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Caso $LIBRA: amplían la “class action” en EEUU y mencionan por primera vez a Karina Milei

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El caso $LIBRA crece en Estados Unidos. Los abogados que representan a los inversores perjudicados por el colapso del criptoactivo ampliaron la demanda colectiva –“class action”- que tramita en Nueva York y pidieron que Hayden Davis y otros protagonistas del escándalo sean enviados a juicio oral y público por jurados, acusados de crimen organizado, estafa e enriquecimiento injusto, entre otros cargos.

¿Y el presidente Javier Milei? No lo incluyeron entre los demandados, pero su apellido aparece mencionado 54 veces, de manera crítica, en el escrito de 110 páginas.

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Firmada por los letrados Max Burwick y Margaret Hoppin, la ampliación de la demanda colectiva incluso menciona a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei, por primera vez en el proceso que tramita ante la Justicia federal en Estados Unidos. ¿Cómo? Al consignar que los registros oficiales muestran que ella autorizó el primer ingreso de Davis a la Casa Rosada, visita que luego se repetiría múltiples veces, y al mencionar frases de Davis sobre cómo controlaba al Presidente a través de ella.

Una y otra vez, además, Burwick y Hoppin destacaron el rol decisivo que tuvo Milei en el escándalo, ya que con su posteo del 14 de febrero pasado llevó a miles de inversores a comprar el memecoin, al mismo tiempo que Davis y otros acusados extrajeron decenas de millones de dólares de la operatoria, a la que caracteriza dentro de la llamada “RICO Act”, en cierto modo equiparable a la figura de la asociación ilícita en la legislación argentina.

Según explicaron los propios letrados, la ampliación de la demanda ante la jueza federal Jeniffer Rochon es “una acción civil RICO en la que una organización coordinada de personas con información privilegiada sobre activos digitales diseñó y operó una infraestructura depredadora para defraudar a los inversores en los mercados financieros descentralizados, también conocidos como ‘mercados de capital de internet’, en la blockchain de Solana”.

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“En el núcleo de esta organización se encuentran dos actores principales: Benjamin Chow, director ejecutivo de Meteora, y Hayden Mark Davis, la imagen pública de Kelsier Ventures”, precisaron Burwick y Hoppin. “Juntos, forjaron una alianza que combinó sofisticación técnica con alcance promocional para el mercado masivo para ejecutar una serie de fraudes calculados”.

El mensaje que publicó y luego borró Javier Milei, promocionando a $LIBRA

Ese alcance promocional se apoyó, a su vez, en el jefe de Estado argentino. “El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron en respuesta al anuncio [por el posteo en la red social X] del presidente Milei”, destacaron los letrados, que remarcaron que, a partir de ese momento, “los demandados y sus asociados comenzaron a extraer sistemáticamente capital de los fondos de lanzamiento y liquidez de $LIBRA”.

Para el abogado, diputado nacional y miembro de la comisión investigadora del Congreso -que no termina de conformarse por un boicot del oficialismo-, Oscar Agost Carreño, la “ampliación de demanda pide aplicar la Ley RICO (de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) que permite perseguir fraudes empresariales coordinados, y además formaliza judicialmente el vínculo entre el token $LIBRA y Javier Milei desde la perspectiva de las víctimas. Aunque no lo acusa como parte de la empresa criminal, lo responsabiliza de inducir la inversión mediante su respaldo público engañoso como Presidente”.

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Burwick y Hoppin, cabe aclarar, no llegaron a afirmar de manera directa y explícita que Milei haya cobrado honorarios o una comisión de Davis, Chow u otros protagonistas de la operatoria, como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Pero en varios tramos del escrito consignaron dichos o mensajes de Davis que iban en ese sentido.

“Según un informe del New York Times, el acusado Davis declaró a los asistentes a la conferencia que ‘tenía control sobre Milei y podía negociar acuerdos’. Según el Times, en un mensaje de audio, por ejemplo, Davis afirmó que podía conseguir ‘todo, desde los tuits de Milei’ hasta ‘todo el papeleo de Milei, básicamente, aparecer en eventos, etc. Tengo control sobre muchos de esos mecanismos”, consignan.

Los letrados de los inversores afectados por $LIBRA tampoco aludieron a las dos transferencias por 499.000 y 507.500 dólares que dispuso Davis en los instantes previos y 42 minutos después de su reunión con el presidente Milei en la Casa Rosada, el 30 de enero pasado, que reconstruyó uno de los expertos informáticos que expuso ante el Congreso en dos oportunidades, Fernando Molina, y que reveló .

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Pero Burwick y Hoppin sí consignaron y hasta incluyeron una captura de pantalla con los mensajes que Davis envió a inversores que conocía en diciembre de 2024, y que reveló el portal especializado CoinDesk100 en los días posteriores al inicio del escándalo. ¿Qué escribió el CEO de Kelsier Ventures? “Le envié dinero a la hermana [de Milei] y él firma todo lo que yo digo y hace lo que yo quiero”.

La jueza Jennifer Louise RochonLinkedin Ben Chow – Getty Images North America

En ese contexto, los letrados solicitaron a la jueza Jennifer Rochon que avance sobre Davis, Chow y otros acusados como presuntos responsables de fraude, conspiración para defraudar, dos violaciones de la RICO Act, actos, prácticas y publicidad engañosos, y enriquecimiento ilícito, disponga un juicio oral por jurados, decomise las ganancias ilícitas a los protagonistas y resarza a los inversores de $LIBRA por los daños y perjuicios sufridos.


Hugo Alconada Mon,Conforme a

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El Gobierno acató un fallo judicial y reactivó las pensiones por invalidez suspendidas en todo el país

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El Gobierno nacional reactivó las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en distintas provincias, luego de un fallo judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer el beneficio a todos los titulares afectados.

La decisión fue formalizada este miércoles a través de la Resolución 13.653, publicada en el Boletín Oficial, en la que el organismo confirmó que cumplirá con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ANDIS s/Acción de Amparo Ley 16.986 c/Cautelar”.

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El texto oficial dispone: “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (…) y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”.

La resolución instruye, además, a notificar a los beneficiarios y a la ANSES para que se reactiven los pagos y se regularicen los haberes retenidos durante los meses que duró la suspensión.

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El fallo del tribunal federal catamarqueño reconoce el carácter colectivo del reclamo, al considerar que las suspensiones afectaron a miles de beneficiarios en todo el país. Por ese motivo, ordenó restituir las pensiones y frenar cualquier tipo de auditoría o revisión hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.

Según la decisión judicial, el objetivo es garantizar la protección de los derechos sociales de las personas con discapacidad y evitar que se interrumpa el cobro de un ingreso que resulta vital para su subsistencia.

El trasfondo del conflicto

En los últimos meses, diferentes organizaciones de personas con discapacidad y defensores del pueblo habían denunciado suspensiones masivas de pensiones sin previo aviso ni evaluación técnica adecuada.

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La resolución también busca evitar que se repitan prácticas administrativas que vulneren los derechos reconocidos por la Ley 22.431 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.

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Agencia Nacional de Discapacidad,fallo judicial,Javier Milei,pensiones por invalidez

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La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.

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El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.

La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.

Autoridades de la UBA (Fotografía: Jaime Olivos)

El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

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Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.

En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.

El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.

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Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.

Una de las manifestaciones en defensa de la educación pública

El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.

Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

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Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

marcha universitaria congreso

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Estos son los documentos son para votar en las elecciones 2025

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Las elecciones 2025 son este domingo 26 de octubre. Durante la jornada, los argentinos se deben acercar a las mesas electorales a emitir su voto. Para hacerlo, hay que entregar documentación válida que las autoridades presentes puedan utilizar para confirmar los datos personales y la identidad.

Este domingo se vota con Boleta Única de PapelIgnacio Amiconi

Tal como informa el Gobierno a través de su sitio oficial, los siguientes tipos de documentos, expedidos por el Estado nacional a lo largo de los años, son válidos para emitir el sufragio en las elecciones legislativas del 26 de octubre:

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Desde la cartera confirman que los documentos que contienen la leyenda “No válido para votar” sí son válidos para sufragar, aunque estas tarjetas no informan de qué tipo de ejemplar de DNI se trata. También se recuerda a los electores que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

Asimismo, desde la cartera oficial advirtieron que no se puede votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.

Qué documentos necesito para ir a votarMartín Zabala – XinHua

Para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para votar, los electores pueden consultar el padrón electoral online siguiendo estos pasos:

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El padrón electoral se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la CNE.

El consultante deberá completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito electoral al que pertenece.

Antes de enviar el formulario, el sistema solicitará la introducción de un código de validación captcha. Una vez completado, se debe hacer click en el botón “Consultar”.

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Instantáneamente, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

La Boleta Única de Papel (BUP) es un modelo de votación que reúne a todos los candidatos en una sola boleta. De esa forma, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación y se elimina la posibilidad de que falten boletas de algún partido.

El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.

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En la cabina de votación, se debe marcar el casillero correspondiente al candidato o lista elegida. Es importante recordar que se debe realizar una sola marca por categoría.

Luego de marcar la preferencia, se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna. Al finalizar, el elector debe firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI.

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