POLITICA
“Demagogia fiscal”: el Gobierno asegura que la declaración de emergencia en discapacidad costaría USD 150 millones mensuales
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la oposición para declarar la “emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027″. Las cámaras que agrupan a los prestadores y trabajadores del sector denuncian que desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está bajo la órbita del Ministerio de Salud, están “vaciando” la red de asistencia y servicios de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el Gobierno aseguran que las administraciones kirchnerista de Cristina Fernández y Alberto Fernández utilizaron las pensiones por discapacidad como un sistema de “subsidios” y “herramienta de campaña política” ya que se otorgaron sin la documentación médica respaldatoria o de manera irregular. Por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros. También se descubrió un aceitado sistema de coimas para gestionar “certificados truchos” en los que están involucrados funcionarios, médicos, gestores y directores de hospitales públicos.
Asimismo sostienen que los legisladores que impulsan la normativa realizan “demagogia fiscal” y que buscan generar una presión presupuestaria sobre la administración actual mediante medidas de alto costo económico y sin respaldo financiero. La declaración de emergencia significa la erogación de unos USD 150 millones mensuales.
Según los cálculos difundidos por voceros gubernamentales, el proyecto contempla la extensión automática de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral a las más de 1.800.000 personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que implicaría sumar más de 600.000 nuevos beneficiarios al sistema. En la actualidad, perciben esa pensión 1.179.088 personas beneficiarios.
La pensión vigente es de $270.000 mensuales, lo que representa una carga adicional de aproximadamente 167.000 millones de pesos mensuales. “El proyecto no explica de dónde saldrá el dinero para cubrir este gasto, ni cuál será el mecanismo de financiamiento, más allá de facultar al Jefe de Gabinete a modificar el presupuesto”, señalaron fuentes del Gobierno, y advirtieron que podría comprometer el objetivo central del superávit fiscal que impulsa el Ejecutivo como estrategia para contener la inflación.
Desde el oficialismo también critican la base argumental del proyecto, señalando que actualmente se cumple con la normativa vigente en materia de discapacidad y que “todas las prestaciones están garantizadas”. Además, se observó que el texto “no establece claramente las competencias de las jurisdicciones” ni delimita cómo se implementarán las medidas propuestas.
Uno de los puntos más polémicos es la extensión de pensiones sin exigir la acreditación de invalidez laboral total y permanente, un requisito vigente hasta enero de 2023, cuando una serie de resoluciones y decretos del gobierno anterior modificaron los criterios de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC), lo que, según la actual administración, derivó en múltiples casos de irregularidades y fraudes.
Auditorías en marcha
Entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el número de pensiones por invalidez creció en casi 300.000 casos, alcanzando un total de 1.250.000. Desde enero, el Gobierno inició una auditoría nacional que se realizan desde la ANDIS, a cargo de Diego Spagnuolo, y el titular del PAMI, Esteban Leguízamo que hasta ahora arrojó los siguientes resultados:
•Se enviaron 470.000 cartas documento a titulares de pensiones.
•Solo 248.877 fueron entregadas. Entre las no entregadas, se identificaron 928 personas fallecidas, 11.000 mudanzas, 3.900 rechazos a la notificación y 100 renuncias voluntarias al beneficio.
•Ya se realizaron 83.616 entrevistas médicas y se programaron otras 128.660. El Ministerio de Salud reportó casos concretos de fraudes detectados en la auditoría. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una mujer se presentó a auditar una pensión otorgada por una supuesta amputación de brazo, aunque tenía ambos miembros intactos.
En el Chaco, se hallaron pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo cáncer de mama sin antecedentes médicos y pie plano en menores de edad. También se descubrió la reutilización de una misma radiografía en 150 trámites distintos.
Además, se identificaron 212 personas privadas de libertad y 331 prófugos de la justicia que percibían irregularmente pensiones por invalidez. Entre los ejemplos más graves, figuran beneficiarios que iniciaron y obtuvieron la pensión en lapsos de 3 a 13 días, incluyendo casos de personas con múltiples causas penales abiertas y sin condiciones médicas habilitantes.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a en cabeza de Mario Iván Lugones, reafirman que las auditorías que se llevan adelante sobre el universo de 1,8 millones de pensiones no contributivas “para corregir las irregularidades que hoy existen y para que, a partir del ahorro que se genera poder otorgar mejores prestaciones”. Para los funcionarios de La Libertad Avanza: “Este proyecto de ley atenta contra eso porque amplia el número de beneficiarios en más de 600 mil personas”
Sobre este punto, los funcionarios son tajantes: “El proceso de auditoria que se lleva adelante es muy importante porque terminar con las irregularidades y dar de baja las pensiones inexistentes o mal dadas va a generar un ahorro, que permitirá mejorar prestaciones”.
El proyecto de ley, que ya fue dictaminado por la comisiones Salud y Discapacidad de la Cámara Baja y el 23 de abril se trataría en la de Presupuesto, se estructura en una serie de artículos que buscan garantizar el “acceso” y la sostenibilidad de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Diputados opositores y cámaras empresariales del sector acusan Javier Milei de “pasar la motosierra” sobre un sector sensible y vulnerable. Desde el Foro Permanente Discapacidad acusan a la Administración de La Libertad Avanza de “destruir el sistema de atención a las personas con discapacidad” y atentar al “acceso igualitario de las personas con discapacidad a las prestaciones”.
En cuanto al “vaciamiento” del sector denunciado por los prestadores, desde el Ministerio de Salud recuerdan:
-En 2023, durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, “al aumento acumulado para los prestadores fue de 93% y la inflación fue del 214%.”
-El año pasado “el aumento al sector fue del 99% contra el 117% de inflación, con lo cual se perdió pero mucho menos a lo que perdieron con el gobierno anterior.”
El proyecto de ley
Entre los puntos destacados del proyecto de ley que impulsa la emergencia en discapacidad hasta 2027 se incluyen compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores que tendría “un costo fiscal enorme para el Estado y tampoco se explica de dónde saldría el financiamiento”, apuntan desde la cartera de Salud.
El artículo 4º, en sus distintos incisos, establece:
•”Un financiamiento adecuado y sostenible para las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, en el marco de políticas de protección social”.
•”El fortalecimiento de los prestadores del sistema previsto en la Ley 24.901, incluyendo un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales.
•”Garantía de actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas”.
•”Asignación de partidas para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y programas de acción inclusiva”.
•”Actualización de la asignación mensual y medidas de inclusión para los beneficiarios del Régimen Federal de Empleo Protegido, en cumplimiento de la Ley 26.816 sancionada en 2012 y promulgada en 2013, y que crea el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad en la República Argentina. Su objetivo es garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los Talleres Protegidos de Producción, promoviendo su inclusión laboral y el acceso a condiciones dignas de empleo.
•”Participación de personas con discapacidad y sus organizaciones en los procesos de formulación de políticas públicas, según los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
•”Faculta al Poder Ejecutivo a acordar otras medidas en materia de financiamiento con el Consejo Federal de Discapacidad.
El artículo 13 contempla una compensación de emergencia a prestadores del sistema, con base en la diferencia entre los aranceles actuales y la inflación. El artículo 14 establece la actualización mensual de aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y el artículo 17 faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con las disposiciones de la ley, aunque con la aclaración de que no se podrá afectar el presupuesto destinado a servicios sociales.
Desde La Libertad Avanza cuestionan que el proyecto no contemple fuentes de financiamiento específicas, más allá de habilitar al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas presupuestarias. “Esto es otra muestra del desorden fiscal heredado. Buscan forzar aumentos sin tener en cuenta la sustentabilidad. No hay una sola línea que diga cómo se va a pagar”, indicaron desde la ANDIS y el Ministerio de Salud ante una consulta de este medio.
Además, desde la Casa Rosada afirman que “la emergencia en discapacidad fue autoinducida por el uso político del sistema de pensiones durante los gobiernos anteriores, con la eliminación progresiva de los requisitos de invalidez laboral. Entre las medidas señaladas como parte de esa flexibilización normativa se encuentran:
•Resolución 8/2020 (ANDIS): permite iniciar el trámite en ANSES sin certificado médico oficial.
•Resolución 891/2021: habilita la emisión de certificados en papel por fuera del sistema TAD que es el Trámite a Distancia, una plataforma digital que permite a ciudadanos, empresas y organismos realizar gestiones administrativas de forma remota, electrónica y segura, sin necesidad de concurrir físicamente a una oficina pública.
•Decreto 7/2023: modifica el Decreto 432/97, eliminando el requisito de incapacidad total y permanente y reemplazándolo por criterios de inclusión más amplios y subjetivos.
Desde la oposición, los impulsores del proyecto defendieron la necesidad de declarar la emergencia nacional en discapacidad argumentando que el sistema actual no garantiza plenamente el acceso a derechos básicos, en especial para quienes enfrentan mayores niveles de exclusión y pobreza.
Graves irregularidades
Las auditorías iniciadas por la ANDIS y diversas causas judiciales que tramitan en provincias como Chaco y Formosa revelan graves irregularidades en el otorgamiento de las Pensiones por Discapacidad Laboral:
– 212 presos cobraban de manera irregular una Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral. El 85% de estas pensiones a presos fueron otorgadas en los gobiernos Kirchneristas.
– 331 prófugos dela justicia también estaban recibiendo estas pensiones.
En la Provincia de Buenos Aires se descubrieron casos alarmantes:
-Un hombre con cuatro diagnósticos de salud diferentes asistió acompañado de un abogado a la convocatoria de la ANDIS para validad el beneficio.
-Pensionados que llegaron respaldados por representantes del “Movimiento Evita”, la organización social que lidera el ex funcionario de Alberto Fernández, Emilio Pérsico-
-Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado.
-Dos personas estaban cumpliendo cumpliendo condena. Lo más alarmante de estos casos, además de encontrarse en incompatibilidad por la legislación vigente es que a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, de modo exprés en tan solo 13 días, y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.
Una causa en Chaco descubrió:
-Una Beneficiaria con Amputación Falsa: la mujer se presentó para auditar su pensión, la cual había sido otorgada por una supuesta amputación del brazo derecho. Sin embargo, la señora contaba con ambos brazos.
-Diagnósticos Confusos: Muchos beneficiarios ofrecieron respuestas contradictorias sobre sus condiciones de salud. Por ejemplo, una persona alegaba tener hipertensión, mientras que el Cuerpo Médico de Evaluación registraba diabetes. Este patrón se repitió en múltiples casos, revelando una falta de coherencia en los diagnósticos.
-Pensión por Cáncer de Mama Inexistente: Un caso particularmente alarmante involucró a una mujer que recibió una pensión por cáncer de mama, a pesar de nunca haber sido diagnosticada con esta enfermedad. Además, la beneficiaria confesó no haber realizado nunca una mamografía.
-Pensión por Pie Plano: En otro caso, una niña fue beneficiaria de una pensión debido a un diagnóstico de pie plano, lo que genera dudas sobre la rigurosidad de los criterios utilizados para otorgar estas pensiones.
-Confesión de Fraude: Una mujer admitió durante la auditoría que no padecía ninguna enfermedad y que su pensión fue gestionada por su empleadora con el fin de evitar el pago de su salario.
-Una misma radiografía de hombro fue presentada por un médico como prueba en 150 pensiones por invalidez.
-El gobierno denunció que en Chaco “más del 60% de los auditados incumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral”.
En la provincia de Formosa:
-El 7% de la población accedió a la pensión (el triple del promedio nacional)
-Hay localidades, como Misión Laishi, en donde la cobra el 18,3% de los habitantes. Dos de cada diez vecinos con Pensiones No Contributivas.
“Discapacidad en emergencia”
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.
En la misma línea, la diputada Natalia Zaracho, también del bloque de Unión por la Patria y referente del sector de la economía popular -dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos- explicó que la iniciativa “busca que el Estado responda de manera efectiva a las necesidades urgentes de millones de personas con discapacidad que no acceden a una pensión o no reciben las prestaciones que les corresponden por ley”. Zaracho criticó la política de auditorías implementada por el Ejecutivo y afirmó que “no puede haber ajuste en discapacidad”.
El bloque de diputados opositores también subrayó que el proyecto no pretende otorgar automáticamente pensiones a todos los titulares de CUD, sino que busca establecer un marco de protección legal y financiera para garantizar la cobertura de prestaciones médicas, pensiones, transporte, educación y empleo protegido.
En ese sentido, remarcaron que la situación crítica del sector no se resuelve “con recortes ni con estigmatización de los beneficiarios”, y pidieron al oficialismo “dejar de hacer propaganda con las auditorías y asumir que hay una deuda estructural del Estado con las personas con discapacidad”.
Además, desde el Frente de Todos y otros bloques aliados, defendieron los cambios normativos introducidos durante la gestión anterior en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), argumentando que fueron necesarios para ampliar el acceso a derechos en un contexto de pandemia y crisis económica, y que los criterios de otorgamiento se adaptaron a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con enfoque de inclusión y no de exclusión.
Por ahora, el tratamiento del proyecto genera un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, en un escenario legislativo atravesado por la discusión del ajuste fiscal, el acuerdo con el FMI y la recomposición del sistema de asistencia social. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez, con nuevas entrevistas médicas programadas y advertencias de posibles bajas de beneficios que no cumplan con los requisitos vigentes.
El pasado martes 8 de abril, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, el Foro Permanente Discapacidad, junto a las organizaciones miembro, personas con discapacidad, familiares e instituciones, entregaron notas a los diputados nacionales exigiendo la urgente aprobación del proyecto de ley que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027.
Sobre este tema, desde los despachos de la ANDIS y la cartera de Salud recordaron una frase del presidente Javier Milei: “Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo”.
POLITICA
Peligra el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires: un gremio docente rechazó la oferta salarial de Kicillof
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decidió no comenzar el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires luego de calificar como insuficiente la última propuesta salarial presentada por la administración de Axel Kicillof. La resolución, adoptada en el Congreso Extraordinario de la entidad, incluye además la convocatoria a un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo cuando se inicie el ciclo lectivo. Además autorizó su Consejo Directivo para definir nuevas acciones frente a eventuales ofertas futuras.
La propuesta rechazada por la FEB contemplaba un incremento del 4% para febrero, retroactivo a diciembre, y un 3% para enero, en un contexto de emergencia económica declarado por la Legislatura bonaerense. La FEB es uno de los gremios que forma parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Es el segundo en nivel de representatividad, detrás del gremio de Suteba, que comanda Roberto Baradel, y con fuerte presencia en el interior bonaerense.
Este viernes, la FEB sostuvo que estos aumentos no alcanzan a cubrir el deterioro del poder adquisitivo de los docentes frente al avance de la inflación.
“Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el Congreso manifestó hoy la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”, indicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera y explicó que “el Congreso facultó además al Consejo Directivo para llevar adelante diferentes acciones gremiales”.
El ciclo lectivo estaba programado para comenzar el 2 de marzo. Desde la reapertura de las paritarias el 5 de febrero, la negociación no logró avances sustanciales para el conjunto de los gremios. De hecho, algunas negociaciones también siguen abiertas y distintos gremios estatales rechazaron las últimas ofertas realizadas por la gestión bonaerense. ATE, por caso, también consideró insuficiente el último ofrecimiento y continúa la negociación.
En enero, cuando se acordaron los aumentos y se planteó la reapertura para el mes de febrero, desde el gobierno bonaerense destacaron el impacto negativo del recorte de transferencias no automáticas desde la Nación y la fuerte disminución de la recaudación, aunque ratificaron la prioridad de mantener el diálogo con los sindicatos y la voluntad de sostener las condiciones laborales del personal. En la gobernación sostienen que hasta fin del año pasadao la deuda de la Nación con Buenos Aires asciende a $12 billones.
La paritaria bonaerense permanece abierta a la espera de una nueva convocatoria formal por parte del Ministerio de Trabajo provincial.
Este viernes, el resto de los gremios docentes que componen el Frente de Unidad decidían los pasos a seguir. Suteba, realizó asambleas en distintos puntos de la Provincia y se debatió sobre el ofrecimiento salarial del Ejecutivo. Será el plenario de secretarios generales el que defina los pasos a seguir.
El viernes de la semana pasada, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) fue convocado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en una nueva reunión de la Comisión Paritaria Docente, que se realizó de forma virtual. La convocatoria respondió a lo acordado en la última paritaria celebrada en enero.
En el último encuentro de días atrás, las organizaciones que integran el FUDB expusieron las demandas del sector docente, en un contexto signado por la política económica del Gobierno Nacional, que ha impactado sobre el poder adquisitivo de los salarios.
Durante la reunión, el Gobierno Provincial presentó una propuesta salarial que fue considerada insuficiente por los gremios. “La oferta no responde a las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación”, señalaron desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, según un comunicado difundido tras el encuentro. Las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria. Hoy, la FEB ya anunció el paro.
El pedido central de los sindicatos se enfoca en lograr un aumento salarial que compense la pérdida de poder de compra registrada en los últimos meses. Desde el FUDB reclamaron “la inmediata convocatoria a una nueva reunión” para avanzar hacia un acuerdo que permita recomponer los ingresos del sector.
El conflicto salarial docente en la provincia de Buenos Aires se da en un escenario de fuerte tensión con el Gobierno Nacional, que ha recortado fondos destinados a educación y eliminado partidas específicas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Este contexto ha generado preocupación entre los sindicatos, que advierten sobre el riesgo de una mayor caída del salario real.
“El deterioro del poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes es consecuencia directa de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional”, afirmaron desde el FUDB. Los gremios sostienen que el ajuste presupuestario nacional repercute de manera directa en los ingresos y condiciones laborales del sector educativo bonaerense.
Además de los docentes, los gremios estatales también rechazaron el último ofrecimiento de mejora salarial. El último jueves, la oferta del 3% también se replicó para los trabajadores enrolados en ATE, UPCN y Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA).
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) rechazaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de las paritarias 2026, según informaron ambas organizaciones en comunicados difundidos el 12 de febrero. Las entidades consideraron insuficiente el incremento ofrecido para el personal incluido en la Ley 10.430 (Estatales), Ley 10.579 (Trabajadores docentes) y regímenes especiales.
ATE exigió un aumento salarial que supere la inflación, el pase a planta permanente de todos los trabajadores estatales y la recategorización del personal. También incluyó pedidos de aumento de emergencia para los sectores más postergados, pase a planta de becas de contingencia y de becarios en otras jurisdicciones de la administración pública, así como la conversión de becas de capacitación a contingencia, continuidad de la mesa de carrera administrativa y una nueva normativa para auxiliares de la educación, con la derogación de la Resolución 293. El pliego agrega la apertura de mesas técnicas en áreas como Patronato, Niñez, Derechos Humanos, Mujeres, OPISU y Acceso a la Justicia.
Por su parte, FEGEPPBA comunicó que la oferta del Gobierno Provincial fue rechazada por las organizaciones sindicales y solicitó que el Poder Ejecutivo reevalúe la propuesta y realice un mayor esfuerzo presupuestario. “Solicitamos que se mejore el porcentaje propuesto a la mayor brevedad posible, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que contemple de manera real las necesidades de las y los trabajadores estatales”, expresó la conducción de la federación en el comunicado oficial.
POLITICA
El plan para “derribar” a Francisco: Grabois recordó su reunión con Bannon y dijo que “no sabía” del vínculo con Epstein
Luego de que se conociera que Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes en los que hablaban de un plan para “derribar” al papa Francisco, el diputado nacional Juan Grabois, quien supo estar muy cerca del fallecido Jorge Bergoglio, recordó su reunión con el controvertido exasesor del presidente de los Estados Unidos –a quien había elogiado tras ese encuentro– y aseguró que desconocía su vínculo con el financista y delincuente sexual.
“De Bannon no sabía que estaba ligado a Epstein, pero sí, claramente, que estaba en una campaña contra el papa Francisco”, afirmó Grabois durante una entrevista que le concedió al portal Religión Digital.
El diputado nacional de Unión por la Patria recordó que , “con errores y aciertos”, su deber “siempre fue llevar su mensaje [el del Papa] y debatir con sus enemigos para ‘convertirlos’”. “Hice eso desde 2007, antes, durante y después de su pontificado, en la Argentina y muchos países del mundo”, relató.
Respecto de su extensa charla con Bannon, figura influyente en la derecha estadounidense, el dirigente social confesó: ”Creo que fue una reunión positiva porque no lo escuché volver a hablar mal de Francisco que era mi objetivo central».
Grabois suele verse con referentes políticos del exterior para discutir sobre el legado de Francisco. “Cada vez que tengo oportunidad me siento a dialogar con cualquier persona políticamente relevante –sea de derecha, sea de izquierda– sobre el magisterio de Bergoglio, muy particularmente si son católicos, para poner ese magisterio en valor y evitar tantas críticas injustas», puntualizó.
Según correos incluidos en la última tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Epstein y Bannon intercambiaron mensajes en los que planteaban financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa argentino. “Derribaremos a Francisco (‘Will take down Francis’)”, escribió Bannon; allí agregó que también debían atacar a Hillary y Bill Clinton, al presidente de China, Xi Jinping, y a la Unión Europea.
El correo data de junio de 2019, semanas antes del arresto de Epstein –el 6 de julio de ese año–, y muestra además que Bannon mantuvo un contacto estrecho hasta el final con el financista, que murió en una prisión de Manhattan el 10 de agosto de 2019.
La documentación publicada comienza a revelar que Epstein empezó a financiar organizaciones benéficas católicas a través de su fundación. Además, envió a sus hombres a eventos del Vaticano ya que estaba muy interesado en la “política exterior” de la Santa Sede en materia de inmigración y contra la propagación del populismo nacionalista.
En agosto último, Grabois contó en el canal de streaming Blender que se había visto con Bannon: “Estuve muchas horas con él. Me encontré con un estilo de persona que uno piensa: ‘Así deberían ser los que tienen planteos de izquierda, revolucionarios’. Un tipo simple, con una casa simple [siendo] uno de los creadores de MAGA”.
Allí sostuvo que Bannon “es un humanista católico” que plantea que “existe una oligarquía que se está tratando de autonomizar del Estado norteamericano y crear un Estado apartheid en Silicon Valley para controlar el mundo desde ahí”. “Voto a favor, estoy con vos Steve Bannon [en la misión de ‘aplastar a esa oligarquía’]”, afirmó Grabois.
Dos meses antes, el diputado se había referido a Bannon en el mismo streaming. En esa ocasión dijo que, “a diferencia de lo que plantea Elon Musk, Bannon plantea un nacionalismo popular de los Estados opresores […] y una guerra contra las élites económicas”. Y añadió: “Sería un graboisista de derecha”.
En febrero de 2025, Bannon se declaró culpable en una causa judicial por el desvío de fondos para construir el muro antinmigración con México y fue condenado a tres años de libertad condicional.
En octubre de 2022 también había recibido un revés de la Justicia de los Estados Unidos, cuando fue condenado a cuatro meses de prisión por su negativa a colaborar con la investigación parlamentaria sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 que encabezaron militantes de Trump.
Bannon, ideólogo de la campaña electoral de Trump, cumplió esa condena y fue liberado en octubre de 2024.
Es una figura controvertida en los Estados Unidos. Influyente en el Partido Republicano, conduce el podcast Cuarto de guerra, donde milita por Trump.
intercambiaron mensajes en los que hablaban de un plan para “derribar” al papa Francisco,documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos,Grabois,Jeffrey Epstein,Juan Grabois,Conforme a,,Valía US$12,5 millones. Jeffrey Epstein negoció con insistencia la venta de un helicóptero al gobierno argentino,Jeffrey Epstein,,Fortuna, fraude y muerte. La controversial familia de Ghislaine Maxwell y sus intentos de volver a ser millonaria: “Mamá, yo existo”,,Regalos de lujo y sospechas. El caso Epstein golpea a Wall Street: renunció una importante abogada por su vínculo con el “tío Jeffrey”,,Chopra en el ojo de la tormenta. Abordaron al gurú en un aeropuerto: “No hubo ninguna mala conducta. Cero”
POLITICA
La Justicia rechazó los pedidos de Cristina Kirchner para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitasc
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner sobre el uso de la tobillera electrónica y las restricciones a las visitas impuestas para su prisión domiciliaria.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ponderaron el dictamen fiscal de Mario Villar donde opinó que debían rechazarse los pedidos. Mariano Borinsky votó en disidencia. De esta manera, la expresidenta continuará con las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal 2.
En sus argumentos, los camaristas consideraron que todas las medidas tomadas no implican un “agravamiento ilegítimo de la pena”, como aseguraron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
Noticia que está siendo actualizada.-
Cristina Kichner, Vialidad, Justicia
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