Un juez civil y comercial federal le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar una indemnización de 1125 millones de dólares al Estado por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el Gobierno.

Hace dos meses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme una decisión del mismo juez que rechazaba la caducidad de la instancia. Hoy, el magistrado declaró la caducidad de la instancia.

Esta sentencia se dio en un juicio civil −por daños y perjuicios− que corre paralelo a la causa penal de Vialidad, donde Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y por la cual debe afrontar el decomiso de sus bienes hasta la suma de 530 millones de dólares (648.990 millones de pesos).

En el juicio penal, Cristina Kirchner planteó justamente la semana pasada al tribunal oral que la condenó que ellos no eran competentes para rematar sus bienes. Dijo que sí lo era este juzgado civil y comercial federal N°2, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos. Como si hubiera estado segura de que le iban a dar la razón con este fallo conocido hoy.

Este demanda civil fue planteada en 2018 por Javier Iguacel cuando era titular de la Dirección Nacional de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri. La demanda era por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. Según la cotización de 2018, el monto correspondería a 1125 millones de dólares.

La decisión tomada hoy por el juez Dos Santos implica −por ahora− la finalización del proceso judicial civil por inactividad procesal: durante seis meses Vialidad no hizo nada para hacer avanzar el caso, por lo que además deberá pagar las costas, que son millonarias, proporcionales al monto de la demanda. Esa inactividad del organismo ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, en la que Cristina Kirchner fungía como vicepresidenta.

Pero el fallo no es definitivo, ya que es apelable ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La misma que el 24 de junio pasado, hace dos meses, dejó firme el rechazo de una decisión similar.

Dos de los jueces que fallaron en ese momento se jubilaron, con lo que el asunto, si es apelado por el Gobierno, deberá ser revisado por la misma Sala de la Cámara, pero con otra integración.

El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que “la resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando esta fuere declarada procedente“, lo que sucede en este caso.

Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia y el juez la rechazó el 22 de noviembre de 2024.

Su intento de apelación fue denegado por el magistrado y esa denegatoria fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal el 24 de junio de 2025, al basarse en que el rechazo es inapelable.

Sin embargo, el fallo de hoy, al conceder la caducidad de la instancia, es susceptible de apelación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

La causa se originó el 25 de enero de 2018, cuando Iguacel presentó la demanda civil contra Cristina Kirchner y Carlos Santiago Kirchner, entre otros imputados en el caso penal de Vialidad.

El objetivo era obtener resarcimiento por daños y perjuicios al patrimonio nacional, supuestamente causados por la adjudicación y ejecución de la obras públicas fraudulentas de Santa Cruz.

El 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó la competencia de este asunto al fuero Civil y Comercial Federal.

Tras la contestación de la demanda, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner presentó un “hecho nuevo”: su absolución en la causa penal de Vialidad, el 6 de diciembre de 2022, y pidió ser excluido del caso.

La providencia que dispuso el traslado de este escrito, el 17 de marzo de 2023, fue un punto clave en la tramitación del expediente, considerado como un acto impulsor del proceso, que impidió la primera caducidad.

El 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado presentaciones en la causa por más de dos años, ni había impulsado el expediente por más de nueve meses desde la notificación del juez competente. Era la Vialidad de la gestión de Alberto Fernández.

El 22 de noviembre de 2024, el juez rechazó este primer planteo de caducidad. Si bien consideró aplicable el plazo de seis meses sin actividad, lo computó desde el 17 de marzo de 2023 (el traslado del “hecho nuevo” de Carlos Santiago Kirchner), entendiendo que ese acto había impulsado el proceso.

La defensa de Cristina Kirchner apeló esta decisión el 28 de noviembre de 2024, por “manifiestamente arbitraria”. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el juez denegó la apelación.

Cristina Kirchner fue en queja a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó su planteo. La Sala III de la Cámara reiteró que la denuncia de “hecho nuevo” por parte de Carlos Santiago Kirchner impulsó el procedimiento.

Ahora, el juez de primera instancia, Bruno dos Santos, a pesar de los fallos anteriores que habían mantenido viva la causa, ante la nueva presentación de caducidad planteada por Kirchner el 7 de abril pasado, le dio la razón.

La defensa argumentó que, si bien la instancia había estado suspendida por el trámite de la anterior caducidad, el proceso se reanudó el 17 de marzo de 2025, fecha en que todas las partes fueron notificadas de la resolución del 22 de noviembre de 2024.

Según la defensa, desde esa reanudación y hasta el 28 de marzo de 2025, la inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, esta vez del gobierno de Javier Milei, fue total, y se cumplió así el plazo legal de seis meses sin que nadie impulsara la causa.

El juez Dos Santos le dio la razón y dijo que el castigo es para la negligencia de Vialidad, que se desentendió del curso de su reclamo, y que además la medida busca evitar la duración indeterminada de los procesos cuando los interesados abandonan sus pretensiones.

El tribunal desestimó los argumentos de la DNV, que había señalado demoras judiciales, cuestiones de competencia, o presentaciones como el pedido de préstamo del expediente para digitalizarlo.

El abogado de Ian Moche, el niño con autismo de 12 años que demandó a Javier Milei, presentó hoy un recurso de apelación para que su causa, cerrada ayer en favor del Presidente, sea reabierta.

Andrés Gil Domínguez, abogado de Moche, pidió que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revoque la sentencia de ayer del juez Alberto Recondo y que le ordene a Milei que elimine un tuit que aludía a Moche y lo asociaba a “los kukas”. También, que le imponga al Presidente abstenerse de realizar publicaciones similares en las redes sociales.

Según Gil Domínguez, el fallo de Recondo que le dio la razón al Presidente es nulo porque el juez argumentó que el Presidente tenía derecho a expresarse “como ciudadano” y fue eso lo que hizo. Por ende, dijo el abogado, “la sentencia incurre una contradicción insalvable” porque si Milei actuó “a título personal [y no como Presidente], entonces, el juez debería haber rechazado in limine la acción” porque no correspondía que interviniera la justicia federal sino la ordinaria.

El abogado discutió además el argumento del juez de que retuitear un mensaje no es adherir. “Cuando un usuario de la red social X repostea un mensaje ofensivo (agraviante, discriminatorio o difamante) y además expresa su conformidad o adhesión al contenido no actúa como mero intermediario o espectador, sino que se convierte en partícipe activo en la reproducción y ampliación del daño”, dijo el abogado.

“Al adherir públicamente mediante un reposteo ratificatorio a una publicación agraviante contra un niño con discapacidad, el Señor Presidente de la Nación realizó una acción con clara carga simbólica, discursiva e institucional”, afirmó Gil Domínguez en su escrito.

El abogado dijo que el juez planteó la existencia de una colisión de derechos (la libertad de expresión de Milei, por un lado, y el derecho a no ser atacado de Moche, por el otro) y priorizó al adulto. Ignoró así −afirmó Gil Domínguez− la “especial protección” que le dan la Constitución y los tratados con jerarquía constitucional “a los niños y a las personas con discapacidad”.

El abogado cuestionó además las declaraciones públicas que hizo este martes el juez Recondo, cuando sostuvo, en entrevistas radiales, que si él fuera progenitor del niño no lo expondría en los medios como lo hizo la familia.

“Las manifestaciones realizadas por el juez Recondo implican una objetiva violación a las reglas éticas de actuación de los jueces en torno a garantizar su imparcialidad e impartialidad, lo cual conlleva la nulidad absoluta de la sentencia dictada”, sostuvo Gil Domínguez.

En este punto, el abogado afirmó que lo expresado por el juez Recondo “denota una ideología coincidente con la manifestada por el ejército de trolls libertarios que agredieron digitalmente a Ian y a su entorno familiar desde la publicación del reposteo presidencial y que lo siguen haciendo actualmente (con el mismo argumento)”.

El abogado, por último, dijo: “Igualmente el juez Recondo debe quedarse tranquilo: un niño valiente, inteligente, solidario, comprometido, empático y con una madre como Marlene jamás lo elegiría como padre”.

Recondo, en su fallo del lunes, rechazó la demanda de Moche con el argumento de que, aunque Milei tuiteó desde una cuenta verificada con tilde gris (asignada a agentes de gobiernos), no es una “cuenta de comunicación oficial o institucional de la Presidencia”, como las que constituyen el canal de comunicación oficial del Poder Ejecutivo Nacional. El juez sostuvo que el mandatario tiene derecho a expresarse con libertad “como ciudadano” -aunque sea Presidente las 24 horas- y que, además, no había criticado a Moche sino al periodista que lo estaba entrevistando, Paulino Rodrigues.

El juez sostuvo que “si bien los funcionarios públicos pueden actuar en nombre del Estado, también son ciudadanos privados con sus propios derechos constitucionales”. Como tales −dijo Recondo− “tienen derecho a hablar sobre cuestiones públicas, a título personal”.

Según el juez, “el tipo de reposteo cuestionado, realizado desde la cuenta privada personal del señor Javier Milei en la red social “X”, no cabe entenderlo como un ‘acto estatal, revestido de la investidura pública’, ni un ‘canal de comunicación verificado del Estado’, como pretende la parte actora».