En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.

Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.

También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.

Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.

“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.

En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.

“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.

El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora

En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.

Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.

Ante el escaso protagonismo de la CGT y de otros dirigentes del PJ en la marcha contra la reforma laboral, el gobernador Axel Kicillof se convirtió este miércoles en prácticamente el único referente peronista que se mezcló entre los manifestantes. En las inmediaciones del Congreso, el flamante jefe del peronismo bonaerense calificó como “una mentira que sea una ley que ayude a los trabajadores informales”.

Kicillof encabezó una columna de su Movimiento Derecho al Futuro (MdF), con el cual buscará iniciar un armado nacional en los próximos meses. “Es el mismo proyecto de (Alfredo) Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, advirtió.

El gobernador bonaerense estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete, entre ellos Carlos Bianco y Andrés Larroque, además de intendentes que siguen su liderazgo, como Mario Secco y Andrés Watson. “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, dijo Kicillof en declaraciones a Radio con Vos.

“Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica”, sostuvo el mandatario bonaerense.

A diferencia de Kicillof y sus seguidores, en la calle para protestar contra la reforma laboral no estuvo Máximo Kirchner. Se sabe que su relación con la cúpula de la CGT, la organización convocante, no es la mejor. En cambio, sí se registró la presencia de una columna de La Cámpora, integrada por militantes juveniles, en medio de la manifestación.

Kicillof, que viene de acordar una lista de unidad con el kirchnerismo para cambiar la conducción del PJ bonaerense, dijo en sus declaraciones que “la evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo”.

“Hay mucho engaño. Han dicho que si se aprueba la ley, los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, concluyó.