En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto anticipó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque advirtió que detrás del proyecto hay un Gobierno “que no invierte en infraestructura, reparación de rutas ni educación”. También cuestionó la partida prevista por el oficialismo, de $23 mil millones, a la que calificó de “insignificante”. Además, sin mencionarla de manera explícita, lanzó un dardo contra la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. “Es una medida de efecto para el lucimiento de determinadas exministras”, arremetió el legislador.

Desde el comienzo de su alocución, Pichetto aclaró que votará a favor del proyecto de ley y aclaró que representa una vieja discusión que data de la década de los ’90 cuando comenzó de la mano del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.

Al profundizar sobre la coyuntura actual, Pichetto sostuvo que el caso de Jeremías Monzón —el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes— volvió a reflotar un debate “circular” en la Argentina. Afirmó que la reforma penal juvenil impulsada por el oficialismo constituye “una medida de impacto frente a realidades que atraviesan a una sociedad rota, en decadencia, donde se ha perdido el valor de la escuela pública y de la familia como espacios de contención”. Según planteó, todos esos factores inciden en la incorporación de jóvenes al delito.

Si bien ahondó en la necesidad de avanzar con la reforma, Pichetto renovó sus críticas contra la administración de Javier Milei. “¿Qué hay detrás de este proyecto de un Gobierno que no invierte en infraestructura, en reparación de rutas ni en educación?”, planteó. “Son medidas de efecto para el lucimiento de determinados senadores o exministras que, disconformes con los 14 años, preferirían 13 o incluso 10, porque eso las corre más a la derecha y las instala en el facilismo discursivo que satisface a algunos sectores”, sentenció al respecto.

“La pavada de ‘delito de adulto, pena de adulto’ estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina y también ‘cárcel de adulto’, digamos todo completo”, agregó el diputado en referencia a una de las consignas adoptadas por Bullrich.

Sobre este punto, Pichetto consideró “inadmisible” que un joven pueda compartir un establecimiento penitenciario con adultos y sostuvo que la reforma requiere de una inversión que perminta la construcción de centros especializados, además de un esquema que contemple procesos educativos y de reinserción.

“Quiero sostener que los recursos asignados en el presupuesto son insignificantes estamos hablando, de 23 mil millones de pesos que no sé para qué van a servir”, alertó sobre el partida asignada por el Gobierno. “Hoy el metro cuadrado para la construcción de un edificio para encierro está en US$7000, ni hablar de las estructuras que hay que póner de asistencia terapéutica, profesores y gente que trate de reconstruir a ese menor que cometió el delito”, destacó.

En esa misma línea, Pichetto advirtió sobre la situación fiscal que atraviesan las provincias que, según sostuvo, “tienen graves dificultades por la pérdida de recursos de coparticipación”. Entonces, propuso incorporar una cláusula especial al proyecto que determine que en los distritos comenzará a regir el nuevo sistema “cuando estén dadas las condiciones y se hayan construido los establecimientos específicos para menores”.

Bajo ese contexto, el diputado ratificó su postura a favor de la baja de punibilidad a 14 años, pero volvió sobre sus críticas contra la gestión del Gobierno. “Este es un debate antiguo que se saca oportunamente para que no se hable de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina: la pérdida del empleo, el cierre de las industrias y el bajo salario que tiene la media argentina”, apuntó.

“Pero en principio si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar de nada sirve poner 14, 15, o 12 años si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. Y permítanme dudar que este Gobierno vaya a poner los recursos”, concluyó Pichetto.

La exprimera dama Fabiola Yáñez acusó a su ex espareja Alberto Fernández ante la Justicia de actuar con una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo ponen de cara a un juicio oral, en el proceso en el cual está acusado de pegarle a su exmujer, y señaló que el expresidente hace “intentos desesperados” por hacer caer la causa.

Yañez hizo estas manifestaciones en un escrito que presentó ante el juez federal Daniel Rafecas, para rechazar un pedido de nulidad presentado por el exmandatario.

Alberto Fernández argumentó que toda la causa debe ser declarada nula porque la Cámara Federal de Casación apartó del expediente al juez Julián Ercolini, a quien el expresidente recusó por supuesta enemistad. Dijo que al tratarse de una resolución de un juez parcial, debe anularse todo el expediente.

Pero Yañez, en un escrito, dijo que debe avanzar el juicio y denunció que su exmarido tergiversa el fallo de Casación, que no anula todo lo que se hizo hasta ahora en el proceso judicial.

Declaró que Fernández tiene una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo acercan al juicio oral y que todos estos recursos son “intentos desesperados” de eludir las acusaciones y un “empeño en hacer caer el caso”.

En un escrito, patrocinada por sus abogadas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, calificó el pedido de nulidad como un “burdo intento de eludir la Justicia” para no responder por los actos de violencia de género denunciados.

Las letradas de Yáñez sostienen que la resolución de la Cámara de Casación es clara, al señalar que “se aparta al juez pero los actos cumplidos por aquél son válidos”. Además, argumentan que la defensa del expresidente consintió esta decisión al no interponer un recurso extraordinario federal en tiempo y forma, lo que implica una aceptación de que lo actuado hasta ahora es legal.

En el escrito se advierte que la pretensión de Fernández de anular el proceso, que ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio, y volverlo a “foja cero” constituye una revictimización.

Para Yañez los múltiples planteos de nulidad son “intentos desesperados” y un “abuso de las normas procesales” para derribar una causa.

Fabiola le respondió al expresidente cuando dijo que fue “inducida” o “manipulada” para instar la acción penal en su contra. Afirmó que ello constituye otro acto de violencia contra la mujer atribuible al imputado, pues implica subestimar su capacidad.

El fiscal del caso, Ramiro González, también se opuso a anular la causa y ahora es el juez Daniel Rafecas el que debe resolver.

Mientras tanto, tramita en la Corte Suprema un recurso de Yañez para evitar que el juez Julián Ercolini sea apartado definitivamente del expediente.