POLITICA
A pesar de haber ganado tiempo, al Gobierno le espera una espinosa agenda en el Senado post elecciones

Tras intentos de sesión agitados por el cristinismo, el Gobierno tendrá una semana previa a las elecciones más tranquila de lo previsto en el Senado, aunque mira con preocupación el post 26-10. A La Libertad Avanza le espera, sin considerar el resultado de los comicios, una espinosa agenda hasta diciembre, que incluye las modificaciones de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), pedidos para que asistan funcionarios, la votación de una eventual Defensora del Niño y una feroz puja por el Defensor del Pueblo, entre otras cosas a considerar.
Estas cuestiones fueron instaladas adrede y con un hilo cronológico por opositores férreos y dialoguistas. Nada al azar. Es decir, un ramillete de iniciativas que bien podría haberse saldado tiempo atrás y ahora quedó a punto gatillo en la Cámara alta. El más delicado es el de los DNU, un instituto regulado desde 2006 por una norma que empujó la hoy condenada -con prisión domiciliaria- Cristina Kirchner, sobre el que diversas administraciones hicieron uso y abuso. Fue la respuesta más potente -peor que la insistencia de vetos- a todos los cariños enviados por Javier Milei desde que inició su gestión hacia el denostado Congreso.
También hay motivos personales, como los de la otrora legisladora “friendly” del peronismo disidente Alejandra Vigo, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. De la nada, agitó la discusión de los DNU y empujó un dictamen exprés. Cuando el primer mandatario criticó a su marido y exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aceleró pedidos de interpelaciones a funcionarios. No obstante, no todos los despachos consiguieron las firmas necesarias. ¿Quiénes se corrieron de la avanzada? Varios cristinistas. Poca mención hubo.
El texto de DNU que salió del Senado establece que pasen a tener un plazo de 90 días corridos para ser aprobados sin excepción y “con mayoría absoluta” por ambas Cámaras. En la actualidad, si las dos en conjunto no lo voltean -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, se incorpora que caerían ante la votación negativa de un solo Cuerpo, salvo los derechos adquiridos en una supuesta corta vida.
La andanada opositora se trabó en Diputados: legisladores antilibertarios validaron en general la iniciativa hace 12 días, aunque la modificaron durante la definición en particular. Lo que no recibió mayoría absoluta -este tipo de normas la precisa- fue el artículo tres, el de los 90 días. Por este motivo es que ahora habrá que insistir con la versión original -lo que se estima- o con la propuesta que devolvió la Cámara baja.
El Senado sí consiguió dilatar los dictámenes de dos o tres proyectos que generan rispideces dentro de las propias bancadas. No se sabe por cuánto. Proceder con estos textos derivaría, de manera inevitable, en batallas de lobby descontrolado y bloques al borde de la ruptura, con gobernadores y curiosos personajes -algunos, marginales- dispuestos a hacer todo para no tocar ni una coma a las reglas vigentes. Son, en un futuro que -a veces- se repite como “loop”, los primeros que denuestan el statu quo.
La Cámara alta tiene pendiente la resolución de la propuesta de María Paz Bertero, de extracción kirchnerista, como nueva Defensora del Niño. La Casa Rosada y libertarios del Congreso hicieron todo mal para dejarle la victoria en bandeja al cristinismo, que selló un pacto a cara descubierta con la diputada radical Natalia Sarapura (Jujuy) para quedarse con un sitial más que deseado por la caja y estructura que implica su funcionamiento. Un adjunto quedó para el centenario partido, que sufre por la pésima praxis de algunas de sus autoridades.
Hay otro puesto trascendental, que es el del Defensor del Pueblo. Aquí, la oposición también aceleró el procedimiento. Como siempre, aparecieron candidatos trillados. Sin embargo, en los últimos días creció la postulación de Gonzalo Condis, un politólogo con posgrado en Washington que trabajó años atrás en INADI, PAMI y que hoy revista como director de proyectos del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Requiere de un consenso muy amplio en ambas Cámaras. Ya hay gobernadores y vice que acompañan. Resta que el diablo no meta la cola.
Otra estantería inmovilizada es la Auditoría General de la Nación (AGN). Es el órgano por excelencia de control externo sobre los gastos del Estado. La entidad está conformada por seis auditores -tres en representación de Diputados, tres por el Senado- que hace meses no existen, gracias a la falta de acuerdo entre las bancadas del Congreso. El séptimo integrante es su titular y legislador porteño electo del kirchnerismo light, Juan Manuel Olmos. Comanda, en soledad, un lugar más que importante. El Ejecutivo sigue sin opinar de estos huecos institucionales. Y ni siquiera se mencionó al Presupuesto 2026, que muy probable sea resuelto con una nueva conformación del Congreso.
POLITICA
El Gobierno evalúa un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria en marzo

Después de haber quitado el artículo de Ganancias de la reforma laboral, el Gobierno empezó a evaluar la posibilidad de impulsar un pacto fiscal con las provincias para avanzar con la reforma tributaria. Sería a partir de las sesiones ordinarias, que comienzan el 1 de marzo. En el Ejecutivo admiten que no hay margen político ni fiscal para impulsar un rediseño impositivo de fondo durante 2026 sin un acuerdo con los gobernadores.
En la Casa Rosada se inclinan por un acuerdo amplio con los mandatarios provinciales, que incluya una coordinación de la baja de Ganancias con la mira en el impacto fiscal. “No podemos mover una baja relevante de impuestos nacionales si las provincias y los municipios no acompañan con los suyos”, expresan en Nación.
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En Balcarce 50 quieren evitar tensiones con las provincias en el tratamiento legislativo de los proyectos tributarios y ponen como ejemplo los cambios introducidos en la reforma laboral, donde el oficialismo aceptó retirar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades. El articulado fue eliminado tras la presión de los mandatarios provinciales, que advirtieron sobre el impacto en la coparticipación.
Las alternativas que analiza la mesa chica del jefe de Estado son limitadas. El círculo presidencial reconoce que no existe todavía un plan progresivo cerrado para promover cambios tributarios en 2026 y advierten que algunas de las opciones -una baja del IVA o su división para que las provincias cobren una parte- hoy no son viables por el impacto en la caja. “Hay ideas que nos gustan, pero no son ejecutables con este margen fiscal”, agregan.
El esquema que gana terreno en el Gobierno es avanzar por partes, con proyectos separados y de bajo costo fiscal, y dejar los cambios estructurales atados a un eventual pacto fiscal. Ese enfoque coincide con los lineamientos del Consejo de Mayo, que planteó una reducción impositiva, pero condicionándolo al equilibrio fiscal y a un acuerdo federal que incluya impuestos provinciales como Ingresos Brutos.
En el equipo económico -que encabeza el ministro Luis Caputo- insisten en que cualquier baja de impuestos deberá estar respaldada por crecimiento económico y mayor formalización. La prioridad inmediata sigue siendo sostener el superávit y cerrar la agenda legislativa de extraordinarias, con la reforma laboral como eje central.
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En la Casa Rosada no descartan que la discusión tributaria se extienda durante todo 2026 e incluso que los cambios de mayor alcance se posterguen para 2027. En Balcarce 50 ya hablan de una convocatoria a gobernadores para continuar el trabajo técnico que realizó el Consejo de Mayo.
En la mesa chica de Nación hubo diferencias sobre la forma de abarcar las negociaciones con los mandatarios provinciales por los cambios tributarios dentro de la reforma laboral. En algunos despachos oficiales advierten que dejaron al oficialismo en una posición de desventaja y que se trató de una “imposición más que una negociación”.
Gobierno, Reforma Tributaria, pacto fiscal
POLITICA
Ordenaron la captura de Uberti por los 800.000 dólares de la valija de Antonini Wilson

La Justicia ordenó anoche la captura de Claudio Uberti, extitular del órgano que controlaba a los concesionarios viales, para que cumpla una pena de cuatro años y medio de prisón. La medida se tomó después de que la Corte Suprema dejó firme la condena del exfuncionario kirchenrista.
La jueza Sabrina Namer, que subroga en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, pidió anoche la detención, pero hasta esta mañana no había novedades del paradero del exfuncionario. Namer es la jueza a cargo de la ejecución de la condena.
Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), fue condenado por por haber intervenido en el ingreso al país de US$790.550 sin declarar, que llevaba en un maletín el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.
El venezolano —quien permanece prófugo— arribó junto a Uberti en la madrugada del 4 de agosto de 2007.
Ese dinero de origen venezolano, dijo Antonini Wilson ante el FBI estadounidense, era para financiar la campaña electoral del kirchnerismo.
Uberti es, además, uno de los “arrepentidos” que está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas. Allí confesó: “Yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita”. Dijo además: “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”.
Uberti trabajaba junto al exministro Julio De Vido, el hombre fuerte de la obra pública del kirchnerismo.
La Corte, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el último recurso de la defensa de Uberti por cuestiones formales: el incumplimiento de la Acordada 4/2007, que fija los parámetros sobre cómo deben sustanciarse las presentaciones ante el máximo tribunal de Justicia.
Con esta decisión, quedó firme la condena de prisión efectiva de Uberti.
Por la misma razón, la Corte también rechazó las quejas de las defensas de otros funcionarios que habían sido condenados. Se trata del guarda aduanero Jorge Lamastra, la entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newberry de la AFIP-DGA María Cristina Gallini, el entonces jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque de la AFIP-DGA, Guillermo Lucángeli, y la entonces directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Dirección Aduana de Ezeiza, Rosa García Santillán.
En la madrugada del 4 de agosto de 2007, el empresario venezolano Antonini Wilson intentó ingresar al país una valija con US$790.550, en billetes de US$50.
Había llegado a Aeroparque en un vuelo privado, facturado a la empresa con participación estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), junto a Uberti, su entonces secretaria privada, Victoria Carolina Bereziuk; el presidente de Enarsa, Exequiel Omar Espinosa, y otros cinco ciudadanos venezolanos vinculados a la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de la gestión de contratos para la construcción de una planta regasificadora en la Argentina, vinculada al trabajo de Enarsa.
El dinero oculto en la valija fue detectado con un escáner operado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en un contexto en el que, según se acreditó, el guarda aduanero Lamastra se mostró reticente al control en función de lo avanzado de la hora.
Pero la agente María Luján Telpuk insistió en que ver qué contenía la valija luego de que el escáner mostrara que llevaban una gran cantidad de objetos con forma rectangular.
Cuando le preguntó qué llevaba, Antonini Wilson dijo “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija y ver los billetes verdes, el venezolano respondió que eran unos US$60.000. Al contarlos, resultaron ser US$790.550.
Luego del episodio, Antonini Wilson participó de un acto en la Casa Rosada y se volvió a Miami. Nunca fue a retirar el dinero y no se presentó ante la Justicia argentina que, sin éxito, reclamó su extradición.
dejó firme la condena,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
VIDEO | Milei reforzó su alianza con EE.UU., cargó contra Maduro y sostuvo que Trump “es un ejemplo de coraje”

En un mensaje grabado para la Hispanic Prosperity Gala organizada por Latino Wall Street en Mar-a-Lago, Javier Milei agradeció el Premio a la Libertad Económica y profundizó su alineamiento con Estados Unidos.
Aunque no viajó para recibir la distinción, destacó la invitación a integrar el Board of Peace, iniciativa promovida por Donald Trump ante la “inoperancia e inacción” de los organismos multilaterales.
Durante su intervención, el mandatario elogió al presidente norteamericano, a quien calificó como “un ejemplo de coraje y liderazgo” y respaldó su accionar contra Nicolás Maduro, al que llamó “dictador y terrorista”.
MILEI CELEBRÓ LA DETENCIÓN DE MADURO EN UN MENSAJE A TRUMP
El Presidente envió un video a la gala “Hispanic Prosperity Gala”, celebrada en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, donde fue galardonado con el premio a la Libertad Económica.
En el mensaje volvió a festejar… pic.twitter.com/DNw7xy5PJo
— Clarín (@clarincom) February 11, 2026
Sobre el régimen venezolano, habló de “un tirano” que condujo “un régimen sangriento donde la muerte y la tortura estaban a la orden del día” y afirmó que “fue necesario corregir el rumbo en materia geopolítica”.
Milei contrastó esa postura con la de “gobiernos pasados” que, según dijo, se alinearon con “dictaduras socialistas”, y ratificó su decisión de “volver a donde pertenecemos, a Occidente”.
En esa línea, celebró que “Occidente esté recuperando sus valores bajo el liderazgo de los Estados Unidos” y expresó su deseo de que “el modelo de la libertad” se extienda por la región.
También defendió la profundización del vínculo comercial con Washington: “Creemos que el comercio es la mejor vía hacia la paz y la prosperidad. No le tememos a la apertura”.
Al hacer balance de su administración, sostuvo que “ya hemos pasado lo peor de la tormenta” y advirtió que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.
Javier Milei canceló su gira por Estados Unidos para priorizar el tratamiento de la reforma laboral y penal juvenil
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