La Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Kirchner al rechazar los planteos pendientes y puso así punto final a una causa con casi una década de vida en los tribunales. Sobre el proceso -muy criticado por el kirchnerismo, que siempre colocó a la expresidenta como víctima del “lawfare”-, entre jueces, camaristas y fiscales, intervinieron más de quince funcionarios judiciales y sus equipos.

Nueve de ellos fueron impulsados en el Senado y luego designados por Néstor y Cristina Kirchner. Cuatro fueron promovidos por Mauricio Macri y otros dos accedieron a sus cargos con el menemismo.

No todos sus pronunciamientos se tradujeron en malas noticias para la expresidenta: mientras que todos los fiscales en todas las instancias incorporaron el delito de asociación ilícita en sus acusaciones -que llevaba a 12 los años de prisión, en lugar de 6-, cuatro de los seis jueces que fallaron en la causa lo rechazaron, beneficiando a la expresidenta al absolverla de este delito. Si se incluye a los cortesanos, serían siete sobre nueve los jueces que, con sus fallos, la favorecieron a este respecto.

Ningún juez, sin embargo, la encontró inocente del delito de fraude. Según el kirchnerismo, esto es así, en parte, porque existe una articulación con fines persecutorios entre el Poder Judicial, el político y los medios de comunicación contra su figura.

A lo largo del proceso, algunos hechos sugirieron que la defensa de la expresidenta no fue solo declamativa. Uno de ellos fue la intrusión que sufrió la oficina del Consejo de la Magistratura en donde se guardaban las declaraciones juradas de muchos jueces, que fueron abiertas. Entre los magistrados afectados estaban los del tribunal que debía decidir la suerte de la expresidenta, incluido Jorge Gorini, encargado ahora de hacer cumplir la pena contra la expresidenta, que también encontraría frente a su domicilio un paquete extraño antes de fallar. La detonación policial revelaría que en su interior solo había mandarinas.

El expediente que la Corte clausuró hoy se originó formalmente en 2016, tras una auditoría interna realizada por Vialidad Nacional, en ese entonces en manos de Javier Iguacel, que fue quien hizo la denuncia inicial, en donde no estaba incluida la expresidenta, pero sí el empresario patagónico Lázaro Báez y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros.

Hubo, sin embargo, denuncias previas. Una en 2008, impulsada por distintos dirigentes de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió.

El caso recayó en el juzgado de Julián Ercolini y la investigación quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien sí involucró a la expresidenta en la maniobra investigada, al entender que, por su investidura y por los estrechos lazos comerciales que mantenía con Baez, el principal beneficiario de las irregularidades, Cristina Kirchner no podía quedar al margen de los desmanejos en la obra pública santacruceña durante los 12 años investigados.

Junto con otros funcionarios, nacionales y provinciales, Cristina Kirchner fue procesada ese mismo año por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y asociación ilícita, un cargo que acompañó a la exmandataria hasta último momento, pero siempre como acusación.

Ercolini, el primer magistrado en intervenir en el expediente, quedó en la mira del kirchnerismo desde que se conoció su viaje a Lago Escondido. También le achacaron que su pareja hubiera trabajado como asesora de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia del gobierno de Mauricio Macri.

En septiembre de 2017, el procesamiento de la expresidenta fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con los votos de Jorge Ballesteros y Leopoldo Bruglia, que despejaron el camino para que la causa sea elevada a juicio oral. Bruglia hizo especial énfasis en los “distintos vínculos comerciales” entre Báez y Cristina y su familia, por lo que la expresidenta “habría tenido un marcado interés en asegurar” el despliegue de la maniobra. La actividad hotelera y el alquiler de propiedades ya habían sido señaladas por el fiscal Pollicita como posibles vehículos para el lavado de dinero.

Bruglia es otro de los magistrados alcanzado por la teoría del “lawfare”: son recurrentes los cuestionamientos desde el kirchnerismo por haber sido trasladado a la Cámara Federal porteña durante el macrismo.

En la instrucción y en el requerimiento de elevación a juicio, también trabajó el fiscal Ignacio Mahiques. Junto a Pollicita, pidió que la expresidenta, Báez, De Vido, López y otros nueve funcionarios fueran llevados a juicio oral y público. La imputación general que pesó sobre el conjunto fue la existencia de una asociación delictiva constituida sobre la base de una clara división de roles para “sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos”, principalmente los asignados a la obra pública de la provincia patagónica.

Sobre la expresidenta, en particular, los fiscales hicieron caer la acusación de ser coautora de la asociación ilícita, en calidad de jefa, y de administración fraudulenta agravada. Se le atribuyó haber ejecutado la “dirección, ejecución y subsistencia” de esa matriz de corrupción.

A criterio de los fiscales, de haber querido, la expresidenta podría haber desbaratado la organización con solo desplazar a los miembros estratégicos en esa cadena. “Es imposible saber lo que hace cada funcionario”, diría más tarde Cristina Kirchner en una entrevista que le brindó a Luis Novaresio. “Me enojé mucho”, diría respecto al video del exfuncionario López con los bolsos llegando al convento con 9 millones de dólares. López había estado junto a los Kirchner y sus gobiernos desde la intendencia de Néstor Kirchner en Río Gallegos.

Entre otras cuestiones, los fiscales le imputaron a Cristina Kirchner la aprobación del presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad, y la autorización a través de decretos de diversas ampliaciones en las partidas destinadas al Ministerio de Planificación.

Pollicita y Mahiques citaron al juez Ballesteros que, al confirmar el procesamiento, señaló que la expresidenta no tuvo un mero rol pasivo en el desarrollo de la maniobra, al incumplir solo con su deber de funcionario. A criterio del juez, la expresidenta puso el “poder de su jerarquía” al servicio “una maquinaria para detraer fondos” públicos.

El fiscal Mahiques también fue cuestionado por el kirchnerismo. Le reprochan ser hermano de Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Elevado a juicio, el caso pasó a manos del Tribunal Oral Federal 2. Los fiscales ante el TOF, Diego Luciani y Sergio Mola, se plegaron al criterio de sus colegas en instancias previas. Incluyeron como parte de la acusación el “plan limpiar todo”, una serie de chats que darían cuenta de un operativo para, tras los comicios que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia, disimular los desmanejos en la obra pública santacruceña. Se incorporaron como prueba tras un peritaje al teléfono de López luego de su detención.

Luciani es recordado por ofrecer un encendido discurso en su alegato final. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”. Se dirigía a Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, ambos titulares del TOF 2, y a Andrés Fabián Basso, el único de los magistrados que se pronunció en favor del delito de asociación ilícita.

En diciembre de 2022, los magistrados condenaron a la dos veces presidenta por el delito de fraude agravado con una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Es la pena que hoy fue confirmada por la Corte.

Señalaron la existencia de múltiples irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra pública, que abarcaban la conformación misma de Austral Construcciones -la firma insignia de Báez-, competencias simuladas con otras firmas, adelantos exclusivos en los pagos, la falta de cumplimiento en los plazos y la falta de control de las autoridades locales, entre otras.

Sin embargo, por mayoría, el tribunal hizo caer la acusación por asociación ilícita. El argumento central fue que todas las maniobras de fraude -las múltiples licitaciones simuladas, por ejemplo- constituyeron un único y mismo delito que se estiró en el tiempo, y que, por lo tanto, no se le podía imputar a Cristina Kirchner el delito de asociación ilícita, que exige una pluralidad de actos delictivos. Otra interpretación que benefició a la expresidenta y sus exfuncionarios.

En soledad, el juez Basso afirmó que de las actuaciones surgía con claridad que se habían realizado por lo menos 52 proyectos delictivos distintos.

La instancia oral no quedó inmune a los cuestionamientos por “lawfare”: desde el kirchnerismo señalaron con insistencia que el fiscal Luciani compartía con el juez Gorini el equipo de fútbol amateur Liverpool, inscripto en el torneo que se desarrollaba en la quinta del expresidente Macri “Los Abrojos”.

La Casación

El criterio mayoritario del TOF sería ratificado luego por la Sala IV de la Cámara de Casación, el máximo tribunal del país en materia penal, también por mayoría, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Por su parte, el juez Gustavo Hornos, que lideró la votación, siguió la línea de Basso y el Ministerio Público Fiscal. Entre otras cuestiones, sostuvo que eran más de 50 los delitos y que las operaciones de lavado investigadas en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” representaron un flujo de dinero constante para Cristina Kirchner.

En la apelación que hizo del fallo, la expresidenta sostuvo respecto a Hornos y Borinsky que “mantuvieron reiterados encuentros con el Ing. Macri en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos”. Algo similar dijo sobre el fiscal Mola: “Visitó la Casa de Gobierno y la sede de la AFI en reiteradas oportunidades”.

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, extendió la postura del Ministerio Público ante la Corte y apeló la absolución por asociación ilícita. Su planteo fue escuchado por el procurador Eduardo Casal, jefe de todos los fiscales, pero no por el máximo tribunal, que lo rechazó y dio por concluido el proceso.

La mayoría de los fiscales y jueces que intervinieron en el proceso fueron impulsados en el Senado y designados luego por los presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner se impulsó y designó al fiscal Pollicita (2005) y al juez Ercolini (2004), que iniciaron la investigación.

El camarista Ballesteros (2008), los jueces Gorini y Giménez Uriburu (ambos en 2011), el fiscal Luciani (2013) fueron promovidos durante las presidencias de Cristina Kirchner. Lo mismo que el camarista Borinsky (2011), el juez Basso (2015) y el fiscal Mahiques (2015).

Durante el gobierno de Macri fue nombrado el fiscal Mola (2018) y el camarista Barroetaveña (2018), que había sido designado juez por Néstor Kirchner (2005), así como el fiscal Villar (2018). También en ese período fue trasladado a la Cámara por decreto el camarista Bruglia, designado juez en 1993.

También durante el menemismo, finalmente, fueron designados el camarista Hornos (1995) y el procurador Casal (1992).

En tanto, Ricardo Lorenzetti fue nombrado como juez de la Corte por Néstor Kirchner en 2004, mientras que Rosatti, que fue ministro de Justicia del expresidente, y Rosenkratz, fueron designados por Macri, primero por decreto y luego con acuerdo del Senado.