El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo una reunión en Washington para intercambiar información sobre la causa AFA con el organismo equivalente de ese país, la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como la FinCEN (Financial Crime Enforcement Network).

Según explicaron fuentes oficiales a , la intención del titular del organismo encargado de prevenir el lavado de activos fue interiorizarse sobre el caso AFA y entrecruzar datos con la FinCEN, para así estar al tanto de qué información sobre operaciones sospechosas recolectaron en el exterior en esta causa en particular.

Una fuente al tanto del encuentro que sostuvo Paul en la capital norteamericana señaló a que fue “muy positivo”, aunque evitó dar más detalles a raíz de la confidencialidad de la reunión.

Es que los supuestos desmanejos en los fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino no solo son investigados en la Argentina, con distintas causas que tocan a lo más alto del poder de la entidad, sino también en Estados Unidos.

La Justicia norteamericana intervino tras los movimientos de TourProdEnter LLC, una firma desconocida que se convirtió en agente comercial de la AFA y que giró US$42 millones a cuatro sociedades sin empleados ni actividad comercial, tal como reveló .

Mientras tanto, en la Argentina, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, está sospechado de ser el dueño en las sombras de una mansión en Pilar, que la Justicia cree que pudo haber adquirido a través de testaferros. También hay otra investigación que sigue los pasos de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por maniobras con el dólar blue y lavado de dinero.

Desde que asumió en el cargo, en abril de 2025, esta es la primera vez que Starc va al exterior para un viaje de este tipo. La UIF es un organismo autónomo y autárquico, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Según reconstruyó a lo largo de diferentes investigaciones, los intermediarios de la AFA comenzaron a actuar en 2021, aunque algunos indicios muestran que el ida y vuelta de ciertos agentes con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia se retrotrae a 2018.

Los intermediarios usaron Estados Unidos y España como bases de operaciones, y al menos nueve bancos se involucraron en la circulación de los fondos. Es más, parte del dinero pasó por al menos dos paraísos fiscales: Islas Vírgenes Británicas (BVI) y la isla de Guernsey.

En casi todos los casos, los honorarios de esos intermediarios ascendieron al 30% de lo que recaudaran para la AFA, según consta en los contratos que firmaron con la entidad y cuyas copias obtuvo , aunque el servicio que prestaron durante estos años fue mínimo o, incluso, inexistente.

Esta semana ocurrió la primera consecuencia financiera del escándalo que sacude a la AFA: uno de los principales patrocinadores de la entidad resolvió interrumpir el envío de nuevas remesas de dinero a la AFA a través de sus “intermediarios”. Exigió transferirle a la asociación de manera directa y una rendición de cuentas sobre los más de US$9 millones que ya desembolsó, según surge de la documentación que envió a la Argentina cuya copia obtuvo .

“Dada la gravedad de los hechos que ahora se informan públicamente, hemos decidido que ya no podemos seguir enviando fondos a Tourprodenter LLC ni a ningún otro intermediario”, indicó Socios.com, una empresa que patrocina a la AFA desde 2021 y trabaja con más de 80 organizaciones deportivas profesionales en todo el mundo. “Cualquier pago futuro se realizará únicamente de una manera que garantice que los fondos se transfieran directamente a la AFA como legítima titular de los derechos, sin intermediarios”, reclamó.

Noticia en desarrollo

El fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda dictaminó hoy que no corresponde habilitar la feria judicial para tratar la serie de amparos presentados contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno reconfiguró y ensanchó las competencias de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el último día del año pasado.

Fuentes judiciales indicaron que el fiscal Canda se pronunció en el mismo sentido en cada uno de los expedientes en trámite. En uno de los dictámenes, que fue en respuesta a una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal afirmó que levantar la feria judicial para tratar el pedido implicaría resolver cuestiones de fondo que deberían quedar en manos de los jueces naturales.

Ahora, el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa, deberá resolver sobre la totalidad de las presentaciones. Una fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, del Partido Socialista; otra por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; y una tercera por la Fundación Apolo que encabeza Yamil Santoro. Fueron sorteadas en los juzgados 4, 11 y 3.

En el juzgado 3 también tramita una causa vieja que se reactivó con un pedido puntual de la SIDE tras el decreto para que se declare abstracta una cuestión, confiaron fuentes judiciales.

El fiscal Canda resaltó hoy en su dictamen que la habilitación durante la feria es una “medida de excepción y por lo tanto debe acordarse con carácter restrictivo”.

“En ese orden de ideas, las razones de urgencia que autorizan la requerida habilitación son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de verse frustrados determinados derechos”, dijo, circunstancias que, considera, no fueron acreditadas. “Opino que el Tribunal no debería hacer lugar a la habilitación de feria solicitada”, sostuvo.

En contraposición, el CELS sostuvo en su presentación que el asunto en cuestión “no admite demoras”. “Se procura concretar respuestas judiciales urgentes frente a un actuar ilegal e inconstitucional del Poder Ejecutivo Nacional, además de incompatible con los compromisos internacionales asumidos”, dice el texto.

El decreto del Gobierno, firmado el 31 de diciembre último, cuando ya había concluido el período de sesiones extraordinarias, reordena el sistema de inteligencia y ensancha las facultades de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa es el que permite a personal de inteligencia la aprehensión de personas en el desarrollo de sus tareas.

El grupo de abogados liderados por Leopoldo Moreau dijo en su presentación que el nuevo esquema “habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz”.