El Gobierno advierte que los gremios de trenes y colectivos podrían perder la personería legal si adhieren al paro general convocado por la CGT en contra de la reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso, debido a que hay conciliaciones obligatorias vigentes.

El Ministerio de Capital Humano informó que intimó a La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentra vigente el proceso.

Eso se da en el marco del paro general impulsado por la CGT que iniciará esta medianoche en contra de la reforma laboral que se tratará en la Cámara de Diputados a partir de las 14 de mañana.

Según el comunicado, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a ambas organizaciones sindicales que cualquier acción directa en este contexto representaría un incumplimiento de la instancia de conciliación.

“La pérdida de la personería es la pena máxima, pero primero se inicia un proceso que suele ser largo”, explicaron a Infobae fuentes de la cúpula nacional.

Cuando eso ocurra, el sindicato primero sería castigado con una multa económica, pero si la causa avanza el Poder Ejecutivo podría solicitar la sanción más severa para la UTA y La Fraternidad.

Este pedido tendría que ser llevado adelante por la Secretaria de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, y cada parte podría presentar sus argumentos.

“Si no cumplen con la conciliación obligatoria, sí”, respondió respecto de la posibilidad de llegar hasta ese punto un integrante del Gabinete.

El procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria se encuentra en curso y tiene carácter legal, por lo que el Ministerio de Capital Humano remarcó que las organizaciones no deben implementar medidas que alteren su desarrollo.

En tanto, señalaron que “la adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia”.

En el caso de la UTA, la medida en cuestión se dictó el 10 de febrero pasado, a partir del anuncio del gremio de colectivos de hacer paros en el interior del país en el marco de un reclamo salarial.

“El período dictado de conciliación, rige desde las 00:00 hs del 11 de febrero de 2026 y establece un período de 15 días, durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”, señaló en aquella oportunidad la cartera conducida por Sandra Pettovello.

En tanto, en el caso de La Fraternidad la conciliación se dictó el 4 de este mes, por el mismo plazo, por lo que vence después del 19 de febrero, justo el día del paro de la CGT.

La decisión del Poder Ejecutivo se da luego de que tanto la Unión de Tranviarios Automotor como La Fraternidad informaron que se plegarán a la medida que la CGT implementará este jueves, mientras la Cámara de Diputados realice el debate por la reforma laboral.

En ese sentido, desde la UTA advirtieron sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.

El sindicato fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico.

La medida de fuerza estaba prevista para que no haya colectivos en todo el país. A pesar de las disputas con otras organizaciones sindicales de choferes de colectivos, los gremios se habían plegado al paro impulsado por el triunvirato cegetista.

A ellos se sumaban los trenes que conduce Omar Maturano, que no iban a tener funcionamiento en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos.

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En medio de la tensión en Fate por el cierre de la empresa y la conicliación obligatoria dictada por el Gobierno, el Presidente Javier Milei envió un duro mensaje desde sus redes sociales. “¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?“, afirmó en su cuenta de X.

En la misma línea, el mandatario señaló: “Defender prebendarios es de corruptos que abogan por violar la libertad y la propiedad”. En la Casa Rosada hay mucho enojo contra el titular de FATE, Javier Madanes Quintanilla, porque interpretan que el anuncio del cierre de la empresa tuvo intencionalidad política, en la previa del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara Diputados. “Hay que ver si tiene todo en norma”, expresan.

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El Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto en la fábrica de neumáticos Fate y ordenó dejar sin efecto los despidos de más de 900 empleados. El Ejecutivo lo confirmó luego de la convocatoria a ambas partes desde la secretaría de Trabajo, que preside Julio Cordero. En Nación aseguran que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) no asistió a la reunión.

La medida fue formalizada mediante una disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo que encuadra el conflicto en el marco de la Ley 14.786 y declaró iniciado el período conciliatorio a partir de las 13 de hoy.

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El documento ordenó retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto durante el plazo de quince días. En ese marco, la empresa deberá dejar sin efecto los despidos producidos por el tiempo que dure el procedimiento y otorgar tareas en forma normal y habitual, mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) deberá cesar toda medida de acción directa.

En el Ejecutivo sostienen que la conciliación les permitirá revisar en detalle la situación administrativa y laboral de la compañía. En Nación advierten que podrán requerir documentación respaldatoria sobre los despidos, la estructura de costos y las presentaciones previas vinculadas al Procedimiento Preventivo de Crisis y a los acuerdos de suspensión tramitados bajo la Ley de Contrato de Trabajo.

En la Casa Rosada argumentan que el objetivo es verificar si el cierre se ajusta plenamente a la normativa vigente y si se cumplieron todas las instancias formales antes de avanzar con la desvinculación masiva. “La conciliación congela la situación y nos da margen para analizar si corresponde avanzar con sanciones o nuevas intimaciones”, agregan en Balcarce 50.

Javier Milei, Fate, conciliacion obligatoria