POLITICA
Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un decreto que establece la desvinculación definitiva de la administración pública de Cecilia Torres Otarola, exministra de Familia y Desarrollo Social del exgobernador Mariano Arcioni, tras haber sido condenada por actos de corrupción en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”.
La exfuncionaria recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El caso se centró en la contratación irregular de personal que cobraba haberes del Estado sin cumplir tareas en la administración provincial.
La expulsión de Torres Otarola fue oficializada por decreto y también lleva la firma del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi. Ambos funcionarios fundaron la medida en las conclusiones de un sumario administrativo, en el cual se aplicaron disposiciones del Convenio Colectivo de Salud y la Ley I N.º 74 de Chubut. El texto oficial hace hincapié en que “todo funcionario público” debe contar con “idoneidad técnica y moral” para desempeñar sus funciones en el Estado.
El gobernador Torres fundamentó la decisión en el marco de una política orientada a la transparencia y la ética pública. “Como dijimos desde el primer día de gobierno, no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte del Estado”, afirmó el mandatario provincial, en declaraciones difundidas por la prensa local. Agregó que se trata de un acto de justicia y “una deuda saldada con los principales perjudicados por su accionar: todos los chubutenses”.
“Esto va de la mano con la coherencia que impartimos del día uno. Si nosotros promovemos una ley que establece que tenés que tener Ficha Limpia para ser candidato y funcionario, más allá que sea de un cargo de planta permanente, decidimos avanzar con la exoneración porque no puede haber ningún corrupto en el Estado. Y hay una condena firme por corrupción de una exfuncionaria del Gobierno anterior”, indicó Torres al declarar ante la prensa.
“Me parece que es un acto de justicia para toda la ciudadanía, que ha sido estafada, sobre todo los contribuyentes. Esto quiere decir sacarlos del Estado. Nos sale muy caro a los chubutenses. Ellos, lejos de haberle dedicado algo a la función pública, se dedicaron a robar”, agregó.
En el expediente judicial quedó acreditado que Otarola, como ministra del antecesor de Torres, el entonces gobernador Mariano Arcioni, fue responsable de incorporar personal que no cumplía funciones en el Estado, pero sí percibía sueldos oficiales. La Justicia provincial consideró esta maniobra como una defraudación contra el erario público, afectando de modo grave la imagen tanto del sistema de salud como del Estado provincial en su conjunto.
La investigación había surgido de una denuncia realizada por el contador Martín Sandoval, quien aseguró que la ex titular del ministerioles había pedido parte de los sueldos tanto a él como a dos asesores que habían sido designados por ella, Erica Paludi y Alexis Gangas. Según el Ministerio Público Fiscal de Chubut, las pruebas presentadas habían sido suficientes para acreditar las exacciones ilegales que pesaron en contra de Torres Otarola.
La causa “Ñoquis Calientes” llevó a la imputación y condena de diversos funcionarios de la gestión anterior. El decreto firmado por Torres establece que las acciones probadas “han dañado seriamente la imagen institucional y la confianza de la ciudadanía en la administración pública”, justificando la expulsión definitiva de Torres Otarola de cualquier función dentro del sector público. Con este acto, la entonces funcionaria quedó fuera de la administración.
El gobierno de Javier Milei logró anoche un importante triunfo en el ámbito legislativo. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma laboral, que impactará en el mundo del trabajo en caso de que la próxima semana reciba el último aval del Senado, algo que descuentan en la Casa Rosada.
La Libertad Avanza (LLA) pudo festejar gracias a que se aseguró el apoyo de sus aliados habituales —Pro, UCR y MID— y de un grupo de gobernadores. Fue decisivo el aporte que le dieron, sobre todo, a la hora de conseguir el quorum para iniciar la sesión, los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones)y Raúl Jalil (Catamarca).
El oficialismo pudo aprobar el proyecto de modernización laboral por 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. Esa fue la cosecha que consiguió Milei en el debate en general. Pero el análisis de la votación en particular permite distinguir las diferencias en torno a ejes centrales de la iniciativa que afectará la vida laboral de los argentinos.
Hubo cinco títulos en los que LLA tuvo más dificultades para lograr consensos. En esas votaciones pesaron, ante todo, los alineamientos políticos o la necesidad de los aliados de Milei de desmarcarse de temas sensibles, que impactaban directamente a los sindicatos o determinados sectores, como la creación del fondo para las indemnizaciones; la eliminación del concepto de “ultraactividad”; la derogación del estatuto del periodista; los límites al derecho a huelga; y el desfinanciamiento del Incaa.
El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.
Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.
En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.
Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.
Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.
Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.
Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.
UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.
Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.
Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.
Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.
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El Gobierno de la provincia de Misiones dejó sin efecto la designación de Karina Mabel Acosta como Directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo, luego de que se viralizara un video suyo en Cancún que desató una ola de críticas.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 252, firmado en Posadas el 18 de febrero de 2026, que anula el nombramiento establecido por la resolución N° 219 del 16 de febrero de 2024. El documento lleva la firma del gobernador Hugo Mario Passalacqua y del ministro de Turismo, José María Arrúa. Según informaron fuentes cercanas al Gobierno, la medida fue tomada ya que “no habrá tolerancia con actitudes de este tipo por parte de funcionarios públicos”.
El desplazamiento se produjo luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que se la ve practicando parapente en Cancún, México. En las imágenes, Acosta afirma estar “volando por los aires de México, Cancún, para todos los pobres” y, entre risas, agrega: “Fuera, pobres”.
La ahora exfuncionaria se desempeñaba en el cargo de Directora de Turismo Social, categoría 23 del Agrupamiento Administrativo del Plantel de Cargos del Personal Permanente de la Jurisdicción 14 – Ministerio de Turismo– Unidad de Organización 01, Unidad Superior.
El contenido generó una inmediata reacción negativa en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron tanto el tono como el mensaje del video, en especial al conocerse que quien hablaba ocupaba un cargo público vinculado al área de Turismo Social. “¡La tendrían que esperar con la renuncia redactada y que la firme!”, “Ojo con la caída. Suele ser ruidosa” y “Esta mujer es pobre, pero de cerebro”, fueron algunas de las reacciones más fuertes de los usuarios.
El decreto establece que el instrumento será refrendado por el ministro de Turismo y dispone su registro, comunicación y notificación a las áreas correspondientes, entre ellas el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Coordinación del Sector Público, la Dirección de Liquidaciones de Contaduría General y el Instituto de Previsión Social. Además, se indica que, tras cumplir con los pasos administrativos, el documento será archivado en la Unidad Sectorial de Personal correspondiente.
Karina Acosta, conocida en redes como “KarinaReina7” en TikTok (perfil que actualmente no se encuentra disponible, ya que fue dado de baja), se presentaba como creadora digital de Posadas y “coaching profesional”. En Facebook, también figuraba como presidenta de una asociación denominada Comunidad Solidaria. Su última actividad pública registrada en redes fue el 1° de febrero, durante el lanzamiento de los Carnavales Misioneros.
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