El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó este martes a un exfiscal, dos abogados y un testigo por considerar que intervinieron en una operatoria destinada a introducir pruebas falsas en la investigación del ataque a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini en 2013, en Tigre.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, estableció que los acusados actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz, condenado por ese hecho, e intentar debilitar la validez de las pruebas. En ese sentido, el magistrado tuvo por acreditado que “realizaron actividad tendiente a prestar ayuda a Gorgonio Díaz en el juicio oral” y que, para lograrlo, “produjeron prueba falsa”.

Según se desprende del expediente, el episodio del 21 de julio de 2013, inicialmente presentado como un delito contra la propiedad, fue considerado en sede judicial como un hecho de “amedrentamiento político disfrazado de robo”. La causa original derivó en la condena de Díaz a 13 años de prisión tras allanamientos en los que se secuestraron armas y dinero.

En julio de 2013, días antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el exprefecto entró con un arma y un silenciador a la casa del líder del Frente Renovador. Robó dinero en pesos y dólares e información contenida en pendrives del exintendente tigrense. A las pocas horas lo detuvieron.

Cómo fue la operatoria que confirmó la Justicia

De acuerdo con la resolución, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 se desplegó una maniobra para alterar el curso del proceso. El juzgado determinó que el entonces fiscal Carlos Washington Palacios “desvió deliberadamente la investigación de su objeto legítimo —las supuestas amenazas— hacia la desacreditación de las actuaciones policial/fiscal del caso Díaz” . Esa intervención buscó cuestionar las pruebas que habían sustentado la condena previa.

En ese contexto, los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español “asesoraron e instruyeron a (César Emiliano) Jaunarena para que declarara falsamente”. Según el veredicto, “prestó declaraciones falsas” al afirmar que se había secuestrado más dinero del consignado y que una persona no identificada había ingresado con un bolso durante los allanamientos.

La sentencia también remarcó que la coordinación entre los acusados quedó acreditada a partir de registros de llamadas, grabaciones y testimonios. Incluso, un comisario declaró que le pidieron modificar su versión de los hechos antes del juicio oral.

El programa de Jorge Lanata Periodismo para Todos reveló varias escuchas en las que el fiscal dialoga con la mujer de Díaz, Graciela Garate. En la charla, Palacios le pide que no hablen más por teléfono porque le advierte que “están pinchados”. “No la voy a llamar porque tiene intervenidas las líneas. No me mande mensajes, lo que necesite me viene a ver directamente”, le pide el funcionario judicial.

A esta charla se suma otra del 14 de enero de 2015. En este caso, entre el exagente de la Prefectura en la que se nombra a los exministros de Seguridad Sergio Berni y Ricardo Casal. “Lo bueno es que Asuntos Internos da una buena mano”, comenta Díaz. “Decile que se maneje con Casal”, responde su esposa.

Las penas y la reacción de Malena Galmarini

Al momento de fijar las penas, el juez consideró la gravedad institucional del caso y el impacto sobre el sistema judicial. En ese marco, se impusieron seis años de prisión y 12 de inhabilitación para el exfiscal; cinco años de cárcel e inhabilitación profesional para los abogados; y cuatro años de prisión para el testigo.

El fallo también recordó que Palacios ya había sido destituido en 2019 por un jury que acreditó un accionar irregular y fuera de los límites de su función.

“Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. El fiscal destituido Washington Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español y el falso testigo César Jaunarena armaron una mentira para torcer una causa. La justicia tarda, pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin. Se metieron en mi casa y con mi familia. Quisieron falsear la verdad para ensuciarnos e involucraron a mis hijos en su mierda. La condena es clara: NO TODO VALE”, escribió Galmarini en su cuenta de X.

Sergio Massa, Malena Galmarini, Robo

Gustavo Ybarra,Conforme a

En una sesión previsible y adelantada por Infobae la semana pasada, la Cámara alta volverá al recinto el jueves para votar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. La definición se consumó esta noche, tras la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de las diversas bancadas y la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.

La sesión se iniciará a las 11 y, como se estima, lo más jugoso podría ocurrir al principio, con cuestiones de privilegio más que aseguradas desde el interbloque kirchnerista -comanda el formoseño José Mayans-, hoy llamado “Popular”, contra el Gobierno libertario.

El aumento de grado en líderes militares, junto con la designación de Crexell, fueron debatidos y dictaminados hace poco menos de dos semanas por la comisión de Acuerdos del Senado, cuyo titular es el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

Durante dicha jornada también avanzaron las propuestas para completar a las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval pasdo mañana y será dejado de lado, al menos, por ahora.

Se presenta Sturzenegger

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales comenzará esta tarde, desde las 16, la discusión del proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Defenderá la iniciativa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque se espera la presencia de, al menos, tres funcionarios más.

El encuentro será de carácter informativo y no habrá dictamen. Los dialoguistas pidieron no apresurar los tiempos, oír las exposiciones de los disertantes y luego empezar el ida y vuelta con la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

La norma que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones-antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares-se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.

El texto de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita– volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.

La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

Según confiaron en ese entonces varias bancadas a este medio, el despacho iba a “dinamitar el recinto”. Lo que ahora se busca evitar son tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996. Esta noche, un puñado de senadores deslizaron a Infobae que “tienen dudas” y quieren “opinar”, lo que vuelve a dejar un manto de dudas sobre este tema, que se convirtió casi en una obsesión de la radical Carolina Losada.

Agenda estimada

Previo a Labor Parlamentaria, oficialismo y dialoguistas diagramaron un esquema de sesiones en caso que se obtengan los dictámenes de propiedad privada y/o falsas denuncias -finales de abril-, y los pliegos judiciales para mitad de mayo. Las audiencias sobre este último punto comenzarían el 30-4 y durarían hasta el 7-5.

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