POLITICA
Carolina Losada confirmó que el bloque radical apoyará la reforma laboral y anticipó cambios en la sesión

La senadora nacional de la UCR aseguró que la reforma laboral “sale con modificaciones” y detalló el mecanismo de votación en diálogo con Infobae al Amanecer. También cuestionó el rol de los sindicatos y analizó el impacto para los trabajadores.
En una entrevista emitida por el canal de streaming Infobae en vivo, Carolina Losada, senadora nacional de la Unión Cívica Radical, anticipó: “Creo que sí sale la reforma laboral. La sesión es el miércoles a las once de la mañana y sí sale con modificaciones, eso seguramente”. Losada precisó que las correcciones se harán durante la discusión parlamentaria y no previamente: “Las modificaciones se van a hacer en la misma sesión. No es que se va a hacer una reunión antes o va a volver a comisión, sino que en la misma sesión se van a decir cuáles son las modificaciones y a partir de eso se votará cada uno de los capítulos o por artículo en algún momento”.
En diálogo con el staff de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora radical aclaró la postura del bloque: “Nosotros, por lo menos en el bloque radical, tenemos toda la predisposición para aprobar la ley”. Frente a la consulta sobre la influencia de los gobernadores y el peso de los sectores dialoguistas, sostuvo: “Los gobernadores, por lo general, terminan hablando con sus propios senadores. Más allá de eso, hay todo un bloque que somos nosotros, que de alguna manera estamos mediando, porque Libertad Avanza tiene veinte senadores, nosotros somos diez. Hay otros bloques más chicos que trabajan con el Gobierno porque quieren que las cosas salgan bien, como nosotros. El bloque mayoritario fuera de lo que es la Libertad Avanza y no es el kirchnerismo, somos nosotros”.
Cambios, negociación y rol radical
Losada subrayó que las modificaciones sobre la ley serán “pequeñas y para mejorar” y evitó detallar el contenido para preservar la negociación: “Son todos cambios pequeños y son todos cambios para mejorar la ley. Lo que sí acordamos es no contar cada uno de los cambios, esperar a que las cosas terminen saliendo”. La senadora remarcó su participación en el Consejo de Mayo: “En mi caso, como miembro del Consejo de Mayo, fui parte de esta ley, más allá de que después la ley final la generó el Gobierno”.
Respecto al trasfondo del debate, la legisladora apuntó contra quienes rechazan la reforma: “Había algunos que se oponían desde antes de que se supiera de qué se trataba. Era modernización laboral y ya se oponían y hacían manifestaciones. El prejuicio era con muchos sectores que prefieren el statu quo, que no le sirve a nadie, que evidentemente no funciona, porque si no no tendríamos a la mitad de la población trabajando en negro”. Al recordar su campaña de 2021, Losada reafirmó su posición: “Estoy cien por ciento convencida de que la reforma laboral tiene que generarse. Hay un montón de trabajos hoy que en una ley tan vieja obviamente no están contemplados. Hay muchas cosas absurdas dentro de las leyes, de los estatutos”.
Para la senadora, el objetivo de la reforma es: “Que más personas puedan trabajar con derechos, o sea, registradas”. Defendió además la gradualidad del cambio: “No va a ser de un día para el otro, es algo que va a demorar un tiempo en surtir efecto y tiene que ir acompañado de otras leyes, como las tributarias. Pero es un gran primer paso”.
Impacto sobre trabajadores y pymes
Consultada sobre los beneficios concretos para los trabajadores, Losada destacó: “El beneficio que creo que es uno de los más importantes es la previsibilidad: saber que si el día de mañana la empresa donde trabajás cierra o decide despedirte, tu indemnización vas a saber cómo se calcula. Ahora no va a estar al libre albedrío de los jueces. Además, la empresa donde trabajás tiene un reaseguro, que es el famoso FAL, para hacer frente a este tipo de indemnizaciones”.
La senadora hizo foco en la situación de las pymes: “Hoy si recorrés empresas, te estoy hablando de micropymes, de pymes, locales de ropa, te dicen: ‘Yo tengo contratada acá, trabaja mi familia, porque si contrato a un empleado y me quiere hacer juicio, lo más probable es que tenga que cerrar el negocio y dejo todo mi familia’”.
Sobre los puntos sensibles como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, Losada explicó: “Hoy, de alguna manera, existe informalmente en muchas empresas. Ahora lo que estamos haciendo es ponerlo blanco sobre una ley. Y sobre el tema del fraccionamiento de las vacaciones, exactamente lo mismo. En los dos casos son cuestiones a definir y consensuar entre trabajador y empresario”. Rechazó la idea de una relación asimétrica: “La mayoría de las empresas, las pymes, tienen un delegado sindical en cada una. Ese delegado sindical es el encargado de negociar con los dueños de las empresas por el resto de los empleados”.
Sindicatos, cuotas y oficialismo
El debate se tornó más áspero al abordar el rol sindical. Losada fue tajante: “La mayoría de los que ves son todos millonarios que defienden su propio bolsillo, chicos. Hemos visto, hemos cubierto vos como periodista. Son millonarios que defienden sus propios intereses, su propia quintita, están desesperados por la caja”. Identificó la cuota sindical como un punto clave: “Me parece que es importante que se dé en esta ley algo que sería muy justo: si se le deja la cuota sindical compulsiva, que para mí es algo que se tendría que sacar de plano. Es una de las cajas que tienen, la famosa cuota sindical, que dicen que es solidaria, pero de solidaria no tiene absolutamente nada, porque el trabajador está obligado a poner esa cuota”.
Sobre el equilibrio, afirmó: “Si se le deja esa cuota, lo mismo tiene que ser con las cámaras que trabajan con las empresas. Ley pareja no es rigurosa, tiene que ser igual y no dejar el beneficio para los sindicatos y no para las cámaras”. Y concluyó: “Para mí no tendría que haber en ninguno de los dos casos. Tendría que ser solidario en serio: el que quiera aporte, el que no quiera, no. Eso es libertad”.
Al cierre de la entrevista, Losada se refirió a la oficina de respuesta oficial creada por el presidente Javier Milei: “En un principio me pareció un horror, obviamente, como periodista. Después empecé a leer lo que ponían y la verdad que es como… Ponen su versión sobre las cosas que se publican. Si fuera solamente eso, sin bardeos, sin insultos, la verdad que es una cuenta más de Twitter que te dice… Es como decir al Brock. Lo encuentro así, no le encuentro ni importancia ni relevancia”.
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POLITICA
Denuncian amenazas a legisladores peronistas que apoyen el proyecto de reforma laboral

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, denunció aprietes de cara al debate del proyecto de Ley de Modernización Laboral el próximo miércoles en el Senado. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista (PJ) en sus distritos” sostuvo el salteño en diálogo con Todo Noticias.
“Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, agregó el mandatario provincial. Hasta ahora, los distritos del PJ intervenidos son Misiones, Salta y Jujuy, lo cual tiene al gobernador salteño en cruces públicos con la cúpula del partido encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner.
“Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”, se quejó Sáenz.
En tanto, Córdoba amaneció con pancartas dedicadas a sus senadores nacionales: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, exJuntos por el Cambio y ahora libertarios, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba. Los lugares no fueron casuales: la casa del Frente Cívico, para Juez; la entrada del Nuevocentro Shopping para Álvarez Rivero, y la sede del PJ cordobés en el caso de Vigo.
“Vigo no seas cómplice”, apunta el mensaje. Cerca de la senadora, aseguran desconocer a los responsables del mensaje y niegan las presiones. A lo sumo, reconocen que hay sectores que se le acercan para hacerles saber su posición respecto de la reforma.
Los mensajes contra los senadores y la advertencia de Saénz se dan cuando faltan dos días para que se debate el proyecto de ley en el Senado. Si bien el Gobierno asegura tener los votos para aprobar la iniciativa, hay negociaciones con distintos sectores para reducir el impacto del proyecto en la recaudación de coparticipación de las provincias, como así también para introducir modificaciones en los artículos que atentan contra la representación y la recaudación sindical.
“Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario”, subrayó Gerardo Martínez en Infobae. El secretario general de la Uocra sostuvo que hay puntos del proyecto que buscan “romper el modelo sindical argentino” y “erosionar derechos colectivos”.
el próximo miércoles en el Senado,Partido Justicialista,PJ Partido Justicialista,Gustavo Sáenz,Conforme a,,Operativo de seguridad. El Gobierno desplegará el protocolo antipiquetes por la marcha de la CGT,,Opinión. Barrotes por hogar: una pobre respuesta,,Reforma penal juvenil. El Gobierno vuelve a enviar a Diputados el proyecto y subsana una omisión clave: el costo,Partido Justicialista,,Reunión secreta. Cinco gobernadores peronistas y la CGT trabajan para hacer caer la sesión por la reforma laboral,,»Guapos de cuartel». Sáenz cruzó a Milani por la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy,,Posible impacto en el Senado. Los interventores enviados por Cristina suspendieron a Carolina Moisés y a 300 afiliados de Jujuy
POLITICA
El soldado que se suicidó en Olivos era extorsionado por una banda que operaba en una app de citas

Rodrigo Gómez murió el 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos mientras custodiaba al presidente Javier Milei.
Ese día, se informó oficialmente que este soldado del ejército que cumplía tareas de vigilancia en la casa de la principal autoridad política del país se había quitado la vida. La Justicia ahora pudo confirmar esa hipótesis, pero había algo más.
Según informó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en una inédita conferencia de prensa junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y otras autoridades políticas y castrenses, Gómez fue víctima de una extorsión que muy probablemente actualmente también esté afectando a otros ciudadanos argentinos.
La maniobra, que tuvo un trágico desenlace fatal, se orquestó a través de una aplicación de citas, y tuvo su epílogo esta madrugada con la detención de siete personas, operativos y allanamientos que continúan aún realizándose.

Las alarmas de las autoridades se activaron a partir de una carta que dejó la víctima y la necesidad de determinar qué pasó con una persona que se quitó la vida a metros de donde estaba durmiendo el Presidente.
“La otra finalidad que tiene esta conferencia de prensa es dar a conocer esta nueva modalidad extorsiva y de este modo evitar y prevenir futuros hechos y nuevas víctimas”, precisó Arroyo Salgado este mediodía en un encuentro con periodistas del que también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Defensa, Carlos Presti y el jefe del Ejército, Oscar Zarich.
La extorsión se inicia con la creación de un perfil falso en la aplicación “evermatch” bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo, la aparición de una supuesta “madre alterada” y el “audio del terror”, donde se intima a la víctima -en este caso Rodrigo Gómez- y se lo acusa de “degenerado” por haber entablado una relación virtual con una menor de 17 años.

El próximo eslabón incluyó un llamado de un presunto policía de la Ciudad de Buenos Aires que había tomado conocimiento de la denuncia y el perfeccionamiento de la maniobra extorsiva a través de pedidos de transferencias de dinero.
Para ello, los atacantes usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, quien efectivamente es integrante de la Policía de la Ciudad, pero nunca llamó a Gómez ni investigó un caso de abuso de menores.
Noticia en desarrollo
Adorni,Monteoliva,Arroyo Salgado,Pyme del Delito
POLITICA
El Gobierno vuelve a enviar a Diputados la reforma penal juvenil y subsana una omisión clave: el costo

El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto para su implementación.
El texto, que ingresó esta mañana por la Cámara de Diputados, fija un costo total de $23.739 millones y detalla cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original.
El proyecto mantiene, sin embargo, su núcleo más resistido: la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, aun cuando el consenso parlamentario mayoritario se inclina por fijarla en 14.
Actualmente, un menor de edad puede ser juzgado y condenado a partir de los 16 años.
En la versión presentada en 2024, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se atenderían con los recursos previstos en las leyes de presupuesto y mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. No se precisaban montos ni fuentes específicas de financiamiento.
Ese esquema es similar al utilizado en otras leyes votadas por el Congreso y luego frenadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, cuya aplicación fue suspendida por el presidente Javier Milei bajo el argumento de que no definían con claridad la fuente de los recursos necesarios.
En el nuevo proyecto, en cambio, el Poder Ejecutivo fija un costo total de $23.739.155.303,08 para la implementación de la reforma. De ese total, $3.131.996.784,28 corresponden al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 a la Defensoría General de la Nación.
El Gobierno vuelve a insistir con la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, pese a que la propuesta no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR. En el dictamen que logró avanzar el año pasado -y que servirá de base para el debate de este año- el piso se fijó en 14 años. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del Gobierno como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador.
El texto original, además, preveía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.
También se incorporaron criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios u otros hechos de violencia grave. El dictamen, además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.
El proyecto será tratado este miércoles en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, y el jueves llegará al recinto de Diputados. Está firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
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