POLITICA
A 31 años del atentado, el presidente de AMIA alertó por la infiltración iraní en la región y pidió justicia por Nisman: “¿En esta causa también deberán pasar 30 años?”

“¿En esta causa también deberán pasar 30 años? ¿Qué esperan? Si tienen impedimentos, ¡denúncienlos! El silencio es complicidad”. El reclamo del titular de la AMIA, Osvaldo Armoza, resonó esta mañana en el acto por el 31°° aniversario del atentado contra la mutual judía. El pedido del orador principal del acto fue dirigido directamente al fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini, en este caso como responsables de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El fuerte mensaje marcó el tono de una ceremonia que estuvo atravesada por la exigencia de justicia y la denuncia de la impunidad persistente por episodios que son una herida abierta para la Argentina.
“Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura. 31 años de un instante que cambió para siempre nuestras vidas y marcó con sangre inocente la historia de nuestro país”, comenzó Armoza su discurso, durante el acto central que se realizó en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia, donde estuvo el presidente Javier Milei junto a los integrantes de su gabinete.
“Todos reunidos, una y otra vez en este mismo lugar, para que el silencio no se vuelva olvido, y la memoria no se reduzca sólo a una ceremonia”, apuntó Armoza.
Durante su alocución, el presidente de la AMIA reiteró la acusación que la comunidad judía argentina sostiene desde hace años: “Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos”, afirmó, y subrayó que la justicia argentina dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes en la planificación y ejecución del ataque, perpetrado a través de la organización terrorista Hezbollah. Según detalló, la investigación judicial fue avalada por Interpol, que mantiene vigentes las alertas rojas para la captura internacional de los acusados.
El año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal dictó un fallo que, en palabras de Armoza, “volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los ataques terroristas de 1992 y 1994”. El dirigente remarcó que este veredicto no solo ratificó los motivos del atentado, sino que también explicó por qué Argentina fue elegida como blanco. “Es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda. El terrorismo está más activo que nunca”, advirtió.
Entre los principales señalados por la justicia argentina figuran Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán, y Salman Raouf (El Reda), miembro de Hezbollah. Armoza reveló que Rabbani aún posee propiedades en Argentina, mientras que Raouf es buscado por Estados Unidos desde el año pasado. “Hacemos un llamado a nuestro gobierno y al de Estados Unidos para que trabajen juntos, y logren que ese asesino enfrente la ley”, reclamó. Además, exigió a la República del Líbano que entregue a sus ciudadanos para que sean juzgados, si realmente aspira a la paz.
Una advertencia por la región
La preocupación por la presencia iraní en la región fue uno de los ejes centrales del mensaje. “Nos sigue preocupando la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”, alertó Armoza. Como ejemplo, mencionó el episodio del avión venezolano-iraní en 2022, cuya tripulación incluía altos oficiales iraníes y que, según el dirigente, “expuso las falencias de nuestro sistema de seguridad e inteligencia”. También cuestionó la reciente firma de un acuerdo militar entre Irán y Bolivia, que, a su juicio, “exige una inmediata reacción por parte de nuestras autoridades, incluyendo el refuerzo de los controles fronterizos”.

Armoza evocó el dictamen del fiscal Alberto Nisman de mayo de 2013, quien documentó la profundidad de la estructura terrorista montada por Irán y Hezbollah en numerosos países de América Latina. “El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración, cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina, que actúa bajo coberturas diplomáticas, religiosas y culturales”, explicó. La amenaza, sostuvo, “está viva, activa y se adapta a las condiciones de cada época”.
En este contexto, el presidente de la AMIA reclamó una cooperación internacional “seria y sostenida”, basada en el intercambio de información, la prevención efectiva y el compromiso político. “Argentina, que ya sufrió dos atentados terroristas, tiene el derecho y la responsabilidad de impulsar esa alianza global contra el terrorismo. Debe insistir para que toda la región designe a Hezbollah como grupo terrorista, congele sus bienes e impida su crecimiento”, enfatizó.
A nivel local, Armoza consideró que el país necesita medidas adicionales. “Argentina debe designar a las Fuerzas Quds, Guardia Revolucionaria de Irán, como organización terrorista”, propuso, y reclamó capacitación para el Poder Judicial y la sanción de leyes modernas para combatir el terrorismo. “Argentina sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una ley específica para prevenir y enfrentar este flagelo”, lamentó.
El reclamo de justicia ocupó un lugar central en el acto. En ese contexto, Armoza exigió respuestas concretas a las incógnitas que persisten después de 31 años: el origen y la obtención del explosivo, el lugar de armado de la camioneta-bomba, la identidad de quien la entregó a Carlos Telleldín, quién ingresó el vehículo al estacionamiento y quiénes integraron el grupo operativo final junto a El Reda. “Después de tanto tiempo, la incertidumbre en estos temas es INACEPTABLE”, subrayó.

El dirigente reclamó a los fiscales Basso y Miranda que agoten todos los recursos y exijan lo necesario a las autoridades políticas para esclarecer el caso. “No aceptamos más excusas ni dilaciones”, advirtió. También denunció las condiciones en las que se encuentra la documentación de la ex SIDE, ahora bajo custodia de la Fiscalía: “Es intolerable que toda la documentación que pertenecía a la SIDE, ahora bajo custodia de la Fiscalía, esté guardada en un edificio que no tiene las condiciones estructurales mínimas. Hablamos de contaminación de asbesto, inundaciones, peligros de derrumbe, aire tóxico y falta de ventilación”.
La crítica se extendió al fiscal Ouviña, a quien Armoza exigió que acelere y concrete su trabajo. “Su pasividad frente a la envergadura del trabajo que tiene por delante es inaceptable. Al ritmo en que avanza la revisión de esa documentación, pasarán otras tres décadas hasta que esa tarea pueda dar algún resultado”, advirtió. El reclamo incluyó al Procurador General de la Nación y a la Corte Suprema, a quienes pidió que resuelvan el recurso presentado por las querellas contra la absolución de Carlos Telleldín, el último tenedor conocido de la camioneta utilizada en el atentado. “Su absolución fue un nuevo golpe a nuestras expectativas. Ahora confiamos en que la Corte Suprema resuelva el caso como corresponde”, expresó.

La figura de Alberto Nisman ocupó un lugar destacado en el discurso. Armoza calificó como “otra vergüenza nacional” la impunidad en el asesinato del fiscal, cuya valentía y aportes a la investigación fueron reconocidos. “Su muerte, en oscuras circunstancias, también es una herida abierta”, afirmó. La pregunta dirigida a los responsables de la causa —“¿En esta causa también deberán pasar 30 años?”— se convirtió en uno de los momentos más tensos de la jornada.
En las últimas semanas, el juez Rafecas solicitó aplicar al caso AMIA la ley de juicio en ausencia, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional. Armoza apoyó la decisión, aunque advirtió sobre la necesidad de cautela: “La experiencia nos ha enseñado que debemos ser cuidadosos y que todo avance dentro del proceso debe ceñirse a la más estricta legalidad. Confiamos que un futuro juicio oral, basado en pruebas concretas, demostrará al mundo entero la responsabilidad de Irán, de Hezbollah, y de quienes son fugitivos de la justicia argentina”.
El contexto internacional también fue abordado en el acto. Armoza se refirió al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y al aumento del antisemitismo a nivel global. “A partir del 7 de octubre de 2023, cuando los salvajes terroristas de Hamás ejecutaron el ataque más brutal e inhumano contra civiles, hemos visto un aumento alarmante del antisemitismo en todo el mundo”, señaló. Denunció que, lejos de provocar una condena unánime, el crimen fue relativizado, negado y hasta justificado en múltiples espacios, incluyendo universidades, redes sociales, medios de comunicación y parlamentos de países democráticos. “No hablamos de críticas a Israel, que son legítimas en cualquier democracia, sino de expresiones que celebran la violencia y que convierten la demonización de los judíos en una bandera ideológica”, explicó.
La situación de los rehenes en la Franja de Gaza también estuvo presente en el mensaje. “¿Cómo pueden olvidar que después de más de 640 días, todavía quedan 50 personas secuestradas en los túneles infernales de Hamás en la Franja de Gaza? No ha pasado un solo minuto en que NO pensemos en ellos. Exigimos una vez más su liberación para que puedan finalmente regresar a sus hogares”, reclamó Armoza.
En un pasaje destacado, el presidente de la AMIA valoró la postura del gobierno argentino en el escenario internacional: “Celebramos que la República Argentina haya tomado la decisión de pararse en el lugar correcto de la historia. El apoyo expreso del gobierno nacional hacia Israel, particularmente en un momento tan dramático, es un ejemplo digno de ser reconocido”, dijo, en alusión al respaldo oficial a Israel tras el ataque de Hamás.
El acto concluyó con un mensaje de resiliencia y compromiso. “Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron. No lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie. Porque en este lugar, hace 31 años, mataron a 85 personas judías y no judías. Argentinos y extranjeros. Chicos, jóvenes, adultos y mayores. Porque el terrorismo no discrimina. Pero también en este mismo lugar, hace 31 años, minutos después de la tragedia, se acercaron a ayudar: cientos de voluntarios, rescatistas y profesionales de la salud. Afortunadamente, la solidaridad tampoco discrimina”, evocó Armoza.
POLITICA
Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina Kirchner, su familia y Lázaro Báez

El fiscal federal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, pidió que a la expresidenta, su familia y Lázaro Báez les decomisen 141 inmuebles, incluido el departamento donde ella cumple prisión domiciliaria, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.
Luciani presentó un escrito, acompañado por el fiscal Diego Mola, en el que relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.
“En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, dijeron.
Los fiscales sostuvieron que su solicitud “responde a que las personas condenadas, intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo».
“Y no solo eso -afirmaron-; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme.”
Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Luciani y Mola afirmaron que pese a que se niegan a pagar lo que la Justicia les ordenó, “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada”.
Los fiscales dijeron que fruto de un “trabajo constante” y de los reiterados pedidos de la fiscalía, el 18 de noviembre de 2025, el tribunal “emitió una resolución contundente” y ordenó decomisar 111 inmuebles, que incluyen 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Fernández, 19 de Máximo y Florencia Kirchner (recibidos a título gratuito), dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA y dos de Loscalzo y Del Curto SRL.
Y afirmaron que el tribunal “habilitó expresamente a que se profundizaran todos los procedimientos” para hacerse de todos los bienes posibles para cubrir los montos adeudados por los condenados.
“El decomiso de nuevos bienes que presentamos en este dictamen permitirá alcanzar un total de 252 inmuebles, cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas vinculadas a estos”, anunciaron Luciani y Mola.
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Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez rechazó un planteo y pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral

En un nuevo capítulo de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama, Fabiola Yañez, rechazó el intento de la defensa del expresidente de reiniciar la investigación y pidió que el expediente se eleve a juicio oral.
A través de un escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Yañez remarcó que cualquier dilación en el proceso implicaría una revictimización.
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El documento aseguró que el expresidente “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas».
Representada por Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, Yáñez sostuvo que Fernández implementó maniobras para que la causa vuelva a foja cero porque sabe que cuenta con “altas chances de terminar en condena”.
Cualquier decisión que dilate el juicio, ponderó la defensa de Yáñez, hablaría de “un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)”.
La causa se originó con las denuncias por los supuestos golpes y maltratos que Yañez recibió por parte del exfuncionario, ocurridos antes y durante su residencia en la Quinta de Olivos. La investigación avanzó bajo la dirección del fiscal Ramiro González, quien ya se opuso al pedido de la defensa de Fernández en un dictamen contundente.
El fiscal criticó el enfoque de Fernández, al que describió como un intento de posicionarse como víctima en un caso donde él es señalado por atormentar, golpear y amenazar a su expareja.
La defensa de Fernández, por su parte, busca anular gran parte de la instrucción argumentando que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una presunta enemistad con el exmandatario.
A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en un marco de violencia de género.
La denuncia de Fabiola Yáñez
En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.
Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.
La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.
El fiscal subrayó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.
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Entre las pruebas, el expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la entonces primera dama. Esas fotos, enviadas por Yáñez vía WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.
Durante el año que duró la pesquisa, se tomó declaración a médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares de Yáñez y allegados, así como a su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016.
Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Justicia
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El gesto que enfureció a Grabois y la dura respuesta del dirigente en medio de la sesión

El dirigente social Juan Grabois mantuvo un duro cruce este jueves con el diputado de La Libertad Avanza Álvaro Martínez en plena sesión en la Cámara de Diputados donde el Gobierno busca aprobar un nuevo régimen penal.
El conflicto se originó mientras Grabois había uso de una cuestión de privilegio. Mientras hablaba, Martínez tomó un abanico y lo agitó en medio del recinto, e insinuó ofrecérselo.
El gesto hizo alusión a imágenes virales que trascendieron este miércoles cuando una mujer por momentos abanica a Grabois mientras se encontraban parados. Ocurrió durante la protesta por la reforma laboral.
La respuesta de Grabois no se hizo esperar y, entre insultos, calificó al diputado de “bobo” y “tontito”.
“¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo. Sos medio tontito vos”, manifestó.
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