POLITICA
Dura advertencia de constitucionalistas a Milei: denuncian que viola la división de poderes al no aplicar las leyes

El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario −ratificadas por el Senado en la sesión del 2 de octubre-, pero condicionó su aplicación −sin suspenderlas, como había hecho con la emergencia en discapacidad− hasta tanto el Congreso defina el origen de los fondos para implementarlas. Constitucionalistas consultados por denuncian que la decisión presidencial constituye una violación de la división de poderes y aseguran que el Congreso podría avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no avanzar con la reasignación presupuestaria correspondiente.
“Esto es de gravedad institucional y afecta a toda la sociedad porque es un presidente que viola el proceso de formación y sanción de las leyes”, afirmó Andrés Gil Domínguez. Considera que la decisión expresa de suspender o condicionar una normativa sancionada por el Poder Ejecutivo es un fenómeno sin precedentes. Sí hubo gobiernos que realizaron una implementación deficiente de determinados programas creados por ley o enviaron proyectos al Congreso para que se debata la suspensión de una normativa, como fue el caso de las PASO.
El Presidente ya había frenado unilateralmente, el 22 de septiembre, la implementación de la ley de emergencia en discapacidad amparándose en el artículo quinto de la Ley 24.629, que establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida en su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes”. Pese a que no existe un presupuesto aprobado −este año, por falta de impulso del propio Gobierno− el mismo argumento utilizó para dejar sin vigencia las normativas promulgadas este martes.
El justificativo −de acuerdo a la mayoría de los constitucionalistas consultados− no es válido. La constitucionalista Mariela Puga explicó a que, en el caso de la ley de emergencia en discapacidad, el gasto está previsto expresamente en el texto −tal como dispone la ley citada por el Gobierno− pero no específicamente, dado que esto último no es potestad del Congreso. “Lo que le piden al Legislativo es formalmente imposible porque el Ejecutivo es el encargado de reasignar las partidas presupuestarias”, sostuvo.
Por su lado, tanto Gil Domínguez como su par Pedro Caminos coincidieron en que la ley 24.629 es aplicable sólo cuando hay un presupuesto vigente. Este no es el caso dado que, actualmente, se utiliza una prórroga del presupuesto correspondiente a 2023. Además, advirtieron que, al tratarse de leyes especiales, las normativas suspendidas por Milei anulan lo establecido en la ley citada y no a la inversa.
“Las leyes especiales desplazan en su aplicación a las leyes generales. Lo que propone el gobierno es un absurdo jurídico”, indicó Caminos a y aclaró que la decisión presidencial supone un avance del Ejecutivo sobre las prerrogativas parlamentarias. “Acá hay una discusión política más directa que es cuáles son las prioridades [del Gobierno] y otra constitucional sobre quién fija esas prioridades y, esto último, según la Constitución, lo hace el Congreso”, sostuvo. Aclaró, al igual que Puga, que es el jefe de Gabinete quien debe encargarse de redistribuir los recursos disponibles a fin de cumplir con lo pactado en el recinto.
Así, al no reasignar las partidas y dejar sin efecto la ley −explicó Caminos−, “el Presidente está neutralizando la división de poderes en materia de gasto público”. Coindice con él Antonio María Hernández, también constitucionalista. “Se está avanzando en una pulseada o eventual conflicto de poderes delicado por una polarización de populismos”, sentenció.
El constitucionalista Alejandro Carrió, en cambio, planteó que el Poder Ejecutivo puede argumentar que está respetando la división de poderes porque se está ateniendo a otra ley sancionada por el Congreso con anterioridad y que, por ende, no se trata de un hecho de arbitrariedad absoluta. Subrayó, sin embargo, que, dada la naturaleza del conflicto, será el Poder Judicial el que deberá intervenir. Podrá hacerlo en los casos en los que se presente un recurso de amparo para exigir la aplicación de la norma.
Todos los especialistas consultados coincidieron en que quienes se vean afectados por la normativa pueden recurrir a esta medida judicial para exigir la aplicación de la ley. “En el caso de las universidades (por su calidad de entidad pública), el proceso es más complejo, pero también se puede avanzar en esta misma línea”, especificó Caminos a .
El recurso de amparo se puede presentar a través de asociaciones que nucleen a los sectores afectados o de manera individual. En este último escenario, la sentencia aplicaría únicamente al caso específico judicializado y, en el mejor de los casos, podría llevar a que la Justicia exhorte al Gobierno a avanzar con una aplicación general que, de todos modos, quedaría sujeta a la voluntad final del Ejecutivo.
En tanto, el Congreso −según indicaron la mayoría de los constitucionalistas consultados− podría impulsar una moción de censura contra Guillermo Francos por no cumplir con sus funciones como jefe de Gabinete y reasignar las partidas correspondientes.
Se trata de una alternativa amparada en el artículo 101 de la Constitución que establece que el jefe de gabinete puede ser “interpelado a los efectos de una moción de censura” por la mayoría absoluta de una de las Cámaras. En caso de querer avanzar con su remoción del cargo, se deberá reunir la mayoría absoluta tanto de diputados como de senadores.
Los legisladores de Unión por la Patria y parte de Encuentro Federal en la Cámara baja ya habían emitido un dictamen para avanzar en esta dirección, luego de que se conociera que el Gobierno dejaría sin efecto la ley de emergencia en discapacidad.
Otra alternativa al alcance de los legisladores es iniciar un proceso de juicio político. Es, sin embargo, una opción más compleja, ya que primero se debería probar el mal desempeño del Presidente o sus funcionarios y la acusación debería reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Además, los legisladores, así como cualquier otro particular, pueden realizar denuncias penales contra el Gobierno por frenar la implementación de la norma.
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POLITICA
El Gobierno anunció que la ANDIS dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno anuncio que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones.
El nuevo secretario de la Agencia de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, sentenció en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Asimismo, el funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, enumeró.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, anticipó Adorni, y sumó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Pese a la disolución, Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.
Según supo este medio, la idea apuesta a “ordenar el sistema”, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, fortalecer a los equipos y la atención brindada a los usuarios y sus familias. “Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, insisten importantes fuentes de la cartera que lidera Lugones.
La modificación implica la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias, y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica. Se trata de una decisión que el Ejecutivo maduraba desde hace meses, como contó este medio.
Hasta entonces, la agencia se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. Se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
Con la ebullición de las irregularidades registradas luego de los audios de Spagnuolo, el Gobierno impulsó una auditoría interna en ANDIS. Como anticipó Infobae, los primeros resultados de la investigación, que aún se adeudan, detectó 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la asistencia. El hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior.
Tras la detección, Vilches inició un proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados. Además, analizan la posibilidad de avanzar en la judicialización tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, precisó una importante voz al tanto.
POLITICA
La encrucijada del PRO en el 2026: resolver el conflicto con LLA o apuntar a ser una alternativa electoral en 2027

El 2025 del PRO estuvo marcado por su sociedad con La Libertad Avanza, aunque no siempre fue una relación fluida. Pese a apoyar desde el primer momento al Gobierno de Javier Milei, la convivencia con los dirigentes libertarios no fue nada fácil.
Y esas diferencias se potenciaron en las últimas semanas de diciembre, con desplantes públicos luego de una polémica sesión en Diputados, donde el PRO denunció un acuerdo entre LLA y el kirchnerismo por cargos en la Auditoría General de la Nación. Este último capítulo llevó al límite al vínculo: “Dejamos de ser aliados”, sentenciaron en el bloque que conduce Cristian Ritondo a este medio.
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Ya pasados unos días, el foco comienza a estar más en lo que viene que en lo que pasó. La encrucijada es retomar el dañado vínculo con los libertarios o profundizar su independencia política.
“Fue muy duro lo que pasó en el Congreso, fue un claro retroceso en la relación”, indicó a este medio un referente del PRO bonaerense. Aunque aclaró: “No es tan fácil cortar lazos, tenemos al Colo (Diego Santilli), nuestro candidato, como ministro”.
El caso es que en la provincia de Buenos Aires hay un escenario más claro que a nivel nacional: si no es juntos, no se puede. Ya lo experimentaron en las últimas elecciones legislativas nacionales y apuntan a repetir la fórmula en el 2027. Allí, el PRO busca que Santilli sea el candidato a Gobernador en la alianza con LLA.
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Sucede también que la receta bonaerense no aplica necesariamente al resto del país. “Hoy estamos medio en un limbo”, afirmó un histórico del PRO, con buena relación con los distintos sectores internos. A nivel nacional, hay distintas miradas. “Todavía hay malestar con los libertarios, pero nadie va a pegar el portazo. La relación se rompió con lo de AGN, pero nosotros vamos a defender el cambio del país, por encima de todo”, remarcó. De momento, no hubo reuniones internas.
La sensación puertas adentro del PRO es que “está todo roto”. “Les va a costar un montón volver de esto”, señalan respecto de sus eventuales socios libertarios.
No es la primera vez que hay cortocircuitos entre el Gobierno y uno de sus socios más cercanos, pero la repetición y el destrato público molestó por demás al PRO. “Ahora vamos a acompañar las cosas que coincidimos y las que no, nos vamos a poner firmes para hacer escuchar nuestra postura”, aseguraron. “Y vamos a dejar de darles quorum”, advirtieron.
“Es una constante: terminan descartando a quienes estamos dispuestos a acompañar y construir, para priorizar acuerdos con el peronismo, al que consideran el verdadero actor del poder”, reclamaron en las filas del partido fundado por Mauricio Macri.

Y se acentúan las sospechas de pactos subterráneos -y no tanto- con el kirchnerismo. “En el fondo, es la lógica de la política que admiran y a la que aspiran pertenecer: una política dura, cerrada, donde el pragmatismo extremo pasa por encima de cualquier compromiso previo o vocación de cambio”, chicanearon.
El balance público de los referentes
“Desde el primer día acompañamos a este gobierno en todo aquello en lo que creímos correcto. Nunca en la historia política argentina un partido apoyó tanto a un presidente de otro signo político como lo hizo todo el PRO y el presidente Macri. El PRO nació para cambiar la Argentina. Y ese compromiso sigue intacto”, manifestó Cristian Ritondo a través de su cuenta de X.
En la misma línea, explicó: “El cambio que defendemos no es cualquier cambio. Es un cambio inteligente, sustentable, de fondo, cuidando las instituciones, con reglas claras y con respeto por la Constitución. Por eso, cerramos el año defendiendo esos valores, incluso cuando eso implica marcar límites, como lo hicimos a la hora de denunciar la inconstitucionalidad del nombramiento de los miembros de la AGN”.
Y en el final, Ritondo dejó un mensaje para propios y ajenos: “El 2026 me va a encontrar trabajando por un PRO presente en todo el país, firme y coherente con los valores que defendemos hace tantos años. Espero que ese camino lo transitemos juntos. Porque el cambio es una batalla infinita».

Por su parte, María Eugenia Vidal afirmó: “Decidí no ser parte del acuerdo del PRO con LLA en la Ciudad porque estoy convencida de que no hace falta pintarse de violeta para apoyar los cambios positivos que haga el Presidente”, aseguró María Eugenia Vidal en un descargo publicado en sus redes sociales. En sus redes sociales, agregó: “Es mucho más necesario construir una alternativa nacional al Gobierno para que el kirchnerismo no vuelva a gobernar, vuelvan las inversiones, se genere empleo y la próxima elección no sea tan dramática”.
Y también cerró con un mensaje para el PRO pero también para los libertarios: “Estoy convencida de que Argentina solo puede ser un país viable si tenemos más de una fuerza competitiva para hacerle frente al populismo. Cuando dos opciones modernas, en sintonía con el resto de los países del mundo, lleguen a una segunda vuelta presidencial, es cuando vamos a ser un país serio de una vez por todas. Ese es el rol que yo veo para el PRO y por el que voy a seguir trabajando”.
PRO, La Libertad Avanza, Elecciones
POLITICA
Allanamientos en la AFA: hallaron un contrato de exclusividad con una empresa vinculada a Javier Faroni

La Justicia federal secuestró este martes un contrato clave entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral Javier Faroni, durante allanamientos en la sede de la calle Viamonte y el predio de Ezeiza.
El documento otorgaba a dicha firma la exclusividad para gestionar cobros y pagos de la entidad en el exterior a cambio de una comisión del 30%. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC, en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos.
La documentación indica que TourProdEnter LLC funcionaba como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera del país, un esquema que los investigadores analizan para reconstruir la “ruta del dinero”.
La hipótesis fiscal sostiene que fondos institucionales legítimos, como los derivados de derechos de televisación, eran desviados hacia cuentas en Estados Unidos y luego dispersados en sociedades radicadas en Florida. En este entramado, la justicia investiga si se utilizaron prestanombres con “perfiles económicos incompatibles” con los montos administrados para ocultar a los beneficiarios finales.
En paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni, de su esposa Erica Gillette y de las sociedades vinculadas. Esta medida permite el acceso a registros bancarios tanto en Argentina como en el exterior para determinar el alcance del circuito financiero asociado a la financiera Sur Finanzas.
Según el dictamen, esta estructura habría concentrado funciones de patrocinio y administración de pagos de diversos clubes, generando una red de difícil trazabilidad donde la AFA cumplía un rol funcional como deudor cedido.

La causa sumó tensión en las últimas horas cuando Javier Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery mientras intentaba abordar un vuelo hacia Uruguay. El empresario no pudo salir del país debido a una restricción vigente dispuesta por el juez Armella.
Durante los operativos, que también incluyeron el domicilio de Faroni en Nordelta, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación contable para profundizar el análisis de la operatoria comercial entre la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y la firma investigada.
Ante el avance judicial, la AFA emitió un comunicado defendiendo la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC, asegurando que el acuerdo “fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones”.
Sin embargo, la Justicia continúa con el peritaje de los contratos y la información bancaria internacional para establecer si el esquema de comisiones y transferencias al exterior constituyó un delito de lavado de activos. El expediente se mantiene abierto y no se descartan nuevas derivaciones de alcance internacional dada la naturaleza de las cuentas involucradas.
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