo les corro el arco lo más lejos posible para que al final sientan que estoy dispuesto a acercárselos un poco y cerrar la negociación lo más cerca posible del punto deseado”. Tácticas trumpistas, que en medio de la crisis de representatividad del sindicalismo y las escenas de canibalismo dentro del perokirchnerismo en declive parecen destinadas a tener éxito.

En defensa del maximalismo de Sturzenegger, sobre el que algunos de colegas del Gabinete y allegados al Presidente esgrimen dudas o cuestionamientos, sus colaboradores elaboraron una lista de 14 de desregulaciones de muy diversa índole e impacto llevadas a cabo, con los respectivos efectos positivos que tuvieron. Obviamente, algunos sectores afectados tienen otra mirada y el resultado en ciertos casos es más matizado o muy incipiente.

De cualquier manera, le sirven para empujar la nueva etapa de reformas y desregulaciones, para la cual se resolvió no ir con una nueva “Ley Bases II”, sino con proyectos desagregados. Entre ellos se vienen reformas educativas y digestos ultrasimplificadores de regulaciones en diversas materias, como salud, medicamentos, cuestiones comerciales e industriales, que acelerarán el desmantelamiento de áreas del Estado. La gran incógnita es si lo lograrán como hasta ahora, sin mayores conflictos. Pero no es una pregunta que se hagan en la cima del Gobierno

Esa decisión de fragmentar las nuevas medidas de transformación de roles y atributos estatales, en lugar de presentarlas en un solo megapaquete, es otra demostración del cambio en la correlación de fuerzas en el Congreso en favor de La Libertad Avanza (LLA).

El hecho de haber logrado hacerse de la primera minoría en Diputados, así como la sensible pérdida de bancas y las diferencias internas del bloque kirchnerista del Senado, llevaron a iniciar un proceso más incremental que disruptivo.

Ese escenario es el que valida y explica el cambio de modos con el que desde la Casa Rosada se encara esta etapa, aunque todos saben que el león puede volver en rugir en cualquier momento y que la contención aplicada después de la derrota bonaerense no significa que se haya vuelto herbívoro. Todo lo contrario. Dicen que “está más carnívoro que nunca”, solo que mientras las presas están aturdidas y sin capacidad para desafiarlo, procuran no despertarlas para llevarse todo.

Milei reboza de confianza. El triunfo electoral lo tonificó no solo por efecto del resultado y el impacto que tuvo en todo el universo opositor y hasta en sus aliados críticos, como los macristas.

Ademas, se atribuye haber sido él esta vez el estratego de la campaña oficialista. “A mi me trajeron dos opciones. Ir por todo o hacer arreglos en varios distritos. Yo opté por la primera, porque si no iba a quedar preso de esos acuerdos como le pasó a Mauricio [Macri] después de ganar en 2017. Eso empezó con el triunfo en la ciudad [de Buenos Aires] y ahí pasamos de La Libertad Avanza a la libertad arrasa”, cuenta uno de sus colaboradores.

Ya se sabe que su hermana, con los Menem y su armador bonaerense, Sebastián Pareja, eran los impulsores del “vamos por todo” y que Santiago Caputo gestionaba algunos arreglos.

El resultado y las secuelas de la opción triunfante se verifican en estos días. Que después del escandaloso final de su exprotegido Sergio Neiffert el asesor haya mantenido al frente de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) a alguien de su absoluta confianza, como Cristian Auguadra, quien llevaba las cuentas de la familia, no implica que haya vuelto a regir “el triángulo de hierro”.

Hoy, la geometría del poder se resuelve más que nunca en una línea de solo dos puntos: Javier y Karina Milei. El resto son figuras con mayor o menor relevancia e incidencia que orbitan e interactúan con ese eje lineal. Los resultados determinarán quiénes adquieren más o menos volumen de acá en más. O dejan de pertenecer el universo gubernamental.

En ese escenario está puesto a prueba el flamante ministro del interior, Diego Santilli, sobre quien ejerce una celosa supervisión el jefe de gabinete, Manuel Adorni, destacado integrante de la escudería karinista. Para él, el plazo para mostrar resultados es más perentorio, ya que la forma en que se dirima la discusión del presupuesto 2026 será la base sobre la que discutirán los demás proyectos.

Hasta la más leve recuperación de la capacidad de veto de los gobernadores y sus legisladores puede alterar planes del oficialismo triunfante. Y, sobre todo, cambiar el tono moderado por el regreso de los rugidos leoninos.

Tras fijar un criterio para actualizar las sentencias en los juicios por accidentes laborales, ahora el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad trabaja en sentencias donde fijará el índice para ajustar las indemnizaciones y las multas en los casos por despido de los trabajadores.

Con estos nuevos parámetros, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que se transformó en la máxima autoridad de apelación ante los casos laborales, civiles, comerciales y penales de la Justicia nacional, establece un horizonte de previsibilidad que contrasta con la dispersión que existía hasta ahora en las sentencias laborales.

Se trata de un asunto espinoso que viene enfrentado a los camaristas laborales nacionales con la Corte Suprema de la Nación, que exige a la justicia laboral fijar ajustes razonables y proporcionados después de numerosos casos de intereses exorbitantes, que el máximo tribunal anuló.

De hecho, en la Cámara Laboral, controlada en parte por el poder sindical y con algunos camaristas afines al peronismo, hay criterios disimiles de ajuste para las indemnizaciones.

Buena parte de las salas aplica un coeficiente de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC, y la Sala 8, que aplica el CER. Ahora, la Cámara Laboral dijo que desde 2024 hay que aplicar la tasa activa del Banco Nación.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, que estableció que la “Corte porteña” es la que revisará todos los casos nacionales, el Superior Tribunal de Justicia porteño se organizó para enfrentar esta tarea.

Inauguró un nuevo edificio frente al Obelisco, con oficinas para tramitar los miles de causas que ingresaron, y comenzó a trabajar en casos señeros que fijen criterios para adelante.

Ahora trabaja en un criterio único para ajustar las indemnizaciones y multas en el millar de causas laborales que tiene a estudio. Con el fallo del TSJ se acabará la dispersión, esperan.

Los jueces están unificando criterios y buscan llegar a un fallo que sea lo más contundente posible, de preferencia unánime, o casi unánime, para fortalecer la decisión del tribunal que va a marcar un tope para el cálculo de las indemnizaciones.

Pero aun hay miradas que no convergen del todo. En efecto, hay tres posiciones de mínima. La primera, aplicar el criterio del IPC más el 3 por ciento. La segunda, aplicar como índice la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), como ya ocurrió con los juicios por accidentes de trabajo. La tercera es establecer una especie de índice con un piso y un techo teniendo en cuenta un 3 por ciento más o menos sobre IPC.

El criterio del IPC mas el 3 por ciento es el establecido en el artículo 276 del DNU 70/23, norma fundacional del gobierno de Javier Milei dictada a días de asumir, hace dos años, y frenada por la Justicia Laboral. Allí se establece que las actualizaciones o la aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual.

El capítulo laboral de este DNU fue declarado inconstitucional y no se aplica. La Corte Suprema de Justicia no se pronunció aún. No obstante, ese mismo criterio es el que introdujo ahora el Gobierno en el proyecto de ley de reforma laboral que se discutirá en la sesiones extraordinarias del Congreso, la segunda quincena de diciembre.

Allí se establece que para reducir la “discrecionalidad” de los jueces se fijará un único cálculo, actualizado por el IPC con más una tasa de interés pura del 3% anual. Además, se prohíbe por ley que se devenguen intereses sobre los intereses, llamado anatocismo, como sucedía con algunos fallos de la Cámara Laboral, que fueron anulados por la Corte Suprema de Justicia, este año, con fuertes críticas a los camaristas laborales.

La intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es vista por los empresarios como un bálsamo ante la incertidumbre de los fallos de la justicia nacional. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tras la sentencia de esta semana donde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad puso tope a los actualizaciones en casos de accidentes laborales, dijo: “Este fallo le pone un freno claro y directo a las mafias de los juicios laborales”.

“Es un paso clave para terminar con la industria del juicio, que destruye el empleo y lo precariza, espanta la inversión y se convierte en una trampa para el que produce y el que trabaja”, mencionó. Agregó que la ciudad de Buenos Aires “necesita reglas claras, seguridad jurídica y sentido común”, y levantó la apuesta con un tema resistido por los jueces nacionales: “Para eso es importante avanzar en la transferencia de las competencias judiciales a la Ciudad”.

El exministro y ahora empresario Guillermo Dietrich, cercano a Mauricio Macri, festejó la sentencia: “La principal reforma laboral necesaria es evitar la industria del juicio que se apoya en la discrecionalidad de las indemnizaciones”.

“El sistema actual es una tragedia que no sólo funde empresas pequeñas y chicas sino que desincentiva completamente la creación de empleo y el crecimiento de proyectos de miles de emprendedores que no se animan a crecer. Es por acá”, celebró.

La semana pasada, la Corte porteña reafirmó que las indemnizaciones fijadas en los juicios por accidentes laborales deben actualizarse por el índice Ripte, en un caso sucedido antes de 2019. La decisión marca dos novedades trascendentes. Por un lado, ratifica que rige para los cálculos anteriores a 2019, no solo casos nuevos. Y también termina con la actualización por inflación, que había en el pasado generado cifras excesivas.

Además, el máximo tribunal porteño reafirmó su competencia establecida por la Corte Suprema de Justicia en el caso Levinas, como la máxima instancia de revisión de los casos de la justicia nacional, incluidos los laborales. El fallo recayó en el caso “Asociart SA Art S/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Valdez Carlos Alberto C/Asociart SA Aseguradora De Riesgos Del Trabajo S/ Accidente”.

El caso comenzó cuando Carlos Valdez, un trabajador gráfico, maquinista de Gráfica Cortiñas, demandó a la ART por una enfermedad laboral por las tareas que desempeñaba cargando bultos de cartulina. El fallo lleva la firma de los jueces Inés Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. El juez Luis Lozano fijó su posición en un voto aparte, coincidente, y hubo una disidencia de la jueza Alicia Ruiz.

El tribunal confirmó que el Ripte rige también para las causas anteriores a 2019, al revocar una sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 y permitido la actualización de las tasas de interés por inflación.

La aplicación de este criterio tuvo su inicio en el caso Boulanger c/ Provincia ART Seguros, en octubre pasado, cuando el Tribunal Superior validó el uso del Ripte por reflejar de manera más adecuada la evolución salarial. Con esta sentencia, el tribunal consolidó un cambio decisivo en la ciudad al establecer el modo de calcular las actualizaciones por intereses derivados en accidentes laborales.