El Gobierno resolvió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil, una discusión sensible que ya atravesó el Congreso en los últimos dos años, pero quedó inconclusa. Según informaron en Casa Rosada, el oficialismo aspira a insistir con su proyecto original para reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Ese texto, que perdió estado parlamentario y deberá ser presentado nuevamente, preveía una pena máxima de hasta 20 años de prisión para los menores condenados.

El debate no es nuevo. La encargada de motorizarlo en Diputados fue Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y aliada de Patricia Bullrich. Bajo su conducción, la iniciativa avanzó durante nueve meses por un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones: Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto.

Pese a ese recorrido, el proceso quedó trunco. El dictamen que finalmente reunió los apoyos necesarios nunca fue tratado en el recinto y, con el cierre del período ordinario, perdió vigencia. El trámite, así, deberá recomenzar desde cero.

Los detalles del nuevo proyecto aún no se conocen. Sin embargo, en el oficialismo admiten que podrían volver a presentar la versión original, aun cuando durante la negociación previa se vieron obligados a ceder en puntos clave.

El principal giro se dio en la edad de imputabilidad. En el dictamen que logró avanzar, el piso se fijó en 14 años y no en 13, como pretendía el Gobierno. Esa alternativa fue acompañada tanto por aliados del oficialismo como por legisladores de Unión por la Patria referenciados en el Frente Renovador. La opción de bajar la edad a 13 no consiguió respaldo ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR.

Con un mapa parlamentario distinto -95 diputados y 20 senadores-, en La Libertad Avanza creen que ahora tienen margen para volver a la carga con su propuesta original. En ese esquema, el texto establecía una pena máxima de 20 años de prisión y prohibía expresamente la reclusión perpetua. Ese fue otro de los puntos que se modificaron durante la negociación: en el dictamen que avanzó, el tope de las penas privativas de la libertad para adolescentes quedó fijado en 15 años.

El despacho también introducía criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios o hechos de violencia grave. Además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.

Para los libertarios, el tema es estratégico. Forma parte del núcleo duro de su discurso de mano dura, sintetizado en el lema “el que las hace las paga”, pero también es leído como una oportunidad política para tensionar a la oposición y profundizar las fisuras dentro del peronismo.

Esas grietas ya quedaron expuestas durante el debate en comisiones. Los legisladores del Frente Renovador se distanciaron del resto de Unión por la Patria: el santafesino Diego Giuliano respaldó la imputabilidad desde los 14 años y se desmarcó de su bloque, en especial de los referentes de Patria Grande, el espacio de Juan Grabois. Desde allí impulsaron un proyecto alternativo que defendía mantener el piso en 16 años y proponía un régimen paralelo centrado en medidas socioeducativas y un acompañamiento integral.

Un tercer proyecto completa el abanico de posiciones. Presentado por la diputada peronista Agustina Propato -y aún con estado parlamentario-, establece que la punibilidad rige, en términos generales, entre los 16 y los 18 años, aunque habilita juzgar a menores de 16 por delitos extremadamente graves bajo estrictos peritajes de capacidad cognitiva. El texto prioriza el principio de última ratio, limita la privación de la libertad a casos excepcionales y breves, exige establecimientos especializados separados de los adultos y propone una estructura judicial propia, con juzgados específicos, justicia restaurativa y asistencia interdisciplinaria permanente. Propato es pareja del exministro de Seguridad de Axel Kicillof, Sergio Berni.

El Gobierno dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para reglamentar que los militares en actividad puedan ser nombrados en el Ministerio de Defensa sin tener que pasar a disponibilidad. La medida comprende no solo al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, sino que facilita la incorporación de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas en su gabinete.

A través del DNU 34/2026, que deberá ser convalidado por el Congreso, el presidente Javier Milei modificó la ley 19.101, que regula al personal militar. Entre los oficiales superiores del Ejército que se encuentran alcanzados por el decreto se encuentra el general de división Jorge Alberto Puebla, quien acompañará a Presti como viceministro, al ocupar el cargo de secretario de Estrategias y Asuntos Militares.

“El objetivo es que el ministerio pueda contar con el personal más calificado para la gestión de la defensa nacional y que esto no impacte negativamente en el personal militar que lo integre”, explicaron a fuentes gubernamentales.

La ley vigente, en su artículo 38, establece que el personal militar superior designado por el Poder Ejecutivo para desempeñar funciones o cargos en el ámbito del Ministerio de Defensa no vinculados a las necesidades de las Fuerzas Armadas queda encuadrado “en las situaciones de disponibilidad y pasiva”.

En los considerandos del nuevo decreto se expresa que “resulta incongruente que el personal militar vea afectadas sus expectativas de desarrollo de la carrera profesional militar cuando es designado en cargos dentro del Ministerio de Defensa. La medida apunta, así, a que los oficiales superiores designados en la cartera de Presti “permanezcan en servicio efectivo sin que perjudique el desarrollo de su carrera profesional militar”.

Según fuentes castrenses, la modificación se fundamenta en que el pase a disponibilidad implica que “el tiempo en que los militares se desempeñen en el ministerio no computaba como tiempo en servicio efectivo para su carrera”. No será necesario, en ese sentido, que el militar designado en la función pública se vea forzado a pedir licencia o a pasar a disponibilidad o retiro para cumplir dichas tareas.

El decreto establece que el personal de las Fuerzas Armadas que pase a cumplir funciones en el Ministerio de Defensa percibirá los haberes correspondientes a su grado militar, a lo que “se sumará el complemento necesario para alcanzar los emolumentos asignados por la ley de presupuesto al cargo que desempeñe, reintegrándose al fisco la cantidad restante”.