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POLITICA

Con votos del PRO y el kirchnerismo, el Senado rechazó las candidaturas de Ariel Lijo y García-Mansilla a la Corte Suprema

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En una tensa sesión, el pleno del Senado rechazó los pliegos que proponían al académico Manuel García-Mansilla y al magistrado federal Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema. Ambas postulaciones no lograron los dos tercios de los presentes: el primero recibió 51 votos en contra -sobrados dos tercios- y 20 a favor, mientras que el juez federal tuvo 43 negativos, 27 adhesiones y una abstención.

A partir de ahora se abre otra instancia aún más delicada: García-Mansilla ya juró “en comisión” tras un decreto del Ejecutivo y habrá una fuerte discusión posterior sobre su estadía en el máximo tribunal de justicia, tras lo consumado esta noche por los integrantes de la Cámara alta, el lugar natural para definir este tipo de cuestiones.

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La votación por el pliego de Ariel Lijo

Desde hace varias semanas, la Casa Rosada reiteró en diversas ocasiones que el académico continuará como cortesano según el decreto firmado por el Ejecutivo, es decir, hasta el fin de la próxima legislatura, cuando finalice noviembre.

¿Cómo se obtuvo el quorum? El Frente de Todos, donde conviven kirchneristas y peronistas bajo la tutela del formoseño José Mayans, cumplió su palabra -desde noviembre pasado se anunció- y 32 de sus 34 integrantes dieron quorum. El santafecino Marcelo Lewandowski y la jujeña Carolina Moisés estuvieron cerca del recinto, pero recién ingresaron una vez iniciada la sesión.

El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans. Su bancada fue clave para obtener quorum (Fotos: Maximiliano Luna)

Para llegar a los 37 que plantea el reglamento, a los 32 del Frente de Todos se sumaron los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Martín Lousteau (Capital Federal), los macristas Alfredo De Ángeli y Victoria Huala, y el ex libertario Francisco Paoltroni. Fue más que llamativa la ausencia de varios senadores del PRO y de la UCR -sobre los últimos dio de nuevo la nota su jefe, el correntino Eduardo Vischi-, que prometieron presentarse y especularon hasta último momento con el quorum, en medio de frenéticos -aunque inservibles- intentos del Gobierno para hacer caer el convite. Comandó la sesión el presidente provisional, el oficialista Bartolomé Abdala (San Luis).

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Debate

Resulta inadmisible acompañar una Corte Suprema sin mujeres y respaldar a dos candidatos que decidieron pasar por encima de la Constitución nacional”, lanzó la titular de la comisión de Acuerdos y miembro informante de ambos pliegos, Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-Pro), quien es la segunda candidata a legisladora porteña en la lista del ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

La senadora por la Ciudad explicó toda la cronología de las candidaturas y el trabajo realizado por la comisión -que fue impecable- y apuntó a la jura de García-Mansilla tras el decreto del Ejecutivo, tras recordar que el postulante enfatizó, durante la audiencia pública realizada el 28 de agosto pasado, que no aceptaría ese camino.

Tagliaferri también advirtió que de “114 jueces -de la Corte Suprema-, sólo tres han sido mujeres”. Y añadió: “Es una realidad que en el año 2025 dista mucho de otros países. En Estados Unidos, hay cuatro sobre nueve; en México, cinco sobre 11; en Uruguay hay un 60% y, en Chile, 42%”.

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La senadora y titular de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri

Desde el Frente de Todos, Pablo Bensusán aseguró: “La senadora Tagliaferri habló de irse a la banquina. Si dejamos que esto pase, estamos institucionalizando una vía paralela para designar a estos jueces”. Al igual que la porteña, el pampeano insistió en que el Ejecutivo envió los pliegos durante el período ordinario pasado y aprovechó la ventana de receso de febrero pasado para designar a ambos candidatos “en comisión” y por decreto. “No puede ser utilizado a gusto del presidente”, dijo, y agregó que implica un “antecedente peligrosísimo” y un “claro abuso de poder, dejando de lado las facultades extraordinarias que tiene este Congreso para dar acuerdo a estos jueces”.

En tanto, la rama más cristinista de dicho interbloque estuvo representada por la vice de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). “Qué más inseguridad jurídica que en uno de los poderes del Estado, el 40% esté compuesto por jueces que están a tiro de decreto. Veamos la complejidad no sólo institucional y constitucional, sino también de estabilidad económica”, subrayó.

Una de las pocas personas que defendió en el recinto a García-Mansilla fue la macrista cordobesa Carmen Álvarez Rivero -no dio quorum al principio-, quien aseveró que el académico era idóneo, entre otras cuestiones, por estar “a favor de la vida desde la concepción”. Minutos más tarde replicó la misma postura su comprovinciano Luis Juez, aunque ambos anunciaron un rechazo a Lijo.

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Por el radicalismo, Lousteau -titular del centenario partido a nivel nacional- afirmó: “Creo que esta es la votación más fácil que he tenido como senador, en términos de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es votar en contra de un mecanismo que le permita al presidente, o cualquier otro, poner jueces a dedo cuando quiera”.

La sesión fue comandada por el libertario y presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala

Cierres

“La solución pasaría por ampliar el número de la Corte. Resolvería muchos de los problemas, aunque son consideraciones personales que no quiero hacer cargo a los miembros de mi bloque”, evaluó el puntano y flamante jefe de la bancada -dentro del Frente de Todos- Convicción Federal, Fernando Salino. El puntano deslizó un rechazo a ambos, aunque su colega Carolina Moisés (Jujuy) se mostró a favor de Lijo.

Desde Provincias Unidas, el experimentado salteño Juan Carlos Romero manifestó: “Lo que se está haciendo es un bloque institucional. No hay nada que le venga bien al kirchnerismo. Extrañan el desorden, el caos de 2023, y los pone furiosos de que a alguien le vaya mejor. También a veces tenemos un estilo confrontativo del Gobierno que impide un diálogo necesario”, conjeturó, e insistió con el apoyo a ambos postulantes. “No se trata de los nombres, se han cumplido todos los procesos y a mí no me demostraron que no cumplan las condiciones”, resaltó.

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“Esta Cámara tiene que velar por la constitucionalidad. Los ministros tendrían que estar más en contacto con los senadores. Hay una separación entre el Ejecutivo y el Senado. No lo veo así en Diputados. Nos da mucha pena que, en este caso, cuando tuviéramos que estar votando a dos miembros para la Corte por trayectoria e idoneidad, que tengamos que estar en mi caso y otros rechazándolos. Lo han aconsejado mal al Presidente”, el titular del Pro, Alfredo De Ángeli.

Por la UCR, Vischi precisó que era “necesario ponerle un fin a estos procesos, que generan errores y un gran fracaso de la política”, y adelantó un “resultado contundente”. Sin referirse a la idoneidad de los candidatos, solicitó “poner al fortalecimiento de nuestras instituciones como un pilar fundamental para el crecimiento de nuestra Argentina”.

El zigzagueante jefe del radicalismo en el Senado, Eduardo Vischi

“No puede nombrar jueces por decreto, no puede”, se refirió Mayans sobre la decisión de designar a los postulantes por decreto. El formoseño y soldado del gobernador Gildo Insfrán fue más allá y denunció: “El señor -García- Mansilla está usurpando el cargo. Si aceptamos, entonces después podrán nombrar jueces de Cámara, de primera instancia y, bueno, un verdadero desastre”.

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Mayans tampoco olvidó de criticar el “servilismo de la Corte, que sin pedir un documento le tomó la jura” al académico. “Una verguenza”, sumó. Y finalizó: “Incumplieron los deberes de funcionario público. Tarde o temprano, nadie se salva. Los últimos en definir esto somos nosotros. Más vale que -en referencia al académico- presente la renuncia”.

Cambio en la caja del Senado

Al inicio de la sesión fue aceptada la renuncia “indeclinable por razones personales” de la ahora ex secretaria administrativa del Senado María Laura Izzo. La eficaz funcionaria fue reconocida por casi todo el pleno de la Cámara alta. “Tuvo un comportamiento ejemplar”, señaló Mayans. En tanto, el libertario Atauche la calificó de “profesional y persona excelente”, mientras que Vischi dictaminó: “Ha hecho un buen trabajo”.

La ex secretaria administrativa de la Cámara alta María Laura Izzo, cuando juró el 13 de diciembre de 2023 (Prensa Senado)

Semanas atrás, el oficialismo fracasó en su intento de llevar al recinto la renuncia de Izzo, así como votar a un reemplazante cercano a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel -está a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a los Estados Unidos-, y ratificar al resto de autoridades. Excepto por lo de la ahora ex secretaria administrativa, el resto quedará para una próxima sesión.

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Tras los desarreglos con los medios de comunicación del 1 de marzo pasado, durante la sesión de este jueves volvieron los inconvenientes para realizar la labor periodística, con cambios para ingresar a palcos y lugares originales de prensa que fueron utilizados por funcionarios libertarios.

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POLITICA

La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión

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El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.

Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.

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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Claudio «Chiqui» Tapia. (Foto: X@tapiachiqui).

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

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El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.

Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.

El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.

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ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».

Maximiliano Levy, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.
Maximiliano Levy, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.

En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.

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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.

AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino

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Schiaretti faltó a la sesión: “no pudo viajar por el paro”, justificaron

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CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.

Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.

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Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.

Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.

En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.

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El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.

En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.

Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.

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Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.

Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.

“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.

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No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.

Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.

La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.

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Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.

Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.

Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).

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En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.


Gabriela Origlia,Conforme a

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POLITICA

Tras el paro, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si es aprobada

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En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.

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La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial

El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.

Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.

Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.

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Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales

Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.

El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.

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Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.

El futuro del plan de acción y la vía judicial

Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.

En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.

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El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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