La oposición aprobó en la Cámara de Diputados un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos para tratar una nueva resolución que saque de la parálisis a la comisión investigadora del caso $Libra. El plenario deberá dictaminar el próximo martes 12 de agosto.

La comisión investigadora, que quedó empatada en su conformación con 14 diputados alineados con el oficialismo y 14 opositores, nunca pudo elegir a un presidente y, como consecuencia, no comenzó a investigar formalmente la posible estafa en la que quedó envuelto el presidente Javier Milei por promocionar el criptoactivo en sus redes sociales.

El plenario deberá dictaminar un proyecto de resolución, redactado por Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que modifica tres artículos clave del proyecto original: el procedimiento para elegir autoridades, el mecanismo para destrabar empates y el plazo de funcionamiento.

En ese sentido establece que el presidente de la comisión deberá surgir de la mayoría de los votos, pero en caso de empate se nominará al candidato cuyos bloques tengan mayor peso relativo en la Cámara.

Además, redefine el mecanismo de quórum y otorga al presidente la responsabilidad de dirimir cualquier empate en las decisiones futuras. “En caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del Presidente de la Comisión”, plantea el artículo 6.

Según la visión de los libertarios, el plazo de 90 días previsto para la labor de la comisión se ya se cumplió la semana pasada, por lo que no podría volver a reunirse. La Libertad Avanza y sus aliados sostienen que el tiempo de funcionamiento empezó a correr desde la primera reunión, celebrada el 30 de abril, cuando no se logró elegir autoridades. La oposición, en cambio, argumenta que ese período debe comenzar una vez que la comisión esté formalmente constituida y cuente con autoridades, condición que nunca se alcanzó por la paridad en las votaciones.

Cómo logró el Gobierno paralizar la comisión

La comisión creada para investigar la operatoria y los eventuales vínculos políticos y empresariales detrás de la criptomoneda $Libra quedó desde el inicio frenada por las maniobras del oficialismo y la falta de acuerdo sobre la presidencia.

A la hora de redactar el primer proyecto, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal necesitaban garantizar que los espacios más chicos -como la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda- pudieran participar de la comisión para asegurarse una mayoría en el recinto a la hora de la votación. Por eso determinaron que cada bloque con cinco miembros tendría un representante y los espacios con más de cinco podrían reclamar dos. Además, se otorgaría un miembro adicional por cada 20 diputados. Este modelo, detallado en el artículo 3 del texto original, le garantizaba una mayoría a la oposición, encabezada por el peronismo.

Sin embargo, los libertarios y el PRO encontraron la manera de usar la redacción del proyecto a su favor. El PRO, el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos conformaron un nuevo interbloque, que sumó 41 integrantes en total. Por lo que reclamaron cuatro representantes en lugar de tres (Somos Fueguinos abandonaría el interbloque al día siguiente). Lo mismo hizo La Libertad Avanza con el monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Luego, los llamados “radicales con peluca” conformaron su propio bloque (La Liga del Interior) y también reclamaron lugares en la comisión.

Por esta razón, la comisión quedó trabada con un empate técnico: 14 integrantes que querían investigar a fondo a Milei (6 de UxP, 2 de EF, 2 de DpS, 2 de la CC y 2 del FIT/NyP) y otros 14 integrantes que no tenían intenciones de que el tema siga escalando (4 de LLA, 4 PRO/MID, 2 UCR, 2 UCR libertaria y 2 de IF).

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La oposición logró una segunda victoria legislativa en la mega sesión de Diputados con la aprobación del proyecto que declara la emergencia en pediatría. La votación cerró con 159 votos positivos, 67 en contra y 4 abstenciones, lo que representa una mayoría agravada de dos tercios del total que podría tener un impacto significativo si el gobierno nacional decidiera eventualmente vetar la ley.

Al igual que con el financiamiento universitario, la mayoría de los votos positivos los aportaron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. En contra se manifestaron los libertarios, sus aliados del PRO y parte del radicalismo. Una de las principales sorpresas fue el voto positivo de María Eugenia Vidal, quien esta misma tarde se manifestó en contra del acuerdo electoral en CABA entre el PRO y LLA.

La iniciativa, elaborada en medio de la crisis del hospital Garrahan y el conflicto con los residentes, contempla -por dos años- la asignación “prioritaria e inmediata” de recursos presupuestarios al sector, declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención de alta complejidad” y dispone que se garantice “su funcionamiento pleno y sostenido”.

También establece la asignación prioritaria de recursos para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Por otro lado, propone una recomposición inmediata de los salarios del personal de salud -incluidos los residentes-, la cual “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, equiparar las remuneraciones de personal pediátrico (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Pero anualizada esa erogación alcanzaría $133.433 millones.

El informe también aclara, en referencia a la asignación prioritaria de recursos, que “no hay reservas presupuestarias destinadas específicamente a emergencias sanitarias”. Finalmente, la iniciativa incluye la exención en Ganancias para todo el personal, cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa fue el médico y neurocientífico Facundo Manes: “En los hospitales pediátricos como el Garrahan se lucha todos los días con humanidad y ciencia. No se atienden números, se salvan vidas. Debemos entender que la salud ha dejado de ser una lucha simplemente contra la enfermedad. La salud pública está vinculada directamente con el desarrollo económico y humano. Por el contrario, la mala salud pública es un obstáculo para el crecimiento de un país”.

En la misma línea, el peronista Pablo Yedlin, titular de la comisión de Salud en Diputados, alertó sobre la situación del Hospital Garrahan: “Está en peligro la continuidad del hospital, y eso pone en riesgo la salud de los niños de la Argentina. El Garrahan atendió a 355 mil niños de todas las provincias en 2024, atención a los gobernadores, no hay otro lugar para que se los atienda a los casos de alta complejidad, no hay vuelta atrás si esto sale mal”.

El oficialismo se opuso desde un comienzo al proyecto por el costo fiscal. De hecho, desde la Casa Rosada ya adelantaron que lo vetará en su totalidad en caso de que se convierta en ley. “Rechazamos la declaración de emergencia por razones de fondo y forma ya que carece de sustento técnico y promueve el gasto sin control. Va a reforzar burocracias ineficientes que buscan legalizar privilegios sectoriales”, denunció la libertaria Juliana Santillán.

Tanto la declaración de emergencia en pediatría como el aumento del financiamiento universitario ahora pasarán al Senado, donde el peronismo adelantó que planea convocar a sesión lo más rápido posible.