El Gobierno trabaja sobre una hoja de ruta con cambios en el gabinete y prepara una serie de ofertas para acercar posiciones con los mandatarios provinciales luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El Ejecutivo busca dar muestras de gobernabilidad y reconoce que es una condición de los Estados Unidos para avanzar con la ayuda financiera por US$40.000 millones.

En los altos despachos de la Casa Rosada están dispuestos a sumar a los gobernadores a la gestión a través de áreas estratégicas para la producción, como las secretarías de Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, entre otras. Buscan ampliar los lugares para segundas líneas sin ceder puestos en el gabinete.

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Se trata de un intento como el que realizó la mesa chica de Balcarce 50 luego de asumir el 10 de diciembre de 2023 con el peronismo cordobés, a través de Osvaldo Giordano en ANSES, Franco Mogetta en Transporte, Luis Giovine en Obras Públicas y Daniel Tilliard en Banco Nación, entre otros. Lo mismo aplica para Gustavo Sáenz con la exsecretaria de Minería, Flavia Royón.

En el oficialismo quieren reeditar acuerdos por esos espacios con más actores y descartan incluir carteras como Seguridad, Justicia y Defensa en las negociaciones con las provincias. Sostienen que no hubo pedidos por esas áreas y que están dispuestos a negociar un nuevo esquema de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). “No les interesan esas sillas porque no les sirven. Lo que buscamos es mayor coordinación en lo que les importa”, expresan.

El Gobierno planea llenar los dos primeros lugares del gabinete con dirigentes propios y en Defensa evalúan designar a un jefe militar. Otro de los puntos que está dispuesto a ceder Nación es la disputa por las gobernaciones en 2027, con la intención de fortalecer las alianzas con los mandatarios. Aplica para acuerdos como realizó este año con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En el Ejecutivo reconocen que prefieren sumar aliados para dar muestras de gobernabilidad en los próximos dos años antes que intentar disputar mayor poder en las provincias y tensar el vínculo. Quieren reeditar el Pacto de Mayo con la intención de trasladarlo al Congreso. “Como nos metimos en la pelea por el 2025, vamos a tener que hacer concesiones para el 2027″, agregan.

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La prioridad de la Casa Rosada es sumar adhesiones para avanzar con las reformas laboral y tributaria. Es por eso que busca conformar un interbloque con el PRO, un sector de la UCR y legisladores federales en la Cámara de Diputados después de las elecciones nacionales. Aplica para Innovación Federal (Salta, Misiones y Río Negro), Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan).

Es una de las señales que intentará darle al mercado y a los Estados Unidos en el corto plazo junto con acercamientos a dirigentes aliados como el expresidente Mauricio Macri. Milei prepara también un llamado al consenso para los gobernadores de Provincias Unidas y exaliados del oficialismo para el lunes 27 de octubre. Los cercanos al Presidente aseguran que no está definido quiénes serán los interlocutores oficiales para negociar.

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Cuando todavía no terminó la campaña de cara a las elecciones legislativas, el oficialismo y el PRO comenzaron a impulsar la idea de una “nueva mayoría” parlamentaria que le permita al presidente Javier Milei avanzar con las reformas que considera prioritarias: la laboral y la tributaria. Pero mientras La Libertad Avanza busca sumar aliados, los eventuales socios reclaman gestos de apertura por parte de la Casa Rosada.

Las últimas derrotas del oficialismo en el Congreso —donde se rechazaron vetos y se cayeron decretos— encendieron alertas en Casa Blanca, que en medio de negociaciones financieras pidió a los funcionarios argentinos dar señales de gobernabilidad. Desde hace meses, el Gobierno negocia una asistencia económica y futuras inversiones millonarias, condicionadas a brindar seguridad jurídica.

En ese contexto, el primer mandatario abrió conversaciones políticas con el expresidente para coordinar una hoja de ruta entre ambos espacios. Se reunieron dos veces en Olivos tras las elecciones bonaerenses y coincidieron en que el próximo paso será ampliar el poder parlamentario para asegurar la aprobación de leyes clave.

Los gobernadores, en cambio, se mantienen más cautelosos. Aunque algunos estarían dispuestos a acompañar las reformas si son “razonables”, exigen que el Ejecutivo modifique su estilo de conducción y abra el diálogo institucional. Un grupo de mandatarios incluso conformó el espacio “Provincias Unidas” para fortalecer su poder de negociación frente a la Casa Rosada.

Macri, por su parte, volvió a respaldar públicamente al Gobierno. A través de redes sociales, señaló que “para dejar atrás el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento es fundamental construir una nueva mayoría que no se limite a una sola fuerza política”. El mensaje fue celebrado por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien remarcó que el país “necesita una mayoría reformista que empuje los cambios de fondo en el Congreso”.

El PRO también empezó a prepararse para ese escenario. El jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, reunió a dirigentes en La Plata para avanzar en una estrategia parlamentaria conjunta y advirtió sobre la “falta de mayoría” que condiciona al Gobierno. “Hay que pasar a la ofensiva”, dijo en declaraciones públicas.

En paralelo, Luis Caputo mantuvo reuniones con referentes opositores dialoguistas y con Barry Bennett —asesor de Donald Trump—, en las que también participaron Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto. El objetivo: tender puentes para garantizar el respaldo legislativo a las reformas que Milei quiere impulsar en 2026.

Mientras tanto, algunos gobernadores remarcan que no discutirán acuerdos antes del 26 de octubre. “Después de las elecciones veremos cómo queda todo y nos sentaremos a hablar, antes no”, afirmó un mandatario patagónico.

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este jueves que la provincia rematará bienes recuperados de la corrupción, y destinará los recursos recaudados a financiar obras pluviales en Comodoro Rivadavia. El jefe provincial encabezó una actividad en la que parte de los bienes se expusieron y destacó que la medida busca dejar un precedente de transparencia en el uso de recursos públicos en Chubut.

El gobernador Torres contó que los fondos obtenidos a través de la subasta de vehículos de alta gama, propiedades y maquinaria pesada incautados en causas judiciales se destinarán a la finalización de los sistemas de drenaje en la ciudad, una obra largamente postergada.

Durante la presentación, Torres detalló que la provincia dispone de una máquina vial valorada en más de 400 millones de pesos, que ahora será utilizada para mejorar la infraestructura vial. Además, la subasta incluirá más de 10 automóviles de lujo, entre ellos Mercedes-Benz y BMW, así como inmuebles incautados en procesos judiciales emblemáticos, como la causa “Embrujo”. El gobernador precisó que el objetivo es cubrir al menos la mitad del costo del segundo pluvial, estimado en 10.000 millones de pesos, y aseguró que las obras comenzarán con el primer tramo, con la meta de tener ambos sistemas operativos antes de 2027.

El mandatario subrayó la importancia de la ley de extinción de dominio, aprobada por la Legislatura provincial, y reconoció el trabajo del equipo del Ministerio de Gobierno. “Buscamos devolverle algo a la ciudadanía, por lo menos algo de todo lo que nos robaron”, afirmó Torres durante el acto, según recogió ADNSUR. Añadió que los bienes recuperados representan solo una fracción de lo sustraído a la provincia y lamentó que esos recursos podrían haber sido destinados a escuelas o a obras como la doble vía Trelew–Madryn, “que se pagó cinco veces”, según sus palabras.

En su intervención, Torres también abordó el impacto social de la corrupción en Comodoro Rivadavia. “No robaron solamente dinero, sino la posibilidad de las familias de tener una vivienda digna y no estar tapadas de barro hasta el cuello, como lo vivieron en alguna época”, remarcó el gobernador, de acuerdo con lo informado ante medios locales.

La subasta, que será gestionada por una empresa privada en dos etapas, representa el primer paso de una serie de remates previstos por el gobierno provincial. “Este es el primero de muchos remates que vamos a hacer para devolverle a la ciudadanía, por lo menos algo de todo lo que estos miserables nos vienen robando hace mucho tiempo y hoy algunos se muestran como paladines de la justicia”, expresó Torres. El gobernador concluyó que será la sociedad quien determine el destino de los responsables: “La ciudadanía va a ser la que ponga a cada uno en su lugar: a los corruptos en la cárcel y a lo que se robaron, al servicio de todos los chubutenses”.

El ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, destacó el carácter colectivo de la iniciativa y la voluntad política de erradicar la impunidad. “Esto es un trabajo conjunto, pero parte de una decisión política: terminar con la impunidad y la corrupción. Estábamos acostumbrados a ver a funcionarios que salían esposados. La gente que se encargó de robarnos a los chubutenses durante décadas no sólo nos robó bienes, sino la esperanza de que la provincia tenía un futuro y la confianza en las instituciones”, afirmó Eraso Parodi.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, puso en valor la labor de la Policía en la recuperación de activos. “Lo único que hacemos nosotros es cumplir la ley. Que los bienes utilizados por el delito sean decomisados y utilizados para el bien de la sociedad. Hay quienes se sacan fotos con los delincuentes; nosotros les quitamos los bienes y los rematamos en beneficio de la sociedad”, sostuvo Iturrioz.