POLITICA
Cristina Kirchner condenada: los jueces y fiscales que intervinieron en el largo recorrido del caso y sellaron la suerte de la expresidenta
La Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Kirchner al rechazar los planteos pendientes y puso así punto final a una causa con casi una década de vida en los tribunales. Sobre el proceso -muy criticado por el kirchnerismo, que siempre colocó a la expresidenta como víctima del “lawfare”-, entre jueces, camaristas y fiscales, intervinieron más de quince funcionarios judiciales y sus equipos.
Nueve de ellos fueron impulsados en el Senado y luego designados por Néstor y Cristina Kirchner. Cuatro fueron promovidos por Mauricio Macri y otros dos accedieron a sus cargos con el menemismo.
No todos sus pronunciamientos se tradujeron en malas noticias para la expresidenta: mientras que todos los fiscales en todas las instancias incorporaron el delito de asociación ilícita en sus acusaciones -que llevaba a 12 los años de prisión, en lugar de 6-, cuatro de los seis jueces que fallaron en la causa lo rechazaron, beneficiando a la expresidenta al absolverla de este delito. Si se incluye a los cortesanos, serían siete sobre nueve los jueces que, con sus fallos, la favorecieron a este respecto.
Ningún juez, sin embargo, la encontró inocente del delito de fraude. Según el kirchnerismo, esto es así, en parte, porque existe una articulación con fines persecutorios entre el Poder Judicial, el político y los medios de comunicación contra su figura.
A lo largo del proceso, algunos hechos sugirieron que la defensa de la expresidenta no fue solo declamativa. Uno de ellos fue la intrusión que sufrió la oficina del Consejo de la Magistratura en donde se guardaban las declaraciones juradas de muchos jueces, que fueron abiertas. Entre los magistrados afectados estaban los del tribunal que debía decidir la suerte de la expresidenta, incluido Jorge Gorini, encargado ahora de hacer cumplir la pena contra la expresidenta, que también encontraría frente a su domicilio un paquete extraño antes de fallar. La detonación policial revelaría que en su interior solo había mandarinas.
El expediente que la Corte clausuró hoy se originó formalmente en 2016, tras una auditoría interna realizada por Vialidad Nacional, en ese entonces en manos de Javier Iguacel, que fue quien hizo la denuncia inicial, en donde no estaba incluida la expresidenta, pero sí el empresario patagónico Lázaro Báez y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros.
Hubo, sin embargo, denuncias previas. Una en 2008, impulsada por distintos dirigentes de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió.
El caso recayó en el juzgado de Julián Ercolini y la investigación quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien sí involucró a la expresidenta en la maniobra investigada, al entender que, por su investidura y por los estrechos lazos comerciales que mantenía con Baez, el principal beneficiario de las irregularidades, Cristina Kirchner no podía quedar al margen de los desmanejos en la obra pública santacruceña durante los 12 años investigados.
Junto con otros funcionarios, nacionales y provinciales, Cristina Kirchner fue procesada ese mismo año por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y asociación ilícita, un cargo que acompañó a la exmandataria hasta último momento, pero siempre como acusación.
Ercolini, el primer magistrado en intervenir en el expediente, quedó en la mira del kirchnerismo desde que se conoció su viaje a Lago Escondido. También le achacaron que su pareja hubiera trabajado como asesora de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia del gobierno de Mauricio Macri.
En septiembre de 2017, el procesamiento de la expresidenta fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, que despejaron el camino para que la causa sea elevada a juicio oral. Bruglia hizo especial énfasis en los “distintos vínculos comerciales” entre Báez y Cristina y su familia, por lo que la expresidenta “habría tenido un marcado interés en asegurar” el despliegue de la maniobra. La actividad hotelera y el alquiler de propiedades ya habían sido señaladas por el fiscal Pollicita como posibles vehículos para el lavado de dinero.
Bruglia es otro de los magistrados alcanzado por la teoría del “lawfare”: son recurrentes los cuestionamientos desde el kirchnerismo por haber sido trasladado a la Cámara Federal porteña durante el macrismo.
En la instrucción y en el requerimiento de elevación a juicio, también trabajó el fiscal Ignacio Mahiques. Junto a Pollicita, pidió que la expresidenta, Báez, De Vido, López y otros nueve funcionarios fueran llevados a juicio oral y público. La imputación general que pesó sobre el conjunto fue la existencia de una asociación delictiva constituida sobre la base de una clara división de roles para “sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos”, principalmente los asignados a la obra pública de la provincia patagónica.
Sobre la expresidenta, en particular, los fiscales hicieron caer la acusación de ser coautora de la asociación ilícita, en calidad de jefa, y de administración fraudulenta agravada. Se le atribuyó haber ejecutado la “dirección, ejecución y subsistencia” de esa matriz de corrupción.
A criterio de los fiscales, de haber querido, la expresidenta podría haber desbaratado la organización con solo desplazar a los miembros estratégicos en esa cadena. “Es imposible saber lo que hace cada funcionario”, diría más tarde Cristina Kirchner en una entrevista que le brindó a Luis Novaresio. “Me enojé mucho”, diría respecto al video del exfuncionario López con los bolsos llegando al convento con 9 millones de dólares. López había estado junto a los Kirchner y sus gobiernos desde la intendencia de Néstor Kirchner en Río Gallegos.
Entre otras cuestiones, los fiscales le imputaron a Cristina Kirchner la aprobación del presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad, y la autorización a través de decretos de diversas ampliaciones en las partidas destinadas al Ministerio de Planificación.
Pollicita y Mahiques citaron al juez Ballesteros que, al confirmar el procesamiento, señaló que la expresidenta no tuvo un mero rol pasivo en el desarrollo de la maniobra, al incumplir solo con su deber de funcionario. A criterio del juez, la expresidenta puso el “poder de su jerarquía” al servicio “una maquinaria para detraer fondos” públicos.
El fiscal Mahiques también fue cuestionado por el kirchnerismo. Le reprochan ser hermano de Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri.
Elevado a juicio, el caso pasó a manos del Tribunal Oral Federal 2. Los fiscales ante el TOF, Diego Luciani y Sergio Mola, se plegaron al criterio de sus colegas en instancias previas. Incluyeron como parte de la acusación el “plan limpiar todo”, una serie de chats que darían cuenta de un operativo para, tras los comicios que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia, disimular los desmanejos en la obra pública santacruceña. Se incorporaron como prueba tras un peritaje al teléfono de López luego de su detención.
Luciani es recordado por ofrecer un encendido discurso en su alegato final. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”. Se dirigía a Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, ambos titulares del TOF 2, y a Andrés Fabián Basso, el único de los magistrados que se pronunció en favor del delito de asociación ilícita.
En diciembre de 2022, los magistrados condenaron a la dos veces presidenta por el delito de fraude agravado con una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Es la pena que hoy fue confirmada por la Corte.
Señalaron la existencia de múltiples irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra pública, que abarcaban la conformación misma de Austral Construcciones -la firma insignia de Báez-, competencias simuladas con otras firmas, adelantos exclusivos en los pagos, la falta de cumplimiento en los plazos y la falta de control de las autoridades locales, entre otras.
Sin embargo, por mayoría, el tribunal hizo caer la acusación por asociación ilícita. El argumento central fue que todas las maniobras de fraude -las múltiples licitaciones simuladas, por ejemplo- constituyeron un único y mismo delito que se estiró en el tiempo, y que, por lo tanto, no se le podía imputar a Cristina Kirchner el delito de asociación ilícita, que exige una pluralidad de actos delictivos. Otra interpretación que benefició a la expresidenta y sus exfuncionarios.
En soledad, el juez Basso afirmó que de las actuaciones surgía con claridad que se habían realizado por lo menos 52 proyectos delictivos distintos.
La instancia oral no quedó inmune a los cuestionamientos por “lawfare”: desde el kirchnerismo señalaron con insistencia que el fiscal Luciani compartía con el juez Gorini el equipo de fútbol amateur Liverpool, inscripto en el torneo que se desarrollaba en la quinta del expresidente Macri “Los Abrojos”.
La Casación
El criterio mayoritario del TOF sería ratificado luego por la Sala IV de la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país en materia penal, también por mayoría, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos, que lideró la votación, siguió la línea de Basso y el Ministerio Público Fiscal. Entre otras cuestiones, sostuvo que eran más de 50 los delitos y que las operaciones de lavado investigadas en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” representaron un flujo de dinero constante para Cristina Kirchner.
En la apelación que hizo del fallo, la expresidenta sostuvo respecto a Hornos y Borinsky que “mantuvieron reiterados encuentros con el Ing. Macri en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos”. Algo similar dijo sobre el fiscal Mola: “Visitó la Casa de Gobierno y la sede de la AFI en reiteradas oportunidades”.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, extendió la postura del Ministerio Público ante la Corte y apeló la absolución por asociación ilícita. Su planteo fue escuchado por el procurador Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, pero no por el máximo tribunal, que lo rechazó y dio por concluido el proceso.
La mayoría de los fiscales y jueces que intervinieron en el proceso fueron impulsados en el Senado y designados luego por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se impulsó y designó al fiscal Pollicita (2005) y al juez Ercolini (2004), que iniciaron la investigación.
El camarista Ballesteros (2008), los jueces Gorini y Giménez Uriburu (ambos en 2011), el fiscal Luciani (2013) fueron promovidos durante las presidencias de Cristina Kirchner. Lo mismo que el camarista Borinsky (2011), el juez Basso (2015) y el fiscal Mahiques (2015).
Durante el gobierno de Macri fue nombrado el fiscal Mola (2018) y el camarista Barroetaveña (2018), que había sido designado juez por Néstor Kirchner (2005), así como el fiscal Villar (2018). También en ese período fue trasladado a la Cámara por decreto el camarista Bruglia, designado juez en 1993.
También durante el menemismo, finalmente, fueron designados el camarista Hornos (1995) y el procurador Casal (1992).
En tanto, Ricardo Lorenzetti fue nombrado como juez de la Corte por Néstor Kirchner en 2004, mientras que Rosatti, que fue ministro de Justicia del expresidente, y Rosenkratz, fueron designados por Macri, primero por decreto y luego con acuerdo del Senado.
POLITICA
Técnicos del Garrahan celebraron la media sanción de la emergencia en Diputados: “Ahora vamos por el Senado”
La media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Emergencia Pediátrica encendió señales de esperanza entre los integrantes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), quienes desde hace meses advierten sobre la salida de médicos y técnicos por la falta de recomposición salarial y mejores condiciones laborales. Los gestos de conformidad frente al avance legislativo fueron inmediatos, al igual que el anticipo de organización para la siguiente etapa: el tratamiento de la iniciativa en el Senado.
Así lo hizo saber la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, al término de la sesión, según el comunicado de la entidad. Desde el Salón de los Pasos Perdidos –lugar donde los manifestantes presenciaron el debate–, la dirigente valoró la aprobación del proyecto como “un paso adelante positivo” dentro de una disputa que trasciende las fronteras del hospital e involucra a toda la red sanitaria dedicada a la atención pediátrica de alta complejidad en Argentina.
La votación en Diputados fue el desenlace de una serie de movilizaciones que nuclearon a profesionales, técnicos, familias y pacientes, actividades que presionaron a los legisladores para la discusión de una ley que consideran clave para detener la fuga de personal calificado, según informó APyT en el comunicado difundido tras la sesión. El hospital ubicado en la Ciudad de Buenos Aires presta atención a niñas, niños y adolescentes de todo el país, lo que refuerza el reclamo por garantizar su funcionamiento con recursos humanos suficientes.
La dirigente sindical recalcó que la media sanción obtenida es consecuencia directa de “un mérito de todo el equipo de salud del Hospital Garrahan, de los familiares, de pacientes que nos acompañaron y del apoyo social que venimos recibiendo”, destacando que el reclamo de recomposición salarial se mantiene en la agenda pública. Según la APyT, este avance responde al trabajo coordinado entre trabajadores, pacientes y la sociedad, que se sumaron en sucesivas manifestaciones para sostener presión sobre los poderes del Estado.
El estado de emergencia en el Garrahan refleja una situación más amplia en el sistema público sanitario infantil. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos, argumentan que la falta de actualización en los salarios y la sobrecarga laboral impulsan al éxodo de expertos, lo que genera demoras y retrasa la atención de patologías complejas. El debate parlamentario se dio en este contexto, luego de semanas de protestas y acciones callejeras.
Los trabajadores del hospital anticiparon que el proceso legislativo no finalizará con la media sanción. “Tenemos previstas para el mes de agosto varias acciones, incluyendo una gran acción la última semana que aspiramos a articular con la comunidad universitaria, los trabajadores del CONICET y otros reclamos existentes, en un abrazo más masivo que el del 17 de julio”, señaló Lezana en el comunicado.
El principal objetivo, explicaron desde APyT, es asegurar que el Senado complete el trámite parlamentario y transforme en ley la emergencia pediátrica. El texto aprobado contempla no solo una recomposición de salarios, sino también la preservación del régimen de residencias para los médicos en formación. La secretaria general recalcó que este aspecto es prioritario para la continuidad del servicio, en consonancia con los reclamos de los propios residentes que se sumaron a la demanda.
El comunicado también explicitó la preocupación ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei interponga un veto si finalmente se aprueba la norma. “Esto es una alerta, especialmente para las autoridades nacionales, y un planteo dirigido especialmente a la conducción de la CGT y la CTA, porque si Milei veta eventualmente la Emergencia Pediátrica aprobada para el Garrahan, las centrales obreras tienen que llamar a parar”, advirtió Lezana, quien consideró que haría falta una respuesta unificada del sector salud y del movimiento sindical.
Health / Medicine,South America / Central America,Civil Unrest,BUENOS AIRES
POLITICA
Kicillof le respondió a Milei: “Viene solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una actividad en el municipio de La Matanza que combinó la inauguración de una nueva escuela, la firma de convenios para obras viales y la entrega de escrituras.
En medio de su discurso, Kicillof hizo referencia al presidente. “Uno ve que Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”, expresó.
En ese sentido, Kicillof diferenció los dos modelos e hizo un llamado a votar por el peronismo en las próximas elecciones: “Los bonaerenses sabemos que así no se gobierna, y si no se lo podemos decir en persona, se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salarios”.
El Gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente local, Fernando Espinoza.
Durante el acto, Kicillof sostuvo: “Vinimos para inaugurar una nueva escuela, recorrer las obras que están en marcha y firmar convenios que traerán más asfalto y dignidad a La Matanza”.
A continuación, se refirió a la entrega de escrituras que también formó parte de la jornada: “Entregamos 430 escrituras gratuitas para reconocer el esfuerzo de muchas familias de trabajadores que pudieron acceder a la casa propia, pero que seguían esperando hace mucho tiempo contar con los títulos de propiedad que les brindan la tranquilidad de que nadie podrá quitarles lo que es suyo”.
Magario, por su parte, planteó: “Los que gobernamos debemos elegir si priorizamos a los que más tienen o a los que más lo necesitan: nosotros vamos a seguir levantando las banderas y defendiendo los derechos del pueblo trabajador bonaerense”.
En ese sentido, señaló que “aún faltan más escuelas, más hospitales y más cloacas en la Provincia: eso se logra con inversión y trabajo como el que venimos haciendo hace cinco años, no frenando toda la obra pública como hace el Gobierno nacional”.
En la misma línea, Espinoza destacó que “el momento de recibir la escritura va a quedar grabado para siempre en la memoria de las familias de La Matanza: para esto está el Estado, para transformar necesidades en actos de justicia social”.
Larroque, en tanto, sostuvo: “La espera para muchos bonaerenses se terminó gracias a la decisión política de un gobierno que asume sus responsabilidades y hace valer los derechos de los ciudadanos: estas escrituras no son un regalo, son un derecho de las familias de La Matanza y de toda la provincia”.
La jornada comenzó en el barrio Arlt, donde quedó inaugurada la Escuela Primaria N°218, un edificio que demandó una inversión de $401 millones y que tendrá capacidad para 360 estudiantes. La apertura del establecimiento busca aliviar la matrícula de la Escuela de Educación Primaria N°88, que hasta ahora absorbía una demanda creciente en la zona.
Con las aulas listas, el corte de cinta se convirtió en el primer momento de una agenda que incluyó recorridas por el barrio Sarmiento, donde avanzan obras de repavimentación.
Según precisaron desde el Ejecutivo bonaerense, las tareas contemplan también la instalación de redes pluviales, viales y eléctricas; la construcción de veredas; la colocación de equipamiento urbano; y trabajos de parquización y forestación.
En ese mismo marco, Kicillof y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, firmaron un convenio para destinar $5.930 millones a trabajos de pavimentación, construcción de veredas e iluminación en el barrio 17 de Marzo.
Del acto participaron también el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la secretaria general de Gobierno de La Matanza, Silvia Francese; el vicepresidente del Concejo Deliberante, Sergio Landin; el secretario general de UOCRA La Matanza, Enrique Cayuqueo; el dirigente Roberto Feletti; la directora de la EEP Nº88, Flavia Calarota; además de concejales, concejalas y funcionarios municipales.
POLITICA
Cierre de alianzas: Javier Milei reunió a su Gabinete para ordenar el discurso del Gobierno de cara a las elecciones
Javier Milei encabezó este jueves una reunión junto a todo su Gabinete en Casa Rosada para ordenar el discurso del Gobierno de cara a las elecciones nacionales de octubre. Según pudo saber Infobae, el encuentro estaba previsto hace una semana debido al cierre de alianzas, que vence hoy.
El cónclave comenzó cerca de las 14:00, en el Salón Eva Perón, donde los principales funcionarios hicieron un repaso de cómo es el armado de La Libertad Avanza en cada provincia.
“Fue para homogeneizar discursos a la luz del año electoral”, resumieron cerca del Presidente sobre lo conversado.
Además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, participaron los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Si bien la jornada estuvo signada por lo ocurrido el miércoles en la Cámara de Diputados, desde Presidencia aclararon que la reunión “nada tuvo que ver con eso” porque era un resultado “que se daba por descontado”.
La Cámara baja le dio media sanción a varias iniciativas, entre las cuales están el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de la emergencia en pediatría, que obliga a mejorar los salarios del personal de salud y a “garantizar” los recursos para hospitales.
Además, la oposición consiguió los votos para un primer rechazo a varios de los decretos que firmó Sturzenegger a lo largo de este año gracias a las facultades delegadas que había obtenido con la Ley Bases.
De esta manera, se dejarían sin efecto los cambios administrativos que se hicieron en el INTA y el INTI, así como las modificaciones en organismos culturales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad Nacional.
El cierre de alianzas
En diversos distritos las autoridades del partido apostaron por sellos de alianza con otras fuerzas, como PRO y Unión Cívica Radical (UCR). Así, ya se anunciaron coaliciones en regiones estratégicas como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Chaco, mientras avanzan conversaciones en otros puntos del país.
En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo encuentros con representantes de la Casa Rosada para definir la integración de la boleta electoral común. En tanto, en Córdoba y Tucumán persisten negociaciones abiertas con fracciones del PRO y la UCR; en Córdoba, el gobernador Martín Llaryora se posiciona como opositor al oficialismo nacional.
Para el caso de San Luis, Claudio Poggi anticipó que su frente provincial no participará en las elecciones nacionales y no descartó compartir lista con el Gobierno: “No creo que haya acuerdo, Poggi ya dijo que no se va a presentar en octubre, así que seguramente va a ser un escenario polarizado entre La Libertad Avanza y el PJ”, deslizó un actor involucrado en las negociaciones.
Las autoridades partidarias, incluyendo a Carlos D’Alessandro y a nuevos integrantes como Alejandro Cacace –referenciado como uno de los ‘radicales con peluca’ recientemente incorporados al oficialismo– trabajan junto a Karina Milei para consolidar la estructura del partido a nivel federal.
De las provincias que elegirán senadores este año, Río Negro, Salta, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos y Chaco, en la mayoría La Libertad Avanza alcanzó acuerdos, preferentemente donde gobiernan fuerzas políticas afines.
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