POLITICA
De amparos a la amenaza de juicio político: la falta de aplicación de las leyes de emergencia le abre un frente judicial a Milei
El conflicto por la falta de aplicación de las tres leyes de emergencia -la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica y la de emergencia en discapacidad- escaló en las últimas horas al terreno judicial y político. Universidades públicas, profesionales y familiares de pacientes del Hospital Garrahan, y organizaciones de personas con discapacidad preparan amparos judiciales, mientras el Congreso advierte que no votará el Presupuesto 2026 si el presidente Javier Milei no destina fondos a las leyes aprobadas.
Constitucionalistas consultados por TN advirtieron que en caso de sostenerse esa decisión, el Presidente podría incurrir en el delito incumplimiento de sus deberes de funcionario público y avanzar un juicio político, y señalaron que para el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Congreso podría recurrir a una moción de censura para desplazarlo de su cargo.
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La controversia se desató luego de que el Ejecutivo promulgara las normas, pero suspendiera su aplicación “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento”, según los decretos 759, 760 y 681 de 2025. La decisión generó una ola de reclamos en los sectores afectados, que advirtieron sobre la gravedad institucional de dejar sin efecto leyes vigentes aprobadas por amplias mayorías legislativas.
En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó para este martes un plenario extraordinario en la Facultad de Derecho de la UBA para definir una acción judicial conjunta.
Universidades en pie de reclamo
El presidente del CIN, Oscar Alpa, confirmó a TN que en el plenario de rectores van “a evaluar el tema legal y hacer una presentación conjunta de todas las universidades nacionales y definir qué tipo de medida judicial” pueden realizar. Además, adelantó que el sistema universitario seguirá “reclamando por el Presupuesto del año que viene, porque son dos temas fundamentales, no solo la ley de este año, sino también el presupuesto para 2026”.
Según el comunicado oficial del organismo, el plenario se realizará desde las 13 en formato híbrido, con participación de todos los rectores del país, y tendrá como eje la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, sancionada por amplia mayoría, dispone la actualización automática del presupuesto universitario según la inflación, recomposición salarial para docentes y no docentes, y la convocatoria a paritarias nacionales.
Sin embargo, la aplicación quedó en suspenso por decisión del Ejecutivo. Para los especialistas consultados, el argumento del financiamiento no tiene sustento legal. “El Presidente no tiene ninguna posibilidad de disponer él la suspensión de la aplicación de las tres leyes, sino que debe avanzar en su implementación”, explicó el constitucionalista Pedro Caminos.
Además, sostuvo que tanto la ley de administración financiera como la de ejecución del presupuesto “son normas generales y anteriores” que no pueden prevalecer sobre las leyes específicas sancionadas este año.
Caminos agregó que las personas o instituciones afectadas, como las universidades, “podrían iniciar acciones judiciales reclamando el pago de sumas de dinero o la ejecución de prestaciones”, e incluso advirtió que “el jefe de Gabinete podría ser objeto de una moción de censura” si el Congreso decide avanzar con ese mecanismo previsto por la Constitución.
Emergencia pediátrica y amparos en el Garrahan
En el Hospital Garrahan, el personal de salud realizó este martes un paro de 24 horas en rechazo a la decisión del Gobierno. “No queremos naturalizar esta noticia porque hoy tenemos una ley promulgada, pero el Gobierno insiste en darle la espalda a un hospital de referencia”, dijo a este medio la nutricionista Norma Lezama.
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“Es muy indignante que haya salido en el Boletín Oficial la promulgación de la ley, pero con una medida que lo suspende”, señaló. “El Poder Ejecutivo tiene que cumplir la ley, el hospital ya no puede esperar más, ya hay 300 profesionales menos, están renunciando terapistas, neonatólogos, cirujanos, todo lo que es emergencia, la gente viene al hospital y si no están los equipos no podemos seguir atendiendo”, advirtió.
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica y busca garantizar recursos para áreas críticas como neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca. Pero el decreto 760/2025 dejó su aplicación supeditada a la aprobación del Presupuesto 2026.
El constitucionalista Mariano Bar sostuvo que “la situación es exactamente igual que la de la ley de emergencia en discapacidad que promulgaron con una especie de inaplicabilidad por falta de fondos. Eso no tiene sustento constitucional alguno”. En su análisis, “el que fija y legisla es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ejecuta leyes. No dice si están bien o si están mal”.
Bar advirtió que la negativa del Ejecutivo “da lugar a mociones de censura y posible remoción del jefe de Gabinete”, y destacó que “la no ejecución implica un exceso en su facultad reglamentaria o de promulgación de las leyes”.
Discapacidad y la nulidad de los decretos
La ley de emergencia en discapacidad fue la primera en quedar bajo la figura de promulgación sin ejecución, un mecanismo que los constitucionalistas califican de “inexistente”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó en su cuenta de X que “el Decreto 681/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable e inconstitucional al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes”.
El especialista subrayó que el artículo 83 de la Constitución es claro: una vez que el Congreso insiste con una ley vetada y alcanza las mayorías necesarias, el Ejecutivo “debe promulgarla, publicarla y aplicarla”. Añadió que el decreto firmado por Milei “lesiona los derechos de las personas con discapacidad” y que cualquier ciudadano puede promover “acciones de amparo, denuncias penales por abuso de autoridad o solicitar un juicio político contra el Presidente por mal desempeño en el cargo”.
En la misma línea, Diego Armesto señaló que la decisión del Ejecutivo constituye “una flagrante violación a los procedimientos constitucionales” y afecta a “sectores vulnerables protegidos por el artículo 75 inciso 23 de la Constitución”. Para el abogado, “el Ejecutivo desoye el mandato de ley y crea esta figura del reveto o veto reload, que va en contra de las cláusulas constitucionales”.
Armesto recordó que en el caso de la ley de discapacidad ya se presentó un amparo colectivo en el juzgado de Campana, y que “las universidades y el Garrahan también van a tener la posibilidad” de recurrir a la Justicia.
Denuncias, citaciones y amenaza de moción de censura
En el plano político, la diputada Cecilia Moreau afirmó que “no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley tal como fue aprobada”. El bloque peronista presentó un proyecto de resolución para exigir la aplicación inmediata de las tres normas. “El Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora novedosos y ridículos argumentos para evadir sus obligaciones”, sostuvo la legisladora.
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El socialista Esteban Paulón amplió una denuncia penal por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” contra Milei; Francos; el ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Las leyes están para cumplirse”, señaló.
Mientras tanto, el Congreso mantiene pendiente la moción de censura contra Francos, dictaminada la semana pasada en comisión por sectores opositores. Si prospera y el Senado acompaña la medida, el jefe de Gabinete deberá dejar su cargo por pérdida de confianza legislativa.
Discapacidad, garrahan, universidades, Congreso de la Nación, Javier Milei
POLITICA
El Gobierno le quita importancia al relanzamiento de Macri y buscará mantener la alianza con el PRO en el Congreso
El Gobierno relativizó la importancia del relanzamiento del PRO que encabezó Mauricio Macri en Parque Norte este jueves. El expresidente aseguró que no boicotearán a la gestión libertaria pero que su partido representa “el próximo paso en la Argentina”. En el Ejecutivo aseguraron que no planean un acercamiento entre Macri y Milei aunque sí apuntarán a mantener la alianza en el Congreso entre ambos partidos.
“Si se desmarcan, pierden ellos. Mauricio quiere estirar para negociar”, dijeron a TN fuentes del gobierno nacional. La estrategia política de La Libertad Avanza será negociar por separado con los dirigentes del PRO en cada distrito sin sentar a la mesa a Macri. La encargada de llevar los contactos con los armadores es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
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En Casa Rosada también creen que las declaraciones de Macri forman parte de una estrategia para mantener la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones. Sin embargo, LLA apuesta a competir con sello propio y con el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, a la cabeza.
La estrategia convive en paralelo con el frente judicial y político que enfrenta Adorni. En distintos despachos oficiales reconocen que las investigaciones sobre la forma en la que pagó un vuelo privado, junto con las denuncias por sus ingresos, gastos y propiedades, generaron ruido interno.
En el Gobierno admiten que la otra opción en carpeta es la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. En Nación insisten en que barajan su postulación para un escenario en el que el ministro coordinador no compita porque estudian su perfil para una eventual candidatura para la vicepresidencia.
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En el Ejecutivo sostienen igualmente que la definición sobre la Ciudad no se tomará en lo inmediato y que dependerá también de cómo evolucione el escenario político en los próximos meses. En el oficialismo aseguran que la prioridad sigue siendo consolidar la estructura de La Libertad Avanza en el distrito y ampliar la base de acuerdos con sectores del PRO que estén dispuestos a jugar por fuera de la conducción de Macri.
“La idea es construir sin intermediarios”, agregan. En la Casa Rosada no planean confrontar con el expresidente porque creen que terminará apoyando las candidaturas que imponga La Libertad Avanza.
Gobierno, Mauricio Macri
POLITICA
“Tiro al facho”: la polémica intervención de una agrupación de izquierda de la UBA en contra de Javier Milei
Un militante libertario denunció este miércoles una intervención de la agrupación estudiantil La Marea (MST-Frente de Izquierda) en la Facultad de Medicina de la UBA, donde se exhibía un dispositivo artesanal de “Tiro al facho”.
El mecanismo consistía en una diana con anillos concéntricos que tenía en su centro la foto del presidente Javier Milei, rodeada por los rostros de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. El joven que filmó la escena acusó a los estudiantes de incitar a la violencia al grito de “Tirale un tiro a Milei”, mientras que el jefe de Estado compartió el video en sus redes con la frase: “Civilización o barbarie. Fin”.
CIVILIZACIÓN Y BARBARIE.
Fin.— Javier Milei (@JMilei) March 19, 2026
Desde la agrupación estudiantil rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el militante libertario fue a “patotear” durante una actividad de reivindicación de “memoria, verdad y justicia” por los más de 140 desaparecidos de esa facultad.
Una de las representantes de La Marea afirmó, tras clavar un dardo en la imagen del presidente: “A los fachos, ni cabida”. Además, vincularon el contexto actual con el pasado al señalar que “hace 50 años, los milicos quisieron cerrar las universidades, y hoy el ajuste de Milei, también”, argumentando que por ese motivo el oficialismo necesita “borrar la historia”.
El episodio incluyó cruces verbales y cánticos como “adonde vayan los iremos a buscar” dirigidos al joven denunciante. Los estudiantes aprovecharon la intervención para convocar a la marcha del 24 de marzo y a una visita guiada a la ESMA con sobrevivientes de la dictadura, reafirmando que su militancia es la “revancha” de los compañeros desaparecidos.
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Entre Ríos: la Justicia Federal apunta a las complicidades en el complot narcocriminal que se habría planeado en una cárcel
La pesquisa sobre el material secuestrado en los allanamientos realizados en la cárcel de Gualeguaychú podrían conducir a las primeras imputaciones en los próximos días. El foco de atención principal es Leonardo Airaldi. El capo narco fue señalado por otros tres presos como autor de un plan criminal. El objetivo era matar al fiscal federal José Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Pero, además, la lupa se posa sobre la actitud de los guardiacárceles. Si los agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos no hubieran hecho la vista gorda, no habría sido posible que Airaldi se convirtiera en el “dueño del pabellón”.
Al igual que los otros 16 procesados y condenados por la Justicia Federal de Entre Ríos, el ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante estaba alojado en el ala “E” de la granja penitenciaria “El Potrero”, ubicada en el sur de la provincia. En el allanamiento al lugar, se encontraron celulares y otros elementos de interés para la causa.
Según los testimonios que llevaron a develar el supuesto complot, allí se hacía lo que él quería. Incluso hay indicios que corroboran que en algún momento hizo ingresar carne a fin de hacer un asado para todo el ala en el que estaba detenido.
“No hay lugar para delincuentes” en las fuerzas de seguridad provinciales, afirmó Roncaglia a Infobae. En caso de que agentes penitenciarios sean imputados, el ministerio a su cargo iniciará acciones. Lo primero es un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. La cadena de complicidades tendría varios eslabones.
El Servicio Penitenciario no pasa por su mejor momento. En diciembre, tres presos se escaparon de la Unidad 1 de Paraná. Salieron caminando y por la puerta principal. A comienzos de 2026, una pelea entre internos de la misma cárcel terminó con un muerto.
Cómo sigue la causa
Airaldi aún no ha sido imputado. Para llegar a ese punto, la Fiscalía Federal a la que se delegó la pesquisa debe terminar de reunir elementos probatorios. Mientras, el Juez Federal de Gualeguaychú que interviene, Hernán Viri, rechazó planteos de nulidad realizados por la abogada del sospechoso principal, Mariana Barbitta.
La letrada pretendía anular todo lo actuado, desde el principio. En el planteo entraban el allanamiento en la cárcel, el secuestro de teléfonos y el acto de apertura de la causa. Ahora, Barbitta puede apelar la decisión de Viri ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.
El acusado está ahora en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Fue luego de que se lo declarara interno “de alto riesgo”. En la semana se lo llevó a Paraná. Tuvo que ser identificado en el juicio que se le sigue por dos causas de narcotráfico.
Durante la indagatoria, que se extendió por varias horas, Airaldi estuvo cara a cara con Candioti. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal”, dijo en un tramo de su exposición. “En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona. Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, agregó.
Cómo se conoció el complot
Otro capo narco, Daniel “Tavi” Celis, y otros dos internos que compartían el pabellón con Airaldi fueron quienes revelaron el plan. Según sus dichos, el principal acusado se habría jactado de haber pagado USD 40 mil a sicarios uruguayos para liquidar a Candioti y Ríos en Punta del Este. A Roncaglia lo eliminaría en Entre Ríos. El lugar y el momento era un recorrido en moto a la quinta de unos amigos donde solía ir los fines de semana.
Los tres detenidos declararon frente al fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, el viernes 20 de febrero. El funcionario pidió al juez Hernán Viri una orden de allanamiento. Horas después, el Escuadrón 56 de Gendarmería entró al pabellón “E”. Dentro de los elementos principales que se incautaron figuran tres celulares. Airaldi habría usado uno de ellos y hasta habría digitado operaciones en el exterior.
Esos teléfonos están siendo peritados. Hay muchos archivos. De la información que contengan pueden aparecer indicios que corroboren o den verosimilitud al esquema criminal. Además, de las imágenes, audios y textos que contienen surgirían nuevas puntas que llevarían a la producción de más pruebas.
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