El juez Raúl Ojeda suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y defendió su decisión al sostener que se trata de una medida excepcional destinada a evitar daños hasta que salga la sentencia definitiva.

La medida se dio en el marco de una acción colectiva presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado nacional y dispuso la suspensión provisoria de parte de la ley, al considerar que existen elementos suficientes para analizar su eventual inconstitucionalidad.

Según explicó el juez, este tipo de decisiones no requieren certeza absoluta sobre la validez del planteo, sino la verificación de una “apariencia razonable” del derecho invocado, junto con el riesgo de que la demora judicial pueda generar daños de difícil reparación.

“Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria. No hemos tenido leyes que creen situaciones extraordinarias como estas”, aseguró Ojeda en declaraciones a Radio Rivadavia.

El magistrado explicó que “en la medida cautelar uno tiene que evaluar si es posible que haya vicios de inconstitucionalidad en este caso”, y, en este caso, aseguró Ojeda, “hay principios del derecho del trabajo, de protección, de regresividad, que denotan en una primera mirada que se están vulnerando”.

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“Ahora el Estado nacional debe contestar sobre la cautelar y defender los artículos que son objeto de la acción”, añadió el juez.

En el fallo emitido el 30 de marzo, el juez sostuvo que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino verificar que exista una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto. Esa lógica es la que habilitó la suspensión provisoria de las disposiciones cuestionadas hasta que haya una sentencia definitiva.

Qué resolvió la Justicia y cómo sigue el caso

El fallo del fuero laboral dispuso la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley 27.802 al hacer lugar a una medida cautelar innovativa presentada por la CGT, en el marco de una acción colectiva que cuestiona la constitucionalidad de la reforma.

En su análisis preliminar, el juez consideró que para dictar una cautelar no se requiere certeza absoluta sobre el derecho invocado, sino la verificación de una apariencia razonable que justifique una tutela preventiva mientras se discute el fondo del asunto.

Desde el gobierno, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que apelará el fallo para intentar revertir la cautelar y restituir la vigencia de los artículos suspendidos mientras se tramita el proceso principal.

En un comunicado, el ministerio sostuvo que existen sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”, y reafirmó su compromiso con la ley de Modernización Laboral.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, exigió hoy al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el pago de una deuda superior a $27.000 millones de pesos por la atención de personas en situación de calle con domicilio bonaerense que reciben asistencia en CABA.

La normativa nacional y provincial establece que cada jurisdicción debe hacerse cargo de sus residentes, pero desde el gobierno porteño sostienen que la Provincia no cumple con esa obligación. En este sentido, el reclamo se apoya en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo, y en la Ley 13.956 bonaerense, que creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle. De acuerdo con datos oficiales, actualmente la Ciudad asiste a 2.327 personas con domicilio en la Provincia de Buenos Aires en sus Centros de Inclusión Social.

Macri utilizó sus redes para pronunciarse con un mensaje directo a Kicillof: “Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo”, manifestó.

El Gobierno porteño especificó que el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, cifra calculada sobre insumos, recursos humanos y servicios provistos. Esto representa un gasto total de $27.066.151.450 de pesos desde la entrada en vigencia del decreto nacional en febrero de 2025. Este monto, según argumentan desde la sede de gobierno de la calle Uspallata, genera desbalance financiero para la Ciudad, ya que esos recursos podrían destinarse al fortalecimiento de otros servicios locales.

En una nota enviada al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, solicitaron de manera formal “la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores”.

El pedido, se informó, recalca la vigencia tanto del Decreto 373/2025 como de la Ley 13.956, y reclama que la Provincia cumpla con su responsabilidad legal respecto a sus ciudadanos asistidos en la Ciudad.

“El cumplimiento de la ley y la adecuada distribución de responsabilidades entre jurisdicciones resultan fundamentales para garantizar una respuesta sostenible y equitativa frente a la problemática”, detallaron desde el gobierno porteño.

Según información oficial, CABA cuenta con 61 Centros de Inclusión Social en los que se asiste a 4.626 personas durante las 24 horas. Estos espacios ofrecen alojamiento, alimentación, acompañamiento psicológico, capacitación educativa y laboral, así como intermediación para la inserción laboral. Existen, además, centros destinados especialmente a familias, mujeres víctimas de violencia, personas con problemas de salud mental, personas en tratamiento por adicciones y hombres que conviven con mascotas.

“La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Además, la provincia también sancionó una ley para dar atención a personas en situación de calle. Kicillof no lo está cumpliendo”, sostuvo Mraida en sus redes. Y completó: “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”.

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