Autoamnistía, impunidad, Juicio a las Juntas, Obediencia Debida, Punto Final, Indultos, más impunidad, juicios de la verdad, nulidad de las leyes de impunidad, reapertura de juicios, largas condenas, muerte en la cárcel, 2×1, juicios que todavía se siguen sustanciando y otros que esperan a ser elevados a juicio oral. La historia de cómo la justicia trató las violaciones a los derechos humanos en estos 50 años -o al menos desde el regreso democrático- ha sido extensa, convulsionada, tortuosa y con muchas etapas. Hubo avances, retrocesos, grandes hitos. Es una historia que se sigue escribiendo.

El último presidente de facto, Reynaldo Bignone, el 22 de septiembre de 1983, a cinco semanas de las elecciones presidenciales, promulgó la ley 22.924, que se conoce como Ley de Autoamnistía. En su estertor, el gobierno militar intentó maquillarla como una ley de Pacificación Nacional, pero lo único que procuraba era asegurarle la impunidad a los militares por las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 25 de mayo de 1973 y esa fecha. Hablaba de reconciliación nacional, de futuro y trataba de cubrir a la mayor cantidad de hombres de armas posibles. Disfrazándose de ecuménica incluía a los crímenes de las organizaciones armadas y estiraba la fecha de inicio hasta la asunción de Cámpora. Decía que este perdón incluía a autores, cómplices y encubridores. Un amplio espectro.

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Los dos candidatos presidenciales con posibilidades se manifestaron de inmediato. El del Justicialismo, Ítalo Lúder, con prestigio como jurista, con su estilo rígido, sin expresiones faciales, dio por terminado el tema. Dijo que nada se podía hacer: que a partir de ese momento corrió el Principio de Ley Penal Más Benigna y que ya nadie podía ser juzgado en el futuro, que sería imposible jurídicamente anular la validez y los efectos de la ley. Y agregó que había que mirar para adelante.

Raúl Alfonsín se diferenció de inmediato. Fustigó a Bignone y a la autoamnistía, habló de búsqueda de impunidad y se mostró firme en su objetivo de juzgar a los principales responsables. Desde hacía un tiempo los juristas Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti le habían presentado distintos planes de acción para que se hiciera justicia en caso de que ganara las elecciones. Alfonsín estaba convencido de que sobre la base de la impunidad no iba a poder reconstruir las instituciones.

El 24 de septiembre de 1983, un día y medio después, dos jueces de instrucción declararon la nulidad de la ley por haber sido dictada “por un gobierno carente de facultades”. Esos dos jueces tomarían mayor notoriedad en el año siguiente y ya convertidos en integrantes de la Cámara Federal cuando juzgarían a los comandantes de las juntas. Eran Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco. Ledesma dijo: “Era evidente que el gobierno de Bignone estaba tratando de hacer un traspaso hacia la democracia razonable, pero esa declaración de impunidad nos pareció obscena. Después de lo que hiciste durante seis años con la suma del poder público, torturando y matando, haciendo desaparecer de una manera que jamás había ocurrido, por lo menos en este grado, en Argentina ni en muchas partes del mundo. Y no podíamos dejarlo pasar sin decir nada, nos pareció que no”.

Menos de una semana después, Alfonsín hizo un acto de campaña en la cancha de Ferro. Ante una multitud, allí habló por primera vez y con extrema claridad sobre los tres niveles de responsabilidad, la idea que durante su gobierno guió los juzgamientos a los responsables del terrorismo de estado: “No vamos a aceptar la autoamnistía, vamos a declarar su nulidad; pero tampoco vamos a ir hacia atrás, mirando con sentido de venganza; no construiremos el futuro del país de esta manera […] Lo que queremos es que algunos pocos no se cubran la retirada con el miedo. Aquí hay distintas responsabilidades: hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo; hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otras distintas también de quienes no hicieron otra cosa que, en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes”.

Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983. Eligió esa fecha porque es cuando se conmemora el día de los derechos humanos. En su primera semana de gobierno, lanzó diversas medidas que serían vitales para el juzgamiento de los militares. Creó la CONADEP e hizo ingresar una serie de proyectos de ley fundamentales al Poder Legislativo. Se proponía reformar el Código de Justicia Militar, derogar la Autoamnistía, modificar el Código Penal para elevar las penas por el delito de tortura, también cambios en el Código de Procedimientos para permitir la apelación civil de las condenas de los tribunales militares y la adhesión del país a los pactos internacionales vinculados con los derechos humanos.

Sin embargo, los que se llevaron toda la atención fueron los dos decretos que Alfonsín firmó y anunció en esa tercera jornada de gobierno. El 157 y el 158. Ambos promovían el enjuiciamiento de los líderes de Montoneros (Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Obregón Cano, Galimberti y Pardo) y del ERP (sólo Gorriarán Merlo) y el juzgamiento en un proceso sumario ante el Consejo de las Fuerzas Armadas a los miembros de las tres primeras Juntas. Se dejaba constancia que la sentencia podía ser apelada ante la Cámara Federal. Alfonsín con firmeza justificó su decisión: “Es imprescindible para la materialización del estado de derecho que se juzgue a quienes en nuestro pasado reciente han sembrado terror, dolor y muerte a lo ancho de la sociedad argentina”.

Como un mensaje a la sociedad esos instrumentos jurídicos fueron decretos acuerdos, es decir, firmados por el Presidente y la totalidad de sus ministros.

Ante la inacción primero y después la afirmación de que no había nada que juzgar porque las acciones habían sido irreprochables por parte del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, el fiscal Strassera pidió la avocación y la Cámara Federal tomó la causa en sus manos. Habría juicio oral a los comandantes de las tres juntas militares.

Ese primer paso judicial fue histórico. Nunca un gobierno civil, en ningún lugar del mundo, había juzgado al militar saliente. La labor del fiscal y de los jueces fue extraordinaria e irreprochable. El Juicio a las Juntas comenzó en abril de 1985. Varias encuestas realizadas en esa fecha muestran que la sociedad no estaba tan convencida de la necesidad y de la oportunidad de enjuiciar a los jerarcas de la dictadura. Unos meses después, cuando se esperaba la sentencia, la adhesión al juicio había trepado al 83%.

Los testimonios rotundos, la institucionalidad del actuar judicial y el trabajo extraordinario de Strassera, tanto jurídico como pedagógico y de difusión, lograron cambiar la percepción. El alegato fiscal de siete días de duración que finalizó con la frase “Señores Jueces, nunca más” es una de las grandes piezas oratorias de nuestra vida democrática, una alocución fundante. Más allá de las condenas a cadena perpetua a Videla y Massera, y de la queja por otras menores, la sentencia fue histórica porque estableció con claridad que lo que había sucedido en la Argentina había sido fruto de un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas, que había habido sustracción de menores y centros clandestinos de detención distribuidos por todo el territorio. Ya no se podría hablar de guerra ni de excesos. Una respuesta institucional de la democracia.

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Luego, en el clima enrarecido de una crisis económica creciente y las presiones militares con los primeros levantamientos carapintadas, llegaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, repudiadas por los organismos y por la oposición. Mientras los radicales sostenían que eso era parte de los tres niveles de responsabilidad de los que había hablado Alfonsín en campaña y que servirían para descomprimir y para poder gobernar. Estas leyes favorecían a los mandos intermedios.

Unos meses después de asumir, en octubre de 1989, Carlos Menem sacó sus primeros decretos de indulto. Los favorecidos fueron 220 militares y 70 civiles. Incluía a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La excepción era el Gral. Suárez Mason que prófugo había sido extraditado hacía poco tiempo. También a los comandantes de la tercera junta militar (Galtieri, Anaya, Lami Dozo) por su actuación en Malvinas y a todos los que habían participado en los tres levantamientos carapintadas que habían tenido lugar hasta el momento. Los civiles eran en su mayoría miembros de organizaciones armadas acusados de actos de terrorismo y otros delitos. La excusa que blandió Menem fue, una vez más, la pacificación nacional. La gran mayoría de los dirigentes justicialistas que se habían opuesto con fervor a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final apoyaron con énfasis esta medida, o al menos callaron y siguieron apoyando al nuevo gobierno.

El 29 de diciembre de 1990 llegó la otra ola de indultos. Esta alcanzaba a los condenados en los Juicios a las Juntas (Videla, Massera, Viola y otros), Suárez Mason, Martínez de Hoz y Mario Firmenich. Otra vez se volvía a fojas cero.

A partir de ese momento hubo un largo vacío en la justicia respecto a las violaciones de DDHH durante la Dictadura a pesar de que los organismos continuaban con su prédica. Los militares estaban libres y paseaban por la calle. Víctimas y victimarios compartían los mismos espacios sin que la justicia hubiera actuado. Gracias a una presentación de Carmen Aguiar de Lapacó ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) se ordenó que la justicia argentina debía realizar juicios de la verdad, sin posibilidad de imputación y de condena, pero preservando el derecho a la verdad y a la justicia para determinar en qué condiciones habían muerto sus hijos y dónde estaban.

El juez Federal Gabriel Cavallo en 2001 fue el primero en declarar inconstitucionales las llamadas Leyes de Impunidad. En agosto de 2003 el poder legislativo declaró la nulidad de las leyes de Punto final y Obediencia Debida, con el argumento jurídico de que violaban tratados internacionales con rango constitucional desde la reforma de 1994. Néstor Kirchner promulgó la ley que las declaraba nulas unos pocos días después. En 2005, la Corte Suprema validó este nuevo status para todos aquellos casos que incluyeran delitos de lesa humanidad, a los que se los considera imprescriptibles. Eso posibilitó que se reabrieran los procesos judiciales aún para aquellos que habían sido juzgados e indultados. En especial en los casos de apropiación de bebés, causas que terminarían enviando a la cárcel a Videla y a Bignone entre otros.

El 4 de agosto de 2006, el Tribunal Federal N°5 de Capital Federal en la Causa Simón dictó la primera sentencia condenando a Miguel Etchecolatz. En el marco de ese proceso desapareció Jorge Julio López. Después llegaron otras causas que se fueron acumulando hasta cubrir la mayoría de los ilícitos y delitos gravísimos ocurridos durante la Dictadura y en virtud de haber sido cometidos desde el poder y las prerrogativas estatales. Las megacausas Esma, Von Wernich, la Masacre de Fátima, Campo de Mayo, La Perla, Automotores Orletti y muchísimas más. Los que habían sido altos jefes militares regresaron a la cárcel; otros que nunca habían estado detenidos fueron apresados.

Desde la reapertura de los juicios en 2006 hubo alrededor de 361 sentencias en juicios celebrados en tribunales de todo el país. Fueron condenadas 1231 personas por delitos de Lesa Humanidad. Los absueltos fueron 250.

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Una nueva polémica se dio en el 2017, cuando la Corte Suprema con su nueva integración con los ingresos de Rosenkrantz y Rosatti (al de ellos dos se sumó el voto de Elan Highton de Nolasco) determinó que el beneficio del cómputo del 2×1 también le correspondía a los condenados por delitos de Lesa Humanidad. El llamado Caso Muiña generó una enorme polémica y movilizaciones populares. Hubo una ley del Congreso en contrario y un cambio de doctrina de la Corte con la modificación del voto de Rosatti y de Highton de Nolasco.

En la actualidad hay al menos una decena de juicios orales en curso, alrededor de 60 causas esperan ser elevadas a juicio (con 292 procesados) y que se ponga fecha para el debate oral y 282 están todavía en la etapa de instrucción.

Casi el mismo número que el de condenados murieron sin llegar a recibir sentencia, lo que produjo la extinción de la acción penal. Es decir, 1.257 personas, poco menos de un tercio de los investigados, no llegaron a ser juzgados.

Según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad hasta marzo de 2026 quedan detenidas 504 personas de las cuales 425 cumplen arresto domiciliario. Del resto 61 están en la unidad especial penitenciaria de Campo de Mayo y los restantes 18 en cárceles comunes.

Hay, también, 33 prófugos.

Ya a 50 años del golpe militar, el tiempo es un factor que cada vez tendrá más incidencia.

Dictadura, lesa humanidad, Sumario

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no se presentó a dar su primer informe ante el Congreso Nacional. La oposición lo esperaba en marzo, pero ya los plazos no alcanzan para contar con su presencia. En el oficialismo señalaron que el escrito lo expondrá el mes que viene en Diputados.

La Libertad Avanza bajó la intensidad a la actividad parlamentaria por la situación que atraviesa Adorni, en un contexto en el que, desde la oposición, por distintos motivos, lo están cuestionando. Desde el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a EE.UU. en el avión presidencial; su fin de semana largo en avión privado a Punta del Este, o por el caso de la criptomoneda $LIBRA. Por este último tema, los diputados Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, los UxP Sabrina Selva y Juan Marino, junto a otros legisladores pidieron su interpelación.

Como adelantó TN, el pasado 20 de marzo, los diputados presentaron pedidos de interpelación contra Adorni y contra la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, por la causa $LIBRA. La iniciativa legislativa se fundamentó en “la responsabilidad política y la transparencia que deben regir los actos de la administración pública”.

El informe de Manuel Adorni en el Congreso

El informe del Jefe de Gabinete de Ministros, estipulado en el artículo 101 de la Constitución Nacional, es una obligación de rendición de cuentas. El funcionario debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternando entre Diputados y Senadores, para informar sobre la gestión del gobierno.

Para ello se realiza un informe escrito, con las respuestas a las preguntas realizadas por los legisladores. Y posteriormente, un informe oral en el recinto de las Cámaras legislativas, para ampliar las respuestas o recibir nuevas preguntas.

La prosecretaria parlamentaria del Senado, Dolores Martínez, explicó a TN que “para llevar adelante el informe, el primer paso es una nota desde la jefatura al Congreso donde el jefe de Gabinete se pone a disposición y con las autoridades de la Cámara legislativa que vaya a concurrir se coordina una fecha. A partir de allí se abre un período de recepción de preguntas de los legisladores, este las contesta y regresa al Congreso para dar el informe”.

Como Manuel Adorni nunca se puso a disposición del Senado para coordinar el informe, nunca se canceló el mismo. Directamente desde la Casa Rosada obviaron su presencia en el Parlamento y buscarían que vaya por primera vez al Congreso en abril, a la Cámara de Diputados.

La actividad parlamentaria

Ambas cámaras están en pleno proceso de armado de comisiones. Los jefes libertarios, Martín Menem en Diputados, y Patricia Bullrich, en el Senado, saben que abrir los debates les generará un costo político alto mientras continúa la incertidumbre con el futuro del ministro coordinador.

En Diputados, por ahora, al armado de las comisiones se suman los cambios a la Ley de Glaciares. Se esperan para este miércoles y jueves, extensas audiencias públicas para que expongan presencialmente y por zoom, cerca de 400 participantes de los 102 mil inscriptos oficialmente.

En Senado, tras la sesión de la semana pasada, donde se planteó una cuestión de privilegio contra el jefe de Gabinete, solo habrá conformación de comisiones y una reunión de la Comisión de Acuerdos, presidida por el riojano oficialista, Juan Carlos Pagotto, para avanzar con los dictámenes de asensos al personal de las Fuerzas Armadas, el pliego del juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista, para continuar cinco años más como camarista ya que está en el límite de edad para ser magistrado, y el acuerdo de embajadora en Canadá de la exsenadora, Lucila Crexell.

La Libertad Avanza no quiere más sorpresas, por lo tanto la actividad parlamentaria seguirá restringida a lo indispensable, mientras espera una solución a la situación del jefe de Gabinete y al envío al Congreso de las reformas de las que habló el Presidente Javier Milei ante el Congreso en la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo.

Manuel Adorni, Senado, informe de gestión

A 50 años del quiebre institucional, analizamos la crisis del gobierno peronista de Isabel Martínez, el rol de la Triple A, la verdadera cifra de la tragedia y cómo Raúl Alfonsín enfrentó el horror mientras otros callaban.

​Por: Redacción Noticias del Momento

​Hoy, 24 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, para entender la profundidad de la herida, es necesario revisar los hechos que llevaron al colapso de la democracia en 1976 y quiénes fueron los verdaderos protagonistas de la reconstrucción republicana.

​El ocaso del peronismo y el Decreto de Aniquilamiento

​Muchos olvidan que el golpe de Estado no ocurrió sobre un vacío. El gobierno de María Estela Martínez de Perón (Isabelita) atravesaba una crisis terminal: el «Rodrigazo» había pulverizado la economía y la violencia política desbordaba las calles.

​Fue el propio gobierno peronista el que, en 1975, firmó los decretos de aniquilamiento del accionar de los elementos subversivos. Bajo la tutela de José López Rega, se creó la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una fuerza paraestatal que comenzó la persecución y desaparición de militantes antes del golpe del 24 de marzo. La entrega del poder a la Junta Militar liderada por Videla, Massera y Agosti fue el corolario de un vacío de poder que el peronismo de aquel entonces no pudo ni quiso llenar.

​¿Cuántos desaparecidos hay realmente? El debate de las cifras

​Uno de los puntos más sensibles de la historia reciente es el número de víctimas. Según el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), los casos documentados rondan los 8.961. Sin embargo, organismos de Derechos Humanos mantienen la cifra simbólica de 30.000, un número que ha generado debates históricos y políticos.

​Relatos de protagonistas como Luis Labraña, ex militante de Montoneros, han señalado que la cifra de 30.000 fue una construcción necesaria para obtener estatus de «genocidio» ante organismos internacionales y asegurar financiamiento. Más allá del número, el plan sistemático de desaparición forzada de personas marcó el periodo más oscuro de nuestra historia.

​Raúl Alfonsín: El verdadero arquitecto de la Justicia

​Contrario a la narrativa de los últimos años, no fue el peronismo quien inició la lucha judicial contra los militares. Fue Raúl Ricardo Alfonsín, el líder radical, quien en 1983 firmó el Decreto 158/83 para someter a juicio a las cúpulas militares.

​Mientras figuras del peronismo de la época proponían una ley de autoamnistía o guardaban silencio, Alfonsín creó la CONADEP y llevó adelante el Juicio a las Juntas en 1985. Fue este hito el que sentó las bases del «Nunca Más», un valor republicano que durante años fue «apropiado» y transformado en una bandera partidaria por sectores que, durante la dictadura y los primeros años de democracia, no tuvieron un rol activo en la persecución de la justicia.

​La crítica al lucro con los Derechos Humanos

​En la última década, se ha cuestionado duramente cómo se utilizaron los valores de memoria, verdad y justicia para encubrir actos de corrupción. Escándalos como «Sueños Compartidos» demostraron cómo se desviaron fondos públicos destinados a viviendas sociales a través de organismos vinculados a la lucha por los Derechos Humanos. Para muchos analistas, esta «mercantilización» de la bandera de los desaparecidos fue una traición al espíritu original de justicia que impulsó Alfonsín.