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Contactos con la política | La Suizo Argentino: la droguería mencionada en los audios que motivaron despidos en el Gobierno

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Los audios conocidos en las últimas horas, que sugieren la existencia de coimas en el área de Discapacidad, derivaron en la salida de dos funcionarios y le abrieron al Gobierno un nuevo frente judicial.

Pero la voz en aquellas grabaciones −que sería la del ahora extitular de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo− también toca al universo privado.

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Específicamente, menciona a una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud, la Suizo Argentino S.A, que más recientemente ensanchó sus actividades, incursionando en otros rubros, como la estética y la nutrición animal.

La firma, con más de 100 años de recorrido y varias plantas de stock distribuidas a lo largo de todo el país, registra vínculos con la política, especialmente con el peronismo, y lazos comerciales con el Estado.

Manzur trabó un acuerdo de inversión con la empresa en Tucumán

Sus socios, según los documentos a los que pudo acceder , son Eduardo Kovalivker −hoy alejado de la actividad y abocado a la escritura−; sus hijos Emmanuel y Jonathan; y Marcela Sandra Viner.

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Luego de que los audios vieran la luz pública −que pese a estar editados sumieron al Gobierno en un silencio prolongado y derivaron en la salida de Spagnuolo y del director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini−, se formalizó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py, impulsada por el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi.

Casanello delegó en fiscalía la investigación por el audio de las presuntas coimas

Sin embargo, no es la primera vez que la empresa es vista de cerca por la Justicia. El abogado Alejandro Sebastián Díaz Pascual la denunció en agosto de 2024 por presuntas irregularidades en una adjudicación, según dijo, sin licitación, de un servicio por $24.000 millones, también con la agencia Andis que lideraba Spagnuolo.

Aunque la causa fue archivada tras una primera tanda de medidas −que descartaron que la firma mayorista hubiera sido favorecida− el expediente reveló la dimensión de algunas de sus operaciones con el Estado: solo el año pasado y en el marco de un programa puntual, la droguería cobró un monto cercano a los 15.000 millones de pesos.

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Al ser citado a declarar, Diego Mizrahi, un asesor de la agencia, sostuvo que los pagos aludidos en la denuncia eran falsos: no solo se trataba de montos menores, sino que se habían corrido a través de los canales normales de contratación.

Explicó que fueron realizados en el marco de un programa federal bajo la órbita de Andis, el “Incluir Salud”, diseñado para cubrir la demanda de medicamentos de muy alto costo, y señaló que todas las compras resultaron de una competencia entre empresas, realizada a través de un sistema interno −el Sipfis−, por el cual se publican, en simultáneo, todas las ofertas y se elige de entre todas ellas la más barata.

Agregó que los 24.000 millones de pesos señalados en la denuncia fueron solo “adjudicados” a la compañía, pero que los pagos solo se efectivizan una vez entregado el producto.

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Según surge en esas actuaciones, en 2024, Droguería Suizo Argentina S.A. recibió pagos por un total de $15.118.052.371. Ese importe, constituye casi el 20% de todos los desembolsos realizados en ese programa, de acuerdo a los informes que la propia Andis aportó a la Justicia. El 80% restante se distribuyó entre otros 57 proveedores del rubro.

La causa tramitó en el Juzgado Federal 11, que subroga Sebastián Casanello, y se cerró en febrero de este año, luego de que el fiscal Carlos Rívolo pidiera el archivo. “De la documentación remitida se desprende que el procedimiento es competitivo y que la Droguería a Suizo Argentina S.A. no habría recibido trato diferencial”, señaló el fiscal.

Vínculos con el peronismo

En 2020, la compañía alcanzó un acuerdo con el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para montar en la provincia una de sus plantas de almacenamiento y logística, a cambio de una serie de beneficios impositivos.

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Los términos del entendimiento −que dividió aguas en la Legislatura pero que tomó cuerpo en la Ley 9.258− fueron los siguientes: la Suizo quedaba exenta de pagar Ingresos Brutos durante cinco años, a cambio de realizar una inversión de $400 millones e instalar un depósito de 8000 metros cuadrados en el parque industrial de la provincia, un proyecto a largo plazo que garantizaría la creación de 100 nuevos puestos de trabajo y funcionaría como centro de distribución de medicamentos para farmacias, hospitales y sanatorios.

Jonatan Kovalivker y Manzur en la inauguración

“Exímese, por un plazo de cinco (5) años, del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la firma SUIZO ARGENTINA S.A.”, dice la ley, que lleva la firma de Osvaldo Jaldo, entonces vicegobernador y presidente de la Legislatura, hoy a cargo de la gobernación.

se contactó con la compañía pero hasta el momento de esta publicación obtuvo respuesta.

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En 2022, cuando la planta se materializó, el gobernador Manzur celebró la inversión a través de una publicación en X.

“Felicito a Jonathan Kovalivker y Pablo Viner, directivos de una empresa con más de 100 años de historia, que apuesta al desarrollo nacional con una gran inversión y una expansión sostenible. Agradezco al compañero secretario general de la CGT, Héctor Daer”, escribió el exministro de Salud.

Pablo Viner, que es director de la droguería y gerente de una de sus empresas de apoyo, Log In Farma, también registra lazos con la política. Tal como consignó este medio en su momento, figuró entre los aportantes de mayor peso de Carlos Heller en 2009, cuando el diputado encabezó la lista del kirchnerismo en la Ciudad.

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El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y pidió un debate urgente en el Senado

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La Oficina del Presidente celebró la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

La iniciativa fue aprobada en general con 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención, contando con el respaldo fundamental del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Este triunfo legislativo para La Libertad Avanza se suma a la reciente victoria en el Senado con la reforma laboral, consolidando la agenda del Ejecutivo en el Congreso.

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EN VIVO | Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad

A través de un comunicado oficial, el Gobierno destacó que durante más de cuarenta años se presentaron 37 proyectos sin tratamiento, mientras el delito se volvía “más violento, más organizado y más precoz”.

El documento sostiene que la Argentina no puede regirse por normas de un país que ya no existe y afirma que un ciudadano de 14 años comprende la gravedad de sus actos: “Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”.

El texto aclara que la medida busca que quien comete un delito responda ante la Justicia, bajo la premisa de que no se trata de perseguir jóvenes, sino de reconocer la realidad.

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El presidente Javier Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la sanción, considerando que brindaron una respuesta a la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Tras el debate en la Cámara baja, el Gobierno Nacional manifestó su confianza en que el Senado trate la reforma con la urgencia necesaria para que “el fin de la impunidad sea una realidad”. De esta manera, el oficialismo busca convertir en ley este nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para poner fin a lo que consideran una distorsión legal de décadas.

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Con una chicana a Bullrich, Pichetto cuestionó la falta de presupuesto para reformar el régimen penal juvenil

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En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto anticipó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque advirtió que detrás del proyecto hay un Gobierno “que no invierte en infraestructura, reparación de rutas ni educación”. También cuestionó la partida prevista por el oficialismo, de $23 mil millones, a la que calificó de “insignificante”. Además, sin mencionarla de manera explícita, lanzó un dardo contra la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. “Es una medida de efecto para el lucimiento de determinadas exministras”, arremetió el legislador.

Desde el comienzo de su alocución, Pichetto aclaró que votará a favor del proyecto de ley y aclaró que representa una vieja discusión que data de la década de los ’90 cuando comenzó de la mano del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.

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Al profundizar sobre la coyuntura actual, Pichetto sostuvo que el caso de Jeremías Monzón —el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes— volvió a reflotar un debate “circular” en la Argentina. Afirmó que la reforma penal juvenil impulsada por el oficialismo constituye “una medida de impacto frente a realidades que atraviesan a una sociedad rota, en decadencia, donde se ha perdido el valor de la escuela pública y de la familia como espacios de contención”. Según planteó, todos esos factores inciden en la incorporación de jóvenes al delito.

La exposición de Miguel Pichetto en el Debate por la baja de la edad de imputabilidad

Si bien ahondó en la necesidad de avanzar con la reforma, Pichetto renovó sus críticas contra la administración de Javier Milei. “¿Qué hay detrás de este proyecto de un Gobierno que no invierte en infraestructura, en reparación de rutas ni en educación?”, planteó. “Son medidas de efecto para el lucimiento de determinados senadores o exministras que, disconformes con los 14 años, preferirían 13 o incluso 10, porque eso las corre más a la derecha y las instala en el facilismo discursivo que satisface a algunos sectores”, sentenció al respecto.

“La pavada de ‘delito de adulto, pena de adultoestuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina y también ‘cárcel de adulto’, digamos todo completo”, agregó el diputado en referencia a una de las consignas adoptadas por Bullrich.

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Sobre este punto, Pichetto consideró “inadmisible” que un joven pueda compartir un establecimiento penitenciario con adultos y sostuvo que la reforma requiere de una inversión que perminta la construcción de centros especializados, además de un esquema que contemple procesos educativos y de reinserción.

“Quiero sostener que los recursos asignados en el presupuesto son insignificantes estamos hablando, de 23 mil millones de pesos que no sé para qué van a servir”, alertó sobre el partida asignada por el Gobierno. “Hoy el metro cuadrado para la construcción de un edificio para encierro está en US$7000, ni hablar de las estructuras que hay que póner de asistencia terapéutica, profesores y gente que trate de reconstruir a ese menor que cometió el delito”, destacó.

En esa misma línea, Pichetto advirtió sobre la situación fiscal que atraviesan las provincias que, según sostuvo, “tienen graves dificultades por la pérdida de recursos de coparticipación”. Entonces, propuso incorporar una cláusula especial al proyecto que determine que en los distritos comenzará a regir el nuevo sistema “cuando estén dadas las condiciones y se hayan construido los establecimientos específicos para menores”.

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Bajo ese contexto, el diputado ratificó su postura a favor de la baja de punibilidad a 14 años, pero volvió sobre sus críticas contra la gestión del Gobierno. “Este es un debate antiguo que se saca oportunamente para que no se hable de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina: la pérdida del empleo, el cierre de las industrias y el bajo salario que tiene la media argentina”, apuntó.

“Pero en principio si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar de nada sirve poner 14, 15, o 12 años si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. Y permítanme dudar que este Gobierno vaya a poner los recursos”, concluyó Pichetto.


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Los empleados bancarios recibieron un aumento para enero: la cifra récord que alcanza el sueldo inicial

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Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial equivalente a la inflación
(Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.

Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.

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Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria
(Foto: Maximiliano Luna)

El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.

Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.

Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.

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De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.

Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.

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En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.

Héctor Daer, secretario general de FATSA

Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por su parte, cerró una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 36/89 de la rama Cal y Piedra, distribuyendo el aumento en tres tramos: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo.

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Los operarios de la rama de Molienda de Minerales y Afines, bajo el convenio colectivo 37/89, recibirán por su lado un incremento del 8%. Ambas partes acordaron reencontrarse en los primeros días de abril para evaluar el impacto de estas mejoras a la luz de los indicadores económicos. Este seguimiento permitirá ajustar los haberes ante posibles variaciones inflacionarias, una práctica que responde al dinamismo del sector y a su exposición a parámetros macroeconómicos.

Armando Cavalieri, titular de FAECYS

Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.

El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.

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Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics

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