POLITICA
Alcoholemia: denunciaron penalmente a Carlos Bianco por abuso de autoridad, desobediencia y tráfico de influencias

Carlos Bianco fue denunciado penalmente luego de que se conociera que se negó a realizar un test de alcoholemia. La presentación la realizó Sebastián Pascual, diputado bonaerense de La Libertad Avanza, que acusó al ministro de Gobierno de Axel Kicillof no solo por incumplir la ley de alcohol cero, sino también por abuso de autoridad, desobediencia y tráfico de influencias, y por transgredir la Ley de Ética Pública.
La denuncia fue presentada en el juzgado federal de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, para luego ser derivada por competencia territorial al juzgado federal de Quilmes a cargo de Luis Armella, ya que Bianco se negó a realizar el control de alcoholemia la madrugada del domingo, a la altura del peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en el partido de Avellaneda. Silvia Ruth Cavallo será la fiscal del caso.
Por la negativa a someterse al test de alcoholemia, Pascual acusó a Bianco de incumplir las disposiciones de la ley 15402 de alcohol cero, que obliga a todos los conductores a someterse a las pruebas establecidas para la detección de las posibles intoxicaciones y, en caso de rehusarse, a la retención de la licencia.
Pero el diputado fue más allá y denunció a Bianco por abuso de autoridad, desobediencia y tráfico de influencias, y por transgredir la Ley de Ética Pública. Para hacerlo, apuntó a las circunstancias que se conocieron luego de que trascendió el control al que se negó la mano derecha de Kicillof.
“Bianco circulaba en un Volkswagen Vento gris, patente AA 698 RV, propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, describe Pascual, para subrayar que “el auto oficial en el que circulaba acumula 137 multas por más de 21,5 millones de pesos entre infracciones en Provincia y en la Ciudad”.
Como describe la denuncia, desde 2017 el auto suma infracciones por exceso de velocidad, uso del celular al volante, circular por carriles prohibidos y hasta por evadir el pago de peajes.
“Se trata de un vehículo oficial, es decir, pagado y mantenido con fondos públicos. Pero su nivel de infracciones supera por lejos al de cualquier ciudadano común, sin que hasta ahora se haya conocido sanción o restricción alguna”, destaca Pascual, y apunta a un detalle que sembró polémica apenas trascendió: “Como [Bianco] conducía solo, personal de Aubasa lo trasladó a su domicilio, privilegio que no es frecuente que ocurra con cualquier otro ciudadano”.
El diputado libertario coincidió así con la descripción realizada ayer por el Pedro Scarpinelli, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entrevistado por TN, el funcionario apuntó que Bianco le “solicitó a un empleado de Aubasa, que es la empresa de las autopistas de la Provincia, que conduzca su auto y que lo lleve a su domicilio”.
“No solo eso: hubo otro vehículo que los escoltó para que, cuando lo dejaran en el domicilio, puedan volver al operativo”, agregó. Aseguró que esos empleados estaban afectados al control y que la maniobra “implica una falta de recursos”, agregó Scarpinelli.
En la denuncia, Pascual se pregunta: “¿Corresponde y resulta ético que personal de Aubasa lo haya trasladado luego a su domicilio? ¿Es esta una conducta que realizan con todos los ciudadanos que puedan encontrarse en dicha situación? ¿No podía el funcionario recurrir al traslado por medio de un rodado obtenido por aplicaciones de transporte privado de pasajeros? «
Y agrega, con respecto a las multas impagas y nunca reclamadas: “¿El cargo que ostenta Bianco puede haber influido en que las infracciones que ha tenido jamás fueran efectivizadas?“.
“Son todas estas dudas las que generan la sospecha de que los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y/o tráfico de influencias se puedan haber configurado”, completa el escrito de Pascual, presentado junto con la abogada Jimena Castiñeira Arce.
Por último, el diputado libertario apunta también a la Ley de Ética Pública, en cuanto en su artículo 2 exige a los funcionarios que cumplan y hagan cumplir la ley, que se manejen con rectitud, que protejan y conserven “la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados” y los manda a “abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular”.
Ayer, Bianco afirmó que no aceptó someterse al test de alcoholemia al notar que había personas que lo estaban filmando. “Me dijeron que me iban a hacer la alcoholemia y veo que había alguna gente que no estaba identificada, que me estaba filmando”, dijo, en diálogo con Futuröck, para completar. “Yo opté no hacerlo y que me hagan el acta como corresponde. No me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito”, afirmó.
“No hice ninguna maniobra ni gestión para evadir el control y evadir la sanción“, insistió, sin dar cuenta de que, como afirmó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fue trasladado hacia su domicilio por personal de Aubasa.
Scarpinelli añadió otra circunstancia más que no fue relatada por Bianco ni explicada por el gobierno de Kicillof: el test para medir el alcohol en sangre es el segundo paso del control y sólo se realiza cuando, antes, al conductor del vehículo se le detecta alcohol en el aliento con otro dispositivo, el alómetro.
“Si se llegó a alcoholímetro, es porque se detectó alcohol en el aliento. Para llegar al alcoholímetro, el alómetro tendría que dar presencia de alcohol”, afirmó, para completar, en alusión a los videos que habrían hecho sospechar a Bianco. “Una vez que el alómetro detecta presencia de alcohol y se procede al alcoholímetro, se registra en video y fotos porque muchas veces los juzgados solicitan esa información respaldatoria para juzgar a las personas”, cerró.
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Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri, vinculado a la acusación contra Milman

La jueza María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al exdiputado kirchnerista Marcos Cleri en la causa que investiga por falso testimonio a su exasesor, Jorge Abello, en el marco de una serie de hechos laterales que rodearon al atentado a Cristina Kirchner en 2022.
Cleri quedó involucrado en la investigación por un mensaje de texto que habría recibido de Abello, aunque eso pudo ser constatado por la Justicia.
La cita estaba prevista para el mediodía de este viernes, pero fue postergada porque Cleri no contaba con el patrocinio de ningún abogado defensor. Según indicaron fuentes al tanto del caso, finalmente se le asignó como abogado al defensor oficial Hernán Silva, pero aún no se fijó fecha para la nueva audiencia.
La causa por la que será indagado Cleri es una deriva de lo que se conoció como la “pista Milman”: 23 días después del ataque a la expresidenta, Abello -que por entonces era asesor de Cleri- se presentó ante la jueza Capuchetti y declaró que, dos días antes del ataque, había escuchado decir al diputado de Pro Gerardo Milman decir en un bar frente al Congreso la siguiente frase: “cuando la maten, estoy camino a la costa”, en presunta alusión a Cristina Kirchner.
No hubo testigos que pudieran ratificar la veracidad de esos dichos, que eran el sostén del caso, y la jueza Capuchetti terminó por archivar la investigación contra Milman. En paralelo, se abrió esta otra causa que puso bajo la lupa a Abello por presunto delito de falso testimonio. Comenzó a tramitar en el Juzgado Federal 11, pero el juez Sebastián Casanello, a cargo en ese entonces del juzgado, declaró la incompetencia por conexidad y el expediente acabó en el juzgado de Capuchetti.
El exasesor Abello fue indagado por la jueza en octubre, pero su situación procesal no fue resuelta aún. Interviene la fiscalía de Carlos Rívolo.
En la declaración de 2022 por la que se lo hoy se lo investiga en Comodoro Py, Abello sostuvo también que el día del ataque a la expresidenta, recordó lo que había escuchado en el bar por boca de Milman y le envió un mensaje de texto a su jefe Cleri para ponerlo en autos. Ese contacto, sin embargo, no pudo ser corroborado por los peritajes que la Justicia realizó en el teléfono de Cleri.
Capuchetti, confirmada
La Cámara Federal ratificó a la jueza al frente del caso, al rechazar este jueves una recusación en su contra, presentada por la defensa de Abello.
En su escrito, el defensor de Abello, Federico Paruolo, sostuvo que María Eugenia Capuchetti no debía intervenir en el caso, ya que el presunto falso testimonio habría sido prestado ante su propio juzgado, lo que -según el planteo de la defensa- podría convertirla en “sujeto pasivo” del hecho investigado.
El juez Leopoldo Bruglia sostuvo sin embargo que las hipótesis delictivas de esas dos causas difieren y que la jueza no es damnificada personal. “La actuación de la magistrada de grado no encuadra en el supuesto de apartamiento”, señaló.
Con la recusación resuelta por la Cámara, se allana el camino para que se resuelva la situación procesal de Abello.
Federico González del Solar,Conforme a
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El comunicado del Gobierno tras la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

Una detonación registrada en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina alteró la jornada de este viernes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generando alarma y una rápida respuesta de los organismos de seguridad. La explosión, ocurrida a las 13.49 horas en el piso once del edificio situado en Avenida Paseo Colón 533, tuvo lugar mientras integrantes de la fuerza manipulaban una encomienda que permanecía almacenada desde hacía meses en la institución, según informó el Ministerio de Seguridad Nacional.
La situación derivó en lesiones para dos efectivos, quienes fueron trasladados al Hospital Argerich por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Ambos se encuentran fuera de peligro, según precisaron fuentes oficiales, mientras un tercer agente continúa en recuperación y evoluciona favorablemente. El hecho impactó de inmediato en la rutina del edificio y las inmediaciones, donde se dispuso la evacuación preventiva de 320 personas: 120 pertenecientes a la sede de Paseo Colón 533 y 200 al inmueble contiguo, ubicado en Paseo Colón 525.
El operativo de seguridad se desplegó a lo largo de la cuadra, con la intervención de bomberos, personal policial y equipos de emergencia. La zona quedó bajo custodia mientras expertos de la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina iniciaron las tareas periciales. Este cuerpo especializado, reconocido como el más calificado en el país para el análisis y desactivación de artefactos explosivos, se abocó a la recolección de pruebas y al estudio del dispositivo que originó la explosión.

De acuerdo con la información oficial, la encomienda que detonó habría sido recibida aproximadamente cuatro meses antes del incidente y permanecía bajo resguardo en las instalaciones de la escuela. Fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional confirmaron a Infobae que el paquete contenía un artefacto explosivo, lo que orienta la investigación hacia la hipótesis de un ataque dirigido. El comunicado oficial remarcó que la causa quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, quien coordina el análisis judicial y la labor de las fuerzas intervinientes.
El procedimiento incluyó la evacuación ordenada de todos los ocupantes del edificio afectado y del lindero, así como la restricción del acceso a la vía pública en el perímetro inmediato. El SAME, junto a la Policía de la Ciudad, dispuso ambulancias y asistencia médica en el lugar para atender a los lesionados y brindar contención al personal. Los heridos fueron estabilizados y trasladados al hospital, donde permanecen en observación, sin que su vida corra riesgo.
Las primeras pericias realizadas por la DUIA se concentraron en identificar la composición y el mecanismo del explosivo. Este equipo técnico cuenta con experiencia específica en intervenciones de alto riesgo, análisis de dispositivos y desactivación de materiales peligrosos. La investigación busca determinar la procedencia del envío, la autoría y el posible móvil detrás del hecho, así como establecer si existieron antecedentes de amenazas o hechos similares en la dependencia.
El Ministerio de Seguridad Nacional comunicó que continúa trabajando de manera conjunta con la Justicia y las fuerzas policiales para esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona. Fuentes oficiales señalaron que se reforzaron los controles de ingreso y los protocolos de manipulación de paquetería en todas las dependencias vinculadas al Ministerio y otras fuerzas federales, como medida preventiva tras el incidente.
La noticia generó preocupación en el ámbito de la seguridad nacional, dada la ubicación estratégica de la Escuela Superior de Gendarmería y el carácter inusual del episodio. Las autoridades evitaron brindar detalles sobre los posibles destinatarios del paquete o sobre perfiles sospechosos, en tanto la investigación judicial se encuentra en etapa preliminar. El caso se mantiene bajo secreto de sumario, mientras los expertos continúan con el análisis de las pruebas recolectadas en el lugar de la explosión.
De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, las tareas de peritaje y rastreo de correspondencia recibida en la escuela se intensificaron en las últimas horas. El Ministerio de Seguridad remarcó su compromiso con el esclarecimiento del hecho y el acompañamiento a los efectivos afectados, al tiempo que pidió colaboración a quienes puedan aportar información sobre la encomienda detonada.
El episodio no solo activó los protocolos de alerta en la Gendarmería Nacional Argentina, sino que movilizó a distintos organismos de seguridad en la capital, ante la posibilidad de que se trate de un hecho aislado o parte de una amenaza mayor. Las autoridades permanecen atentas a nuevos indicios y reiteraron que toda información relevante será comunicada oficialmente en la medida en que avance la investigación.
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Dura crítica de Villarruel al modelo económico de Milei: “Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China”

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Javier Milei. Después de que el Gobierno consiguiera avanzar con el proyecto de reforma laboral en el Congreso, Villarruel salió criticar con dureza el modelo de apertura económica indiscriminada que aplica La Libertad Avanza (LLA) y que ya provoca un impacto en la industria nacional.
La excompañera de fórmula de Milei se hizo eco de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump a las importaciones.
Para Villarruel, esa decisión “implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”.
En otro capítulo de la ruptura entre el Presidente y su vice, la titular del Senado fijó su posición en medio de la pelea de Milei contra Paolo Rocca, CEO de Techint, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y de Aluar; o los empresarios textiles, por las consecuencias de la apertura comercial.
Dicho de otro modo: Villarruel sugirió que Milei debería atender los reclamos de los representantes del sector industrial.
“Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”, escribió Villarruel en su cuenta de la red social “X”.
En su mensaje, Villarruel advirtió que “la apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”.
“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, concluyó.
De la misma manera que decidió subirse a la pelea con Rocca, por la compra de tubos de acero a una firma de origen indio para ser usados en el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta, Milei volvió a confrontar esta semana con uno de los empresarios más importantes del país para defender su modelo económico.
En las redes, respaldó los tuits de militantes libertarios en los que acusaban a Madanes, un peso pesado en el denominado “círculo rojo”, de haber sido un “fan” de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio interior, “un amante de los gobiernos kirchneristas” y un “defensor del cepo cambiario ad infinitum”.
La mayoría de los tuiteros de LLA apeló al mismo argumento para criticar a Madanes por el cierre de la fábrica de Fate en San Fernando: dijeron que la “casta” empresarial no está dispuesta a competir y presiona al Gobierno para mantener la ayuda o “prebendas” del Estado. Milei avaló esos ataques en sus redes. Fue después que ordenara que el Ejecutivo dictara la conciliación obligatoria en el conflicto por el cierre definitivo de Fate, la histórica fabricante nacional de neumáticos, que dejará más de 900 trabajadores despedidos.
En la Casa Rosada niegan que haya una crisis industrial y machacan con que los empresarios deben bajar los costos y competir. No obstante, en los últimos meses, al menos 10 empresas anunciaron el cierre total o parcial de sus plantas industriales, según consignó .
A raíz del conflicto con Rocca, a quien apodó “Don Chatarrín” y llegó a acusar de haber participado de un supuesto plan para “terminar” con el Gobierno de LLA, el Presidente retomó su batalla contra lo que considera “la casta” del establishment, su nuevo enemigo simbólico.
“Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, exclamó hace tres semanas desde Mar del Plata, adonde viajó para participar de la cumbre de La Derecha Fest.
Luego, a través del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, la Casa Rosada se enfrentó contra los textiles. “Nunca compré ropa en Argentina”, lanzó Caputo, para sostener su tesis de que el proteccionismo “perjudica a los que menos tienen”.
pic.twitter.com/rijHfl3Fgx,February 20, 2026,consignó,Conforme a
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