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Crisis interna en el PJ de Jujuy: suspendieron a una senadora nacional por votar con LLA y a otros 300 afiliados

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La crisis interna que atraviesa el Partido Justicialista (PJ) de Jujuy impactó de forma directa en la renovación de sus autoridades y en la continuidad de sus principales referentes. Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, designados interventores por Cristina Kirchner, resolvieron suspender la afiliación de la senadora nacional Carolina Moisés y de otros dirigentes por grave inconducta partidaria, una medida que afecta a 300 afiliados y que implica la postergación de las elecciones internas originalmente previstas para el 15 de febrero.

La resolución, firmada por Fernández y Menéndez, estableció la suspensión transitoria de la afiliación de Carolina Moisés, Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, quienes junto a cientos de militantes participaron en listas de fuerzas políticas distintas al PJ durante las elecciones legislativas de octubre y las provinciales de mayo. La intervención abrió sumarios para determinar eventuales sanciones definitivas. Los dirigentes tendrán un plazo de 72 horas para realizar su descargo, aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa, conforme al proceso fijado por la intervención, según detalló Jujuy Dice.

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Entre los fundamentos para la sanción, los interventores señalaron que Moisés “vulneró gravemente los principios de lealtad partidaria, unidad de acción, disciplina orgánica y subordinación de los intereses individuales al proyecto colectivo” al apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y el proyecto de Presupuesto 2026, impulsados por Javier Milei en el Senado. Además, se le imputa haber promovido su imagen en la lista Frente Somos Más —Lista N.° 508, competencia directa del PJ en Jujuy, sin autorización previa de los órganos partidarios.

María Carolina Moisés y su voto positivo para el Presupuesto 2026 (Jaime Olivos)

En el caso de Rivarola, ex presidente del PJ y ex candidato a gobernador, la intervención le atribuyó haber competido con la lista Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501), que compitió con el peronismo en las últimas elecciones, y haber alcanzado acuerdos institucionales con el entonces gobernador Gerardo Morales para aprobar la reforma constitucional, hecho que precipitó la decisión de intervenir el partido en 2023.

A Jenefes, ex vicegobernador y ex senador nacional, se lo señaló por realizar una campaña de desprestigio desde el medio provincial de su propiedad. También figura entre los convencionales constituyentes suspendidos —junto a Pedro Pascuttini, Rosa Jerez, Carlos Catacata, María de los Ángeles Ros y otros— por respaldar cambios constitucionales cuestionados por la intervención, que consideró en su resolución que esos apoyos lesionaron “derechos y garantías consagrados por la Carta Magna, como el derecho a huelga o a protestar”.

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Guillermo Jenefes junto a Gerardo Morales en su programa Detrás de las Noticias, por el Canal 7 de Jujuy

La sanción también recayó en más de 300 militantes, muchos de ellos con cargos públicos, incluyendo intendentes, diputados provinciales y concejales —entre los que destacan Eduardo Rivarola, Ernesto Rivarola, Pedro Belizán, Nilson Ortega, Hugo Garay, Martín Fellner y otros—, todos señalados en los anexos de la resolución por haber participado electoralmente fuera del PJ o en alianzas no avaladas por la estructura partidaria.

Los interventores fundamentaron el alcance de la medida en la necesidad de “preservar la identidad política” y “garantizar la coherencia doctrinaria” del PJ, afirmando que los partidos “no son meras estructuras electorales”, sino movimientos fundados en principios históricos como la lealtad al movimiento, la unidad de acción y la subordinación de los intereses individuales a los colectivos del pueblo, citando las Veinte Verdades Peronistas como sustento ético.

La postergación de las internas, que enfrentaban a las listas de Moisés y de la diputada nacional Leila Chaher, fue formalizada para el 24 de abril de 2026, luego de que el proceso electoral regresara a “foja cero” por graves razones institucionales, según la Resolución Nº 2/2026. El documento señala que la decisión implica “un dar de nuevo en la dirigencia peronista jujeña” en busca de reconstruir un partido que arrastra fracturas y denuncias de traición a las bases desde el apoyo de varios legisladores justicialistas a la reforma impulsada por Morales.

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La senadora Carolina Moisés y la diputada Leila Chaher compiten en la interna

La disputa entre las principales listas, sumada a recientes renuncias y tensiones internas, precipitó la intervención que permaneció adormecida hasta la última semana y, con la nueva convocatoria, abre un escenario de reorganización y definiciones de cara a las elecciones de 2027 en la provincia.

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El mapa de la marcha al Congreso contra la Reforma Laboral: el Gobierno decidió reforzar la seguridad y vigilancia

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El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, dispuso endurecer los controles para la marcha prevista en el Congreso contra la Reforma Laboral, impulsada por piqueteros, partidos de izquierda y gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos. Tal como anticipó Infobae, se realizara una requisa de mochilas y se controlarán los vehículos, incluyendo camionetas y micros destinados al traslado de activistas. El protocolo antipiquetes se aplicará como en todas las movilizaciones. Desde la Cartera de Seguridad explicaron que “las diferecias que pueden haber son en las formas de la manifestación, dependiendo de la densidad de personas, de donde vienen, hacia donde pretenden ir”.

La medida se fundamenta en el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y en el artículo 6, inciso 13, del Decreto 383/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que faculta a la Policía Federal Argentina (PFA) a realizar este tipo de procedimientos sin orden judicial cuando existan motivos razonables para presumir la comisión de un delito y no sea posible aguardar una orden debido al riesgo de pérdida de pruebas, siempre que la acción se lleve a cabo en la vía pública o en lugares de acceso público. Requisitos que, para los funcionarios de La Libertad Avanza, “se cumplen.” En estas situaciones, debe labrarse un acta detallando las razones y notificar de inmediato al representante del Ministerio Público Fiscal.

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La decisión de intensificar la seguridad y los controles para la protesta contra la Reforma Laboral en el Congreso tiene como antecedente inmediato los disturbios ocurridos el miércoles 11 de febrero frente al propio recinto, durante una marcha que coincidió con la media sanción de la norma en la Cámara Alta. Allí, grupos extremos y encapuchados arrojaron bombas molotov sobre los efectivos policiales. Por ese episodio resultaron judicializadas 26 personas, entre ellas un menor de 16 años con antecedentes de robo y violencia. Además, se dispuso un despliegue especial de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, junto con un vallado preventivo en los alrededores tanto del Congreso de la Nación como de la Casa Rosada.

En la cartera liderada por Monteoliva explicaron a Infobae que el objetivo de los controles es “prevenir riesgos y mantener la seguridad”, procurando evitar cualquier amenaza a la integridad de manifestantes y personal de seguridad. Para esa jornada, la CGT convocó a un paro general, al que adhirieron los medios de transporte. La principal central de trabajadores, al igual que la mayoría de los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), no movilizarán. En cambio, participarán activamente las organizaciones de izquierda más radicalizadas, piqueteros y sindicatos enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, entre los que se cuentan la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto con las dos CTA, que impulsan una movilización numerosa. A este grupo se suman organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En el centro Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad de la Nación

Frente a la dificultad de acceder a la zona cercana al Congreso en transporte público, piqueteros y gremios que planean marchar hacia las avenidas Entre Ríos y Rivadavia lo harán en autos y micros desde diferentes puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y CABA.

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El Ministerio de Seguridad impuso un perímetro de seguridad para la prensa en Hipólito Yrigoyen al 1700 para resguardar la integridad física de los trabajadores de los medios de comunicación que cubran las novedades en los alrededores del parlamento.

También habrá vallados en la zona del palacio legislativo y en Plaza de Mayo.

Las dos CTA y ATE anunciaron que concentran, desde las 12 en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo. La sesión en la Cámara de Diputados está prevista para las 14 horas. Las organizaciones de jubilados marcharán desde Avenida Rivadavia, entre Combate de los Pozos y Callao. La delegación de la UTEP concentra en Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos y el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras se concentran en Avenida Rivadavia y Entre Ríos.

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El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) anunciaron que a partir de las 11 de la mañana realizarán una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, en Avenida Hipólito Yrigoyen 1584, y una hora después concentrarán en Salta y Avenida de Mayo para iniciar la movilización hacia el Congreso de la Nación con tres consignas fuerza:

– En defensa de los derechos de los trabajadores.

– Por un urgente aumento de salarios.

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– En defensa de la industria nacional y el trabajo.

Los piqueteros volveran a marchar al Conreso Jaime Olivos

El anuncio de la CGT referente al paro nacional sin movilización generó críticas de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, quienes acusaron a la dirigencia cegetista de “limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero” y propusieron realizar “acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos para confluir en el Congreso”.

Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, una organización que forma parte de Territorios en Lucha opinó que: “El cierre de FATE no es un hecho aislado, es el resultado directo de las políticas de Javier Milei. Cierre de fábricas, despidos y suspensiones son las consecuencias de la apertura indiscriminada de las importaciones y de un mercado interno deprimido».

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La CGT convocó a un paro general sin movilización Créditos: NA

Para la ex candidata a la gobernación bonaerense: “En ese contexto, la aprobación de una reforma laboral como la que encabezan Patricia Bullrich y Milei, solo traera más precarización, peores salarios y volver a meter la mano en el ya flaco bolsillo de jubilados”.

La UTEP, por su parte, resolvió alinearse con la decisión de la CGT: llevarán adelante “actividades locales que surjan en los distritos” y enviarán una “delegación” a la Plaza Congreso para desplegar algunas banderas, argumentando las dificultades logísticas derivadas del paro de transporte. En un comunicado oficial, la Unión Trabajadores de la Economía Popular señaló: “Con las modificaciones que se introducirán en la Cámara de Diputados, como la eliminación del artículo 44 (que creaba un nuevo régimen de licencia laboral), la ley vuelve al Senado y allí nos movilizaremos nuevamente con toda fuerza”.

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Una semana después de ver al Papa, el canciller Pablo Quirno recibió al presidente del Episcopado

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Una semana después de haberle entregado en mano al papa León XIV en el Vaticano una carta del presidente Javier Milei para invitarlo formalmente a visitar la Argentina, el canciller Pablo Quirno recibió este miércoles al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo.

Abordaron, entre otros temas, el interés del Gobierno por concretar la visita del Papa, a quien el Episcopado cursó anteriormente una invitación similar. Además, monseñor Colombo insistió en la preocupación de la Iglesia por el avance de la reforma del régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, que impulsa el presidente Milei y debe ser tratada por el Senado, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados.

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Según informó el Episcopado, el encuentro tuvo lugar por iniciativa del canciller, quien compartió testimonios de su reciente visita a la Santa Sede, “particularmente el homenaje realizado en la tumba del papa Francisco, gesto valorado como una expresión de respeto y aprecio hacia su figura y su legado”.

Quirno recibió al presidente de la Conferencia Episcopal acompañado por el subsecretario de Culto, Agustín Caulo, quien reemplazó el mes pasado a Nahuel Sotelo. Monseñor Colombo concurrió con el secretario general del organismo episcopal y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.

En sus dos primeros años de gobierno, Milei consolidó sus lazos con la comunidad evangélica, pero no recibió a la conducción del Episcopado que encabeza el arzobispo Colombo desde en noviembre de 2024. En función de ello, la reunión pedida por el canciller al Episcopado fue interpretada como “un gesto de distensión”.

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El canciller Quirno y monseñor Colombo conversaron sobre la invitación cursada por el Gobierno a León XIV. Ante una eventual visita, los obispos expresaron “la convicción de su honda significación espiritual y pastoral al servicio de la amistad social de los argentinos”. No se evaluaron, según se informó, posibles fechas, ni avances en preparativos.

En su reciente visita a Roma, el canciller Pablo Quirno visitó la tumba del papa Franciscotwitter

En el diálogo se abordaron diversos temas vinculados con la relación entre el Estado y la Iglesia en la Argentina y ambos subrayaron “la importancia de establecer espacios institucionales de diálogo al servicio del bien común”.

Ante el debate planteado en el Congreso por la reforma del régimen penal juvenil y la baja de edad de imputabilidad, se informó que la Iglesia espera que sus aportes al debate tengan recepción entre los legisladores. “Es un tema del Poder Legislativo”, explicaron voceros de la Iglesia.

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En recientes pronunciamientos, tanto la comisión ejecutiva del Episcopado, que preside monseñor Colombo, como la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que encabeza el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, expresaron que “la Iglesia está cercana al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de los delitos”, aunque insistieron en que “una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado”.

Respecto de un eventual pedido de audiencia con el presidente Milei, en el Episcopado se indicó que el canciller Quirno y el arzobispo Colombo hablaron de “fortalecer el vínculo institucional, no de reuniones concretas”.


Mariano De Vedia,Javier Milei,Iglesia,Cancillería,Conforme a,Javier Milei,,Participa Milei. “El Consejo de la Paz es un proyecto vanidoso de Trump y dejará de existir cuando él deje el poder”,,Minuto a minuto. Paro de la CGT en vivo: servicios y transportes afectados por la huelga este jueves 19 de febrero,,Los detalles. Rige el paro general contra la reforma laboral de Milei: cuáles son los servicios afectados

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Reforma laboral: tras los cambios al proyecto original, el Gobierno intentará hoy la aprobación en Diputados

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La Libertad Avanza formalizó los cambios al proyecto de Reforma Laboral que ya tiene media sanción del Senado. La iniciativa se tratará hoy desde las 14 en la Cámara de Diputados. En paralelo, se llevará a cabo el paro de la CGT que implica una parálisis de las actividades por la huelga de transporte.

El oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con apoyo del Pro, la UCR, el MID, fuerzas provinciales y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. En total hubo cuatro dictámenes de minoría.

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Lee También: Pese al reclamo de la oposición, el Gobierno no aceptará más cambios en la reforma laboral

En el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, anunció un cambio clave. “En pos de los consensos y de escuchar a otros sectores, vamos a retirar el artículo 44 del proyecto”, afirmó. Es el capítulo que modificaba las licencias por enfermedad y permitía al empleador pagar entre el 75 y el 50% del salario al empleado enfermo.

La decisión había sido anticipada por la presidenta del bloque de senadores, Patricia Bullrich. Se definió el lunes feriado de carnaval en una conversación entre la senadora y el presidente Javier Milei. Luego la estrategia fue coordinada por la Mesa Política de la Casa Rosada y, en Diputados, por Martín Menem, Diego Santilli, Bornoroni y Silvana Giudici.

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Debate por la Reforma Laboral. Plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. Foto Cámara de Diputados.

Los diputados del Pro Cristian Ritondo y Fernando De Andreis anticiparon que insistirán con la incorporación de las billeteras virtuales como opción para el cobro de salarios. Como el oficialismo no aceptó incluirlas, votarán en contra de ese artículo.

La bancada de Provincias Unidas, que conduce Gisela Scaglia, cuestionará la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL). Sostiene que desfinanciará a la ANSES.

Este miércoles, tras cuatro horas de debate y la exposición de una veintena de invitados, Almirón anunció que el oficialismo reunió 44 firmas para el dictamen de mayoría. Algunas fueron en disidencia parcial, incluso dentro de Provincias Unidas.

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Desde las redes sociales, el bloque libertario celebró el resultado: “Dimos un paso clave, ahora vamos al recinto”, publicó junto a una foto de los presidentes de las comisiones.

La sesión especial fue convocada para este jueves a las 14. El pedido lleva la firma de Bornoroni, Almirón y Benegas Lynch, junto a Cristian Ritondo (Pro); Alberto Arrúa (Innovación Federal); Pamela Verasay (UCR); Gladys Medina (Independencia); Oscar Zago (MID); Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo) y Karina Maureira (La Neuquinidad). Por el peso político de esas firmas, el oficialismo confía en alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.

Los otros dictámenes

Unión por la Patria y la Coalición Cívica presentaron dictámenes propios. En el caso de la Coalición Cívica, firmaron Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, junto al socialista Esteban Paulón.

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La postura de Unión por la Patria fue defendida por el diputado sindical Sergio Palazzo. El jefe del bloque, Germán Martínez, cuestionó el trámite del proyecto: “Es una desprolijidad lo que están consumando. No hubo decisión política de búsqueda de consenso. Trataron de evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”.

El dictamen de UxP propone una jornada laboral máxima de siete horas diarias o 42 semanales. También amplía las licencias parentales a 126 días para personas gestantes y 45 para no gestantes, e incorpora licencias por violencia de género y adaptación escolar.

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Mónica Frade, en su dictamen de rechazo, sostuvo que el objetivo “no confeso es poner fin al trabajador como sujeto de derechos”. Afirmó que el proyecto suprime conquistas históricas y que no reducirá la precarización, sino que la “consagrará de manera masiva y legal”.

Desde Encuentro Federal, Nicolás Massot y Jorge Rizzotti presentaron un dictamen alternativo.

El Frente de Izquierda también firmó su propio texto. El diputado Néstor Pitrola calificó el proyecto como “un violento ataque a la libertad de los trabajadores”. Lo acompañaron Romina del Pla, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, quienes además reclamaron la reincorporación de los despedidos de la empresa FATE.

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