POLITICA
Contactos con la política | La Suizo Argentino: la droguería mencionada en los audios que motivaron despidos en el Gobierno
Los audios conocidos en las últimas horas, que sugieren la existencia de coimas en el área de Discapacidad, derivaron en la salida de dos funcionarios y le abrieron al Gobierno un nuevo frente judicial.
Pero la voz en aquellas grabaciones −que sería la del ahora extitular de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo− también toca al universo privado.
Específicamente, menciona a una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud, la Suizo Argentino S.A, que más recientemente ensanchó sus actividades, incursionando en otros rubros, como la estética y la nutrición animal.
La firma, con más de 100 años de recorrido y varias plantas de stock distribuidas a lo largo de todo el país, registra vínculos con la política, especialmente con el peronismo, y lazos comerciales con el Estado.
Sus socios, según los documentos a los que pudo acceder , son Eduardo Kovalivker −hoy alejado de la actividad y abocado a la escritura−; sus hijos Emmanuel y Jonathan; y Marcela Sandra Viner.
Luego de que los audios vieran la luz pública −que pese a estar editados sumieron al Gobierno en un silencio prolongado y derivaron en la salida de Spagnuolo y del director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini−, se formalizó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, impulsada por el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi.
Sin embargo, no es la primera vez que la empresa es vista de cerca por la Justicia. El abogado Alejandro Sebastián Díaz Pascual la denunció en agosto de 2024 por presuntas irregularidades en una adjudicación, según dijo, sin licitación, de un servicio por $24.000 millones, también con la agencia Andis que lideraba Spagnuolo.
Aunque la causa fue archivada tras una primera tanda de medidas −que descartaron que la firma mayorista hubiera sido favorecida− el expediente reveló la dimensión de algunas de sus operaciones con el Estado: solo el año pasado y en el marco de un programa puntual, la droguería cobró un monto cercano a los 15.000 millones de pesos.
Al ser citado a declarar, Diego Mizrahi, un asesor de la agencia, sostuvo que los pagos aludidos en la denuncia eran falsos: no solo se trataba de montos menores, sino que se habían corrido a través de los canales normales de contratación.
Explicó que fueron realizados en el marco de un programa federal bajo la órbita de Andis, el “Incluir Salud”, diseñado para cubrir la demanda de medicamentos de muy alto costo, y señaló que todas las compras resultaron de una competencia entre empresas, realizada a través de un sistema interno −el Sipfis−, por el cual se publican, en simultáneo, todas las ofertas y se elige de entre todas ellas la más barata.
Agregó que los 24.000 millones de pesos señalados en la denuncia fueron solo “adjudicados” a la compañía, pero que los pagos solo se efectivizan una vez entregado el producto.
Según surge en esas actuaciones, en 2024, Droguería Suizo Argentina S.A. recibió pagos por un total de $15.118.052.371. Ese importe, constituye casi el 20% de todos los desembolsos realizados en ese programa, de acuerdo a los informes que la propia Andis aportó a la Justicia. El 80% restante se distribuyó entre otros 57 proveedores del rubro.
La causa tramitó en el Juzgado Federal 11, que subroga Sebastián Casanello, y se cerró en febrero de este año, luego de que el fiscal Carlos Rívolo pidiera el archivo. “De la documentación remitida se desprende que el procedimiento es competitivo y que la Droguería a Suizo Argentina S.A. no habría recibido trato diferencial”, señaló el fiscal.
Vínculos con el peronismo
En 2020, la compañía alcanzó un acuerdo con el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para montar en la provincia una de sus plantas de almacenamiento y logística, a cambio de una serie de beneficios impositivos.
Los términos del entendimiento −que dividió aguas en la Legislatura pero que tomó cuerpo en la Ley 9.258− fueron los siguientes: la Suizo quedaba exenta de pagar Ingresos Brutos durante cinco años, a cambio de realizar una inversión de $400 millones e instalar un depósito de 8000 metros cuadrados en el parque industrial de la provincia, un proyecto a largo plazo que garantizaría la creación de 100 nuevos puestos de trabajo y funcionaría como centro de distribución de medicamentos para farmacias, hospitales y sanatorios.
“Exímese, por un plazo de cinco (5) años, del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la firma SUIZO ARGENTINA S.A.”, dice la ley, que lleva la firma de Osvaldo Jaldo, entonces vicegobernador y presidente de la Legislatura, hoy a cargo de la gobernación.
se contactó con la compañía pero hasta el momento de esta publicación obtuvo respuesta.
En 2022, cuando la planta se materializó, el gobernador Manzur celebró la inversión a través de una publicación en X.
“Felicito a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, directivos de una empresa con más de 100 años de historia, que apuesta al desarrollo nacional con una gran inversión y una expansión sostenible. Agradezco al compañero secretario general de la CGT, Héctor Daer”, escribió el exministro de Salud.
Pablo Viner, que es director de la droguería y gerente de una de sus empresas de apoyo, Log In Farma, también registra lazos con la política. Tal como consignó este medio en su momento, figuró entre los aportantes de mayor peso de Carlos Heller en 2009, cuando el diputado encabezó la lista del kirchnerismo en la Ciudad.
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POLITICA
El Gobierno aconsejó a los argentinos no viajar a Irán por las violentas protestas contra el régimen
El Gobierno argentino emitió una recomendación dirigida a sus ciudadanos para que eviten viajar a Irán ante el agravamiento de la situación social y política en ese país. La Cancillería argentina informó la medida este viernes, luego de casi una semana de movilizaciones que han provocado enfrentamientos, víctimas fatales y un clima de alta tensión en distintas regiones iraníes. El comunicado oficial se conoció tras días de protestas masivas que desafían abiertamente al régimen y exigen respuestas a las dificultades económicas que atraviesa la población.
La recomendación se difundió a través de un mensaje formal de la cartera que conduce Pablo Quirno, en el que se pidió a los argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, dada la escalada de violencia en las calles y los riesgos asociados a la inestabilidad. Las autoridades nacionales advirtieron, además, sobre la importancia de extremar precauciones para quienes ya se encuentran dentro del territorio iraní y mantenerse informados de manera constante sobre la evolución de los acontecimientos.
La decisión del Ejecutivo se inscribe en el contexto de una serie de manifestaciones que sacuden a Irán desde el pasado domingo. La crisis comenzó en Teherán, donde comerciantes decidieron cerrar sus locales en rechazo a la depreciación del rial y al incremento sostenido de la inflación, antes de extenderse a universidades y otras ciudades del país. Con el correr de los días, las protestas ganaron fuerza y se transformaron en expresiones de descontento político, con consignas dirigidas contra las máximas autoridades iraníes y demandas de soluciones a los persistentes problemas económicos.
En su comunicado, la Cancillería argentina aconsejó a quienes se encuentren en Irán que “extremen las precauciones y se mantengan permanentemente informados sobre la evolución de la situación”. Además, el mensaje incluyó un canal de contacto para quienes requieran asistencia consular, especificando el correo electrónico de la Dirección de Asuntos de Argentinos en el Exterior.
Las calles de Teherán y otras grandes ciudades, como Mashhad y Shiraz, volvieron a ser escenario de protestas este viernes, según imágenes difundidas por activistas en redes sociales y recogidas por Agencia EFE. Los manifestantes, en barrios orientales y occidentales de la capital iraní, entonaron consignas abiertamente críticas hacia el líder supremo, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, en abierta confrontación con el régimen. Las movilizaciones han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, que han dejado hasta el momento un saldo de varios muertos y decenas de heridos.
La organización no gubernamental iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, detalló que durante los primeros cinco días de manifestaciones fallecieron al menos siete personas, 33 resultaron heridas y unas 119 fueron detenidas. Las protestas, de acuerdo con la misma fuente, se extendieron a más de treinta ciudades y constituyen la mayor ola de descontento ciudadano desde las revueltas que sacudieron Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
Medios locales confirmaron que el jueves se registraron conflictos violentos en ciudades medianas y rurales, como Lordegan, donde dos civiles perdieron la vida durante los enfrentamientos, según la agencia Fars. Azna, en la provincia de Lorestán, fue otro de los puntos críticos, con tres muertos y 17 heridos en choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En Kuhdasht, un integrante de la milicia Basij falleció durante los disturbios, mientras que otros 13 policías sufrieron heridas por pedradas, de acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní.
Las autoridades de la República Islámica de Irán intentaron calmar los ánimos reconociendo las “demandas legítimas” de la población ante el deterioro de la situación económica. En declaraciones recogidas por la televisión oficial, el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, advirtió que cualquier intento de convertir las protestas en un instrumento de “inseguridad o destrucción de bienes públicos” recibiría una respuesta “firme” por parte del Estado.
La agencia Tasnim informó que 30 personas fueron detenidas en el distrito de Malard, al oeste de Teherán, por “perturbar el orden público”, y que otras siete habrían sido arrestadas por supuestamente pertenecer a “grupos hostiles a la República Islámica” con base en el extranjero. Las detenciones se suman a las ya reportadas en los últimos días, en el marco de un operativo de control que busca contener la expansión de las protestas.
La crisis económica de Irán se ha profundizado en los últimos meses: el rial perdió más de un tercio de su valor frente al dólar, mientras que la inflación anual se ubicó en 52% en diciembre, según datos del Centro de Estadísticas nacional. El deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de productos básicos han impulsado a la población a salir a las calles, pese al riesgo de represión.
En respuesta al clima de tensión, el presidente Masud Pezeshkian advirtió a su gabinete sobre la necesidad de atender los reclamos sociales. “Desde un punto de vista islámico, si no resolvemos el problema de los medios de subsistencia de la gente, acabaremos en el infierno”, expresó el mandatario ante funcionarios, de acuerdo con medios oficiales.
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La decisión del presidente Javier Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto no solo generó rechazo entre dirigentes de la oposición, sino también entre constitucionalistas y organismos de derechos humanos. Denuncian que viola la Carta Magna y otorga demasiada discrecionalidad a la SIDE en lo que refiere a detención de personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudirá a la Justicia en los próximos días.
La reforma de la ley de inteligencia se formalizó esta mañana con la publicación del decreto 941/2025 en el Boletín Oficial. Entre otros cambios, la iniciativa establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas.
Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.
“Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país”, cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X. “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, continuó.
Consultado por , el abogado especificó que la medida publicada esta mañana supone una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso”. Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. “El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional”, aseguró.
El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.
Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. “Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia”, expresó a este medio.
En la misma línea se manifestó su par Alejandro Carrió, quien cuestionó la discrecionalidad del apartado referido a la posibilidad de detener ciudadanos. El artículo 19 del decreto establece que el personal de inteligencia podrá aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es justamente ese primer escenario el que le genera reparos.
“Si hay un requerimiento judicial, no habría problemas. Tampoco me causa problema que ocurra ante un delito en flagrancia. Mi preocupación es cómo arranca el párrafo: ‘en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia’. Ahí no hay ninguna descripción de qué es lo que la persona estaría haciendo y que a juicio del agente de inteligencia requiera una detención sin orden judicial”, explicó a : “¿Cómo sabemos los particulares en qué caso podemos ser aprehendidos?. Tal como está planteado el texto me parece muy riesgoso“.
El abogado también objetó que el artículo en cuestión inste a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad y omita solicitar intervención rápida de la Justicia en caso de detenciones.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es otra de las voces críticas respecto de la reforma de la ley de inteligencia. En diálogo con , rechazó en duros términos los cambios impulsados por el oficialismo. “Es nulo de nulidad constitucionalidad e insanable y recrea las oscuras épocas de la dictadura militar”, sentenció.
El abogado ya había expresado su repudio al decreto en redes sociales, donde apuntó contra el carácter “iliberal” de la iniciativa de Milei y denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, Pro adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.
“El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”, escribió en su cuenta de X.
Al respecto, Mariela Puga, abogada constitucional, recordó que diversas organizaciones, entre ellas el CELS, habían judicializado el decreto 614/2024 por el que Javier Milei había renombrado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora SIDE- y modificado el sistema de inteligencia nacional en julio de 2024. Según señaló, a más de un año de su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia aún no se expidió respecto de la ilegalidad de la norma. “Si no se declaran inconstitucionales estos decretos, estamos en tierra de nadie”, aseguró a .
La abogada también planteó reparos sobre la vaguedad con la que el nuevo decreto refiere a los alcances de las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Puntualmente cuestionó la incorporación del artículo 2 ter -que define investigación de inteligencia como procedimientos para “identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”- y el artículo 2 quater, que extiende las tareas de contrainteligencia a, entre otras, las acciones de filtración y fuga de información clasificada.
“Históricamente se definió a las actividades de inteligencia como de interés a la seguridad nacional e interna, pero acá pareciera que es por interés de quienes dirigen la secretaría”, dijo a este medio: “Es peligroso confundir la seguridad nacional con el interés de autoridades constituidas porque la actividad de inteligencia puede alcanzar a la prensa y cualquier actividad política”.
El comunicado del CELS
Al igual que la mayoría de los abogados consultados, el CELS -una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos- emitió un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad del decreto presidencial y cuestiona la discrecionalidad que autoriza para el accionar de la SIDE. Según pudo saber , en los próximos días, la agrupación hará una presentación judicial contra la medida.
“El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparto de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, plantea el escrito del CELS.
Y agrega: “Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”.
En el comunicado denuncian que la reforma impulsada supone la construcción de un “marco normativo” para la vigilancia política de “anarquistas, comunidades indígenas, prensa y distintos actores que ‘deslegitimen’ al gobierno o a sus políticas”.
El CELS también cuestiona que el texto publicado en el Boletín Oficial habilite la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad federales y policiales, lo que supone -consideran- “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”.
rechazo entre dirigentes de la oposición,reforma de la ley de inteligencia,January 2, 2026,artículo 19 del decreto,@JMilei,January 2, 2026,decreto 614/2024,emitió un comunicado,Abigail Contreiras Martínez,SIDE,Javier Milei,Conforme a,SIDE,,Ante las críticas. El Gobierno dice que trabaja en un protocolo que regule las aprehensiones que realicen los espías,,Rechazo. La oposición busca voltear el decreto que reforma la SIDE pero deberá esperar al menos hasta febrero,,Polémica. Las claves del DNU que firmó Milei para reformar la ley de inteligencia y darle más poder a la SIDE
POLITICA
Renunció el secretario de Culto y será reemplazado por su segundo, un dirigente cercano a Santiago Caputo
En las últimas horas, se dio una nueva salida del Gobierno: renunció el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. Lo hizo para asumir una banca en la Legislatura bonaerense y será reemplazado por su segundo en el área, Agustín Caulo. La salida del funcionario fue oficializada este viernes a través del Boletín Oficial.
“Continúa el dos de Nahuel”, señalaron desde el Gobierno para explicar la continuidad política dentro de la Secretaría. Al igual que su antecesor, responde políticamente al espacio que lidera Santiago Caputo.
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Sotelo había llegado al cargo en agosto de 2024, durante la gestión de Diana Mondino al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pese a la posterior salida de la excanciller, el funcionario logró sostenerse en el puesto con la llegada de su sucesor, Gerardo Werthein, y luego con el desembarco de Pablo Quirno como nuevo canciller.
De perfil conservador y fuertemente identificado con el catolicismo, Sotelo mantenía una relación fluida con la Casa Rosada, donde era considerado uno de los dirigentes más cercanos al núcleo duro del oficialismo. En su desembarco en Cancillería había reemplazado a Francisco Sánchez y promovido la ampliación del nombre del área, que pasó de llamarse Secretaría de Culto a Secretaría de Culto y Civilización.
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Con 32 años, Sotelo integra el sector interno de La Libertad Avanza conocido como “Las Fuerzas del Cielo”, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Fue, además, el único dirigente de ese espacio que logró integrar la lista libertaria en las elecciones bonaerenses de septiembre pasado, en medio de una fuerte interna con el sector de los llamados “territoriales”, referenciados en Sebastián Pareja y en los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, cercanos a Karina Milei.
Esa disputa fue especialmente tensa, pero Sotelo consiguió un lugar en la nómina y ahora regresa a la Legislatura bonaerense, donde ya había sido diputado entre 2021 y 2024. Allí es uno de los principales referentes del bloque libertario y mantiene una relación cercana con el titular de la bancada, Agustín Romo.
En los próximos días quedará formalizada la designación de Agustín Caulo. Apodado “el Chino”, comparte con Sotelo un perfil católico y conservador y mantiene vínculos estrechos con sectores de la Iglesia. Antes de ser nombrado subsecretario en septiembre de 2024, se desempeñó como director nacional de Culto Católico en la Cancillería.
Gobierno, culto, Relaciones Exteriores
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