El 70,8% de los trabajadores sindicalizados rechazan la gestión de Javier Milei. La cifra muestra una tendencia ascendente en los últimos meses. En cambio, apenas el 27,4% respalda la administración nacional, según una encuesta de Hugo Haime –histórico consultor del peronismo– realizada a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la que accedió .

La evolución expone un aumento de cinco puntos en la desaprobación entre diciembre (66%) y febrero (70,8%) y de 12 puntos desde noviembre, cuando midió 59%. Asimismo, la magnitud del rechazo de los trabajadores sindicalizados registrada este mes es más alta del último año y medio.

En paralelo, la aprobación cayó siete puntos desde diciembre, cuando se ubicó en 34%. En este caso, se trata de la cifra más baja desde septiembre pasado.

Febrero está atravesado por el debate legislativo del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Congreso, y que espera sancionar antes del 28 de febrero con miras al discurso de apertura de sesiones ordinarias que brindará Milei el 1° de marzo en el Congreso.

A modo de protesta contra la iniciativa del Gobierno, la CGT –pese a haber recibido concesiones por parte del oficialismo en el proyecto– convocó un paro de 24 horas sin movilización para este jueves, jornada en la que está previsto que la Cámara de Diputados debata la reforma. Se trata de la cuarta medida de fuerza de esta naturaleza realizada durante el gobierno libertario y es la que goza del mayor impacto en los servicios dada la adhesión casi total del transporte.

El escenario de contundente oposición a la gestión del Presidente entre los sindicalizados presenta un contraste importante con el total de los trabajadores –bajo esquemas en blanco, en negro e independientes–, que respaldan a Milei en un 42,4% y lo se oponen en un 55,3%. Entre ellos, los empleados en negro –a quienes el oficialismo pretende incorporar a la formalidad con la Ley de Modernización Laboral– encabezan la adhesión al Gobierno, aunque incluso en su caso predomina la desaprobación.

El panorama de los agremiados también muestra diferencias significativas con la evaluación del total de los consultados. El informe revela un 41% que se muestra a favor de la gestión y un 57,3% en contra.

Según el relevamiento, desde diciembre la aprobación en el total de los encuestados también cayó (cinco puntos) y la desaprobación creció (seis).

Los trabajadores sindicalizados desaprueban ampliamente el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional: el 71% se opone y apenas el 23,1% se muestra favorable a la iniciativa. Es decir, ciertos empleados afiliados que apoyan la gestión de Milei retiran su respaldo a la hora de evaluar los cambios en la legislación laboral.

Algo parecido sucede en el total de los encuestados al comparar la adhesión al Gobierno y a la reforma. Mientras el desacuerdo con la Ley de Modernización Laboral se ubica en 54,8%, el apoyo cae hasta 36,2%, cifras cercanas a las registradas entre el total de los trabajadores (53,9% frente a 35,3%).

El relevamiento fue realizado entre el 8 y el 16 de febrero, es decir, en las etapas previa y posterior a la media sanción que le otorgó el Senado al proyecto la madrugada del 12 de febrero.

Se trata del único estudio publicado que midió el acompañamiento a la iniciativa del oficialismo luego del revuelo que se generó tras la incorporación del artículo 44 durante el tratamiento legislativo en la Cámara alta. La normativa, retirada ayer en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados tras el diálogo con bloques aliados, implicaba limitaciones al pago de licencias por enfermedad y accidente.

Consultoras como Opinaia y Giacobbe, que midieron la adhesión al proyecto en los días anteriores a esta controversia, revelaban un predominio del apoyo entre los encuestados.

“Acá estamos, firmes. Tardé en llegar lo mismo que un día común”, contestó sin dudar un alto funcionario, de los pocos que llegó (en auto) a su oficina en la Casa Rosada, antes de las 9. A pocos metros de su despacho, tres empleados aprovechaban la ausencia de movimiento para cortar el pasto y quitar malezas en el Patio de las Palmeras.

En una jornada atípica, con la Casa Rosada semivacía y con el presidente Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno intentó dar una imagen de normalidad y buscó minimizar el paro general de alto acatamiento que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, calificó como “parte del pasado” en una charla en vivo en el streaming Casa, en el barrio de Palermo.

“Hay mucha gente en la calle. Tuvieron que parar el transporte para ocultar el fracaso de la convocatoria”, dijeron cerca del presidente Milei, mientras empleados de la casa llegaban, algunos con ropa informal, a Balcarce 50, con poco movimiento y mayoría de agentes de Casa Militar recorriendo los pasillos semivacíos por el impacto del paro general de la CGT.

Mientras la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, forman parte de la delegación que acompaña al Presidente en Washington para la reunión del Consejo de la Paz, desde los ministerios de Capital Humano, Desregulación y Seguridad comentaron a que cada uno de los ministros (Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva) “están trabajando normalmente”.

Consultado sobre el porcentaje de acatamiento, Adorni prefirió hablar de “extorsión hacia la gente” que adjudicó a los dirigentes cegetistas, con el objetivo de evitar que concurran a sus trabajos. “Hoy probablemente tengamos una pérdida de $600 millones de dólares”, se quejó Adorni, que llegó pasadas las 11 a Balcarce 50, dónde ya estaba el asesor presidencial Santiago Caputo. El vallado policial, tal como ocurrió en protestas anteriores, divide a la Plaza de Mayo en dos, aunque la circulación de autos no está restringida.

El jefe de gabinete lamentó que la CGT “le estén cagando la vida a quienes quieren ir a trabajar”. Además, dijo que espera “una jornada tranquila” y sin incidentes, aunque destacó que “se aplicará el protocolo antipiquetes” para los manifestantes que concurran al Congreso para rechazar el debate por el proyecto de ley de reforma laboral.

Sin desconocer que el acatamiento de los gremios de transporte público es casi total (sólo circulan algunas líneas de colectivo), desde el Gobierno reconocieron que las intimaciones a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y al gremio ferroviario La Fraternidad, efectuadas por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo y que incluyeron la amenaza de la quita de personería para esta última, habían tenido escaso resultado concreto. “De la UTA nos contestaron que el paro no se hacía por un reclamo salarial, sino por la oposición a la reforma. Están reconociendo que es un paro político”, destacaron desde la cartera laboral. “El señor (Omar) Maturano ni se molestó en contestar”, respondieron las fuentes en relación al secretario general de La Fraternidad, que adhirió al cese de actividades dispuesto por la central obrera.

Mientras monitoreaban el movimiento en la calle, en el Gobierno se mostraban confiados en relación a la sesión en la Cámara de Diputados que desde las 14 comenzará a tratar la reforma laboral. “La ley sale”, comentaba un funcionario, con expectativa y mientras el paro general se sentía en todo el país.