POLITICA
Dura advertencia de constitucionalistas a Milei: denuncian que viola la división de poderes al no aplicar las leyes
El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario −ratificadas por el Senado en la sesión del 2 de octubre-, pero condicionó su aplicación −sin suspenderlas, como había hecho con la emergencia en discapacidad− hasta tanto el Congreso defina el origen de los fondos para implementarlas. Constitucionalistas consultados por denuncian que la decisión presidencial constituye una violación de la división de poderes y aseguran que el Congreso podría avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no avanzar con la reasignación presupuestaria correspondiente.
“Esto es de gravedad institucional y afecta a toda la sociedad porque es un presidente que viola el proceso de formación y sanción de las leyes”, afirmó Andrés Gil Domínguez. Considera que la decisión expresa de suspender o condicionar una normativa sancionada por el Poder Ejecutivo es un fenómeno sin precedentes. Sí hubo gobiernos que realizaron una implementación deficiente de determinados programas creados por ley o enviaron proyectos al Congreso para que se debata la suspensión de una normativa, como fue el caso de las PASO.
El Presidente ya había frenado unilateralmente, el 22 de septiembre, la implementación de la ley de emergencia en discapacidad amparándose en el artículo quinto de la Ley 24.629, que establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida en su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes”. Pese a que no existe un presupuesto aprobado −este año, por falta de impulso del propio Gobierno− el mismo argumento utilizó para dejar sin vigencia las normativas promulgadas este martes.
El justificativo −de acuerdo a la mayoría de los constitucionalistas consultados− no es válido. La constitucionalista Mariela Puga explicó a que, en el caso de la ley de emergencia en discapacidad, el gasto está previsto expresamente en el texto −tal como dispone la ley citada por el Gobierno− pero no específicamente, dado que esto último no es potestad del Congreso. “Lo que le piden al Legislativo es formalmente imposible porque el Ejecutivo es el encargado de reasignar las partidas presupuestarias”, sostuvo.
Por su lado, tanto Gil Domínguez como su par Pedro Caminos coincidieron en que la ley 24.629 es aplicable sólo cuando hay un presupuesto vigente. Este no es el caso dado que, actualmente, se utiliza una prórroga del presupuesto correspondiente a 2023. Además, advirtieron que, al tratarse de leyes especiales, las normativas suspendidas por Milei anulan lo establecido en la ley citada y no a la inversa.
“Las leyes especiales desplazan en su aplicación a las leyes generales. Lo que propone el gobierno es un absurdo jurídico”, indicó Caminos a y aclaró que la decisión presidencial supone un avance del Ejecutivo sobre las prerrogativas parlamentarias. “Acá hay una discusión política más directa que es cuáles son las prioridades [del Gobierno] y otra constitucional sobre quién fija esas prioridades y, esto último, según la Constitución, lo hace el Congreso”, sostuvo. Aclaró, al igual que Puga, que es el jefe de Gabinete quien debe encargarse de redistribuir los recursos disponibles a fin de cumplir con lo pactado en el recinto.
Así, al no reasignar las partidas y dejar sin efecto la ley −explicó Caminos−, “el Presidente está neutralizando la división de poderes en materia de gasto público”. Coindice con él Antonio María Hernández, también constitucionalista. “Se está avanzando en una pulseada o eventual conflicto de poderes delicado por una polarización de populismos”, sentenció.
El constitucionalista Alejandro Carrió, en cambio, planteó que el Poder Ejecutivo puede argumentar que está respetando la división de poderes porque se está ateniendo a otra ley sancionada por el Congreso con anterioridad y que, por ende, no se trata de un hecho de arbitrariedad absoluta. Subrayó, sin embargo, que, dada la naturaleza del conflicto, será el Poder Judicial el que deberá intervenir. Podrá hacerlo en los casos en los que se presente un recurso de amparo para exigir la aplicación de la norma.
Todos los especialistas consultados coincidieron en que quienes se vean afectados por la normativa pueden recurrir a esta medida judicial para exigir la aplicación de la ley. “En el caso de las universidades (por su calidad de entidad pública), el proceso es más complejo, pero también se puede avanzar en esta misma línea”, especificó Caminos a .
El recurso de amparo se puede presentar a través de asociaciones que nucleen a los sectores afectados o de manera individual. En este último escenario, la sentencia aplicaría únicamente al caso específico judicializado y, en el mejor de los casos, podría llevar a que la Justicia exhorte al Gobierno a avanzar con una aplicación general que, de todos modos, quedaría sujeta a la voluntad final del Ejecutivo.
En tanto, el Congreso −según indicaron la mayoría de los constitucionalistas consultados− podría impulsar una moción de censura contra Guillermo Francos por no cumplir con sus funciones como jefe de Gabinete y reasignar las partidas correspondientes.
Se trata de una alternativa amparada en el artículo 101 de la Constitución que establece que el jefe de gabinete puede ser “interpelado a los efectos de una moción de censura” por la mayoría absoluta de una de las Cámaras. En caso de querer avanzar con su remoción del cargo, se deberá reunir la mayoría absoluta tanto de diputados como de senadores.
Los legisladores de Unión por la Patria y parte de Encuentro Federal en la Cámara baja ya habían emitido un dictamen para avanzar en esta dirección, luego de que se conociera que el Gobierno dejaría sin efecto la ley de emergencia en discapacidad.
Otra alternativa al alcance de los legisladores es iniciar un proceso de juicio político. Es, sin embargo, una opción más compleja, ya que primero se debería probar el mal desempeño del Presidente o sus funcionarios y la acusación debería reunir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Además, los legisladores, así como cualquier otro particular, pueden realizar denuncias penales contra el Gobierno por frenar la implementación de la norma.
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POLITICA
El Gobierno responsabiliza a la Izquierda por los incidentes y descarta que tenga impacto en la votación
Pese a haber caracterizado, en la previa, de “pacífica” la movilización convocada para esta tarde por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno Nacional le atribuye los disturbios en las inmediaciones del Congreso a las organizaciones de izquierda y descarta que tenga impacto en la votación por la Reforma Laboral que se debate desde la mañana en la Cámara de Senadores.
“Es la izquierda, siempre. Pero aquí ni se siente”, sostuvo a Infobae un legislador libertario desde el recinto donde desde las 11 se da tratamiento a uno de los proyectos más importantes del temario que el Ejecutivo envió para las sesiones extraordinarias. En las calles aledañas, la Policía de la Ciudad y los efectivos de las fuerzas involucradas respondían con gases y balas de goma a la avanzada de los manifestantes contra el cordón de seguridad que resguardaba los principales accesos del Congreso.
Con 17 detenidos y varios referentes de la izquierda y el campo popular en la zona para exigir la liberación de los demorados, el Ministerio de Seguridad promete avanzar judicialmente contra los identificados. Además, analiza a extender las denuncias contra las organizaciones involucradas, como lo han hecho en otras protestas, aunque hasta entonces se trata de una idea en estudio.
Tras la catarata de mensajes que publicaron los funcionarios en redes, incluso el presidente Javier Milei, contra el episodio que incluyó el lanzamiento de bombas molotov y varias piedras contra los efectivos, una fuente calificada insistió en que el órigen de los desmadres surgió de los partidos trotkistas que, según planteó, “buscaban que se pudra”. Pese a la resistencia del sector a la reforma, rechazó que la escalada de la protesta presione a los senadores que debaten el proyecto que, en las últimas horas, se vio sometido a cambios para la obtención de su sanción.
“No me parece que tengamos un contexto en el que lo de afuera modifique lo que ocurra adentro. Además, el Gobierno esta decidido a reprimir a quienes desconozcan el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado”, argumentó un alfil violeta a este medio.
El escenario, aunque fugaz, hizo que más de uno en Balcarce 50 aludiera a la jornada del 14 de diciembre de 2017, fecha en la que la Cámara de Diputados trataba la reforma previsional enviada por el presidente Mauricio Macri.
“En aquel entonces, la existencia de una coalición de gobierno hacía más complejo sostener la reforma porque internamente había fisuras. Acá no las hay y el Gobierno tiene en su ADN no cometer los mismos errores que Juntos por el Cambio”, confesó ante este medio una voz del ecosistema libertario.
Luego de haber implementado más de 28 cambios en el proyecto, entre ellos, la determinación de mantener las cuotas solidarias hasta 2028 y eliminar la reducción en las contribuciones patronales para las obras sociales, en Balcarce 50 evitaron confrontar con la central y prefirieron apuntar directamente contra la izquierda. “La izquierda cavernícola”, sintetizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde su cuenta de X y le valió la compartida del mandatario que replicó además otros mensajes del estilo combinados con argumentos ensayados sobre las “maravillas” de la reforma.
A raíz de las acusaciones de la administración libertaria, este medio consultó a referentes del espacio señalado que desmintieron haber participado de los incidentes de esta tarde, desconocieron su origen, y repudiaron la directiva del Ejecutivo que articuló la cartera que comanda Alejandra Monteoliva contra los manifestantes. Además, reafirmaron el rechazo a los cambios en el régimen laboral al que calificaron de “esclavista”.
“Lo que hace el gobierno de Milei es indignante. Quieren eliminar los derechos laborales con balas y represión. Eso es lo que se vio hoy en la plaza, donde armaron un operativo represivo para disolver la movilización y que no se puedan expresar las voces de rechazo”, sostuvo a Infobae la referente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, presente esta tarde en la plaza bajo exigencia de un paro general.
Por su parte, el legislador porteño y dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, definió de «macartismo» los señalamientos del Gobierno y cuestionó a la gestión porteña. “De nuestra parte fuimos a marchar y a hacer un acto que no pudimos realizar por la represión”, subrayó, y agregó: “Encima, Jorge Macri quiere ganarse el apoyo de Milei con demagogia reaccionaria”.
En paralelo a la sesión, parte de la mesa política se encuentra en el Congreso en respaldo de la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Incluso, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene previsto seguir el tramo final del debate, escoltada por Manuel Adorni, desde los palcos de la Cámara Alta en el horario estimado para la votación.
Por estas horas, en el campamento oficialista se muestran optimistas con la media sanción y vatician al menos 43 respaldos en la votación general, con algunas variaciones en la definición particular. “Según los acuerdos de ayer, no debería haber problemas”, reafirmó uno de los funcionarios comprometidos en la recolección de voluntades.
WASHINGTON.- A los dos destinos en Estados Unidos que Javier Milei ya tenía pautado para la próxima semana y marzo, Washington y Nueva York, el líder libertario sumaría uno más: Miami, el 7 de marzo, fecha en la que el presidente norteamericano, Donald Trump, invitó a sus pares de la Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras a una cumbre para aliados en la región.
Así lo informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca a la agencia AFP. Fuentes del Gobierno consultadas por aún no señalaron si el Presidente aceptó la invitación, aunque dada la afinidad con el mandatario republicano, y que el 9 de marzo comenzará en Nueva York la “Argentina Week”, es muy posible que sume ese destino a su agenda en Estados Unidos.
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POLITICA
Reforma laboral y apriete sindical al Congreso: son los mismos de siempre cuidando sus privilegios
Cada vez que un gobierno no peronista avanzó o intentó avanzar con una reforma laboral, el proyecto murió.
Daniel Yofra, Secretario General del Sindicato de Aceiteros, lo admite sin rodeos: “Vamos a prender fuego el país”. Es decir, “si nos tocan nuestros privilegios, se pudre todo”. Es como aquella frase del Rey Luis XV de Francia: “Después de mí, el diluvio”. Es decir, si caigo yo, caen todos.
Esta gente no está dispuesta a perder sus prebendas. Pensalo: están hace 40 años ahí, no trabajan, tienen sueldos millonarios, autos de lujo, chofer, mansiones, fueros sindicales, poder, manejan decenas de miles de personas, manejan las obras sociales y miles de millones de pesos. De ninguna manera quieren perder esta vida de empresarios oligarcas.
¿Por qué te pensás que Rodolfo Aguiar de ATE amenaza de muerte a los senadores?. “Los senadores que voten esto firman su propia sentencia de muerte”, dijo. Están así porque no quieren perder sus cajas.
ATE tiene casi 500.000 afiliados en todo el país y se queda con el 2.2% de la cuota sindical. Suponiendo que el salario bruto promedio en el Estado es de $1.000.000, ATE se queda con una caja de -por lo menos- $11.000.000.000 por mes. Ayer mostraron en un canal colega cómo ATE le quita compulsivamente $26.000 a cada policía de Santa Fe.
Obvio que esto no sucede solamente con ATE. Según el diario Perfil, los 10 principales gremios argentinos recaudan US$685 millones al año en aportes sindicales obligatorios.
- El Sindicato de Camioneros -que tiene 244.000 trabajadores- se lleva $206.522 millones por año, o $845.401 por trabajador por año.
- El Sindicato de Encargados de Edificio -SUTERH- se lleva $79.302 millones anuales, o $1.300.000 por trabajador por año.
- El Sindicato de Comercio -que tiene 1.200.000 afiliados- se lleva $1 billón por año, o $803.649 por trabajador por año.
- El Sindicato de la Construcción -UOCRA- se lleva $372.792 millones anuales, o $1 millón por trabajador por año.
Ni a palos los sindicalistas te van a largar estas cajas. Por eso Hugo Belloni, coordinador de ATE Migraciones, dice estas cosas: “Hay que ir a buscar a los senadores a la puerta de su casa”.
La pregunta es: con este modelo laboral, ¿el trabajador está bien? ¿Tiene un buen sueldo? ¿Vive bien? ¿Viaja bien? ¿Tiene una buena obra social? Los trabajadores huyen de estos sindicalistas porque viven mal.
Afiliados a la CGT:
- 1975: 5.000.000
- 1985: 4.000.000
- 1995: 3.500.000
- 2005: 3.200.000
- 2015: 2.800.000
- 2025: 2.500.000
¿Por qué pasa esto? Primero porque creció muchísimo la informalidad. Segundo, porque hubo cambios tecnológicos: Rappi, Uber, Pedidos Ya, Cabify, Didi, Mercado Libre. Y tercero porque los jóvenes huyen del mundo sindical porque ven que la CGT no es la Confederación General del Trabajo. Es la Confederación de Gordos Terratenientes.
- Hugo Moyano tiene 5 mansiones en Parque Leloir
- José Luis Lingeri de AYSA tiene un piso de 214 metros cuadrados en Barrio Norte, una casa de 400 metros cuadrados en Bariloche, una peluquería en la calle Salguero al 1900 y una Grand Cherokee 4×4.
- Andrés “El Centauro” Rodríguez de UPCN tiene una colección de caballos de carrera.
- Omar Maturano de La Fraternidad tiene Audi Q5 -que vale US$80.000.
- Armando Cavalieri -de Empleados de Comercio- es dueño de una estancia de 5000 hectáreas en Roque Pérez.
- Gerardo Martínez -de la UOCRA- tiene una casa en “Larena Country Club” de Pilar con quincho y pileta y un piso en Belgrano.
Trabajadores pobres, sindicalistas recontra millonarios. ¿Te pensás que esta gente está dispuesta a perder su fortuna? Justamente por eso sus representantes en el Congreso están tan nerviosos. José Mayans ayer: “La paz social está en peligro”. “Si no paran la reforma laboral, la pudrimos”. Lo mismo que hicieron en diciembre de 2017 con la reforma previsional. Macri avanzó y le tiraron 14 toneladas de piedra.
Cada vez que un gobierno no peronista avanza con una reforma estructural -laboral, fiscal, o previsional- se pudre todo. Entonces, me pregunto: ¿quiénes son los verdaderos conservadores en la Argentina? ¿Cuál es el verdadero partido conservador? ¿No será que el peronismo se volvió un partido profundamente conservador? ¿No será que el peronismo es el verdadero partido del sistema?
¿Qué es el sistema? Esta porquería que generó 50% de pobres: políticos ladrones, empresarios prevendarios, sindicalistas corruptos, trabajadores pobres. Hay un grupo de políticos que trabaja hace 4 décadas para que todo siga igual.
Pensalo con el mundo del trabajo. La Ley de Contrato de Trabajo es de septiembre de 1974 -gobierno de Isabelita. ¿Pasaron cosas desde ahí? En 1980 nació la computadora personal, en 1990 nació Internet, en 2007 nació el smartphone, en 2010 nacieron las redes sociales, en 2020 hubo una pandemia, y en 2023 nació la inteligencia artificial. Pero nosotros en la Argentina nos seguimos rigiendo por una ley de 1974. No había Google, no había iPhone, no había WhatsApp, no había YouTube, no había Amazon, no había Mercado Libre, no había Uber, no había Zoom, no había LinkedIn, no había Excel, no había Word, no había ChatGPT, no había homeoffice, no había GPS, creo que no había fax.
La respuesta que tiene el kirchnerismo para esto es: “Uy, la sociedad se volvió de derecha”, “La sociedad se volvió fascista”. Ahí está nuevamente el gran problema que tienen ellos: diagnostican mal. Creen que la gente se volvió de derecha. Creen que el mundo se volvió cruel.
Grave error: la gente quiere progresar. La gente quiere vivir bien. La sociedad argentina se cansó de vivir para bancar a un grupo de vivos millonarios. Hace por lo menos 40 años que la sociedad argentina vive aportando para que algunas oligarquías vivan bien: un grupo de políticos, un conglomerado de empresas, y cúpulas sindicales mafiosas.
Una arquitectura de intereses que operó más en lógica corporativa que en clave de interés general.
Más fácil: hay 5000 tipos en Argentina que siempre se ponen de acuerdo para mantener el negocio.
El negocio de las obras sociales. El negocio de los seguros. El negocio de la pauta. El negocio de los juicios laborales. El negocio de los medicamentos caros. El negocio de la ropa cara. El negocio de los autos caros. El negocio de los registros automotor. El negocio del fútbol.
Eso es el sistema. Massa es el sistema. Cavalieri es el sistema. Moyano es el sistema. ATE es el sistema. La Suizo Argentina es el sistema. Techint es el sistema. Larreta es el sistema. Pichetto es el sistema. Recalde es el sistema.
Esa empresa que siempre se lleva todas las licitaciones. Ese sindicato que se lleva toda la guita. Esos 10 jueces que siempre sacan los mismos fallos. Y esos 10 políticos que siempre están ahí.
Entonces, para mantener esta lógica corporativa son capaces de cualquier cosa. Incluso de apelar a la violencia. Incluso de jugar con fuego. Incluso de poner en juego la paz social. De hecho lo avisaron antes de que Milei llegue al poder.
Pregunta: ¿Te parece casual que justo un día antes del tratamiento de la reforma laboral haya comenzado una serie de acuartelamientos policiales?
Puede ser… casualidades de la vida. Por supuesto que un policía no puede ganar $1.500.000. Por supuesto que dan la vida por su trabajo. Por supuesto que tienen razón.
Pero permítanme decirles que -en general- las casualidades no existen. Hay gente que está jugando con fuego en serio. El problema es que si esto se incendia, no hay espectadores. Todos nos quemamos adentro.
Opiniones libres; hechos sagrados.
sindicatos, CGT
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