POLITICA
Cristina Kirchner pondrá en juego el doble de bancas que Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense
Las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, con fecha y modalidad incierta, rediseñarán la relación de fuerzas entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la Legislatura. El dominio que la expresidenta tiene sobre los bloques legislativos de las cámaras de Diputados y Senadores estará en juego: su sector arriesgará 15 bancas en total. Entre los legisladores que terminan su mandato en 2025, son solo siete los que responden al gobernador bonaerense. Sergio Massa, aliado a Cristina en la búsqueda de elecciones concurrentes (en oposición al desdoblamiento que desea Kicillof), tiene seis bancas de su sector que se someterán al voto.
A Cristina Kirchner le reportan siete diputados que cesarán en sus bancas este año. Militan en vertientes como La Cámpora o Patria Grande, el espacio de Juan Grabois. Facundo Tignanelli, jefe del bloque de Unión por la Patria y uno de los dirigentes de confianza de Máximo Kirchner en La Cámpora, es uno de ellos. Otro es el expresidente de la Cámara de Diputados Alejandro Dichiara, referente del peronismo en la sexta sección electoral y exintendente de Monte Hermoso, la localidad que eligió la expresidenta para sus últimas vacaciones.
El camporismo pondrá en juego también las bancas en la Cámara baja bonaerense de Maite Alvado, Ariel Archanco, Fernanda Díaz y Berenice Latorre de Caro. Desde el sector de Grabois, termina el mandato Lucía Klug. Casos como los de Tignanelli o Díaz incluyen la imposibilidad de reelección, ya que están alcanzados por el límite de dos mandatos consecutivos de la ley de reelecciones bonaerenses.
En el Senado, ocho de las diez bancas que Unión por la Patria pone en juego son de dirigentes cristinistas. Entre ellas, la de Teresa García, la jefa del bloque, apoderada de la lista de Cristina en el PJ, interventora del partido en Corrientes y autora del proyecto de elecciones concurrentes que impulsa el kirchnerismo en la Cámara alta provincial.
También son leales a Cristina los senadores que finalizan mandato Omar Vivona y Gustavo Soos. El primero es el líder del peronismo en el distrito de Malvinas Argentinas; el segundo, un hombre de confianza del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (uno de los jefes comunales más encolumnados con Cristina en la interna justicialista). María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Pablo Obeid, Walter Torchio y Daniela Viera son los otros senadores alineados con la expresidenta que arriesgan sus bancas. Algunos de ellos (como Vivona, Soos, Defunchio, Demaría y Teresa García), no tienen posibilidad de reelección por la ley que limita los mandatos consecutivos. Sin un enrolamiento evidente está Eduardo “Bali” Bucca, quien también cesa en el cargo este año. En el Senado, lo cuentan como más cerca de Cristina que de Kicillof, según pudo relevar .
Las siete bancas kicillofistas que se arriesgan en las próximas elecciones están en la Cámara de Diputados provincial. Susana González, del sector de Mario Secco (intendente de Ensenada), una de las principales espadas con las que cuenta el gobernador, integra la lista de diputados salientes que siguen al gobernador.
Completan esa lista de bancas que Kicillof arriesga Naldo Brunelli (diputado de extracción gremial, de San Nicolás), Lucía Iañez (que milita junto al intendente de La Plata, Julio Alak), Mariana Larroque (hermana del ministro de Desarrollo de la Comunidad y fuerte impulsor de Kicillof en la interna, Andrés Larroque), Carlos “Cuto” Moreno (uno de los vicepresidentes de la Cámara), Liliana Pintos (una de las firmas del proyecto kicillofista de suspensión de las PASO y de su agrupación Movimiento Derecho al Futuro), y Ricardo Rolleri (un dirigente del peronismo de La Matanza con extensa trayectoria).
El Frente Renovador, de Massa, se juega seis bancas. Cinco de ellas, en la Cámara de Diputados: Nicolás Russo, María Fernanda Bevilacqua, Juan Martín Malpeli, Carlos Puglelli y Ayelén Rasquetti. En el Senado, arriesgará la banca de Sofía Vanelli. En la interna entre Cristina y Kicillof, el massismo se mueve en sintonía con los alfiles de la expresidenta.
En la Cámara de Diputados, dentro de un bloque peronista de 37 integrantes, 16 responden a Cristina Kirchner, 11 a Kicillof y 10 a Massa. En el Senado, con una bancada justicialista de 21 miembros, también 16 están alineados con la actual titular del PJ. Con Kicillof se pueden contar tres; con Massa, uno, y el restante es Bucca, más cercano a Cristina, pero sin alineamiento claro.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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