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“Demagogia fiscal”: el Gobierno asegura que la declaración de emergencia en discapacidad costaría USD 150 millones mensuales

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La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la oposición para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027″. Las cámaras que agrupan a los prestadores y trabajadores del sector denuncian que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están “vaciando” la red de asistencia y servicios de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el Gobierno aseguran que las administraciones kirchnerista de Cristina Fernández y Alberto Fernández utilizaron las pensiones por discapacidad como un sistema de “subsidios” y “herramienta de campaña política” ya que se otorgaron sin la documentación médica respaldatoria o de manera irregular. Por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros. También se descubrió un aceitado sistema de coimas para gestionar “certificados truchos” en los que están involucrados funcionarios, médicos, gestores y directores de hospitales públicos.

Asimismo sostienen que los legisladores que impulsan la normativa realizan “demagogia fiscal” y que buscan generar una presión presupuestaria sobre la administración actual mediante medidas de alto costo económico y sin respaldo financiero. La declaración de emergencia significa la erogación de unos USD 150 millones mensuales.

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Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a las más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarios.

El martes 8 de abril el Foro de Discapacidad entregó notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027

La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. “El proyecto no explica de dónde saldrá el dinero para cubrir este gasto, ni cuál será el mecanismo de financiamiento, más allá de facultar al Jefe de Gabinete a modificar el presupuesto”, señalaron fuentes del Gobierno, y advirtieron que podría comprometer el objetivo central del superávit fiscal que impulsa el Ejecutivo como estrategia para contener la inflación.

Desde el oficialismo también critican la base argumental del proyecto, señalando que actualmente se cumple con la normativa vigente en materia de discapacidad y que “todas las prestaciones están garantizadas”. Además, se observó que el texto “no establece claramente las competencias de las jurisdicciones” ni delimita cómo se implementarán las medidas propuestas.

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Uno de los puntos más polémicos es la extensión de pensiones sin exigir la acreditación de invalidez laboral total y permanente, un requisito vigente hasta enero de 2023, cuando una serie de resoluciones y decretos del gobierno anterior modificaron los criterios de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC), lo que, según la actual administración, derivó en múltiples casos de irregularidades y fraudes.

El titular del PAMI,  Esteban Leguízamo y Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS

Auditorías en marcha

Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el número de pensiones por invalidez creció en casi 300.000 casos, alcanzando un total de 1.250.000. Desde enero, el Gobierno inició una auditoría nacional que se realizan desde la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el titular del PAMI, Esteban Leguízamo que hasta ahora arrojó los siguientes resultados:

•Se enviaron 470.000 cartas documento a titulares de pensiones.

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•Solo 248.877 fueron entregadas. Entre las no entregadas, se identificaron 928 personas fallecidas, 11.000 mudanzas, 3.900 rechazos a la notificación y 100 renuncias voluntarias al beneficio.

•Ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas y se programaron otras 128.660. El Ministerio de Salud reportó casos concretos de fraudes detectados en la auditoría. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros intactos.

En el Chaco, se hallaron pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo cáncer de mama sin antecedentes médicos y pie plano en menores de edad. También se descubrió la reutilización de una misma radiografía en 150 trámites distintos.

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Además, se identificaron 212 personas privadas de libertad y 331 prófugos de la justicia que percibían irregularmente pensiones por invalidez. Entre los ejemplos más graves, figuran beneficiarios que iniciaron y obtuvieron la pensión en lapsos de 3 a 13 días, incluyendo casos de personas con múltiples causas penales abiertas y sin condiciones médicas habilitantes.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a en cabeza de Mario Iván Lugones, reafirman que las auditorías que se llevan adelante sobre el universo de 1,8 millones de pensiones no contributivas “para corregir las irregularidades que hoy existen y para que, a partir del ahorro que se genera poder otorgar mejores prestaciones”. Para los funcionarios de La Libertad Avanza: “Este proyecto de ley atenta contra eso porque amplia el número de beneficiarios en más de 600 mil personas”

Sobre este punto, los funcionarios son tajantes: “El proceso de auditoria que se lleva adelante es muy importante porque terminar con las irregularidades y dar de baja las pensiones inexistentes o mal dadas va a generar un ahorro, que permitirá mejorar prestaciones”.

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El proyecto de ley, que ya fue dictaminado por la comisiones Salud y Discapacidad de la Cámara Baja y el 23 de abril se trataría en la de Presupuesto, se estructura en una serie de artículos que buscan garantizar el “acceso” y la sostenibilidad de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Diputados opositores y cámaras empresariales del sector acusan Javier Milei de “pasar la motosierra” sobre un sector sensible y vulnerable. Desde el Foro Permanente Discapacidad acusan a la Administración de La Libertad Avanza de “destruir el sistema de atención a las personas con discapacidad” y atentar al “acceso igualitario de las personas con discapacidad a las prestaciones”.

Mario Lugones, Ministro de Salud, puso la lupa sobre las irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas y ordenó auditorías

En cuanto al “vaciamiento” del sector denunciado por los prestadores, desde el Ministerio de Salud recuerdan:

-En 2023, durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, “al aumento acumulado para los prestadores fue de 93% y la inflación fue del 214%.”

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-El año pasado “el aumento al sector fue del 99% contra el 117% de inflación, con lo cual se perdió pero mucho menos a lo que perdieron con el gobierno anterior.”

El proyecto de ley

Entre los puntos destacados del proyecto de ley que impulsa la emergencia en discapacidad hasta 2027 se incluyen compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores que tendría “un costo fiscal enorme para el Estado y tampoco se explica de dónde saldría el financiamiento”, apuntan desde la cartera de Salud.

El artículo 4º, en sus distintos incisos, establece:

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•”Un financiamiento adecuado y sostenible para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, en el marco de políticas de protección social”.

•”El fortalecimiento de los prestadores del sistema previsto en la Ley 24.901, incluyendo un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales.

•”Garantía de actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas”.

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•”Asignación de partidas para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas de acción inclusiva”.

•”Actualización de la asignación mensual y medidas de inclusión para los beneficiarios del Régimen Federal de Empleo Protegido, en cumplimiento de la Ley 26.816 sancionada en 2012 y promulgada en 2013, y que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad en la República Argentina. Su objetivo es garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los Talleres Protegidos de Producción, promoviendo su inclusión laboral y el acceso a condiciones dignas de empleo.

Familiares de personas con discapacidad y prestadores organizaron reclamaron a los diputados que se apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta 2027

•”Participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de formulación de políticas públicas, según los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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•”Faculta al Poder Ejecutivo a acordar otras medidas en materia de financiamiento con el Consejo Federal de Discapacidad.

El artículo 13 contempla una compensación de emergencia a prestadores del sistema, con base en la diferencia entre los aranceles actuales y la inflación. El artículo 14 establece la actualización mensual de aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el artículo 17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones de la ley, aunque con la aclaración de que no se podrá afectar el presupuesto destinado a servicios sociales.

Desde La Libertad Avanza cuestionan que el proyecto no contemple fuentes de financiamiento específicas, más allá de habilitar al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas presupuestarias. “Esto es otra muestra del desorden fiscal heredado. Buscan forzar aumentos sin tener en cuenta la sustentabilidad. No hay una sola línea que diga cómo se va a pagar”, indicaron desde la ANDIS y el Ministerio de Salud ante una consulta de este medio.

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Manuel Adorni, el vocero presidencial muestra la radiografía de un perro con la que se intentó tramitar un certificado por discapacidad laboral

Además, desde la Casa Rosada afirman que “la emergencia en discapacidad fue autoinducida por el uso político del sistema de pensiones durante los gobiernos anteriores, con la eliminación progresiva de los requisitos de invalidez laboral. Entre las medidas señaladas como parte de esa flexibilización normativa se encuentran:

•Resolución 8/2020 (ANDIS): permite iniciar el trámite en ANSES sin certificado médico oficial.

•Resolución 891/2021: habilita la emisión de certificados en papel por fuera del sistema TAD que es el Trámite a Distancia, una plataforma digital que permite a ciudadanos, empresas y organismos realizar gestiones administrativas de forma remota, electrónica y segura, sin necesidad de concurrir físicamente a una oficina pública.

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•Decreto 7/2023: modifica el Decreto 432/97, eliminando el requisito de incapacidad total y permanente y reemplazándolo por criterios de inclusión más amplios y subjetivos.

Desde la oposición, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de declarar la emergencia nacional en discapacidad argumentando que el sistema actual no garantiza plenamente el acceso a derechos básicos, en especial para quienes enfrentan mayores niveles de exclusión y pobreza.

Una causa judicial en el distrito de Taco Pozo, en Chaco descubrió un sistema corrupto para tramitar pensiones laborales no contributivas por discapacidad

Graves irregularidades

Las auditorías iniciadas por la ANDIS y diversas causas judiciales que tramitan en provincias como Chaco y Formosa revelan graves irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones por Discapacidad Laboral:

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– 212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.

– 331 prófugos dela justicia también estaban recibiendo estas pensiones.

En la Provincia de Buenos Aires se descubrieron casos alarmantes:

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-Un hombre con cuatro diagnósticos de salud diferentes asistió acompañado de un abogado a la convocatoria de la ANDIS para validad el beneficio.

-Pensionados que llegaron respaldados por representantes del “Movimiento Evita”, la organización social que lidera el ex funcionario de Alberto Fernández, Emilio Pérsico-

-Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado.

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-Dos personas estaban cumpliendo cumpliendo condena. Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por la legislación vigente es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.

Una causa en Chaco descubrió:

-Una Beneficiaria con Amputación Falsa: la mujer se presentó para auditar su pensión, la cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la señora contaba con ambos brazos.

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-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.

-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.

-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones.

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-Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.

-Una misma radiografía de hombro fue presentada por un médico como prueba en 150 pensiones por invalidez.

-El gobierno denunció que en Chaco “más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral”.

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La ANDIS valida los beneficios recibidos por presunta discapacidad laboral en todo el país CRÉDITO: PRENSA ANDIS

En la provincia de Formosa:

-El 7% de la población accedió a la pensión (el triple del promedio nacional)

-Hay localidades, como Misión Laishi, en donde la cobra el 18,3% de los habitantes. Dos de cada diez vecinos con Pensiones No Contributivas.

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“Discapacidad en emergencia”

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.

En la misma línea, la diputada Natalia Zaracho, también del bloque de Unión por la Patria y referente del sector de la economía popular -dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos- explicó que la iniciativa “busca que el Estado responda de manera efectiva a las necesidades urgentes de millones de personas con discapacidad que no acceden a una pensión o no reciben las prestaciones que les corresponden por ley”. Zaracho criticó la política de auditorías implementada por el Ejecutivo y afirmó que “no puede haber ajuste en discapacidad”.

El bloque de diputados opositores también subrayó que el proyecto no pretende otorgar automáticamente pensiones a todos los titulares de CUD, sino que busca establecer un marco de protección legal y financiera para garantizar la cobertura de prestaciones médicas, pensiones, transporte, educación y empleo protegido.

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En ese sentido, remarcaron que la situación crítica del sector no se resuelve “con recortes ni con estigmatización de los beneficiarios”, y pidieron al oficialismo “dejar de hacer propaganda con las auditorías y asumir que hay una deuda estructural del Estado con las personas con discapacidad”.

Una de las imágenes frete a la Casa Rosada durante una de las protestas   EFE/Carlota Ciudad

Además, desde el Frente de Todos y otros bloques aliados, defendieron los cambios normativos introducidos durante la gestión anterior en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), argumentando que fueron necesarios para ampliar el acceso a derechos en un contexto de pandemia y crisis económica, y que los criterios de otorgamiento se adaptaron a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con enfoque de inclusión y no de exclusión.

Por ahora, el tratamiento del proyecto genera un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, en un escenario legislativo atravesado por la discusión del ajuste fiscal, el acuerdo con el FMI y la recomposición del sistema de asistencia social. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez, con nuevas entrevistas médicas programadas y advertencias de posibles bajas de beneficios que no cumplan con los requisitos vigentes.

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El pasado martes 8 de abril, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el Foro Permanente Discapacidad, junto a las organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones, entregaron notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027.

Sobre este tema, desde los despachos de la ANDIS y la cartera de Salud recordaron una frase del presidente Javier Milei: “Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo”.

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Campaña violenta en Formosa: militantes del peronismo y la LLA se trenzaron a los golpes

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En la recta final de la campaña, un nuevo episodio de violencia se registró este martes en la ciudad de Formosa, cuando militantes de La Libertad Avanza (LLA) y de sectores afines al peronismo se enfrentaron a los golpes en la Plaza San Martín, en una disputa de poder por el espacio público.

Según denunciaron dirigentes libertarios, una militante de LLA resultó herida luego de ser atacada por un dirigente vinculado al oficialismo provincial de Gildo Insfrán.

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“Los militantes gildistas nos golpearon con el puño, con cintos y palos. La policía, brazo armado de Insfrán protegió a los violentos”, denunció en sus redes sociales la diputada provincial Gabriela Neme. La legisladora, que estuvo presente en el lugar, acompañó su mensaje con un video que da cuenta del violento escenario desatado esta tarde.

En los videos que comenzaron a circular en las redes sociales puede verse como dos bandos, uno integrado por jóvenes de remeras violetas y el otro con remeras rosas (usado por el peronismo) comienzan a trenzarse en una discusión que rápidamente escala de la agresión verbal a los golpes.

Según consignaron medios locales, el hecho ocurrió cuando militantes de LLA se aprestaban a instalar un gazebo de campaña en la plaza y fueron abordados por otro grupo de vinculado al oficialismo provincial, en una clara disputa por el dominio de la plaza. Allí, ambos grupos se encontraban repartiendo folletos como parte del último tramo de la campaña.

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Batalla campal en el cierre de campaña de LLA en Formosa

En diálogo con A24, Neme identificó al agresor de la mujer como Fabián Rodríguez, ex concejal del PJ y actual empleado estatal dentro de la administración de Insfrán. “La policía estaba ahí y no hizo nada. Lo tienen que detener porque es flagrante delito”, apuntó la diputada formoseña opositora. Neme expuso en su cuenta de X varios videos del hecho y responsabilizó al gobierno formoseño.

“Esto es Formosa, necesitamos que nos ayuden porque ya, te juro que con la constitución nueva, no damos más. Formosa es Venezuela, y no queremos ser mártires, queremos ser simplemente argentinos”, concluyó.


pic.twitter.com/aQ4yHzuViV,October 22, 2025,Formosa,Conforme a,Formosa,,Formosa: verdades amordazadas,,»Establecer lazos». Villarruel respondió a las críticas de los libertarios por su foto con Gildo Insfrán en Formosa,,Incapacidad. Obligada por la Justicia, la Andis restituye pensiones que había suspendido: cuántas y de qué lugar

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Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral de las elecciones nacionales legislativas 2025

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Este domingo 26 de octubre se desarrollarán las elecciones legislativas nacionales en las que se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso de la Nación. En concreto, se elegirán 127 diputados y 24 senadores. Para poder participar de los comicios es necesario figurar en el padrón electoral y acreditar la identidad con un documento válido para votar al momento de emitir el sufragio.

Cómo consultar dónde voto en las elecciones 2025, paso a paso

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

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  1. Ingresar a la web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

Una vez realizado este procedimiento, el sistema mostrará los datos del establecimiento de votación, la mesa y el número de orden para emitir el voto el 26 de octubre.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Si no podés consultar el padrón ingresá acá

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Con qué documentos se puede votar en las elecciones nacionales

Desde la página oficial del Estado argentino determinan que las elecciones legislativas 2025 “se regulan por lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional en conjunto con diversas leyes, decretos y disposiciones de alcance nacional”.

En ese sentido, el Código Nacional Electoral señala en el Título VIII, referido a las Disposiciones Generales y Transitorias, que, según el Artículo N°167, “la Libreta de Enrolamiento (Ley 11.386), la Libreta Cívica (Ley 13.010) y el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), en cualquiera de sus formatos (Ley 17.671) son documentos habilitantes a los fines de esta ley”.

Quiénes pueden votar en las elecciones del 26 de octubre

Según el Título I del Cuerpo Electoral, en su primer capítulo “de la calidad, derechos y deberes del elector”, son electores “los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho años de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley”.

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En ese sentido, el derecho y deber cívico de votar en las elecciones nacionales corresponde a todos los electores que hayan cumplido 16 años o más en la fecha de los comicios. Aunque la participación es obligatoria, quienes tengan menos de 18 años o más de 70 no serán incorporados al Registro de Infractores al Deber de Votar si no concurren a sufragar.

La participación electoral de los argentinos residentes en el extranjero presenta particularidades definidas por la legislación vigente. Para quienes hayan registrado su domicilio fuera del país antes del 19 de abril de 2025, la normativa les otorga la posibilidad de ejercer el voto de manera optativa en los comicios nacionales. Esta condición implica que no existe obligación legal de sufragar, a diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos que residen en territorio argentino.

El procedimiento para estos votantes contempla dos alternativas. Por un lado, pueden acudir personalmente al consulado o embajada correspondiente a su lugar de residencia para emitir su voto. Por otro, se les habilita la opción de realizar el trámite mediante envío postal, facilitando así la participación de quienes se encuentran lejos de las sedes diplomáticas.

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En otro aspecto, el Código Nacional Electoral extiende el derecho al voto a las personas privadas de libertad bajo prisión preventiva. Para que puedan ejercer este derecho, es requisito que figuren en el Registro de Electores Privados de Libertad, el cual es confeccionado por la Cámara Nacional Electoral. De este modo, tanto los argentinos en el exterior como quienes se encuentran detenidos preventivamente cuentan con mecanismos específicos para participar en los procesos electorales nacionales.

Qué se vota el 26 de octubre

Los argentinos empadronados votarán el próximo 26 de octubre para cubrir 24 bancas del Senado de la Nación y 127 escaños de la Cámara de Diputados que se renovarán ese año.

A continuación, el detalle de los cargos que se eligen, provincia por provincia:

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  • Jujuy: 3 Diputados/as Nacionales
  • Salta: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
  • Tucumán: 4 Diputados/as Nacionales
  • Catamarca: 3 Diputados/as Nacionales
  • La Rioja: 2 Diputados/as Nacionales
  • San Juan: 3 Diputados/as Nacionales
  • San Luis: 3 Diputados/as Nacionales
  • Mendoza: 5 Diputados/as Nacionales
  • Neuquén: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
  • Río Negro: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales
  • Chubut: 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales
  • Santa Cruz: 2 Diputados/as Nacionales
  • Tierra del Fuego: 2 Diputados/as Nacionales
  • Formosa: 2 Diputados/as Nacionales
  • Chaco: 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales
  • Santiago del Estero: 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales
  • Misiones: 3 Diputados/as Nacionales
  • Corrientes: 3 Diputados/as Nacionales
  • Santa Fe: 5 Diputados/as Nacionales
  • Entre Ríos: 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales
  • Córdoba: 9 Diputados/as Nacionales
  • Capital Federal: 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales
  • Buenos Aires: 35 Diputados/as Nacionales
  • La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales

Además, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero celebrarán elecciones locales al mismo tiempo que las nacionales.

Cómo se vota con a Boleta Única de Papel

El sistema de Boleta Única de Papel establece un procedimiento específico para la emisión del voto. Al ingresar al establecimiento, el votante recibe de la autoridad de mesa una boleta y un bolígrafo. Dentro del cuarto oscuro, debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente de cada categoría, utilizando únicamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por categoría.

El diseño de la boleta organiza las opciones partidarias y candidaturas en columnas, mientras que cada categoría a elegir se dispone en filas. Este formato permite visualizar todas las alternativas en una sola hoja y elimina la necesidad de múltiples boletas.

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) define el voto en blanco como aquel en el que el elector no realiza ninguna marca en una o más categorías.

En contraste, el voto nulo se produce si se utiliza una Boleta Única no oficializada, si se marcan dos o más agrupaciones políticas en la misma categoría —afectando solo a esa categoría—, si la boleta está rota de modo que impida identificar la opción elegida, si contiene inscripciones o imágenes ajenas a la marca electoral que dificulten la determinación del voto, o si se introducen objetos extraños junto con la boleta plegada.En elecciones donde se eligen diputados y senadores, como ocurre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el votante debe marcar una opción diferente en cada casillero correspondiente.

Qué pasa si no voy a votar el 26 de octubre

En el apartado referido a las faltas electorales del Código Nacional Electoral, en el Artículo Nº 125, se estipula una multa económica “entre $50 y $500″ al elector entre los dieciocho y menor de setenta años que no vote y no justifique su falta de voto ante la Justicia Nacional Electoral dentro de 60 días.

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Además, el infractor será incluido en el Registro de infractores al deber de votar y no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Durante un año, tampoco podrán renovar el pasaporte ni realizar gestiones ante organismos públicos.

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Cúneo Libarona dejará el gabinete luego de las elecciones: la charla con Milei y el balance interno

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Mariano Cúneo Libarona transita sus últimas horas dentro del gabinete de Javier Milei. La decisión ya está tomada. El ministro de Justicia se irá luego de las elecciones del próximo domingo. Según pudo saber , ya tiene escrita su carta de renuncia y solo resta que se reúna con el Presidente. Si no hay sorpresas, esa conversación, cara a cara, será el mismo domingo o en las primeras horas del lunes.

Cúneo Libarona será el segundo ministro en salir del gabinete antes de que Milei inicie su reestructuración, como anunció que hará tras las elecciones. El primero fue Gerardo Werthein, quien dimitió a la Cancillería.

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“Está exhausto, necesita dedicarse a su familia y a su salud”, dicen en su entorno. Cúneo Libarona hace tiempo que venía amagando con dejar el gabinete tras casi dos años de gestión. En la intimidad, el ministro cree que cumplió con la mayoría de los objetivos que se había planteado. En ese listado se destaca la implementación del sistema acusatorio en 14 provincias.

Se trata de un cambio clave para la Justicia. El Gobierno asegura que el nuevo Código Procesal Federal permitirá tener procesos penales más rápidos para investigar y condenar delitos graves, como narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, secuestros, entre otros. Los resultados más efectivos ya se vieron en Rosario, donde los fiscales activaron varios casos resonantes.

Todavía resta que el nuevo sistema aterrice en Comodoro Py. Por la resistencia de varios fiscales, Cúneo Libarona tuvo que postergar la fecha para noviembre. Por estas horas se define si antes de irse firmará una nueva postergación para dejar allanado el camino a su sucesor.

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En el Ministerio suena con fuerza el nombre de Guillermo Montenegro, uno de los pocos intendentes del PRO que obtuvo una victoria aplastante en septiembre. El exjuez federal podría hacerse cargo de un súper Ministerio, si finalmente se fusionan las áreas de Justicia y Seguridad.

En el listado de sus “logros”, Cúneo Libarona destaca la reestructuración de la planta de personal del Ministerio, la reducción de organismos como el Inadi, la ley que permitirá el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA, y las gestiones para que el país no caiga en la “lista gris” en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. Ocurrió hace un año, en la sede del GAFI. Los allegados al ministro cuentan que esa tarde lloró en soledad cuando recibió los mensajes del Presidente y de sus pares dentro del Gabinete.

El ministro de Justicia ya redactó su renuncia, en la que habla de cuestiones personales y hasta de su salud, pero tiene previsto seguir con sus actividades durante toda la semana. Si no hay sorpresas, no irá al cierre de la campaña en Rosario pero estará presente en el búnker de La Libertad Avanza el domingo.

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Su salida se concretaría el lunes, tras una charla mano a mano con el Presidente, con quien mantiene una relación afectuosa. De hecho, en las últimas horas cruzaron mensajes por WhatsApp por el cumpleaños del Presidente.

Cúneo Libarona recibió ofertas para seguir dentro del Gobierno, incluso en posiciones privilegiadas fuera del país, pero declinó todas las ofertas. “Va a ayudar pero desde afuera. En noviembre se tiene que operar de la rodilla y eso le va a demandar varias semanas de recuperación”, cuentan en su entorno. Luego, el ministro tiene previsto viajar a Alemania para una actividad académica que le demandará varias semanas.

El ministro asegura que en la próxima etapa priorizará “su salud y su familia”. ¿Volverá a su actividad como abogado? Todo que indicará que regresará lentamente pero lo hará con un régimen muy distinto al que llevaba adelante antes de ser ministro de Justicia.

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Cúneo Libarona mantuvo estos días su agenda habitual y concentró su energía en “ordenar la transición”. Eso implica que varios de los funcionarios que llegaron en su gestión seguirán, al menos por un tiempo. Entre lo que seguirían se destaca el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que tiene una misión clave: negociar con el peronismo en el Senado para intentar aprobar las decenas de pliegos pendientes.

La gestión de Cúneo Libarona termina con un dato negativo: el 32 por ciento de los 956 cargos de jueces habilitados está vacante. Esa cifra podría crecer hasta el 50 por ciento a fin de año: según un informe del Consejo de la Magistratura 142 jueces llegarán a la edad para jubilarse o ya tienen los años de aporte para hacerlo.


Nicolás Pizzi,Mariano Cúneo Libarona,Conforme a,Mariano Cúneo Libarona,,Análisis. ¿Y si Milei perdiera en Buenos Aires?,,Avenida del Libertador y Cerrito. Dejaron un artefacto explosivo en el estudio Cúneo Libarona: qué dijo el ministro de Justicia,,Reestructuración. Qué va a pasar con la Procuración del Tesoro

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