A comienzos de 2010, Jeffrey Epstein puso en marcha una operación para venderle al estado argentino un helicóptero Sikorsky S-76C++ identificado en distintos correos como un “750”. La reconstrucción de las comunicaciones, obtenidas a partir de la última publicación de documentos del pederasta, permite seguir, paso a paso, cómo se intentó canalizar esa venta a través de una licitación oficial, cómo se exploraron esquemas de intercambio con el fabricante, reuniones con autoridades nacionales y cómo las negociaciones finalmente fracasaron.

El 3 de enero de 2010, Epstein consultó por correo electrónico a Larry y Darren Indyke, sus abogados personales, sobre el estado del negocio: preguntó simultáneamente a su bróker George Reenstra, por la eventual venta a la Argentina, por demoras y por la alternativa de un modelo distinto.

La respuesta llegó pocas horas después. Larry Indyke transmitió que, según Reenstra, la entrega del helicóptero a la Argentina formaba parte de una respuesta a una licitación del gobierno argentino que ya había sido presentada y que ahora solo restaba esperar una definición oficial. En ese mismo mensaje se mencionó una fecha límite concreta: el 21 de enero, cuando el helicóptero debía estar disponible para una exhibición.

Durante los meses siguientes no hay registros de avances formales hasta julio de 2010, cuando reaparecen las comunicaciones con un giro en la estrategia. El 8 de julio, Reenstra informó que un acuerdo previo había quedado sin efecto, pero que surgía una nueva oportunidad vinculada otra vez al gobierno argentino. Según explicó, Sikorsky identificaba a la Argentina como cliente potencial y buscaba un compromiso para septiembre con entrega inmediata. Reenstra afirmó que funcionarios argentinos habían visto fotografías del “750” y que estaban conformes con la aeronave. En ese contexto propuso dos esquemas de intercambio: entregar un nuevo S-76C++ idéntico al “750” durante el verano de 2011, en un canje directo, o bien ofrecer un modelo D, configurado como clon del “750”, también como parte de un swap.

La reacción de Epstein fue negativa. En un correo enviado ese mismo día expresó que había dedicado demasiado tiempo a operaciones sin viabilidad real y que solo evaluaría opciones cuando existiera un acuerdo concreto. Reenstra acusó recibo y respondió que volvería a contactarlo cuando Sikorsky tuviera una posición más clara.

Las gestiones se intensificaron en agosto de 2010. El 10 de ese mes, Reenstra informó que había pasado tres horas en el Consulado Argentino, adonde asistió como invitado en representación del helicóptero “750”. Según su relato, los interlocutores argentinos dudaban entre incorporar esa aeronave, que podría estar operativa en enero, o esperar a un C++ nuevo con entrega en agosto. Reenstra señaló que su objetivo era persuadirlos de no postergar la decisión y que intentaría llevarlos a St. Thomas para que vieran el helicóptero en persona. En ese mismo mensaje dejó asentada su expectativa económica: si la aeronave se vendía o intercambiaba por 12,5 millones de dólares, esperaba cobrar una comisión de US$100.000.

Al día siguiente, el 11 de agosto, Reenstra escribió que intentaría avanzar con Sikorsky en relación con la Argentina. Horas más tarde envió una actualización antes de una reunión prevista en Nueva York. Allí sostuvo que el gobierno argentino podría aceptar pagar un valor superior por el “750”, al que describió como el mejor de su tipo construido hasta ese momento, y volvió a poner sobre la mesa la alternativa del modelo D, valuado en 13 millones de dólares, con entrega estimada para mediados de 2013.

El 23 de agosto marcó un punto de quiebre. Ese día, Reenstra comunicó que el acuerdo con la Argentina no avanzaría y que, ante ese escenario, quería mantener el helicóptero en el mercado. Señaló que el contrato de corretaje había expirado y propuso firmar uno nuevo para ofrecer la aeronave a un precio de 12,5 millones de dólares. La respuesta de Epstein fue inmediata: preguntó qué había ocurrido con la operación argentina. Reenstra explicó que Sikorsky había planteado una oferta baja para resultar competitivos en la licitación y que el máximo que estaban dispuestos a pagar rondaba los US$11,4 millones, una cifra que consideraba demasiado baja para continuar compitiendo.

La tensión escaló al día siguiente. El 24 de agosto, Epstein reprochó a Reenstra la falta de resultados y le recordó que, si actuaba como corredor, esperaba que concretara la operación. En caso contrario, advirtió que buscaría un contacto directo con las autoridades argentinas. Horas más tarde, Reenstra respondió que sin una utilidad concreta para un helicóptero Blackhawk no era posible avanzar en la licitación y que, desde su perspectiva, no había forma de sortear la posición de Sikorsky en ese proceso.

El intercambio cerró el 26 de agosto con un intento de comunicación directa. Epstein pidió hablar ese mismo día y Reenstra respondió solicitando horario y número telefónico. No hay registros posteriores que indiquen una reactivación de la negociación.

Tampoco de compras de helicópteros Sikorsky por parte de la Argentina entre esos años, aunque las bases de datos de licitaciones de esa época no están completamente digitalizadas. En septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa de Argentina firmó un contrato con Rusia para adquirir dos helicópteros de transporte multipropósito Mil Mi-17. En el mismo año se firmaron acuerdos y memorandos con proveedores extranjeros para posibles compras de helicópteros (por ejemplo con Italia y la Corporación Comercial Canadiense para helicópteros destinados al Ejército y Fuerza Aérea), aunque la materialización concreta de esas compras se terminó registrando formalmente más allá de 2012.

El juez federal Ariel Lijo tendrá a su cargo, a partir de mañana, el juzgado federal en lo criminal y correccional 11 y todas las causas que se tramitan en él, incluido el caso por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde deberá resolver un planteo de Diego Spagnuolo, extitular de ese organismo, que pretende que todo el caso sea declarado nulo.

Lijo fue elegido como subrogante por la Cámara Federal por un sorteo del que solo participaron él y la jueza María Eugenia Capuchetti, informaron fuentes de la Cámara. Los demás magistrados de primera instancia de Comodoro Py quedaron fuera de ese sorteo porque así lo pidieron o porque ya tenían otra subrogancia vigente (ningún juez puede tener más de un juzgado extra, según las nuevas reglas del fuero). Hasta ayer estaba previsto que en el bolillero estuvieran también los números de María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi, que en las últimas horas solicitaron ser excluidos.

Lijo, titular del juzgado federal 4, fue uno de los dos candidatos propuestos el año pasado por Javier Milei para integrar la Corte Suprema, pero su postulación no consiguió el aval del Senado. Ahora, deberá investigar el caso Andis, en el que Sebastián Casanello -que subroga el juzgado 11 hasta hoy- procesó esta semana a 19 personas, incluido Spagnuolo, que fue el primer titular de la Andis del gobierno de Milei y que está acusado de haber liderado una asociación ilícita y haber cobrado sobornos.

La lista de casos que heredará Lijo incluye también la causa Seguros, donde está procesado el expresidente Alberto Fernández; el expediente en el que Casanello acaba de procesar por enriquecimiento ilícito a Julio De Vido y un tramo aún no elevado a juicio del caso cuadernos, que investiga un presunto lavado de dinero del exsecretario presidencial kirchnerista Daniel Muñoz y otros supuestos testaferros.

En el caso Andis, Casanello dejó escrito en su fallo de esta semana que sospecha que los delitos y sus responsables iban más allá de lo demostado hasta el momento. Será tarea del próximo juez determinar si había funcionarios de mayor rango involucrados. El fiscal del caso, que por ahora tiene delegada la investigación, seguirá siendo Franco Picardi.

Mientras tanto, Spagnuolo y la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina, buscan que toda la causa sea declarada nula y ayer la Cámara Federal les dio una esperanza en este sentido: ordenó que el nuevo juez (hoy se sabe que es Lijo) investigue los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se alude a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei como responsables de la corrupción en la Andis. Spagnuolo y los Kovalivker sostienen que esos audios fueron manipulados y son de origen ilegal, y que la causa se construyó a partir de ellos. Con ese argumento piden que se declare nulo todo lo hecho en el expediente. Casanello se opuso, pero con Lijo, por instrucción de la Cámara Federal, se reabrirá ese debate.