El final de enero, un mes en el que el presidente Javier Milei había logrado una mayor homogeneidad interna, sobre todo, por el apaciguamiento de la disputa de poder entre los territoriales que comandan los Menem y la aldea digital que dirige Santiago Caputo, fue convulsionado para la Casa Rosada. Es que la gestión de Milei vivió una semana devastadora en términos de renuncias o desplazamientos de altos funcionarios que cumplían funciones en ministerios, secretarías u organismos públicos clave.

Las sospechas de corrupción ligadas al manejo de fondos o los resortes del Estado y las diferencias internas por la implementación de medidas aceleraron el recambio en el equipo de colaboradores de Milei. En los últimos siete días se fueron al menos cinco miembros de la gestión de La Libertad Avanza que ocupaban cargos superiores. A diferencia de lo ocurrido durante otros períodos de “purga” en la era Milei, las salidas se produjeron en puestos estratégicos de la administración y en áreas sensibles, como justicia, transporte y energía.

Los corrimientos más relevantes fueron los que protagonizaron Paul Starc (Unidad de Información Financiera); Luis Pierrini (Transporte); Carlos Casares (Enargas) y Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, quienes estaban a cargo de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente. También hubo movimientos en la Aduana, área que controla Andrés Vázquez, el titular de la ARCA y hombre cercano a Caputo. A quince días de haber asumido su cargo, Gustavo Mariezcurrena renunció como jefe de la Aduana en Ezeiza por razones de salud. Esta vez, se fueron perfiles más técnicos que políticos.

La renuncia de Starc en la UIF, un puesto clave en Justicia, provocó ruido interno. Quienes lo trataron en el último tiempo aseguraban que había sufrido un desgaste en la gestión. Si bien Caputo, el principal consejero de Milei, había patrocinado su llegada al organismo, Starc no contaba con un gran respaldo interno. A su vez, había manifestado sus diferencias con el proyecto de “inocencia fiscal” promovido por Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía. Hace meses advirtió a sus superiores que la ley podría colisionar con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Tuvo que ver con la dinámica de trabajo”, desliza una fuente oficial sobre los motivos de la dimisión de Starc, quien había viajado hace un par de semanas a los EE.UU. para recolectar información sobre la investigación por lavado de dinero contra las autoridades de la AFA. En el Gobierno machacan con que su salida no se dio en malos términos. Por eso, afirman, no volvería a la fiscalía federal de Tres de Febrero porque Caputo le habría asegurado una silla en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende de Economía.

La interna entre la hermana de Milei y el consultor no se coló en los cambios en Justicia. Es que Ernesto Gaspari, el sucesor de Starc en la UIF, también fue apalancado por Caputo. El nombre de Gaspari llegó a oídos del consultor a través de Cristian Auguadra, jefe de la SIDE. Ambos se conocieron cuando Gaspari, que ocupó varios cargos en Cancillería, pasó por Socma, el holding de la familia Macri.

Otro movimiento resonante que se produjo en el Gobierno en la última semana fue el descabezamiento de la secretaría de Transporte que ordenó Luis Caputo desde el foro económico de Davos, Suiza, adonde viajó para acompañar al Presidente. En el oficialismo hay dos versiones respecto de la decisión de Caputo de reformatear el área. Unos lo atribuyen a la denuncia que publicó en torno a sospechas de corrupción por el reparto de subsidios. Otros aseguran que la reorganización del área había sido decidida de antemano y que responde a la designación de Carlos Frugoni como secretario Coordinador de Infraestructura. El extitular de AUSA, un hombre cercano a Mauricio Macri, que fue corrido por el primo del líder de Pro en la Ciudad, habría pedido controlar un área tan sensible como transporte. Caputo, en tanto, aseguran fuentes oficiales, había perdido hace tiempo la confianza en Pierrini, cuyo soporte era Juan Pazo, extitular de la ARCA. La denuncia por supuesta corrupción en la distribución de los subsidios lo dejó contra las cuerdas.

No obstante, el mayor escándalo de la semana se produjo en la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que se ocupa de operar y mantener las tres centrales nucleares del país. Como ocurrió con Diego Spagnuolo en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Presidente puso a un amigo suyo al frente de la compañía: Demian Reidel. El jueves, Reidel, quien ayudó a Milei a confeccionar el discurso que pronunció en Davos, vivió su día más complejo en la gestión. Enfrentó una rebelión interna en la empresa que dirige.

German Guido Lavalle, vice de Nucleoeléctrica, convocó a una reunión de directorio después de que, a través de un informe técnico, se detectaran supuestas irregularidades vinculadas a un sobreprecio en el proceso de licitación del servicio de limpieza. Lavalle, que llegó al cargo impulsado por Reidel, propuso sumariar y remover de manera temporal a los dos gerentes involucrados: Marcelo Famá y Hernán Pantuso. Reidel intentó hacer control de daños. Pero el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, quien tiene voz y voto en el directorio, se inclinó por la remoción por prevención -no querían que el escándalo creciera y afectara a Milei- e impuso a Fernando Monserrat como sucesor de Monserrat. Chaher reporta a Santiago Caputo. El director Axel Larreteguy, pese a que supo tener un vínculo cercano a Reidel, también aportó su voto para correrlo. “Nadie pone las manos en el fuego por Demian. Si esto crecía, podía perjudicar al Presidente”, señalan fuentes al tanto de la escaramuza en Nucleoeléctrica. En la Casa Rosada presumían que podían sufrir el poder de fuego de “la casta nuclear”, como denominan a los cuadros técnicos que ocupan cargos relevantes en el área, si no cortaban de cuajo el escándalo.

Casares dio el portazo como interventor de Enargas después de sufrir las dificultades de articulación en su sector, un déficit que evidencia la gestión de Milei. En su carta de despedida, no ocultó su malestar porque el gobierno lo consideró “prescindible”. Se fue antes de que el flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge) absorba las funciones de los actuales entes de control, Enargas y ENRE.

Sin embargo, la transformación en el Gabinete de Milei podría continuar en los próximos meses. En Balcarce 50 descuentan que el Presidente deberá buscar un reemplazo para Mariano Cúneo Libarona, quien amagó con irse después de las elecciones legislativas de octubre. Ahora se encuentra en Alemania, adonde viajó después de tomarse licencia. A fines del año pasado, los Milei lo convencieron de quedarse como titular de la cartera para impedir que escalara la crisis interna entre Caputo y la hermana del Presidente. El número dos de Cúneo en el Ministerio de Justicia es Sebastián Amerio, un leal al consultor y el funcionario que mueve los hilos en esa área. Un ascenso de Amerio le hubiese dado un mayor poder de fuego a Caputo, quien ya controla la Secretaría de Inteligencia.

Otra modificación que se avecina en el elenco del Gobierno pasa por Seguridad. El bullrichista Juan Pablo Allan se alista para dejar su cargo en el Registro Nacional de Armas (Renar) -podría concretarse en los próximos meses- para asumir como concejal de LLA en La Plata. Su objetivo es posicionarse para pelear por la sucesión de del intendente Julio Alak en 2027. Allan sería suplantado por Pablo Walter, otro dirigente cercano a Bullrich. Quien también aguarda su salto al Ejecutivo es Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y senador bonaerense electo por LLA. El exPro y aliado de Bullrich asumiría al frente de la nueva agencia de Migraciones.

En los 775 días que lleva al frente del Gobierno, Milei echó a unos 215 funcionarios de alto rango. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron cesanteados por semana desde que el Presidente llegó a la Casa Rosada.

El dato se desprende de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien monitorea diariamente los despidos en el Estado.

Después de que el oficialismo sorteara con éxito el test electoral de octubre, el Presidente rediseñó el Gabinete: corrió a Guillermo Francos y le dio más poder a Karina Milei, jefa de LLA en todo el país. Con el respaldo en las urnas, Milei priorizó a los puros en el nuevo esquema: ungió a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y evitó hacer grandes concesiones a los aliados. Apenas incorporó a Diego Santilli (Pro) como ministro del Interior.

El consultor Caputo perdió terreno como interlocutor político del Gobierno, pese a que mantiene lazos con gobernadores y dirigentes que orbitan cerca de Milei, como Cristian Ritondo, jefe de Diputados de Pro. Quienes lo frecuentan deslizan que cambió su estrategia y prefiere no confrontar con los Menem o, al menos, no responder los ataques de sus adversarios internos. En su entorno valoran el rol de Adorni, a quien le atribuyen haber logrado armonizar el clima interno en el Gabinete. Saben que sigue las directivas de Karina Milei, pero reconocen que adquirió cierto vuelo propio. “Por lo menos no nos opera, como Francos”, señalan los fieles seguidores de Caputo.

Los Menem, en rigor, deberán defender en el Congreso la última gran apuesta del consejero de Milei: el cuestionado DNU con el que le dio más poder a la SIDE. Anoche, Caputo defendió la reforma en su cuenta de la red social “X”, donde se muestra activo para promocionar las medidas de sus laderos en el Estado, atacar a periodistas o simplemente exaltar a Milei y su alineamiento con Donald Trump. “El decreto de no habilita una policía secreta”, escribió Caputo