En una semana en la que podrían surgir novedades en torno a las denuncias en su contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continuará participando de actividades oficiales, aparecerá públicamente y volverá a ponerse al frente del armado de la estrategia parlamentaria del Gobierno, que ya tiene definidas las próximas reformas que buscará aprobar en el Congreso.

Este lunes, a partir de las 9:00, comenzarán a declarar como testigo las dos mujeres que le prestaron 100 mil dólares al funcionario bajo juramento de decir la verdad y con el compromiso de entregar toda la documentación que pudiera ser relevante, tal como anticipó Infobae.

Se trata de Graciela Molina, comisario retirada de la Policía Federal, y su hija, Victoria Cancio, que actualmente es miembro de esa misma fuerza de seguridad, a quienes el ministro coordinador conoció a través de su escribana, Adriana Nechevenko.

En el círculo íntimo de Adorni remarcan que “todavía ni siquiera está imputado” en la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito, que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, por lo que niegan que vaya a renunciar, porque “siempre tiene que regir el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario”.

Sin embargo, el otrora vocero de esta gestión se muestra poco desde que se generó la polémica alrededor de sus propiedades y viajes al exterior, y todavía no tiene definido si va a asistir al tradicional foro de negocios de AmCham Summit.

En las últimas horas, el presidente Javier Milei les confirmó a los organizadores del evento que va a dar el discurso de cierre, que será escuchado por cientos de inversores y empresarios de distintos rubros.

Ese mismo día, un poco antes de que tome la palabra, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la inflación correspondiente a marzo, por lo que se espera que el mandatario vuelva a defender el rumbo de su administración.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, remarcó que «los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos» y pidió “paciencia” para aquellos sectores que todavía no fueron alcanzados.

“Podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico”, señaló.

Entre los oradores están, por ejemplo, representantes de grandes compañías como Aeropuertos Argentina, Citibank, Danone, Grupo Newsan, JP Morgan, PAE, Personal y Río Tinto Lithium, entre otras.

Asimismo, habrá varios integrantes del Poder Ejecutivo y referentes de La Libertad Avanza, como los ministros de Economía, Luis Caputo; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; del Interior, Diego Santilli, y de Salud, Mario Lugones; y los jefes del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y en el Senado, Patricia Bullrich.

Luego de la victoria que consiguieron la semana pasada con la modificación de la Ley de Glaciares, las autoridades nacionales intentan continuar en esa línea y sancionar otras reformas que tienen el carpeta.

De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes al tanto de las conversaciones, el objetivo en el corto plazo es conseguir los votos para tratar el 22 de abril los proyectos de Hojarasca y de adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

La primera iniciativa busca derogar cerca de 70 normas que siguen vigentes, pero que se consideran obsoletas, mientras que la segunda es una medida que se viene discutiendo desde 1998, cuando tuvo media sanción del Senado, aunque nunca terminó de aprobarse.

Ahora, el país se comprometió a adherirse a ese régimen antes de que termine el mes. Así se comprometió cuando firmó el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por lo que pasó a ser la prioridad.

Una vez que finalicen las negociaciones en Diputados, la actividad pasará por la Cámara alta, donde el Gobierno pretende avanzar con el paquete de propuestas vinculadas a la propiedad privada y el enduecimiento de las penas por falsas denuncias, aunque para el tratamiento de estos textos todavía no hay fecha exacta.

Por lo pronto, y en un nuevo respaldo de la cúpula del Ejecutivo hacia el funcionario, Adorni tiene previsto convocar para el viernes a otra reunión de la mesa política, en la que se analizarán los pasos a seguir.

Como es habitual, de ese encuentro participarán también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Un día antes, el jefe de Gabinete se mostrará, si no hay ningún cambio de último momento, junto a la hermana del líder libertario en una recorrida por Vaca Muerta, muy probablemente también acompañados por el titular de YPF, Horacio Marín. “Él vive prácticamente allá, así que lo más seguro es que vaya a estar”, explicaron fuentes de Balcarce 50.

En paralelo a las audiencias públicas para avanzar con los más que demorados pliegos judiciales que empezó a enviar -por secciones- el Ejecutivo, el oficialismo senatorial ya armó un esquema provisorio junto a dialoguistas para volver al recinto, en principio, el 29-30 de abril y el 13-14 de mayo próximo.

La Cámara alta “trabajó” el jueves pasado. Allí, en una sesión de escaso vuelo y algunos discursos para el olvido, el pleno activó a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. También se aprobaron ascensos de los jefes de las tres fuerzas militares y, sobre todo, ingresó un lote de más de 70 pliegos judiciales.

Este paso es clave para que las designaciones en cuestión tomen estado parlamentario y, de esa manera, sean giradas a la comisión de Acuerdos, que comanda el libertario riojano Juan Carlos Pagotto. Allí, La Libertad Avanza (LLA) fileteó al kirchnerismo y le dejó, de 17 lugares, tres.

La bancada cristinista, que lidera el formoseño José Mayans, volvió a tener que contener días atrás a algunos integrantes que ya repiten su incomodidad por no “laburar” y ni siquiera ubicar, en agenda, iniciativas sin demasiado conflicto. Ni hablar de las bicamerales, con nombres de oficialistas y dialoguistas que acrecentarán, sin dudas, la puja entre peronistas y libertarios, como contó Infobae.

Si bien no se descartan otras reuniones en las próximas horas, hasta el fin de semana, la única en pie y oficial es la de Acuerdos, por un único tema: la propuesta de la Casa Rosada para que Carlos Mahiques continúe, por cinco años, en la Cámara Federal de Casación Penal. Esto ocurre debido a que el juez está a meses de cumplir los 75 años. Es el límite para jubilarse, excepto que el Ejecutivo pida una extensión por el plazo mencionado.

El magistrado es el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Como los legisladores pueden participar de cualquier comisión, por más que no formen parte de ella, se aguardan fuertes cruces con el kirchnerismo. Y será un buen termómetro para saber si Pagotto, el “amigo” de casi todo el Senado -según su visión-, merece su sitial en Acuerdos, que es estratégico.

La postulación de Mahiques -padre- había tomado estado parlamentario en la penúltima sesión, y por ello el proceso de avales e impugnaciones que corrió desde hace varios días. En tanto, para los que aterrizaron el jueves pasado en el recinto, se tendrá que esperar casi al cierre del corriente mes. Y seguirá en mayo.

Junto a ello, LLA dejó prefijado el 29-4, por un lado, para dar luz verde a Mahiques, si es que consigue el dictamen en Acuerdos. En segundo término, aparece el despacho -exprés- rubricado días atrás sobre falsas denuncias, la gran manía de la radical Carolina Losada (Santa Fe). En Diputados no parece ser prioridad -por ahora-, ni siquiera, para la propia UCR. Allí perciben a su colega legisladora como “demasiado” teñida de violeta, en referencia al color partidario del oficialismo.

Sí se espera, para la corriente semana, que se reactive el análisis del texto que blindaría la propiedad privada. Lo empuja la Casa Rosada y, en particular, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ya asistió al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Ambas son presididas por oficialistas.

La primera es liderada por Agustín Coto (Tierra del Fuego); la segunda, por Nadia Márquez (Neuquén). El libertario intentó no pelearse con cristinistas y hasta se preocupó por repetir, en un puñado de ocasiones, que ese día no dictaminarían. En cambio, su compañera pastora, cuando quedó a cargo de manera parcial -por algunos minutos-, lo hizo sin titubear y no ofreció gestos extra a quienes denostan sin cesar a sus jefes, Javier y Karina Milei. Como el texto aún presenta dudas, quizá quede en línea para la sesión de mayo. O no, si el despacho logra rápido las firmas.

Luego del triunfo que significó para el oficialismo la aprobación definitiva de la ley de Glaciares, el Gobierno se prepara para debatir en el Congreso la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), una norma clave para las relaciones con los Estados Unidos.

En el acuerdo de libre comercio que firmó meses atrás con Washington, la Argentina se comprometió a cumplir con una serie de puntos, entre los cuales está el de sancionar esta medida antes del próximo 30 de abil.

La contraparte norteamericana está especialmente interesada en que se modernice a nivel local toda la legislación vinculada a la propiedad intelectual, ya que advierte que se trata de una de las regiones con más complicaciones en esta área.

En el informe “Special 301″ del 2025, por ejemplo, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca señaló que nuestro país “continúa presentando desafíos de larga data y ampliamente conocidos para las industrias intensivas” y menciona como caso paradigmático “el mercado físico de La Salada, en Buenos Aires”.

“Las ventas de falsificaciones en otros lugares físicos siguen siendo elevadas, con aumentos repentinos en la venta de productos falsificados en ferias pequeñas, por vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once”, remarca el estudio.

Para que entre en vigencia, las autoridades nacionales no solo tienen que lograr que el acuerdo comercial sea ratificado en el Congreso, sino que también deben aprobar otras normas complementarias, como este tratado sobre patentes.

Si bien la Argentina es miembro de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y firmó el Convenio de París, todavía no se adhirió al PCT, que ha sido históricamente una cuestión de intenso debate interno.

Ahora, la el oficialismo quiere volver a discutir la cuestión y analiza hacerlo retomando un proyecto que ya consiguió media sanción en el Senado en 1998, pero nunca se votó en Diputados.

Aunque la regla general es que una iniciativa venza un año después de su aprobación parcial si no es tratada por la otra Cámara, esto no aplica para los convenios internacionales.

Sin embargo, la cúpula libertaria todavía está planificando la estrategia que se llevará adelante: algunos integrantes del espacio aseguran que ya la semana que viene se va a presentar el texto, mientras que otros actores involucrados reconocen que se podría demorar un poco más.

En cuanto al contenido, en la Casa Rosada sostienen que la iniciativa de la década de los 90 va a ser enviada con modificaciones, por lo que necesariamente deberá volver al Senado después de que se apruebe en Diputados.

“Se van a hacer retoques, porque estamos hablando de un texto muy viejo, tiene algunas cosas que quedaron obsoletas y además se tiene que adaptar a los requisitos del acuerdo que firmamos con Washington ahora”, manifestó un miembro del cículo íntimo de Javier Milei.

Por el contrario, algunas de las fuentes que están trabajando desde hace meses en el proyecto aseguraron a Infobae que eso no es necesario y que, por lo tanto, lo más probable es que se envíe la misma propuesta de la época de la presidencia de Carlos Menem, para aprovechar la media sanción y reducir los tiempos parlamentarios.

“La media sanción del Senado de 1998 es el instrumento correcto y suficiente para avanzar. No es necesario ni conveniente reabrir el debate con un nuevo proyecto de ley”, explicó un integrante del Gabinete que está atrás de la redacción.

El conflicto, puntualmente, está en que la medida que se debatió en ese momento no incluía la posterior actualización de los plazos de ingreso al tratado, que se detallaron en el artículo 22, adoptado recién en 2001.

Al respecto, el funcionario remarcó que los cambios adoptados por la Asamblea de la Unión PCT y vigente desde el 1° de abril de 2002, únicamente extendió el plazo estándar de entrada en fase nacional de 20 a 30 meses a partir de la fecha de prioridad. “Esta es la reforma más relevante para los solicitantes desde la creación del tratado”, señaló.

Sobre la necesidad de un nuevo proyecto, la posición oficial es que “el PCT opera como un sistema unitario administrado por la OMPI”, por lo que “no existen versiones paralelas del tratado para distintos adherentes”.

“Quien adhiere, ingresa al sistema tal como está configurado al momento de la adhesión, con su texto consolidado y su Reglamento vigentes”, sostuvo.

Además, se aclaró que la iniciativa con media sanción “no genera por sí sola el riesgo de quedar atrapados en el plazo de 20 meses”, porque “la modificación de 2001 se aplica a todos los Estados contratantes sin necesidad de ratificación parlamentaria separada”.

EN este sentido, la fuente consultada indicó que, frente a eventuales dudas, “puede subsanarse mediante una declaración al momento del depósito del instrumento de adhesión ante la OMPI”, una opción que “ha sido aclarada e indicada por el propio organismo internacional”.

“El mecanismo de incompatibilidad del artículo 22 del PCT es opt-in: solo si Argentina notifica expresamente al Director General de la OMPI la incompatibilidad del plazo de 30 meses con su legislación interna, se aplicaría el plazo de 20 meses. En ausencia de tal notificación, el plazo de 30 meses opera como regla por defecto, con independencia del texto de la ley aprobatoria”, se argumentó.