POLITICA
Círculo rojo: las dos velocidades de la economía de Milei, números en rojo y disputas en la Ciudad y la Justicia

En 1974, el economista brasilero Edmar Bacha, uno de los padres del “Plan Real”, acuñó el término “Belindia” para referirse a la situación socioeconómica de ese país. Bacha decía que había una porción selecta de la población que vivía de manera acomodada como las economías más avanzadas de Europa (Bélgica), y otra, mayoritaria, que subsistía con bajos ingresos, como en la India de aquel entonces.
“Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia”, escribió el jueves Javier Milei en su cuenta de X, un extenso mensaje en el que volvió a ratificar el rumbo de su programa económico. Horas antes, el oficialismo había logrado sancionar con cierta holgura -137 votos- las modificaciones a la nueva ley de glaciares con la que el gobierno prevé fomentar inversiones millonarias en ese sector para los próximos años. Solo entre los trece proyectos que se presentaron en el RIGI -seis de ellos ya fueron aprobados- la cifra asciende a los USD41.787 millones. Fuentes del sector aseguraron que en las próximas semanas, Economía debería darle luz verde al proyecto de Glencore, en San Juan, para la extracción de cobre, una inversión en torno a los USD9.500 millones. Después podría aprobarse Vicuña, también en esa provincia, por USD18.000 millones. En los primeros días de mayo, San Juan será sede de la principal exposición minera: los organizadores esperan una nutrida delegación del Ejecutivo que podría incluir a los hermanos Milei.
Junto al agro, los bancos y el sector petrolero-energético, la minería fue uno de los rubros que consolidó el crecimiento de la economía del 4,4% del 2025, uno de los últimos datos del INDEC que le permitió festejar al gobierno. Por el contrario, en febrero, la construcción cayó 0,7% interanual y 1,3% respecto al mes anterior. Es uno de los rubros que mayor emplea, con un impacto inmenso en la actividad y el consumo. El jueves, el organismo estadístico registró además una caída del 8,7% en la industria en comparación con febrero del 2025, con sectores muy castigados como el textil o los automóviles. Hace dos semanas, los ejecutivos de las principales cadenas de supermercados le confirmaron a Luis Caputo, “Toto”, un dato con el que el ministro ya contaba: que la serie histórica de estos dos años de mandato de La Libertad Avanza de ventas arrojó resultados muy negativos. En una reunión anterior con los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA), “Toto” se había mostrado por primera vez inquieto por la competencia global, en especial con China, de los bienes transables, y hasta pidió, inéditamente, que le lleven propuestas.

Esa dualidad en las estadísticas oficiales -economías extractivas con anuncios récord y la construcción, la industria y los servicios en franca caída- tiene su correlato en la economía cotidiana. En el “extremo de la distribución” más castigado se ubica, por ejemplo, el conurbano bonaerense, que sufre las consecuencias del plan asfixiante de la Casa Rosada y el modelo económico. Un intendente del Gran Buenos Aires que administra un municipio ordenado reconoció que, cuando asumió, le daba de comer a 10 mil vecinos y que por estos días ese número se duplicó. En el municipio notaron además un incremento de adultos mayores que piden por esos beneficios.
A principios de semana, un frente de movimientos sociales que hacía rato no coordinaban acciones conjuntas volvieron a cortar accesos a la capital por la baja reciente del programa “Volver al Trabajo”, una reorganización del ex Potenciar Trabajo destinado a trabajadores y trabajadoras de la economía popular no registrados o registrados bajo la categoría del monotributo social entre 18 y 65 años, un universo de casi un millón de personas que desde este mes dejaron de cobrar $78.000. “Es una miseria que alcanza para comprar cuatro kilos de carne y tres garrafas, pero que en una familia que hoy tiene que inventarse tres o cuatro trabajos para intentar llegar a fin de mes -le pasa a los trabajadores formales-, esos $78.000 implicaban planificar al menos una partecita de su vida”, explicó el dirigente Alejandro Gramajo, “Peluca”, de la UTEP, en Infobae al amanecer. De ese casi millón de beneficiarios, 430.824 pertenecían a la provincia de Buenos Aires. “Algunos (del gobierno) nos llaman, pero no pueden decidir nada. Están preocupados. El que conoce el territorio y viene de la política entiende más lo que pasa abajo”, aseguró un referente social.
Era un beneficio, muy retrasado, pero que colaboraba en la dinamización de las economías barriales. A ese recorte se le suman el crecimiento del empleo precarizado y el aumento en la tasa de morosidad que se disparó en bancos, cooperativas, billeteras virtuales y mutuales -Santa Fe prepara un proyecto para morigerar las deudas de los empleados públicos, incluidos los policías- y hasta el recorte en las partidas que el tesoro dejó de enviarle al PAMI y al área de discapacidad a principio de año. Ese freno abrupto ejecutado por “Toto” Caputo y su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, provocó un cimbronazo en los prestadores de la obra social y un potencial deterioro en la atención de sus casi 6 millones de afiliados. Y tensó la alianza implícita entre Mario Lugones, referenciado en Santiago Caputo, y el ministro de Economía. Sandra Pettovello, una ministra con la independencia suficiente para tomar decisiones unilaterales sin cuantificar el impacto interno, comunicó oficialmente en las redes del ministerio de Capital Humano, horas antes de la reunión del miércoles entre la cúpula del PAMI y los prestadores, que ni ese organismo ni discapacidad dependen de ella si no del “Ministerio de Salud”.

El comunicado de la ministra exhibe cómo cruje el sistema de toma de decisiones de los hermanos Milei y el nivel al que escaló la tensión interna entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo, una pelea que se renueva a diario. El lunes, funcionarios de Salud recibieron en el ministerio a integrantes de la Conferencia Episcopal, muy preocupados por “la grave situación que atraviesan diversas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas con discapacidad”. Se propuso, en teoría, un espacio de diálogo permanente. Pero la conversación estuvo signada por una percepción que se llevaron los asistentes de la CEA cuando finalizó el encuentro: “La sensación es que son tipos que no saben si están mañana”, opinó uno de ellos.
La preocupación por la situación socioeconómica de los sectores más desprotegidos tiene algo de penetración en algunos sectores del gabinete, atravesado por esa disputa feroz y a cielo abierto que se potenció con el escándalo en torno a Manuel Adorni, cuya permanencia como jefe de ministros es cada vez más insoportable para casi todos sus compañeros con excepción del presidente y Karina Milei, dispuesta a sostenerlo hasta que, como deslizaron desde un ministerio, “caiga por su propio peso”. Los legisladores libertarios también están inquietos por la cita que el jefe de Gabinete tiene programada para fin de mes en Diputados para brindar su primer informe de gestión. Será interesante ver de qué manera Adorni se enfrentará a un recinto deseoso de escucharlo después del levantamiento del secreto fiscal y bancario del matrimonio y la sociedad que comparte el funcionario con Bettina Angeletti, y de semanas en las que desfilarán por los tribunales de Comodoro Py las prestamistas de los departamentos de Parque Chacabuco y Caballito y uno de los hijos de una de ellas; el contratista que realizó las refacciones de la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y su anterior dueño, de apellido Cosentino; el encargado del edificio de la calle Miró al 500, los dueños de la inmobiliaria que comercializó las propiedades, y tras el paso estelar de la escribana Adriana Novechenko por la fiscalía de Gerardo Pollicita y la entrevista exclusiva que le concedió a Infobae a la mañana. Adorni puede aducir frente a los diputados, que quieren interpelarlo por la investigación por enriquecimiento ilícito que tramita el juez Ariel Lijo, que son “apenas legisladores”. Lo cierto es que fuentes judiciales confiaron en que, días atrás, habría existido un intento infructuoso de un operador para comunicar al ministro coordinador con uno de los funcionarios a cargo de esa investigación. La defensa pública y privada del jefe de ministros es por espasmos. No hay estrategia.
“Él (Adorni) está muy tocado, personalmente, en su familia. Dejemos que la Justicia hable, mientras tanto el presidente tomó una decisión: mantenerlo en el cargo”, resaltó el viernes en Córdoba Patricia Bullrich. Dentro del gabinete se menciona a Federico Sturzenegger, “El Coloso”, de muy buen vínculo con Milei y también con su hermana, como potencial reemplazo si es que el presidente, y en particular Karina Milei, dejan caer al funcionario.

Números rojos, calendario incierto. El ministro de Desregulación es uno de los ejecutores predilectos del presidente del plan de ajuste y motosierra cuya implementación está delegada en el ministro Caputo. La caída en la actividad tiene repercusiones serias en las provincias y en los municipios. En Buenos Aires, por ejemplo, la disminución de los recursos coparticipables alcanzó para los jefes comunales en el primer trimestre del año el 17%. “Una de las metas que nos propusimos este año, que es el ahorro, no la estamos pudiendo cumplir”, abundaron desde una intendencia peronista. La preocupación es grande porque parte de ese ahorro, explicaron por lo bajo, es fundamental para encarar la próxima campaña electoral. La ansiedad es todavía mayor porque en territorio bonaerense ya se empezó a especular con la posibilidad de desdoblar el calendario electoral y adelantar las elecciones al primer trimestre del 2027, apenas pasado el verano.
Es solo una hipótesis dentro del desorden en el sistema político y la incógnita por el futuro de las primarias abiertas, cuya eliminación o suspensión pueden alterar otra vez los planes. Axel Kicillof, lanzado definitivamente en su propio proyecto presidencial -incluso dentro de La Cámpora descuentan que sería el candidato-, espera que Diego Santilli, también a la espera de ser ungido como el postulante libertario en la provincia de Buenos Aires, envíe próximamente al Congreso el proyecto de eliminación de las PASO con el que el oficialismo buscará negociar con los aliados para tratar de, al menos, suspender esa instancia electoral. Para eso, el ministro del Interior está a punto de designar de manera oficial a su “director de reforma electoral”, un colaborador estrecho que ya trabaja en el tema.
La suspensión de las primarias abre, de cara al próximo año, un escenario completamente incierto a la hora de dilucidar cómo van a resolverse las candidaturas. La oferta electoral puede volverse, en ese sentido, mucho más atomizada. Es una preocupación también para Cristina Kirchner, que sigue con el diálogo roto con el gobernador. A la expresidenta primero la desasosiega, de todos modos, su propia situación y el encierro en San José 1111, más allá de que quienes la visitaron en estas semanas la vieron con fuerza. Sí notaron cierto desencantado con algunos dirigentes de su confianza, según ella, algo desenfocados. Le han llevado, algunos de ellos, propuestas disparatadas. Por ejemplo, forzar en una hipotética mesa de negociación con el gobierno por los pliegos en el Senado un posible indulto.

En la Ciudad de Buenos Aires, los números también empezaron a mostrar algunas luces rojas en el tablero de Jorge Macri. Ingresos brutos, que representa el 80% de la recaudación y es el primer termómetro de la actividad, cayó 7% interanual en febrero, aunque la baja llega al 12% si se suma la intermediación financiera. En las próximas semanas, el jefe de Gobierno oficializará formalmente su adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) que se extendió por 60 días, según el decreto 171 publicado el mes pasado, y que faculta a la Nación, las provincias y la Capital a dirimir deudas cruzadas. Fuentes del PRO aclararon, sin embargo, que esas futuras negociaciones no contemplan el reclamo por la coparticipación: la Ciudad mantiene en la Corte Suprema un litigio por USD6.000 millones que la Nación le adeuda a la administración porteña desde el 2020, en plena pandemia de COVID-19, además de unos $700.000 millones que Milei le debe a Macri desde julio del 2025. Fuentes de la Ciudad agregaron que el jefe de Gobierno planea salir a los mercados con aval de “Toto” Caputo.
El vínculo entre el PRO de la capital y La Libertad Avanza acumula avances y retrocesos, como el Juego de la Oca. El jefe de Gobierno ya avisó puertas adentro lo obvio: intentará ser reelecto. Adelantar el calendario electoral también es una opción que se analiza en Uspallata, a la espera de que el Congreso decrete el futuro de las PASO: sin primarias nacionales tampoco habrá internas locales.
Macri está entusiasmado con las encuestas que arrojan una mejor percepción en la gestión por parte de los porteños, a pesar de que esa mejoría no tiene correlato en su imagen. “Todavía nos pasan la factura de los primeros meses de la gestión”, señaló un colaborador del jefe de gobierno. Esas facturas tienen que ver, principalmente, con el espacio público, en particular con la basura. Por eso hubo cambios recientes en el área, y avanza un plan mucho más duro en el contrato con las empresas recolectoras. Una señal de alerta para Hugo y Pablo Moyano, que se reconciliaron a pesar de que el segundo sigue con su disputa interna contra Liliana Zulet. También se habrían suavizado los vínculos con Marcelo Aparicio, “Feucho”, uno de los históricos negociadores con la administración porteña. Incluso se habla de que hubo una recomposición en la relación de la cúpula camionera con Claudio Tapia, “Chiqui”, con problemas en la Justicia por los negocios de la AFA y enfrentado con un sector del gobierno. A propósito, el jefe del fútbol local sabe que ese sector de LLA en cuestión proyecta avanzar sobre la AFA y que ese plan en ejecución contempla como postulante a reemplazarlo a un exitoso expresidente de uno de los clubes más grandes.

La capital y el Poder Judicial. Para esa reestructuración de la gestión de la Capital por parte de Macri fueron fundamentales las gestiones de Daniel Angelici, “El Tano”, “el hombre del momento”, según lo define un funcionario: administra parte del gabinete, controla la gestión, tiene una influencia decisiva en la Justicia y en la Legislatura, y es el nexo entre los Macri, cuyo vínculo es históricamente oscilante.
Angelici piensa en el 2027. Dicen que fue él quien propició un eventual encuentro reciente entre el jefe de gobierno y Horacio Rodríguez Larreta, confirmado desde Uspallata y negado por voceros del ex jefe de gobierno. El futuro del legislador desvela a Macri porque cualquier intento de reelección por parte de éste depende primero de la suerte de Milei y después de la oferta electoral. Una postulación de Rodríguez Larreta por fuera del PRO puede complicarlo: lo comprueba el antecedente del 2025. Por eso se explora la necesidad de forzar una interna, aunque aún es una incógnita qué pasará con las primarias.
Cerca del ex jefe de gobierno dicen rechazar esa posibilidad. Incluso ven con mejores ojos la opción de converger en un frente anti-Milei con sectores del peronismo. De hecho, hay conversaciones muy fluidas en ese sentido. “No lo vemos imposible, para nada”, certificó un integrante del staff larretista. Es clave el rol de Juan Manuel Olmos. También la decisión que, en ese hipotético escenario, tome La Cámpora, en cabeza de Mariano Recalde.
El PJ porteño planea renovar autoridades en el último trimestre del año. Coincide con la renovación de 18 de los 20 miembros del Consejo de la Magistratura, que esta semana volvió a ser una caja de resonancia de la disputa que sobrevuela al Poder Judicial por el desembarco de Juan Bautista Mahiques, la disputa interna en la Corte Suprema y el nuevo reglamento de selección de jueces que expuso esa pelea. Desde el consejo resaltaron que de los 67 pliegos enviados por el Ejecuto al Senado, más del 60% se resolvieron desde que Horacio Rosatti preside el órgano. Es un dato que moviliza a Ricardo Lorenzetti y a Carlos Rosenkrantz, aliados transitorios, que reclaman celeridad en el tratamiento del proyecto que impulsaron desde el tribunal. El jueves, en el plenario de comisiones, Rosatti pidió tiempo para el tratamiento. Más audaz fue Santiago Viola, el representante del Ejecutivo: “No sé por qué hay una ansiedad tan grande”, dijo. Viola es Karina Milei. Esos movimientos cruzados tienen impacto directo en las investigaciones que se tramitan en Comodoro Py.

El Consejo de la Magistratura es un órgano codiciado. Cuando Milei se hizo cargo del gobierno, Mauricio Macri había pedido designar a un colaborador suyo como el representante del gobierno. El expresidente todavía creía que podía influir en la gestión presidencial. Perdió rápidamente las esperanzas. El que ahora quiere expandir sus influencias y llegar hasta ese lugar es Angelici: impulsa a Juan Pablo Mas Velez.
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POLITICA
Interna en la Embajada argentina en España: un funcionario dijo que le quitaron la oficina y lanzó fuertes acusaciones

La Embajada argentina en España quedó envuelta en un conflicto interno que combina decisiones administrativas, diferencias de criterio en la gestión y un trasfondo político que terminó por escalar la tensión entre dos de sus principales funcionarios. El episodio que hizo visible la disputa fue la decisión del embajador Wenceslao Bunge Saravia de retirarle el despacho dentro de la sede diplomática al agregado para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Alejandro Nimo, quien además posee rango de consejero de Embajada y cónsul general.
La medida, según pudo confirmar Infobae, se concretó en las oficinas que la Argentina alquila en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde ese edificio, donde trabajan más de 40 empleados, se articula la representación diplomática, consular y comercial del país ante España, con un foco particular en la atracción de inversiones y el fortalecimiento del vínculo bilateral.
Pero en la Embajada, según pudo confirmar Infobae, ese semana se transmitió por un memo interno enviado por correo electrónico oficial a todo el personal, que la estructura iba a reducirse, debido a que no se renovaría el alquiler de un piso donde funcionaba el Consulado General.
Por ese achique, y de acuerdo a esa comunicación, las oficinas administrativas iban a ser redistribuidas entre las que tenían asignadas el personal. Las autoridades administrativas de la representación diplomática argentina explicaron, entonces, que iba a procederse a una mudanza y a reubicar y compartir las oficinas entre el personal.
Sin embargo, lo que en términos formales puede ser leído como una reconfiguración interna de espacios y funciones derivó rápidamente en un conflicto de mayor alcance cuando Nimo decidió hacer pública la situación a través de su cuenta en la red social X. Allí denunció que había sufrido el desalojo dentro de la embajada y aclaró que no se trataba de un desplazamiento del cargo, sino de la quita del despacho desde el cual desarrollaba su actividad.
“Quiero aclarar que no se trata de que me hayan desplazado del cargo, sino que simplemente, por decisión del embajador Bunge, me han quitado el despacho en la que trabajaba y atendía a los empresarios que invierten en Argentina”, escribió. En ese mismo mensaje, sostuvo que ese espacio “se había convertido en un símbolo y un sitio de convergencia” de quienes apoyan las ideas del presidente Javier Milei en España.
El posteo avanzó más allá de la descripción del hecho y planteó una interpretación política de la decisión. Nimo señaló que en su despacho había un cuadro con la imagen del Presidente, además de otros elementos vinculados a lo que definió como la “batalla cultural”, y sugirió que ese perfil generaba incomodidad dentro de la estructura diplomática. En ese contexto, hizo referencia a sectores que identificó como parte de la “casta diplomática” y cuestionó el alineamiento del embajador con las premisas del gobierno.
“Me preocupa su falta de compromiso con el achicamiento del Estado y el cumplimiento de las premisas de responsabilidad fiscal que pregona nuestro Presidente”, afirmó. También indicó que había intentado acercarle propuestas para reducir el gasto de la embajada, sin éxito. “Deshacerse de mi oficina no fue deshacerse de mí. Fue deshacerse de un símbolo”, agregó, en un mensaje que combinó la denuncia operativa con una impugnación política.

La reacción pública de Nimo convirtió un episodio interno en un conflicto expuesto, con derivaciones que exceden lo estrictamente administrativo. Sin embargo, según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes con conocimiento de la situación, la decisión del embajador se inscribe en una tensión previa que venía acumulándose desde hace meses.
Nimo, identificado con el ideario libertario y discípulo del economista español Jesús Huerta de Soto, había desarrollado en Madrid una agenda propia de reuniones con empresarios y actores del sector privado, con el objetivo de promover inversiones hacia la Argentina. En ese marco, mantuvo contactos con compañías del sector alimentario y ferroviario, con promesas de canalización de capitales en línea con el programa económico del gobierno, por más de 2.500 millones de euros.
Esa actividad, sin embargo, se desplegó en paralelo a la agenda institucional de la embajada, lo que generó fricciones en el funcionamiento interno. La superposición de interlocutores y la autonomía en la gestión de reuniones y compromisos comenzaron a marcar diferencias en la forma de encarar la promoción económica desde la representación argentina en España.
El punto que terminó de escalar el conflicto fue, según la versión que trascendió, sería una entrevista que Nimo concedió recientemente a un influencer en redes sociales. En ese diálogo, defendió la política de austeridad fiscal del gobierno argentino, reivindicó la “batalla cultural” contra el socialismo y formuló críticas al gobierno de Pedro Sánchez.
Esa intervención, de acuerdo con esa reconstrucción, elevó el nivel de tensión dentro de la embajada y actuó como catalizador de una decisión que ya se venía evaluando. En el plano diplomático, las expresiones públicas de funcionarios sobre la política interna del país anfitrión suelen ser un factor sensible, especialmente cuando se producen desde posiciones con representación oficial.
La figura de Bunge Saravia permite entender el encuadre desde el cual se tomó la decisión. Con una extensa trayectoria en el sistema financiero internacional —incluyendo casi tres décadas en Credit Suisse y posiciones de liderazgo en la firma Jones Lang LaSalle—, el embajador llegó a Madrid con un perfil técnico y un mandato centrado en la atracción de inversiones, la expansión del comercio bilateral y la articulación con el sector empresarial.

Antes de asumir en España, desarrolló su carrera en plazas como Nueva York, San Pablo y Londres, ocupando cargos vinculados a banca de inversión y mercados de capitales. Esa experiencia fue presentada como un activo para una gestión orientada a resultados concretos en materia económica, en línea con las prioridades del gobierno argentino.
En ese esquema, la coordinación institucional y la centralización de la interlocución con inversores aparecen como elementos relevantes. La coexistencia de esa lógica con una agenda paralela, de fuerte impronta política y exposición pública, configuró un escenario de fricción que terminó de materializarse en la reconfiguración del espacio de trabajo dentro de la embajada.
En paralelo al conflicto, Nimo avanzó en una redefinición de su dinámica operativa. Según pudo saber este medio, alquiló una oficina propia en el barrio de Chamberí, también en Madrid, desde donde prevé continuar con su actividad vinculada a la promoción de inversiones. En ese mismo sentido, transmitió en reserva que no tiene previsto volver a trabajar desde la sede diplomática.
Ese movimiento introduce un elemento adicional en la situación: aunque formalmente mantiene su cargo dentro de la estructura estatal, su funcionamiento se desplaza hacia un esquema externo a la embajada, lo que abre interrogantes sobre la articulación institucional de sus funciones y el modo en que se canalizarán eventuales gestiones con empresas e inversores.
La embajada en España ocupa un lugar estratégico dentro del esquema de relaciones internacionales de la Argentina. España es uno de los principales socios comerciales en Europa y un origen relevante de inversiones en sectores clave de la economía. En ese contexto, la representación diplomática tiene un rol central en la articulación con el sector privado y en la promoción de oportunidades de negocio.
La disputa entre Bunge Saravia y Nimo deja expuestas dos aproximaciones distintas a esa tarea. Por un lado, una lógica institucional, centrada en la coordinación y en la gestión ordenada de la agenda económica. Por otro, una estrategia con mayor énfasis en la proyección política e ideológica, que busca amplificar en el exterior las definiciones del gobierno en materia de discurso y posicionamiento.
Por ahora, el conflicto no derivó en cambios formales en la estructura de la embajada ni en la situación laboral de los funcionarios involucrados. Nimo continúa en su cargo, aunque con una modalidad de trabajo diferente, mientras que la Cancillería sigue de cerca la evolución del caso.
El desenlace dependerá de la capacidad de reencauzar la relación dentro de parámetros institucionales o, eventualmente, de una decisión política que redefina roles y funciones en una de las sedes diplomáticas más relevantes para la estrategia económica del gobierno argentino. En el corto plazo, el episodio ya dejó una señal clara: la interna en la embajada en Madrid trascendió los despachos y se convirtió en un conflicto con exposición pública y derivaciones políticas.
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POLITICA
Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa

Desde las cuentas que el Sindicato de Camioneros y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos creados hace poco más de un año y vinculados a Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano y la administradora del holding de empresas que orbitan alrededor del gremio.
Los giros de dinero se concretaron entre el 5 y el 17 de septiembre de 2025, casi en paralelo a cuando comenzó a tomar fuerza la posibilidad de llamar a convocatoria de acreedores a la obra social, la viga maestra de los negocios del imperio camionero. Además, las transferencias se dieron un mes después de activarse en la Justicia una causa por un presunto fraude millonario en el manejo de fondos de un hotel que el sindicato tiene en Mar del Plata.
Las primeras dos de las cinco operaciones que activaron alarmas internas en el sindicato se concretaron el 5 de septiembre, según los detalles de las transacciones a los que accedió . Una fue de casi $50 millones con destino al fideicomiso Thoth y otra fue de más de $90 millones para Arturo Roberto Sodini, un comisario retirado que en 2008 se asoció a Moyano en la creación de una empresa llamada Organización de Seguridad Las Marías SA. Al poco tiempo de vincularse con el jefe camionero, Sodini fue designado como director de Transporte de Cargas del gobierno bonaerense que por entonces encabezaba Daniel Scioli, hoy funcionario libertario. Sodini no respondió el viernes a los llamados de .
La tercera de las operaciones se concretó el 9 de septiembre y fue por $147 millones con destino a un fideicomiso llamado Khasis. El dinero salió de la cuenta del sindicato. Las últimas dos transferencias fueron giradas desde la cuenta de la obra social. El 16 de septiembre se enviaron casi $30 millones a un fideicomiso llamado Dhanvantari. Al día siguiente, hubo un nuevo depósito, pero de casi $590 millones. Dhanvantari es el dios hindú de la medicina, el rubro que le abrió hace décadas las puertas de los grandes negocios a Zulet. Ni ella ni Moyano respondieron a la consulta de .
Dos de los tres fideicomisos se registraron el mismo día (1° de noviembre de 2024) mientras que el restante lo hizo al mes siguiente, el 1° de diciembre de 2024. Pero lo más sugestivo es el domicilio fiscal: los tres lo situaron en la avenida Belgrano 1255, donde están las oficinas de las empresas Iarai (de salud y asistencia), Aconra (una constructora) y Dixey (dedicada a la industria textil). Se trata de las históricas compañías que integran el holding que encabeza Zulet y que encadenó ganancias extraordinarias a pesar de tener a un solo cliente: el gremio de los camioneros. En las tres sociedades figura contratado a sueldo Jerónimo Moyano, el hijo de 26 años que tienen Zulet y el sindicalista.
Iarai, que es la que administra la obra social, no tiene hoy casi deuda con el sistema financiero. Pero Aconra (la constructora) y Dixey (la de industria textil), también manejadas por Zulet y sus hijos, arrastran un pasivo de $47.000.000 y de $2.309.000, respectivamente.
Desde hace años, en los directorios de estas empresas se alternan roles Zulet con dos hijos que tuvo de otros matrimonios: Valeria Alejandra Salerno (45 años) y Juan Noriega Zuleta (39 años). El 21 de noviembre de 2016 ambos ingresaron al blanqueo de capitales US$ 1.100.000 provenientes de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF). La investigación de la UIF, publicada por entonces por , reveló además que las sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron seis casaquintas en Parque Leloir, una zona a la que el jefe camionero solía frecuentar hasta que hace unos años decidió alquilar una casa en el exclusivo country Abril, en Hudson, según fuentes que conocen la dinámica familiar de uno de los sindicalistas más poderosos del país.
Según fuentes que conocen los movimientos de dinero del Sindicato de Camioneros, las transferencias al fideicoimiso Khasis tendrían como destino final Aconra, mientras que los fondos girados a Thoth irían a la textil Dixey. Los millones de pesos derivados a Dhanvantari terminarían en Iarai, la administradora de la obra social de camioneros que fue creada en 2003, en plena expansión del poder gremial y económico de Moyano, y que hoy está atraviesa por una crisis financiera asfixiante, con una deuda que rondaría los $60.000 millones, según fuentes sindicales. “Las transferencias de dinero a estos fideicomisos o a estas empresas de Zulet son habituales, se hacen todos los meses” dijo en reserva un histórico dirigente moyanista que sospecha de un presunto vaciamiento de las cuentas del sindicato.
Por los negociados con las empresas de Zulet, Moyano fue denunciado en 2010 por la actual legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostiene desde entonces y hasta la actualidad que la familia se enriqueció desviando fondos del sindicato a esas empresas para usufructo propio. Al expediente judicial lo tuvo sin avances el fallecido juez Claudio Bonadio y siguió después en la oficina de Julián Ercolini, tal vez con destino de archivo.
El único frente judicial abierto para Moyano transcurre hoy en Mar del Plata y es a partir de una denuncia promovida por su aliado Héctor “Yoyo” Maldonado, una suerte de mano derecha con quien administró codo a codo el Club Atlético Independiente en sus tiempos de gestor deportivo. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en suspenso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. En caso de que eso suceda, la denuncia de Maldonado podría volverse en contra de los intereses de su jefe, que debería eventualmente exhibir los libros contables del gremio y no solo la contaduría del hotel marplatense. “No pueden justificar gastos. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a una fuente con acceso al expediente judicial, que está a cargo del fiscal Carlos David Bruna y de la jueza Lucrecia María Bustos. Por este caso, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa.
Moyano y Zulet podrían jactarse de tener un polirubro de empresas. Administran desde una prestadora médica y una constructora a una fábrica textil y una aseguradora. También influyen en una transportista y en una agencia de seguridad. La preocupación del matrimonio que hace negocios con el sindicato de camioneros no pasa hoy por lo judicial sino por mantener en pie el imperio, sobre todo, la obra social.
La deuda de la obra social solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza a febrero de este año los $32.400.067 millones, según las planillas de la Federación Nacional de Camioneros a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $60.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. Para auxiliarla, Moyano recurrió a la ayuda de los empresarios. Desde hace más de un año, se acuerda en paritarias un aporte empresarial mensual que va directamente a la caja de la obra social del gremio. El monto es hoy de $25.000 por cada trabajador registrado. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.
Ni siquiera este salvavidas empresarial les permitió a Moyano y Zulet sostener los servicios de la obra social. De los cinco sanatorios que tienen en Buenos Aires, solo el de San Justo está en pleno funcionamiento. Además, se suspendieron beneficios en los descuentos en los medicamentos, los afiliados tienen que pagar un coseguro para realizarse estudios y los salarios del personal y de los médicos no se pagan en tiempo y forma, según informaron fuentes de Oschoca. Zulet fue blanco de los reclamos internos el año pasado, cuando el conflicto alcanzó su cima de tensión por un paro en las clínicas del gremio.
Enfrentado a Zulet, Pablo Moyano, secretario adjunto y virtual número dos del gremio, renunció por carta hace dos años al directorio de la obra social. Responsabiliza directamente a la esposa de su padre por el déficit de la prestadora médica. Además, habría manifestado su rechazo a la venta de propiedades del gremio para solventar la crisis de Oschoca. Se trataría de una reciente operación inmobiliaria por un inmueble del gremio en la avenida Independencia.
Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable. Ese botín, más otros negocios que orbitan alrededor del sindicato, son motivo de disputa entre los herederos del patriarca, que a los 82 años no piensa todavía en el retiro.
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POLITICA
Nahuel Gallo corre en Vicente López para pedir por los presos políticos extranjeros en Venezuela: «Todavía me siento encerrado»

El gendarme argentino Nahuel Gallo corre una carrera en Vicente López para pedir por los presos políticos extranjeros que siguen en Venezuela.
A poco más de un mes de su liberación y vuelta al país, este domingo Gallo participa de la carrera de 10 kilómetros Supernova. En la previa, le contó a TN que se dedica al running desde el 2015 y que desde entonces no paró.
“Vuelvo a correr después de un largo tiempo. Mi última carrera fue en Mendoza en 2024, pero hoy corro por los presos políticos en Venezuela, mi petición es la misma de siempre”, aseguró el gendarme en diálogo con TN.
Al mismo tiempo, habló sobre su situación actual. “Todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no voy a estar tranquilo”, sostuvo.
El gendarme argentino que pasó 448 días detenido en el país caribeño por orden del chavismo también hizo mención al duro momento que atravesó. “Perder injustamente la libertad por algo que no hiciste es feo, no tiene nombre ni explicación”, resaltó.
Sin embargo, rescató la vuelta a la Argentina. “Volver a recuperar la libertad no tiene precio, saber que estoy en mi país, en mi tierra, con mis seres queridos, es lo mejor que me pasó”, añadió.
Leé también: Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Nahuel Gallo, el gendarme que pasó más de 400 días preso en Venezuela
Pese a su situación actual, Gallo no dejó de pedir por sus compañeros detenidos. “Hoy hay 23 presos extranjeros. Mi intención es que se siga luchando porque la situación sigue siendo la misma así que la lucha sigue”, aseguró.
Sobre el final, el gendarme lamentó la situación actual sobre el pedido por los detenidos. “Venezuela se ha apagado porque hay conflictos en otros países y quedó a la izquierda. Lamentablemente esa esperanza de salida quedó muy nula”, concluyó.
El miércoles pasado, Javier Milei recibió en la Casa Rosada a Nahuel Gallo. El encuentro, que se celebró en el despacho presidencial, fue el primer cara a cara entre ambos.
También estuvieron presentes el jefe de Gendarmería, Claudio Brilloni, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno, y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Se trata del grupo del Gobierno que había recibido al gendarme en el Aeropuerto de Ezeiza a su regreso.
Nahuel Gallo, carrera, Maratón, presos políticos, Venezuela
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