En vísperas de la llegada a la Argentina del presidente chileno José Antonio Kast, la policía busca al exguerrillero Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien estaba refugiado aquí desde hace quince años, para extraditarlo al país trasandino, donde lo buscan por el crimen del senador derechista Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

Galvarino Sergio Apablaza Guerra vivía en Moreno con su familia, donde lo fue a buscar Interpol a comienzos de esta semana. Los efectivos allanaron su casa, pero no lo encontraron.

La orden de captura de Apablaza Guerra fue firmada por la jueza María Servini, que subroga al juez federal Ariel Lijo, a cargo interinamente del juzgado federal 11, actualmente vacante por la muerte de Claudio Bonadio.

Servini escribió en su orden de detención que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad le informó que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el lunes pasado, 31 de marzo, le denegó el recurso extraordinario federal interpuesto por la Defensoría Pública Coadyuvante de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección de Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación.

Por eso es que “ante la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, resulta inminente su entrega a las autoridades policiales de Interpol Chile, con el objeto de materializarse su traslado” hacia el país vecino.

Así ordenó detener a Galvarino Sergio Apablaza Guerra y allanó su casa de Aime Schiffely 1653, de Moreno, sin hallarlo. La policía, dijeron fuentes policiales a , estaba haciendo operativos durante el fin de semana de Pascua para encontrarlo.

Días antes, los policías de Interpol, de civil, ya habían estado siguiendo los pasos de la mujer y de los hijos de Galvario Apablaza Guerra, en lo que su abogado Rodolfo Yanzón denunció como “una maniobra de hostigamiento”.

“Es que [Javier] Milei quiere hacerle un regalo a Kast cuando llegue el lunes al país, es una persecución porque su condición de refugiado aún está judicializada”, dijo Yanzón a .

En las últimas horas, el ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, ofreció “la suma de veinte millones de pesos, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura” de Apablaza Guerra.

Apablaza Guerra perteneció al izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMN), nacido del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

De 75 años, el exguerrillero llegó a la Argentina en 1993 y tras una breve detención en 2004 ante un pedido formal de Chile, se encuentra en libertad desde 2005.

La Corte Suprema de Justicia llevó adelante el juicio de extradición y lo concedió, pero el Gobierno argentino no lo ejecutó y le concedió en 2005 el estatus de refugiado político, al entender que si lo extraditaban iba a encarcelarlo sin someterlo a un juicio justo.

Cristina Kirchner fue quien sostuvo su estatus de refugiado, pero fue revocado en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.

Con el auxilio de su abogado Yanzón, Apablaza Guerra judicializó esa medida administrativa para intentar mantener el estatus que le permitía seguir en libertad.

Y ahora esa causa está en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, donde fue rechazado el recurso extraordinario planteado.

Por eso es que Yanzon entiende que puede llegar a la Corte mediante una queja por lo que sigue abierta la vía judicial para discutir el estatus de refugiado. Argumenta que no se puede ejecutar la extradición, ya que ese caso fue cerrado con el pedido de refugio.

Según explicó el abogado, la causa por el pedido de extradición, iniciada en 2010, es un procedimiento paralelo y que esa solicitud se cerró tras el otorgamiento del asilo. Cree el abogado que, en todo caso, Chile debería pedir la extradición nuevamente.

Kast es del mismo signo político que Milei. Se replican situaciones cuando Mauricio Macri, en sintonía con el entonces presidente de Chile Sebastián Piñera, le revocó el estatus de refugiado.

En su último viaje a la Argentina, Kast se reunió con Milei y le pidió que Apablaza sea juzgado en Chile.

El crimen por el que Apablaza es acusado de ser el autor intelectual es el del senador Jaime Guzmán, que es el mentor y referente de Kast.

Guzmán fundó la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI) y fue el ideólogo de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura.

Guzmán, de 44 años, murió de un disparo el 1 de abril de 1991, ya en democracia.

CÓRDOBA.- Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, promovieron una investigación penal contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidente y vicepresidente del tribunal, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción”.

En su imputación incluyeron también a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores, funcionarios de esa misma cámara.

Según el dictamen de los fiscales, a mediados del 2023 los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Montesi (Sala A) y Sánchez Torres (Sala B), “habrían acordado manipular la integración del Tribunal” con el fin de intervenir los dos en el caso “Bunge”, de evasión tributaria (compuesto por los expedientes “Padilla” de la Sala A y “Humanes” de la Sala B), “privando así de jurisdicción a los jueces que legalmente debían intervenir por subrogancia”.

La presentación de los fiscales describe que el 24 de julio de 2023, la Cámara recibió la causa “Padilla”, proveniente del juzgado federal de Río Cuarto. Los dos jueces “naturales” de la Sala A, Montesi y Eduardo Ávalos, votaron sucesivamente en el caso y Ávalos derivó el expediente a la Secretaría Penal de la Cámara, a cargo de Olmedo, para “dar lugar al tercer voto”. Correspondía entonces completar la sala con la jueza que subrogaba ese mes, Liliana Navarro, a quien debían remitirle las actuaciones para su análisis, pero eso no se hizo.

El expediente regresó a Montesi (la que había vitado primero), quien “lo habría retenido sin justificación, hasta que el turno de subrogar” fuera de Sánchez Torres.

El 5 de diciembre del 2023, la camarista “resolvió integrar la Sala con el vocal Sánchez Torres, derivándole las actuaciones -sin haber hecho modificaciones en su voto- logrando con dicha maniobra consumar el fin perseguido de infringir la normativa aplicable”, dijeron los fiscales. Y afirmaron: “Esta integración ilegítima habría tenido como objetivo garantizar una resolución en mayoría, la cual tuvo como resultado el dictado de la falta de mérito en favor del imputado Raúl Padilla 18 de diciembre del 2023”.

El otro eje de la acusación es por la causa “Humanes”. Allí, según el escrito, Sánchez Torres “habría decidido integrar la Sala con la jueza Montesi en contra del artículo 5 de la ley 27.439”, que establece cómo deben ser reemplazados los jueces. La secretaria Celina Laje Anaya se negó a instrumentar esa acción por considerarla “ilegal”, consignan los fiscales, que dicen que el juez, “por decreto, habría resuelto la integración ilegítima”.

El 16 de abril de 2024, la camarista Navarro cuestionó formalmente esa integración: señaló la “evidente contradicción” con la normativa vigente y pidió que se dejara sin efecto. Recién después de esa advertencia se reconfiguró la conformación del tribunal y, finalmente, el 24 de julio de 2024, se dictó una resolución con una composición distinta.

Para los fiscales Turano (que firma el dictamen como fiscal de la Procuración General de la Nación) y Hairabedian (fiscal federal general), estos episodios son parte de una conducta deliberada.

El dictamen es explícito al afirmar que existió “una maniobra coordinada” que evidenciaba el acuerdo de los jueces Sánchez Torres y Montesi de intervenir juntos en el caso “en contra de lo que correspondía”. En esa línea, sostienen que la reiteración de episodios “descarta la hipótesis de error” y refuerza la idea de una actuación consciente.

Según la acusación, ellos, con sus maniobras, atentaron “contra reglas directamente vinculadas con la garantía del juez natural y la imparcialidad del tribunal”, al “sustraer el caso del juez que debía intervenir y colocar uno de manera amañada”.

En la acusación aparece como segundo hecho que, desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando” sobre la secretaria Laje Anaya “actos de maltrato, violencia laboral, de manera sistemática, recurrente y sostenida en el tiempo”.

La acusación sostiene que ese accionar apuntó a castigar a la funcionaria por haberse negado a convalidar el esquema irregular de integración de la sala. La mujer, finalmente, abandonó su puesto.

En septiembre pasado Laje Anaya presentó una denuncia contra Sánchez Torres, Montesi y Olmedo por “abuso de autoridad, violencia de género, maltrato laboral y acoso”.

En el tercer hecho de la acusación, los fiscales promovieron una investigación contra el secretario de superintendencia, Gustavo Eduardo Flores, por falso testimonio. Entienden que le habría mentido a la fiscalía, bajo juramento, para encubrir las presuntas presiones que Sánchez Torres ejerció sobre Laje.

Los fiscales que promueven la acción penal solicitan avanzar con la investigación para determinar responsabilidades y establecer si las conductas descriptas constituyeron, efectivamente, un apartamiento deliberado de la ley.