POLITICA
Dólar, votos y precios, los grandes desafíos de Milei

Después de la sorpresa y las primeras reacciones mayoritariamente favorables, la nueva etapa del programa económico del gobierno de Javier Milei, anunciada el viernes pasado, será puesta a prueba desde este lunes en dos planos, sobre los que abunda la incertidumbre. El test arrancará luego de que el año electoral comenzara este domingo negativamente para el oficialismo en los comicios santafesinos.
En Santa Fe, el ganador fue el gobernador radical Maximiliano Pullaro, apenas un aliado ocasional y condicional, con proyecto propio, mientras que el mayor derrotado fue el peronismo dividido, seguido por la hermana presidencial, Karina Milei, responsable del armado en esa provincia.
En este contexto, los mercados empezarán a dar su veredicto en un match a varias vueltas −cuyos primeros resultados se anticipan inestables hasta encontrar un punto de equilibrio− que este lunes ofrecerán un primer esbozo de lo que los actores económicos esperan y creen.
Ese test, al mismo tiempo, es la variable que con más interés mira la dirigencia política, dado que tendrá consecuencias sobre dos indicadores que suelen impactar fuertemente en el ánimo social y en su mercado natural (el de los votantes).
Se trata de la inflación y la actividad económica, con su correlato en el poder adquisitivo de los salarios y en el nivel de empleo. Nada menos que en un año electoral.
Inflación y empleo son, justamente, dos elementos que en el último bimestre han tenido una performance peor que la pronosticada y esperada por la administración libertaria, como para encender algunas luces de alerta, tanto en lo económico, como en lo político. La urgencia de cerrar con el FMI y levantar el cepo no tuvo solo que ver con las presiones cambiarias de las últimas semanas. Habían empezado a oírse algunos ruidos en la economía real.
Por eso, Milei necesita que se cumplan su pronósticos optimistas y la cotización del dólar no empiece presionando el techo de 1400 pesos de la flamante banda cambiaria y se estabilice rápido lo más cerca posible del piso de 1000 pesos.
Para el Gobierno es imperioso que el nuevo valor del mercado no ejerza presión sobre los precios de bienes y servicios (el famoso pass through) después del salto inflacionario de marzo. Sobre todo, en el sensible rubro de alimentos y bebidas.
Los primeros datos relevados este mes y las previsiones iniciales de las principales consultoras no arrojan perspectivas cercanas de mejoras (más bien lo contrario), lo que no ofrecería el mejor escenario para el primer gran desafío y la gran apuesta política del oficialismo, como son las elecciones porteñas.
Será la del 18 de mayo una disputa crucial en la que La Libertad Avanza se propone dar un salto cuántico para terminar de eclipsar al macrismo y quedarse con el monopolio del electorado que va de la centroderecha a la derecha.
La política ocupará, además, un sitio preponderante para darle o no sustentabilidad, previsibilidad y consistencia a la nueva etapa del programa económico durante un año de elecciones. Como se sabe, es un período en el que los incentivos para la cooperación siempre suelen ser menores que los que existen para el regateo o la confrontación. Aunque el estado de fragmentación partidaria y la crisis de representación de la oposición ofrecen un panorama atractivo para el Gobierno. Siempre y cuando no equivoque el método, no sobreestime sus capacidades ni subestime a los adversarios.
El acuerdo con el FMI exige algo más que la convicción, la decisión y la voluntad del Presidente y sus colaboradores, que ya han dado muestras sobradas de ser sólidas, aunque también flexibles cuando la situación lo ha requerido.
Lo comprometido con el prestamista que acaba de ampliar su exposición en la Argentina, más allá de lo que muchos auguraban, demanda para su cumplimiento una alta cuota de capacidad de acción, de poder político y de precisión destinada a concretar varias reformas estructurales, que si bien siempre fueron ejes del proyecto original de Javier Milei, ahora forman parte del contrato de rescate firmado con el Fondo. Y son atributos en los que la gestión libertaria ha mostrado más flaquezas que fortalezas.
Hasta ahora, la Argentina no ha conseguido en esas temáticas tan nucleares en lo económico y social transformaciones de fondo en su historia reciente.
Por el contrario, han sido objeto de cambios cosméticos o transitorios, con más retrocesos que avances, a pesar del agotamiento evidente que tiene el modelo vigente. Desde Raúl Alfonsín hasta Mauricio Macri, en sus diversas variantes y enfoques, nadie lo ha logrado. Y mucho menos sin atravesar situaciones de alta conflictividad que terminaron jaqueando su gobierno y su futuro político.
La mayoría de esas reformas, como la previsional, la laboral y la de la coparticipación, deben pasar por el filtro del Congreso, que le ha provocado dos duras derrotas al Gobierno en las últimas dos semanas.
A favor de Milei juega que las condiciones objetivas y subjetivas de la Argentina de 2025 son bastante diferentes a las de los últimos 42 años, gracias, en gran medida, a las defecciones de los predecesores del actual presidente, aunque él ha hecho mucho con su aparición en el escenario político y su audaz determinación en el ejercicio poder, que, a veces, raya lo temerario y hasta lo excede.
También es cierto que la vulnerabilidad del país sigue siendo muy elevada en un momento en el que el orden mundial está en profunda revisión, acelerada por Donald Trump, el amigo del Presidente. Del compromiso entre ambos pelucones hablará hoy la presencia en el país del poderoso secretario del Tesoro, Scott Bessent, que llegará en medio del tembladeral económico-financiero provocado por la declaración de guerra comercial de Trump.
Si, además de foto (y video), la visita deja anuncios de apoyos contantes y sonantes, como sugieren fuentes oficiales, el camino para los libertarios se podría allanar un poco más en lo económico-financiero y en lo político-electoral.
Por otra parte, el acuerdo con el Fondo, las condiciones impuestas y el comienzo del año electoral parecen haber dado ya algunos frutos preliminares, al menos en el plano discursivo y gestual del Presidente.
El tono y las expresiones usadas por Milei en la cadena nacional del viernes para explicar el excepcional acuerdo con el FMI reflejan un cambio, el menos en lo aparente y de cuya durabilidad nadie tiene certezas. Los antecedentes invitan al escepticismo. Los que lo conocen de chiquito saben cuál es la versión que mejor representa al verdadero Milei.
Un anticipo del cambio de modos se había advertido el día anterior, durante la apurada visita que Milei hizo a Paraguay. El objetivo fue unir fuerzas con su par Santiago Peña para imprimirle un sesgo más aperturista al Mercosur y ajustar aranceles a la medida de lo que exige Trump, frente al eje poco libremercadista que integran el brasileño Lula Da Silva y el uruguayo Yamandú Orsi. Es otro compromiso asumido con la administración Trump y tema de la charla que este lunes tendrá con Bessent.
En ambos casos, Milei se expresó en un tono varios decibles más bajos y con palabras mucho menos provocativas de los que suele usar en cualquier atril de cualquier lugar del mundo y ante cualquier audiencia.
A eso sumó el detalle nada menor en lo simbólico de que sus alocuciones, en Paraguay y en la cadena nacional, tuvieron la excepcionalidad de no culminar con el grito de guerra que usa desde que llegó a la política. No hubo “¡Viva la libertad, carajo”.
El tono y la ausencia de ese latiguillo no fueron las únicas novedades incorporadas a esos discursos.
También resaltaron las expresiones componedoras y, en el caso de la cadena nacional, tolerantes con sus adversarios. “Este tren del progreso ya está en marcha. […] Pero no queremos que sea un viaje para pocos, […] nuestra ambición es que ningún argentino se quede afuera”, incluidos “liberales, peronistas radicales, del Pro. No importa a quién votaron. No importa, inclusive, si han conspirado para que este gobierno fracase”, dijo en uno de los últimos párrafos. No faltaron diatribas contra los gobiernos que lo precedieron, pero, dados los antecedentes, resultaron críticas casi académicas.
El futuro dirá si se trató apenas de un arresto de magnanimidad de esa que suelen generar los momentos felices hasta en los líderes menos tolerantes. O si fue parte de una revisión de prácticas con sentido estratégico, motivada por la comprensión de que todavía las metas quedan lejos, que hay demasiados desafíos pendientes y que para alcanzar los objetivos asumidos necesita de una base de sustentación más amplia de la que tiene su en lo político institucional.
¿Habrá un Milei en la campaña 2025 diferente del que tuvo éxito en 2021 y 2023? No parece tener incentivos suficientes para que el presidente componedor de estos días sea, lamentablemente, más que una versión limitada.
El comportamiento de los mercados y los resultados de la sucesión de elecciones provinciales, que en Santa Fe acaban de empezar (mal para el oficialismo) serán los primeros exámenes que podrían dar alguna pista para develar esa incógnita.
Aunque el caudal de votos obtenidos fue menos abultado del que preveía, Pullaro puede jactarse de su victoria, así como Karina Milei no puede despegarse de la derrota. Son las dos caras salientes del proceso electoral de Santa Fe, con efectos en varios planos.
Por un lado, reinstala al gobernador santafesino en el plano nacional, con la ventaja de no ser un pato rengo muy pronto ni tener que apurar sus tiempos políticos.
Si, como todo indica, la convención reforma la Constitución y habilita la reelección del gobernador, se le abrirán más posibilidades de consolidar su proyecto político.
Pullaro será a partir de ahora otro de los mandatarios provinciales que le desearán y buscarán ayudar a Milei a tener una gestión solo moderadamente exitosa. El objetivo es que impida el regreso de las expresiones del pasado, en especial, de las más representativas del manual populista, pero no tan exitosa como para obturar el ascenso de figuras menos excéntricas.
Por otra parte, abrirá dilemas puertas adentro del oficialismo. En primer lugar, porque el triunfo de Pullaro en gran medida se debe a la baja estrepitosa de la violencia y los homicidios en Rosario, relacionados con la narcocriminalidad. Y en ese punto no puede desconocerse el apoyo del gobierno nacional, aunque pueda no ser tan decisivo como lo pregona la ministra Patricia Bullrich y lo relativiza el gobierno provincial.
Habrá que ver cómo metaboliza la Casa Rosada la casi poca rentabilidad que obtuvo de esa inversión y qué podría haber hecho o hacer en las elecciones nacionales de octubre para capitalizarla mejor.
Ese interrogante vuelve a iluminar a Karina Milei y, por contraste, a Santiago Caputo, cuya estrategia era diferente. La buena elección realizada por Amalia Granata, cuyo mensaje cala en un electorado muy similar al de los libertarios, profundiza diferencias. De haber llegado a un acuerdo habrían acumulado un cuarto del total de votos, se habrían ubicados como segundos lejos de los demás contendientes y se habrían instalado como una opción opositora mucho más sólida de cara al futuro.
Las elecciones por venir, especialmente, la de la ciudad de Buenos Aires dirán cómo sigue el proyecto de ampliación del poder político libertario y la consolidación de su gobierno. Por ahora, las expresiones derrotadas en 2023 lo siguen asistiendo. Macristas en fuga y kirchneristas en guerra civil hacen un aporte cotidiano a la campaña y la sostenibilidad del plan libertario, aunque a veces parezca lo contrario.
Mucho dependerá de la evolución del dólar, los precios y los votos.
POLITICA
Un paro antimileista dio el marco que el Presidente esperaba para su reforma | La opinión de Marcos Novaro

Probablemente en el Gobierno nadie quiera aclarar, ni ahora ni en el futuro, de dónde vino la redacción final del artículo 44 tal como se presentó y votó en el Senado, y que trataba igual a empleados con tobillos torcidos o con cáncer terminal. Y prefieran que la discusión se enrede y empantane con acusaciones cruzadas entre legisladores, ministros y reparticiones de segunda línea del Ejecutivo. Lo que hace pensar que vino del vértice del poder, y fue fruto de uno de esos arranques de improvisación y radicalización a que es tan afecto nuestro Presidente.
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Lo más curioso del episodio, de todos modos, no fue tanto ese manejo torpe y desprolijo, en un asunto que exigía ser lo menos desprolijo e improvisado que fuera posible, como que el artículo pasara por el Senado sin que ningún opositor se detuviera a leerlo: lapidaria confirmación de que la enorme mayoría de quienes se oponen a la reforma no la conocen en detalle y ninguno de ellos se detuvo a estudiar su redacción con detenimiento.
Lo confirma el hecho de que el escándalo respecto al contenido del artículo sobre las licencias médicas estallara a raíz de que quien sí lo leyó con cuidado fue una senadora del PRO, que apoyaba la reforma en general pero se negó a votar ese artículo en particular, desatando una discusión entre los aliados del Gobierno que dejó a la vista que sobre este punto el oficialismo no tenía la menor idea de qué estaba proponiendo, ni qué pretendía combatir: si los certificados truchos con que se justifican muchas licencias en la actividad privada, y muchísimas más en el sector público, o el derecho adquirido de un empleado frente a su patrón cuando enfrenta un problema de salud más o menos serio e imprevisto.
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Es cierto que en muchos países los empleados en esa situación no cobran el 100% de su salario, o lo cobran pero solo durante un tiempo acotado, y según cuán grave sea la enfermedad en cuestión. Pero todo eso quedó en segundo plano cuando el único funcionario oficial que salió a defender el famoso artículo fue Federico Sturzenegger, y no pudo diferenciar entre una torcedura de tobillo y un cáncer.
Como sea, resultó evidente que en este punto había fallado la unidad de comando con que el Gobierno quiso prevenirse contra las improvisaciones y los errores no forzados, para desarrollar una estrategia que asegurara la más amplia reforma en el menor tiempo posible. Se perdió por lo menos una semana, sino más, y se abrió la puerta para más disidencias, más presiones de los aliados y dubitativos, más concesiones y costos asociados. Y todo porque a alguien, en el vértice del poder, probablemente el propio Presidente, o con el aval del presidente, decidió actuar contra las propias necesidades e intereses, e improvisar.
Y sin embargo, los costos políticos que el oficialismo pague puede que terminen siendo no tan graves. Porque enseguida fue en su ayuda el “frente de la resistencia”. El kirchnerismo y la izquierda terminaron por convencer a la CGT de hacer un paro general, que dio un nuevo marco de polarización a la discusión del proyecto en Diputados. Y le agregaron además una marcha, piquetes y cortes de ruta varios, con las consecuentes escenas de violencia que el Gobierno se aseguró acompañaran esos episodios.
Como si hiciera falta, salió además Alberto Fernández a aclarar los tantos sobre el uso político de estas medidas de fuerza extremas: “A mí no me hicieron ni un solo paro general” recordó. Y es estrictamente cierto. A Milei ya le hicieron 4, camino a superar a Macri, que sufrió 5 en todo su mandato. Aunque seguirá muy lejos de De la Rúa, que soportó 8 en apenas dos años, y de Alfonsín, que tiene un récord imbatible de 13, en plena transición y con los militares conspirando todo el tiempo en su contra. Y que con el paso del tiempo se ha vuelto toda una distinción a su favor.
Con esos antecedentes, ¿podía Milei esperar un regalo mejor para terminar de polarizar la escena y convencer a radicales, macristas, peronistas moderados y cuanto gobernador ande dudando entre los extremos en pugna, de que les convenía que la ley se aprobara, y se acotara así la capacidad sindical de parar el país y forzar a los gobernantes de turno, y al resto de los actores sociales y políticos, a hocicar y ceder ante sus exigencias?
Para no hablar de los ánimos al respecto predominantes en la opinión pública. Que están bien reflejados en las encuestas: el sindicalismo sigue batiendo récords de rechazo. Superando incluso marcas altísimas de otros períodos de tensión entre mayorías reformistas y modernizadoras vs la corporación gremial (y empresaria, y política, que se benefician, igual que la primera, de un statu quo en que la mayoría de los trabajadores se empobrece progresivamente). Y también se expresan esos ánimos en los esfuerzos que hizo mucha gente, la que tuvo alguna chance de sortear todos los escollos puestos por esas corporaciones, para ir a trabajar.
¿Cabe alguna duda de que si no hubiera sido por el paro de transporte, la medida dispuesta por la CGT habría resultado en un resonante fracaso? ¿No confirma acaso este hecho la necesidad de cambiar algunas reglas importantes en nuestra convivencia y el sistema gremial, en la línea de lo que propone la ley de reforma laboral? Para asegurar, entre otras cosas, la prestación de un cierto porcentaje de servicios esenciales, para que el control sindical de los mismos no se vuelva un arma extorsiva imbatible en manos de organizaciones muy pequeñas y monopólicas, contra los intereses de la amplia mayoría?
Paro, Javier Milei
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Video: así fue el momento en el que una diputada desenchufó los cables de los taquígrafos en el debate por la reforma laboral

En una sesión caliente en Diputados donde se discute el proyecto de ley de la reforma laboral, Florencia Carignano, legisladora de Unión por la Patria (UxP) por Santa Fe, desenchufó al menos cuatro cables de los equipos ubicados en el escritorio de los taquígrafos con la intención de interrumpir el debate. La legisladora libertaria Lilia Lemoine registró el momento y lo compartió en redes sociales.
En la grabación, Lemoine le grita a la legisladora kirchnerista: «Carignano, ¿qué haces, estás loca?”. A lo que la diputada por Santa Fe le responde con una serie de gestos. Otro de los protagonistas del hecho fue el diputado Agustín Rossi, quien, al fondo de la grabación, no participa del altercado.
Junto al video, Lemoine compartió un mensaje.
“ESCÁNDALO EN EL CONGRESO. La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión! ¡Esto es INACEPTABLE! Miren como se acerca haciéndose la distraída… no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones.“, escribió la libertaria.
Segundos después de la trifulca, la legisladora Victoria Tolosa Paz, también de UxP, señaló que los micrófonos no funcionaban. Comentario que hizo que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem tomara la palabra y respondiera que “hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque”.
En otro posteo, Lemoine le reprochó a Carignano desconocer el artículo 188, normativa del reglamento del Congreso Nacional que establece que si la gravedad de la falta lo justifica, la Cámara puede, por votación sin debate, evaluar la aplicación de las facultades previstas en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que contempla la posibilidad de expulsar de uno de sus miembros.
En una sesión caliente en Diputados donde se discute el proyecto de ley de la reforma laboral,pic.twitter.com/mXF1E2KCTS,February 19, 2026,@TereGarciaOK,@florcarignanook,pic.twitter.com/kxK6qlwAOt,February 19, 2026,Reforma laboral,Unión por la Patria,Congreso Nacional,,Conforme a,Reforma laboral,,»¿Estás loca?». El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión,,¿Estás loca?». El momento en que la diputada Carignano desenchufa micrófonos para interrumpir la sesión,,Uno por uno. El mapa de gobernadores que ayudaron al Gobierno para avanzar con la reforma laboral
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El Senado dictaminó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde el proyecto que impone el nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa en cuestión ya fue aprobada por Diputados la semana pasada y el oficialismo pretende sancionar la ley el jueves de la semana próxima, en una sesión extraordinaria aún no convocada de manera oficial en la Cámara alta.
Al comienzo del plenario, el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) dejó la presidencia de Justicia por haber tomado el control de la de Acuerdos. Como el reglamento no permite comandar dos al mismo tiempo, se votó a su colega Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). La de Presupuesto continúa, por ahora, en manos del jujeño Ezequiel Atauche.
El nuevo Régimen Penal Juvenil también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.
Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.
Ya como titular de la comisión de Justicia, Guzmán Coraita destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que una ley que respete estándares constitucionales”. Fue un mensaje escueto y leído, algo siempre criticado en el Senado que ya es habitual con el correr de los últimos años.
Por su parte, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) criticó a la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Capital Federal), por haberle dicho ayer que no iban a haber invitados al plenario. Por supuesto que no objetó que familiares de víctimas lo hicieran durante la jornada de hoy. En tanto, Guzmán quiso amortiguar la penosa situación bajo el argumento de que se decidió “a último momento”.
Los testimonios oídos en el plenario fueron espeluznantes. El primero fue el de Laura Fernández, madre de Lara -17 años-, asesinada el 1 de enero de 2022 en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. “No me dieron la posibilidad de despedirme, de donar sus órganos”, manifestó.

Seguido a ello, detalló que el criminal, de 15 años, “se escapó del instituto de menores dos veces, y con 16 años tuvo un juicio abreviado, le dieron cinco años y, en 2029, esta persona va a estar en libertad”. Y añadió: “Se podría haber evitado todo esto. Sabemos que no es retroactiva -en referencia a la ley- para nosotros, pero queremos evitar que otros pasen por lo que estamos pasando. No tenemos cumpleaños, Navidades, Año Nuevo. Nos arruinaron la vida”.
En tanto, Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo -acribillado a sangre fría en noviembre de 2021-, aseveró que “un niño que agarra un arma deja de ser un niño”. Coincidió luego Karina Albarenga, progenitora de Lautaro Padín, quien murió tras un ataque en manada a la salida de una fiesta. Minutos antes de las 16, oficialismo y dialoguistas juntaron las firmas necesarias en ambas comisiones y se consiguió un dictamen de mayoría.
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