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Allanaron la casa de un dirigente de la CC que denunció a los jefes de la AFA: “Es un operativo mafioso”, dijo Carrió

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La justicia allanó hoy la casa del dirigente de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe, uno de los denunciantes en la causa por la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares y sospechada de pertenecer en las sombras a altos dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino(AFA).

El operativo fue autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, a pedido del fiscal Germán Camafreita, quien investiga a Yofe en una causa por “presunto robo o hurto”. Las autoridades judiciales ordenaron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

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El dirigente de la CC, uno de los impulsores de la investigación por la fastuosa mansión de Pilar, que se sospecha que pertenecería a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, se encontraba en Mar del Plata, junto con dos de sus tres hijos, cuando efectivos de la Policía Bonaerense se presentaron en su domicilio en Buenos Aires para allanar la vivienda. Según relataron desde la fuerza de Carrió, el operativo se realizó de forma “violenta y brutal”. La esposa de Yofe estaba en el hogar junto con una beba de apenas cuatro meses.

Cerca de la diputada advierten que el procedimiento “incluyó un trato inadmisible” hacia la esposa del dirigente. “No mostraron la orden de allanamiento y amenazaron a la esposa de Matías con arrestarla y sacarle a la nena”, indicaron a fuentes de la CC.

De inmediato, Carrió se trasladó hasta la vivienda de Yofe para asistir a la mujer. “Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este”, denunció la exdiputada y cofundadora de Cambiemos.

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Elisa Carrió denunció «un operativo mafioso» en la casa de un dirigente de la CCHernan Zenteno –

Desde la CC sospechan que los investigadores fueron a buscar “dispositivos de almacenamiento de datos”.

“Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras de amedrentamiento”, expresó la CC a través de un comunicado.

Yofe también había impulsado denuncias por “graves irregularidades” vinculadas a las VTV en la provincia de Buenos Aires.

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Cerca de Carrió califican el operativo como “cuasi mafioso y desproporcionado”. “Evidentemente, la mafia está preocupada y echa mano de sus peones en la Justicia. Hagan lo que hagan vamos a seguir adelante”, remarcó Hernán Reyes, uno de los referentes porteños del partido de Carrió.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli también repudió el operativo.

“Acabo de estar en su casa y he visto las consecuencias del destrato brutal que sufrió su esposa y la bebé. Todo hecho para amedrentarlos”, señaló Campagnoli .

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De igual forma, María Eugenia Talerico, exvicetitular de la Unidad de Información Financiera durante la presidencia de Mauricio Macri, salió a solidarizarse con Yofe y consideró que el hecho es “gravísimo”.

El caso por la quinta de Pilar está en manos del juez Marcelo Aguinsky, especializado en delitos económicos.

Este caso primero lo gestionó el juez federal Daniel Rafecas, que puso una consigna policial para que no vaciaran la quinta y mandó a peritarla para conocer su valuación.

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Aguinsky se había quedado con la causa por decisión de la Cámara Federal.

Los investigados como testaferros de Toviggino, dueño de la sociedad Real Central SRL -que aparece como dueña de la quinta cuestionaron la intervención del juez-, Luciano Pantano y Ana Conte, su madre, plantearon que Aguinsky no era competente para intervenir sino que debía investigarlos Adrián González Charvay, juez federal de Campana, porque la quinta está en jurisdicción del tribunal.


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El Gobierno aconsejó a los argentinos no viajar a Irán por las violentas protestas contra el régimen

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El Gobierno argentino emitió una recomendación dirigida a sus ciudadanos para que eviten viajar a Irán ante el agravamiento de la situación social y política en ese país. La Cancillería argentina informó la medida este viernes, luego de casi una semana de movilizaciones que han provocado enfrentamientos, víctimas fatales y un clima de alta tensión en distintas regiones iraníes. El comunicado oficial se conoció tras días de protestas masivas que desafían abiertamente al régimen y exigen respuestas a las dificultades económicas que atraviesa la población.

La recomendación se difundió a través de un mensaje formal de la cartera que conduce Pablo Quirno, en el que se pidió a los argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, dada la escalada de violencia en las calles y los riesgos asociados a la inestabilidad. Las autoridades nacionales advirtieron, además, sobre la importancia de extremar precauciones para quienes ya se encuentran dentro del territorio iraní y mantenerse informados de manera constante sobre la evolución de los acontecimientos.

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La decisión del Ejecutivo se inscribe en el contexto de una serie de manifestaciones que sacuden a Irán desde el pasado domingo. La crisis comenzó en Teherán, donde comerciantes decidieron cerrar sus locales en rechazo a la depreciación del rial y al incremento sostenido de la inflación, antes de extenderse a universidades y otras ciudades del país. Con el correr de los días, las protestas ganaron fuerza y se transformaron en expresiones de descontento político, con consignas dirigidas contra las máximas autoridades iraníes y demandas de soluciones a los persistentes problemas económicos.

En su comunicado, la Cancillería argentina aconsejó a quienes se encuentren en Irán que “extremen las precauciones y se mantengan permanentemente informados sobre la evolución de la situación”. Además, el mensaje incluyó un canal de contacto para quienes requieran asistencia consular, especificando el correo electrónico de la Dirección de Asuntos de Argentinos en el Exterior.

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Las calles de Teherán y otras grandes ciudades, como Mashhad y Shiraz, volvieron a ser escenario de protestas este viernes, según imágenes difundidas por activistas en redes sociales y recogidas por Agencia EFE. Los manifestantes, en barrios orientales y occidentales de la capital iraní, entonaron consignas abiertamente críticas hacia el líder supremo, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, en abierta confrontación con el régimen. Las movilizaciones han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, que han dejado hasta el momento un saldo de varios muertos y decenas de heridos.

La organización no gubernamental iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, detalló que durante los primeros cinco días de manifestaciones fallecieron al menos siete personas, 33 resultaron heridas y unas 119 fueron detenidas. Las protestas, de acuerdo con la misma fuente, se extendieron a más de treinta ciudades y constituyen la mayor ola de descontento ciudadano desde las revueltas que sacudieron Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.

Las calles de Teherán y ciudades como Mashhad y Shiraz se convirtieron en focos de protestas masivas contra el régimen iraní

Medios locales confirmaron que el jueves se registraron conflictos violentos en ciudades medianas y rurales, como Lordegan, donde dos civiles perdieron la vida durante los enfrentamientos, según la agencia Fars. Azna, en la provincia de Lorestán, fue otro de los puntos críticos, con tres muertos y 17 heridos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Kuhdasht, un integrante de la milicia Basij falleció durante los disturbios, mientras que otros 13 policías sufrieron heridas por pedradas, de acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní.

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Las autoridades de la República Islámica de Irán intentaron calmar los ánimos reconociendo las “demandas legítimas” de la población ante el deterioro de la situación económica. En declaraciones recogidas por la televisión oficial, el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que cualquier intento de convertir las protestas en un instrumento de “inseguridad o destrucción de bienes públicos” recibiría una respuesta “firme” por parte del Estado.

La agencia Tasnim informó que 30 personas fueron detenidas en el distrito de Malard, al oeste de Teherán, por “perturbar el orden público”, y que otras siete habrían sido arrestadas por supuestamente pertenecer a “grupos hostiles a la República Islámica” con base en el extranjero. Las detenciones se suman a las ya reportadas en los últimos días, en el marco de un operativo de control que busca contener la expansión de las protestas.

La crisis económica de Irán se ha profundizado en los últimos meses: el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la inflación anual se ubicó en 52% en diciembre, según datos del Centro de Estadísticas nacional. El deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de productos básicos han impulsado a la población a salir a las calles, pese al riesgo de represión.

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En respuesta al clima de tensión, el presidente Masud Pezeshkian advirtió a su gabinete sobre la necesidad de atender los reclamos sociales. “Desde un punto de vista islámico, si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”, expresó el mandatario ante funcionarios, de acuerdo con medios oficiales.

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Los constitucionalistas rechazan el decreto que reforma la ley de inteligencia

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La decisión del presidente Javier Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto no solo generó rechazo entre dirigentes de la oposición, sino también entre constitucionalistas y organismos de derechos humanos. Denuncian que viola la Carta Magna y otorga demasiada discrecionalidad a la SIDE en lo que refiere a detención de personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudirá a la Justicia en los próximos días.

La reforma de la ley de inteligencia se formalizó esta mañana con la publicación del decreto 941/2025 en el Boletín Oficial. Entre otros cambios, la iniciativa establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas.

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Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.

Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país”, cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X. “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, continuó.

Consultado por , el abogado especificó que la medida publicada esta mañana supone una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso”. Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. “El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional”, aseguró.

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El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.

Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. “Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia”, expresó a este medio.

El constitucionalista Antonio María Hernández

En la misma línea se manifestó su par Alejandro Carrió, quien cuestionó la discrecionalidad del apartado referido a la posibilidad de detener ciudadanos. El artículo 19 del decreto establece que el personal de inteligencia podrá aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es justamente ese primer escenario el que le genera reparos.

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“Si hay un requerimiento judicial, no habría problemas. Tampoco me causa problema que ocurra ante un delito en flagrancia. Mi preocupación es cómo arranca el párrafo: ‘en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia’. Ahí no hay ninguna descripción de qué es lo que la persona estaría haciendo y que a juicio del agente de inteligencia requiera una detención sin orden judicial”, explicó a : “¿Cómo sabemos los particulares en qué caso podemos ser aprehendidos?. Tal como está planteado el texto me parece muy riesgoso“.

El abogado también objetó que el artículo en cuestión inste a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad y omita solicitar intervención rápida de la Justicia en caso de detenciones.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es otra de las voces críticas respecto de la reforma de la ley de inteligencia. En diálogo con , rechazó en duros términos los cambios impulsados por el oficialismo. “Es nulo de nulidad constitucionalidad e insanable y recrea las oscuras épocas de la dictadura militar”, sentenció.

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El abogado ya había expresado su repudio al decreto en redes sociales, donde apuntó contra el carácter “iliberal” de la iniciativa de Milei y denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, Pro adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.

“El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”, escribió en su cuenta de X.

Al respecto, Mariela Puga, abogada constitucional, recordó que diversas organizaciones, entre ellas el CELS, habían judicializado el decreto 614/2024 por el que Javier Milei había renombrado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora SIDE- y modificado el sistema de inteligencia nacional en julio de 2024. Según señaló, a más de un año de su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia aún no se expidió respecto de la ilegalidad de la norma. “Si no se declaran inconstitucionales estos decretos, estamos en tierra de nadie”, aseguró a .

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La abogada también planteó reparos sobre la vaguedad con la que el nuevo decreto refiere a los alcances de las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Puntualmente cuestionó la incorporación del artículo 2 ter -que define investigación de inteligencia como procedimientos para “identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”- y el artículo 2 quater, que extiende las tareas de contrainteligencia a, entre otras, las acciones de filtración y fuga de información clasificada.

“Históricamente se definió a las actividades de inteligencia como de interés a la seguridad nacional e interna, pero acá pareciera que es por interés de quienes dirigen la secretaría”, dijo a este medio: “Es peligroso confundir la seguridad nacional con el interés de autoridades constituidas porque la actividad de inteligencia puede alcanzar a la prensa y cualquier actividad política”.

El comunicado del CELS

Al igual que la mayoría de los abogados consultados, el CELS -una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos- emitió un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad del decreto presidencial y cuestiona la discrecionalidad que autoriza para el accionar de la SIDE. Según pudo saber , en los próximos días, la agrupación hará una presentación judicial contra la medida.

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“El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparto de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, plantea el escrito del CELS.

Y agrega: “Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”.

En el comunicado denuncian que la reforma impulsada supone la construcción de un “marco normativo” para la vigilancia política de “anarquistas, comunidades indígenas, prensa y distintos actores que ‘deslegitimen’ al gobierno o a sus políticas”.

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El CELS también cuestiona que el texto publicado en el Boletín Oficial habilite la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad federales y policiales, lo que supone -consideran- “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”.


rechazo entre dirigentes de la oposición,reforma de la ley de inteligencia,January 2, 2026,artículo 19 del decreto,@JMilei,January 2, 2026,decreto 614/2024,emitió un comunicado,Abigail Contreiras Martínez,SIDE,Javier Milei,Conforme a,SIDE,,Ante las críticas. El Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones que realicen los espías,,Rechazo. La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero,,Polémica. Las claves del DNU que firmó Milei para reformar la ley de inteligencia y darle más poder a la SIDE

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Renunció el secretario de Culto y será reemplazado por su segundo, un dirigente cercano a Santiago Caputo

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En las últimas horas, se dio una nueva salida del Gobierno: renunció el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Lo hizo para asumir una banca en la Legislatura bonaerense y será reemplazado por su segundo en el área, Agustín Caulo. La salida del funcionario fue oficializada este viernes a través del Boletín Oficial.

“Continúa el dos de Nahuel”, señalaron desde el Gobierno para explicar la continuidad política dentro de la Secretaría. Al igual que su antecesor, responde políticamente al espacio que lidera Santiago Caputo.

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Sotelo había llegado al cargo en agosto de 2024, durante la gestión de Diana Mondino al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pese a la posterior salida de la excanciller, el funcionario logró sostenerse en el puesto con la llegada de su sucesor, Gerardo Werthein, y luego con el desembarco de Pablo Quirno como nuevo canciller.

En su paso por la secretaría de Culto, Nahuel Sotelo, participó en la VI Cumbre Transatlántica en España. (Foto: prensa Nahuel Sotelo)

De perfil conservador y fuertemente identificado con el catolicismo, Sotelo mantenía una relación fluida con la Casa Rosada, donde era considerado uno de los dirigentes más cercanos al núcleo duro del oficialismo. En su desembarco en Cancillería había reemplazado a Francisco Sánchez y promovido la ampliación del nombre del área, que pasó de llamarse Secretaría de Culto a Secretaría de Culto y Civilización.

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Con 32 años, Sotelo integra el sector interno de La Libertad Avanza conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Fue, además, el único dirigente de ese espacio que logró integrar la lista libertaria en las elecciones bonaerenses de septiembre pasado, en medio de una fuerte interna con el sector de los llamados “territoriales”, referenciados en Sebastián Pareja y en los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, cercanos a Karina Milei.

Esa disputa fue especialmente tensa, pero Sotelo consiguió un lugar en la nómina y ahora regresa a la Legislatura bonaerense, donde ya había sido diputado entre 2021 y 2024. Allí es uno de los principales referentes del bloque libertario y mantiene una relación cercana con el titular de la bancada, Agustín Romo.

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En los próximos días quedará formalizada la designación de Agustín Caulo. Apodado “el Chino”, comparte con Sotelo un perfil católico y conservador y mantiene vínculos estrechos con sectores de la Iglesia. Antes de ser nombrado subsecretario en septiembre de 2024, se desempeñó como director nacional de Culto Católico en la Cancillería.

Gobierno, culto, Relaciones Exteriores

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