POLITICA
El impacto del caso Adorni complica la estrategia electoral de Karina Milei y crece el malestar en un sector del Gobierno

En el Gobierno reconocen que, incluso puertas adentro, la discusión pasa hoy casi exclusivamente por Manuel Adorni y sus causas judiciales. Se convirtió en el principal tema de conversación de los despachos oficiales y atraviesa las reuniones de ministros, aun en medio de victorias legislativas como la sanción de la Ley de Glaciares.
Según pudo saber TN, hubo en los últimos días planteos directos a la cúpula del poder para reclamar un “golpe de efecto” ante una gestión que algunos funcionarios describen como paralizada por el caso del jefe de gabinete.
La tensión interna ya no se limita a la defensa pública del funcionario. En más de un ministerio transmiten que la discusión pasa por cuánto tiempo puede sostenerse este esquema sin costos mayores para el Ejecutivo.
El malestar creció a medida que avanzó la investigación judicial y se profundizó la percepción de que el oficialismo responde siempre desde atrás. En ese marco, en Nación combinan respaldo político a Adorni con preocupación por el deterioro de la agenda oficial y por el impacto que el tema tiene en la imagen de la gestión.
El foco de esa crisis también se trasladó a Karina Milei. Funcionarios que la frecuentan aseguran que en los últimos días la vieron afectada, más introspectiva y sin definiciones cerradas sobre los próximos pasos.
Cerca de la secretaria general sostienen que su prioridad inmediata es proteger a Adorni, pero también medir las consecuencias políticas del escándalo en medio de su disputa con Santiago Caputo. En su entorno interpretan que detrás del caso hubo un componente de pase de factura ligado a los cambios recientes en Justicia y a la reconfiguración de vínculos sensibles dentro de Comodoro Py.
La interna con Santiago Caputo, de hecho, sigue siendo uno de las tensiones estructurales. En ambos sectores admiten que la pelea por áreas clave, como Legal y Técnica y otras cajas de poder del Estado, quedó en pausa, pero no resuelta.
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La desconfianza se profundizó en los últimos meses y en la Casa Rosada ya describen el vínculo entre el ala de Karina Milei y la del asesor presidencial como una relación sin retorno. En ese contexto, el caso Adorni quedó también atrapado en una disputa mayor: la del reparto de influencia sobre la gestión y sobre el vínculo con la Justicia.
Cerca de Karina Milei agregan que la secretaria general quedó especialmente molesta por haber quedado expuesta en medio de una secuencia que atribuyen a “desprolijidades” del jefe de gabinete, justo cuando creía haber consolidado posiciones tras la victoria oficialista en la estrategia electoral de medio término.
En Nación igual repiten que Adorni seguirá siendo sostenido porque forma parte del núcleo de mayor confianza de los Milei y porque esperan que la presentación de su declaración jurada ayude a bajar la presión.

En el Gobierno generó ruido interno su ausencia junto a la secretaria general de la Presidencia durante la sanción de Glaciares, una postal que en el oficialismo leyeron como un dato político. El impacto del caso ya empezó además a proyectarse sobre la discusión electoral de 2027. En Nación advierten que el próximo foco de conflicto será la estrategia territorial para la presidencial.
Según pudo saber TN, Karina Milei quiere competir en la gran mayoría de las provincias y limitar los acuerdos a un puñado de distritos, con la idea de reservar entendimientos sólo con mandatarios aliados como Leandro Zdero, Rogelio Frigerio, Claudio Poggi y Alfredo Cornejo, si terminan cerrando.
El encargado de ejecutar esa hoja de ruta es Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores de la secretaria general. Del otro lado, Santiago Caputo insiste con la conveniencia de ampliar alianzas con gobernadores para blindar la gobernabilidad y asegurar mejores condiciones para la reelección.
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Ese debate no es nuevo, pero volvió con fuerza. Ya en 2025 había sectores del oficialismo que proponían priorizar acuerdos de gobernabilidad por encima de la expansión partidaria pura, y hoy esa discusión reaparece empujada por la fragilidad política del momento.
En Nación saben que una estrategia más confrontativa con las provincias dialoguistas puede abrir un nuevo frente de conflicto, pero también creen que el control del armado 2027 definirá quién maneja los hilos del poder en la etapa que viene.
Por eso, detrás del caso Adorni no sólo se juega la continuidad de un funcionario clave: también empezó a ordenarse la pelea por las definiciones para el próximo ciclo electoral.
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POLITICA
Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Glaciares

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió el quórum para avanzar en la sesión para sancionar definitivamente. Además de los diputados libertarios, dieron quórum el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y, por el bloque Unidos, estuvieron Jorge Rizzotti, Ignacio Aresca, José Nuñez, Sergio Capozzi, Alejandra Torres y la presidenta del bloque, Gisella Scaglia.
El número en la votación con el que el oficialismo consiguió darle sanción definitiva a la norma fue mayor. Pasada la una de la mañana y luego de una larga sesión, la pantalla señaló que los votos positivos fueron 137 contra 111 en contra.
Se estipulaba que se iba a votar más tarde, pero una sesión más tranquila y con un tránsito más apacible para el oficialismo de lo que tenía pensado originalmente cambió los planes y cada uno de los diputados de LLA que se había anotado como orador, uno a uno se fue bajando. «Están los votos, que se queden con los discursos“, dijo a Infobae un diputado libertario.

La seguridad de triunfo libertario quedó plasmada alrededor de las 22 horas, un par de horas antes de que se votó, cuando ingresó al recinto de la Cámara de Diputados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se ubicó en el palco de la presidencia de la Cámara y observó el último tramo del debate.
Temario y debate
La sesión comenzó con 9 pedidos de apartamiento de reglamento donde todos fueron pedidos por la oposición encarnada en el bloque Izquierda y de Unión por la Patria en donde el oficialismo hizo valer. Uno de los apartamientos de la diputada Paula Penacca tuvo que ver la citación para una interpelación a Manuel Adorni al recinto, que terminó su alocución emulando al Jefe de Gabinete diciendo “fin”. La votación, otra vez, fue a favor de LLA, que contó con el apoyo de los socios. Uno de los apartamientos que suscitó la atención fue el que presentó el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica en donde señalaba el tratamiento de 3 proyectos respecto de $Libra. Otra vez, el oficialismo mantuvo su mayoría y lo rechazó.
Luego de esos momentos en donde el bloque de LLA no pasó nerviosismo pero sí prestó atención al número que juntaba la oposición y cuán lejos estaba de los 129 que necesita para abrir la sesión.
Pasado esto, comenzó el debate de la modificación de la Ley con la exposición del diputado sanjuanino José Peluc, de La Libertad Avanza, quien fue el que comandó el debate en las comisiones. Luego de hacer un breve repaso de la norma, el diputado con tono cancino comenzó el debate por la modificación de la Ley de Glaciares. «Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren“, respondió el legislador a las críticas de la oposición.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz fue otro que salió en defensa del proyecto y señaló que “con este proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege, que las economías regionales se desarrollan y que una Argentina grande es posible”.
Uno de los diputados que se mostró fuertemente opositor a la norma desde sus inicios fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, que consideró la reforma como “totalmente regresiva e inconstitucional” y apuntó contra las mineras y algunos gobernadores. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, denunció.
Otro que se opuso fue Miguel ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y uno de los que “empujó” la sanción de la ley que se modifica. “La ley que se ha votado en 2010 es una ley autosuficiente que permitía perfectamente conciliar los intereses de un gobierno nacional que, como el de su presidente, tiene una vocación minera, conciliando también con las provincias y acordando fundamentalmente a través de un órgano técnico, científico, que es el IANIGLA, que pasa prácticamente a ser liquidado por esta decisión que van a tomar hoy a la tarde. Por lo tanto, estoy en contra de esta ley. Ratifico lo que voté en el año 2010. No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”, expuso.
El diputado kirchnerista Juan Grabois también se opuso y señaló que el proyecto oficialista “es una ley envenenada. Mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena. Van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”, apuntó.
Así fueron pasando, uno a uno, los diputados de la oposición de los diferentes bloques que se oponían al proyecto de modificación de la ley de Glaciares frente al silencio de los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR; que solo esperaron que pasara el tiempo para votar sin más contratiempo que alguna palabra elevada y no mucho más.
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POLITICA
Procesados, Tapia y Toviggino apuestan ahora a la “reparación integral” para hacer caer la causa por evasión

Un pequeño expediente abriga grandes esperanzas para Claudio “Chiqui” Tapia y Ariel Pablo Toviggino en la causa que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco.
Se trata de un incidente que tramita en silencio al interior mismo de la causa. Con él, el presidente y el tesorero de la AFA buscan torcer una tendencia del fuero Penal Económico y hacer caer toda la causa en su contra, sin pena ni juicio.
Los dirigentes apelan allí a la “reparación integral”, una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.
Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna “contraprestación” que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente.
No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto.
En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una “evasión” de más de 19 mil millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.
El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte.
Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideran que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.
Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.
En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.
Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron.
Es una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y “víctima directa” del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también “social”.
“(…) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas”, sostiene el juez.
El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos.
Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo– el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor “disponibilidad” de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un “desprecio” contra el pueblo.
“Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social”, precisó el juez.
Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una “inclinación marcada” tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren.
“Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario”, advierte una de esas voces. El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, todavía no opinó sobre el pedido de Tapia y Toviggino. La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el jueves pasado que lo haga antes que las partes.
Se abrirá una nueva discusión respecto a si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, es o no vinculante; y si en el caso de coincidir con la de las defensas el caso se cierra automáticamente. Un escenario así es muy improbable, puesto que el fiscal no tuvo concesiones en sus pronunciamientos previos y acaba de pedir incluso agravar la pena contra los dirigentes.
Los Cuadernos
Algunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra.
La fiscal Fabiana León
La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de “mercantilización de la corrupción”. “Mi fiscalía no vende impunidad”, dijo la fiscal, que consideró que “el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima”.
El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como “insuficientes”.
causa que los tiene procesados,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Cuáles son los cinco gobernadores que la Casa Rosada consideró “claves” para aprobar la Ley de Glaciares

Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, luego de casi 12 horas de debate. Minutos después, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la sanción del proyecto y agradeció de manera explícita a cinco mandatarios provinciales, a quienes ubicó entre los actores centrales del proceso.
“El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma, y expresa un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza)”, señaló el texto de la Oficina del Presidente.
El mensaje oficial sostuvo que la modificación de la norma apunta a “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”. En ese marco, el Gobierno defendió la reforma como un cambio orientado a dar mayor margen de acción a las administraciones provinciales en territorios vinculados con la actividad minera.
“Esta reforma histórica aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley”, expresó el comunicado.
La Casa Rosada también sostuvo que el texto original de la ley sancionada en 2010 generaba restricciones excesivas. “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución y al dominio originario de las provincias”, afirmó.
En otro tramo del documento, el Gobierno vinculó el respaldo de los mandatarios provinciales con un reclamo histórico de las provincias mineras. “Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”, indicó.
El oficialismo remarcó que el proceso de elaboración de la iniciativa se extendió durante un año y destacó la participación de distintos funcionarios nacionales. Milei también agradeció a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; al secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González; y al secretario de Minería, Luis Lucero.
“Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido”, sostuvo la Oficina del Presidente.
La reforma de la Ley de Glaciares formó parte de una de las discusiones más extensas de la jornada en Diputados. El proyecto recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y advirtieron sobre el posible avance de proyectos extractivos en zonas sensibles.
En su mensaje posterior a la votación, el Gobierno también apuntó contra organizaciones ambientalistas. “Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empeñados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”, afirmó el comunicado.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, estableció un régimen de protección para glaciares y ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La norma prohibió actividades extractivas de alto impacto en esas áreas y dispuso la realización de un inventario nacional a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). La reforma aprobada este miércoles modificó ese esquema y habilitó un nuevo marco de evaluaciones provinciales para el uso de esos territorios.
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